La agenda legislativa del Gobierno sigue sin lograr desplegarse medio a?o después de la investidura de Pedro S?nchez. A la inestabilidad parlamentaria de un Gobierno en minor?a, dependiente del apoyo de todos sus socios de investidura, se ha sumado un largo ciclo electoral entre las elecciones gallegas del pasado 18 de febrero y las europeas del pr?ximo 9 de junio. El adelanto de las elecciones catalanas ya oblig? a prorrogar los Presupuestos, al congelarse las relaciones con ERC y Junts, y la actividad legislativa qued? pr?cticamente en pausa. El Ejecutivo trat? de retomar esta semana la iniciativa y se ha topado de frente con un bloqueo legislativo.

El PSOE se qued? solo el martes en su ley contra el proxenetismo y este jueves ha tenido que retirar la reforma de la ley del suelo para no sufrir el mismo revés. Eran las dos primeras grandes reformas "de consenso" de la legislatura, para las que se contaba con el seguro del PP, pero ni los de Alberto N??ez Feij?o ni tampoco sus socios de coalici?n ni de investidura han prestado su apoyo. Sin Presupuestos, con el apoyo de los independentistas en el aire a la espera de que redefinan estrategias y liderazgos tras su derrota en las catalanas, y con Sumar pendiente de Podemos para no perder pie en el espacio a la izquierda del PSOE, la gobernabilidad se antoja cada vez m?s compleja.

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El rechazo del partido de Yolanda D?az a la ley del suelo no es balad?, pues se trata de una norma que proviene del Consejo de Ministros y, como lamentaba ayer un ministro del n?cleo duro de Pedro S?nchez, “ni Podemos lleg? tan lejos” durante la anterior legislatura. Las cuentas p?blicas, la principal norma que determinar? el alcance de la legislatura, tampoco parece que puedan negociarse en tiempo y forma. El Gobierno no retomar? estas conversaciones con los independentistas hasta después de resolverse la gobernabilidad en Catalu?a y tener claro quienes ser?n sus interlocutores por parte de los independentistas.

Para la investidura se cuenta con agotar el plazo hasta finales de agosto y ERC ha fijado su congreso para el 30 de noviembre. La intenci?n pasa no dar pasos en falso y evitar la presentaci?n de las*cuentas p?blicas hasta tener la garant?a*de que no ser?n tumbadas a través de una enmienda a la totalidad. En el Ejecutivo asumen que por el debate interno en las formaciones independentistas “necesitar?n tiempo”. El calendario queda as? a expensas de resolverse la gobernabilidad en Catalu?a y tantear las posibilidades de acuerdo, pero posiblemente también la agenda legislativa después del aviso de esta semana.

En La Moncloa se conf?a que tras las europeas ser? m?s sencillo buscar apoyos. De hecho, la retirada de la ley del suelo se ha justificado desde el ministerio de Vivienda que dirige Isabel Rodr?guez “para garantizar que esta norma no se vea afectada por la situaci?n electoral”. A los populares se les acusa de haber “primado sus intereses electoralistas a una demanda de ayuntamientos y comunidades aut?nomas, para favorecer el desarrollo de vivienda p?blica”.

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La vicepresidenta segunda, Yolanda D?az, saluda al portavoz de Sumar, ??igo Errej?n, durante el pleno de este miércoles.
José Luis Roca
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A los socios de coalici?n desde el PSOE se les reprocha falta de “lealtad”. "Es puro electoralismo", lamentan fuentes de Moncloa para dar por sentado que tras las elecciones europeas volver? a "normalizarse" la relaci?n con sus socios. Eso s?, reconocen que Sumar "mira por el retrovisor" a los morados. En el espacio liderado por la vicepresidenta segunda responden que la norma miraba m?s a los intereses de la patronal inmobiliaria que al derecho a la vivienda. De ah? que celebren la retirada de una norma, pese a haber pasado por el Consejo de Ministros del que forman parte, como "una victoria de izquierda".

