Un d?a después de que*el PSOE y ERC*pactaran la rebaja de la malversaci?n, de la que se podr?n beneficiar los encausados por el procés, y de que los republicanos abogaran por un*referéndum en*Catalu?a en el que la independencia pudiese declararse siempre que la participaci?n fuera de m?s de un 50% del censo y los votos a favor sumaran al menos un 55%, el Gobierno central ha dejado claro que*no permitir? esta consulta.

Una iniciativa de este tipo, ha se?alado este martes en TVE el ministro de la Presidencia,*Félix Bola?os,*es “contraria a la Constituci?n” y por lo tanto “no se puede celebrar”. En un momento en el que*la derecha ataca al Ejecutivo por sus entendimientos con ERC*y en el que*los barones del PSOE temen el coste de estos pactos en las elecciones municipales y auton?micas del pr?ximo mayo, Bola?os, hombre de confianza de*Pedro S?nchez*y encargado de las relaciones con los republicanos, ha sido tajante. No habr? un referéndum en Catalu?a*“en ning?n caso”,*ha dicho el ministro, “ni por la v?a pactada ni por la unilateral”.*

La consulta, ha continuado, supondr?a*“cronificar el conflicto” y “dividir a la sociedad catalana”,*mientras el Gobierno, a través de medidas como la reforma del C?digo Penal, que también incluye la derogaci?n del delito de sedici?n por el que fueron condenados los l?deres del 1-O y su sustituci?n por uno de des?rdenes p?blicos, busca “todo lo contrario”. En este sentido, ha recordado que en la mesa de di?logo que re?ne al Ejecutivo central y la Generalitat se pact? “hacer pol?tica dentro de la ley”.*

El alcance del cambio legal

Bola?os también ha desmentido el alcance que los republicanos otorgan a la rebaja de la malversaci?n, que cuando no exista*?nimo de lucro,*como ocurri? en el referéndum de 2017, pasar? a estar castigada con una pena m?xima de*cuatro a?os de c?rcel,*frente a los 12 actuales en su vertiente m?s agravada.*

El nuevo art?culo, que ser? el 433 del C?digo Penal cuando salga aprobado (el pleno del Congreso votar? el pr?ximo jueves), dice: “La autoridad o funcionario p?blico que, sin estar comprendido en los art?culos anteriores, diere al patrimonio p?blico que administrare una aplicaci?n p?blica diferente de aquella a la que estuviere destinado, incurrir? en las penas de prisi?n de uno a cuatro a?os e*inhabilitaci?n especial*de empleo o cargo p?blico de dos a seis a?os, si resultare*da?o o entorpecimiento graves del servicio*al que estuviere consignado, y de inhabilitaci?n de empleo o cargo p?blico de uno a tres a?os y multa de tres a doce meses, si resultare”.*

Seg?n ERC, no ser?a aplicable a lo ocurrido el 1-0, ya que entonces no hubo “ning?n da?o ni entorpecimiento grave del servicio”. La opini?n del Gobierno es muy distinta. “Seg?n los hechos probados en la*sentencia*del ‘procés’, no hay ninguno de los que se cometieron en 2017 que quede despenalizado. Todos est?n*penalizados*con unos nuevos delitos como el de des?rdenes p?blicos agravados o el de desv?o presupuestario irregular”, ha argumentado Bola?os.



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