La Ley de Recuperaci?n y Protecci?n del Mar Menor cumple tres a?os y pasa ahora por las miradas de todos en plenas negociaciones para formar Gobierno auton?mico en la Regi?n de Murcia e investir a un presidente. La norma es objeto de atenci?n ante la petici?n de Vox de derogarla o modificarla para apoyar a la elecci?n deFernando L?pez Mirascomo jefe del Ejecutivo regional. Es también centro de las cr?ticas del sector agrario por sus exigentes condiciones para cultivar en la comarca del Campo de Cartagena.

Pese a todo ello, la ley contin?a desarroll?ndose, con retrasos respecto al calendario inicial. Uno de los aspectos destacados es la puesta en marcha del registro p?blico de expedientes sancionadores que se han abierto por incumplimientos en el campo. La Comunidad no detallaba hasta ahora qué tipo de infracciones se hab?an cometido para imponer estas multas y se limitaba a se?alar el n?mero de expedientes o qué cuant?a alcanzaban las sanciones.

Seg?n el ?ltimo informe de la Direcci?n General de Mar Menor, desde la entrada en vigor de las limitaciones a la actividad agr?cola en diciembre de 2019 (cuando la ley no estaba convalidada todav?a en la Asamblea) se han abierto 355 expedientes, de los cuales se han resuelto 230. El pasado a?o, los casos que terminaron en sanci?n econ?mica ascendieron a 106, mientras que en lo que llevamos de este el total llega a 35.

Pese a esto, el nuevo registro recoge 233 expedientes donde se concreta el motivo por el que se sanciona, la resoluci?n de la infracci?n o la cuant?a econ?mica. La suma de todas las multas cuyos casos est?n cerrados y sancionados supera el medio mill?n de euros. Algunas de estas llegan hasta los 60.000 euros, 55.000 euros o 50.000 euros las m?s altas. Sin embargo, en 131 casos se han cerrado sin que llegue a haber multa, es decir, el 56% de los expedientes abiertos en los ?ltimos tres a?os y medio.

Entre los argumentos que expone la Comunidad para cerrar estos casos est?n el archivo de los mismos (hasta 47 expedientes) o su caducidad (14 ocasiones); en otros muchos no se llega a especificar la raz?n.

Las causas m?s comunes

Las sanciones se han impuesto a agricultores de todos los municipios cuyos territorios est?n delimitados por la Ley del Mar Menor. La mayor?a de las causas para sancionar responden a situaciones como no haber implantado barreras vegetales para retener las escorrent?as en las fincas o no inscribirse o tener actualizado los datos de la explotaci?n en el registro oficial de parcelas. Otros razones s? est?n consideradas m?s graves, como los seis casos donde se detect? apilamiento de estiércol en las fincas, incumplir el l?mite m?ximo de cantidad de fertilizantes inorg?nicos, labrar el campo en sentido al Mar Menor o cultivar a menos de 500 metros de la laguna, salt?ndose la barrera de protecci?n de los primeros 1.500 metros tierra adentro.



Tres empresas realizar?n las inspecciones privadas

El plazo para contratar los servicios de inspecciones privadas en las fincas del Campo de Cartagena vence el 1 de agosto. Las Entidades Colaboradoras de la Administraci?n Agraria de la Regi?n de Murcia (ECARM) deber?an estar funcionando ya en torno al Mar Menor para controlar que se cumple la ley (deben realizar un informe de las explotaciones para enviarlo a la Comunidad), pero el Gobierno regional no ha ampliado el plazo por estar en funciones. Por el momento, una empresa ya est? certificada para realizar estas labores, pero en poco tiempo otras dos m?s se sumar?n a la oferta de las Ecarm para que sean contratatas por los agricultores. Estos llevaban reclamando una pr?rroga desde abril.








Otras causas responden a la falta de registros que debe cumplir cada agricultor para llevar un control sobre sus terrenos: no comunicar el volumen de agua que consume en un a?o, no tener actualizado el cuaderno de campo o apuntar datos falsos, no tener una sonda para monitorizar la humedad de la parcela o no aportar el c?lculo del Balance del Nitr?geno. El Gobierno est? tramitando a d?a de hoy, seg?n este registro p?blico, 21 expedientes.

Las sanciones no son s?lo econ?micas. Y es que la Consejer?a de Medio Ambiente impone como castigo adicional la pérdida del derecho a recibir ayudas p?blicas o la suspensi?n de la actividad agr?cola en la parcela cuando la infracci?n es muy grave. También aclara en qué casos se ha retomado la legalidad en las explotaciones.



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