Los socios parlamentarios, por su parte, concluyen que lo ocurrido es un aviso al Ejecutivo tanto para no mirar a la derecha como para cuidar sus apoyos. “Hay que cuidar esta mayor?a tan diversa y plural, de lo contrario el resultado es el bloqueo y la suma cero”, avisaba esta ma?ana en los pasillos del Congreso el coportavoz de Bildu, Oskar Matute. La portavoz de Junts, M?riam Nogueras, se jact? del "ba?o de realidad" que habr?a sufrido el Gobierno para recordar que "no tiene mayor?a ni en Madrid ni en Catalu?a".

Pinza entre izquierda y derecha

El PP ha demostrado esta semana que no saldr? al rescate del Ejecutivo y priorizar? esta estrategia de oposici?n implacable a su coherencia ideol?gica. Los populares s? apoyaron en la pasada legislatura tramitar la misma ley contra el proxenetismo que ahora han rechazado. La ley del suelo, por su parte, es una iniciativa que cuenta con el respaldo de la patronal y la FEMP (Federaci?n Espa?ola de Municipios y Provincias), un organismo que precisamente controlan los populares, y el texto es muy similar al impulsado por el Gobierno de Mariano Rajoy antes de perder la moci?n de censura en 2018. Los socialistas aseguran que la norma estaba pactada con los populares, pero que "les puede su obsesi?n por desgastar al Gobierno".

La pinza de los socios y el PP en normas pensadas "para generar un amplio consenso" aleja la posibilidad de sacar adelante las otras grandes leyes pendientes en este primer tramo de la legislatura y siembra dudas sobre las reformas comprometidas con Bruselas de las que dependen los fondos europeos. El Ejecutivo est? ultimando la reforma de la ley de extranjer?a, pero nuevamente sin garant?as de apoyo por parte del PP.

Reformas pendientes

La*reforma del art?culo 35 de la ley de extranjer?a*es uno de los principales retos del Gobierno que en Moncloa califican como una*“modificaci?n hist?rica”. El Ejecutivo aspira a implantar un reparto obligatorio a las comunidades aut?nomas de los migrantes menores no acompa?ados que llegan a las costas de Canarias. Se trata de un compromiso adquirido en el acuerdo de investidura con Coalici?n Canaria.

El Ejecutivo necesita un acuerdo previo con el PP antes de llevar la norma a las Cortes tanto por su trascendencia como por la necesidad de*evitar su bloqueo por parte de las comunidades*auton?micas presididas mayoritariamente por los populares. El*marco competencial auton?mico*dificulta el encaje, pero sobre todo se quiere buscar un consenso previo para evitar recursos de inconstitucionalidad de los gobiernos regionales de PP y Vox. Precisamente, la presencia de la formaci?n de Santiago Abascal en varios ejecutivos auton?micos es la principal dificultad para sacarla adelante.

Plan anual normativo

La sequ?a legislativa, m?s all? de la ley de amnist?a y un paquete de decretos a principios de a?o con una votaci?n ag?nica, se impone sin visos por el momento de superar esta situaci?n. Todo ello, a pesar de que el Gobierno dise?? un primer plan anual normativo con muchas menos iniciativas y m?s moderadas para buscar una mayor transversalidad. Frente a la hiperactividad legislativa de otros ejercicios, el Gobierno limit? los riesgos en su primer plan anual de la legislatura con ocho reales decretos ley y seis leyes org?nicas.

En 2022, el ?ltimo a?o completo de la anterior legislatura, las leyes org?nicas ascendieron a once y los reales decretos-ley a una veintena. Pese a los equilibrios entre los socios de investidura m?s progresistas (ERC, EH Bildu y BNG) y los m?s conservadores (Junts, PNV y CC) y la mirada al PP en grandes reformas, la gobernabilidad sigue sin asegurarse.



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