Viven de forma muy precaria en una finca de Rocafort (Valencia), propiedad de la Sareb (entidad conocida como el "banco malo"). Son doce familias, tienen 8 menores de edad, viven sin agua potable porque les cortaron el suministro y ocupan una finca seminueva en pleno centro de Rocafort, a menos de 100 del ayuntamiento que gestiona el municipio m?s rico de la Comunitat Valenciana.
Ma?ana, 3 de noviembre a las 7 de la ma?ana, est? previsto que la Guardia Civil lleve a cabo el "desalojo forzoso" a estas familias, acusadas de un delito penal de usurpaci?n de vivienda y tramitado por v?a urgente por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucci?n n?mero 2 de Moncada. Sin embargo, la Sareb ha tenido constancia de la vulnerabilidad de las familias y ha pedido al juzgado la paralizaci?n del procedimiento durante 60 d?as. La ?ltima palabra, sin embargo, la tiene el juez. Las horas se acaban y la agon?a, aumenta.
Las familias tem?an verse en la calle, sin alternativa habitacional alguna, ya que en el mismo juzgado les han comentado que ning?n funcionario acudir? ma?ana al desalojo. "Nos han dicho que solo ir? la Guardia Civil, que no ir? secretario judicial ni otra figura similar porque no hay nada que hacer y el lanzamiento se va a ejecutar porque as? lo ha decidido el juez". Sin embargo, al cierre de esta edici?n, la Guardia Civil les hab?a confirmado a las familias que el desahucio se hab?a paralizado in extremis. La notificaci?n, sin embargo, no era oficial.
Que la propiedad haya solicitado la paralizaci?n del procedimiento durante dos meses puede cambiar el futuro de estas familias. "Desde la Sareb se ha solicitado al juzgado la paralizaci?n del procedimiento durante 60 d?as porque la entidad quiere revisar la documentaci?n y los expedientes de las personas afectadas", aseguran a Levante-EMV fuentes de la Sareb. Ahora bien, es el titular del juzgado quien debe paralizar el procedimiento y, por el momento, no hay constancia de que as? sea por lo que los activistas y la movilizaci?n que est?n organizando sigue en marcha.
El procedimiento de desahucio se inici? hace tres a?os contra ocho personas que ya no viven en la finca. De hecho, el juicio penal tendr? lugar en enero de 2023 pero el juez, como medida cautelar, ha decretado que se vac?e el edificio. "En esta finca se metieron las mafias y una serie de personas ocuparon las viviendas y generaron problemas. Una vez identificados e iniciado el procedimiento se fueron y otras familias han entrado a vivir de forma pac?fica y con miedo, ya que viven de forma muy precaria, con pocos ingresos y tiene menores por lo que temen la intervenci?n de los servicios sociales. El miedo a que les 'quiten los hijos' siempre est?, pero no son delincuentes. Viven sin agua potable y necesitan ayuda", explica Vicente Ros, portavoz de PAH (Plataforma de Afectados por las Hipotecas) de Burjassot.
Son cinco las entidades que han trabajado (y siguen trabajando) para que estas familias no se vean en la calle, sin alternativa habitacional: PAH Burjassot, el sindicato Construim Burjassot y Red Godella, a nivel asociativo, y la Unidad de Ayuda ante Desahucios (UAD) y la direcci?n general de Emergencia Habitacional de la Conselleria de Vivienda, desde la Administraci?n p?blica. Tres d?as de trabajo a contrarreloj, con un festivo nacional de por medio, y dos versiones bien diferentes del Ayuntamiento de Rocafort, pieza clave en la atenci?n a las familias afectadas.
Y es que, por una parte, el alcalde, Rafael Ferrando (PSPV que gobierna en coalici?n con Ciudadanos tras la moci?n de censura de este a?o), asegura que estas familias "cuentan con el respaldo del ayuntamiento que no les puede negar la asistencia". Pero por otra parte, las personas afectadas han acudido a Servicios Sociales y se han ido sin realizar gesti?n alguna ya que "nos han dicho que existe una moci?n del pleno, aprobada por el anterior equipo de gobierno (PP y Ciudadanos), que nos niega la asistencia porque no estamos empadronados".
Ferrando, sin embargo, explica que "ese documento hace referencia a ayudas concretas del ayuntamiento para las que se exige el padr?n y que se pueda justificar la vivienda de forma legal. Pero eso no tiene nada que ver con gestionar el padr?n u otras gestiones o ayudas. La moci?n del pleno era para ayudas muy concretas. Estas personas s? tiene derecho a la asistencia". Sin embargo, y seg?n aseguran los propios afectados, no ha sido as?.
La importancia de Servicios Sociales
"La asistencia desde los Servicios Sociales es clave ya que son ellos los que emiten los informes de vulnerabilidad que exige el juzgado o quiere revisar ahora la Sareb ante la paralizaci?n de un desahucio. Pero es cierto que no les han querido atender. Yo estaba presente y soy testigo. Esperemos que eso cambie y les atiendan porque hablamos de familias vulnerables, de personas con escasos recursos y de menores", afirma una activista de Red Godella.
Las familias esperan, con agon?a, la notificaci?n oficial que les confirme la paralizaci?n del desahucio y les permita un plazo de 60 d?as para encontrar soluci?n a su problema habitacional junto con la Conselleria de Vivienda y el apoyo de las entidades sociales que, a las 6 de la ma?ana, han convocado a sus activistas en aras de paralizar el lanzamiento y apoyar a los afectados.
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