En sus comparecencias p?blicas, el fiscal general del Estado evita pronunciarsesobre las cuestiones de trascendencia pol?tica que debe valorar su departamento, aferr?ndose a una necesaria "neutralidad" que evite llevar al Ministerio P?blico "al centro de la polémica". Sin embargo, no ha podido evitar que las controversias internas en la Fiscal?a trasciendan a la opini?n p?blica, debido sobre todo a que el criterio final impuesto, cuya ejecuci?n delega en su 'n?mero 2' la teniente fiscal del Tribunal Supremo Mar?a ?ngeles S?nchez Conde, viene siendo diametralmente opuesto al de los fiscales concernidos en algunos de los casos.

El ?ltimo cap?tulo de estos desencuentros se ha conocido a cuenta del informe que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha requerido antes de decidir si tramita las querella presentada por la pareja de la presidenta Isabel D?az Ayuso contra la jefa Provincial de Madrid, Pilar Rodr?guez, y el fiscal de la causa en la que es investigado por delitos fiscales y de falsificaci?n de documentos. El empresario Alberto Gonz?lez Amador considera que los funcionarios p?blicos incurrieron en revelaci?n de secretos al difundir una nota de prensa que aportaba datos de una propuesta de pacto realizada por su abogado y dirigida a rebajar su posible condena.

La fiscal a la que ha correspondido valorar si debe investigarse a sus compa?eros -Mar?a de la O Silva-, respaldada por el teniente fiscal de Madrid, Carlos Ruiz Alegr?a, rechaza instar una inadmisi?n de plano del asunto y propone realizar unas diligencias previas para aclarar cu?l fue la cadena de mando que propici? la difusi?n de la nota de prensa. Se trata de una postura rechazada desde la c?pula la Fiscal?a de la general y que ha sido zanjada por S?nchez-Conde, que ha ordenado la emisi?n de un informe contrario, seg?n confirman fuentes consultadas por este diario.

La polémica responde a la celebraci?n en los ?ltimos d?as de tres reuniones internas en las que se trat? este asunto, as? como al hecho de que a una de ellas fueran también citados los fiscales concernidos por la querella, algo que es calificado desde algunos ?mbitos de la fiscal?a como una "presi?n inadmisible" que afecta al principio de autonom?a debe regir la actuaci?n de los fiscales. Frente a este principio, seg?n las fuentes consultadas, S?nchez Conde habr?a apelado a la "unidad de actuaci?n" en el que se basa la organizaci?n jer?rquica de la propia Fiscal?a.

Se trata de una situaci?n inédita, seg?n consideran algunos miembros de la carrera como el vocal de la Asociaci?n Profesional e Independiente de Fiscales Salvador Viada, que ha manifestado su opini?n al respecto en la red social X. "Esto de organizar una reuni?n entre los fiscales encargados de un asunto y los fiscales injustamente querellados, ya que el responsable es el FGE, es asombroso. Luego, la instrucci?n para el Ministerio Fiscal", reflexiona el fiscal del Supremo.

Su asociaci?n, de implantaci?n minoritaria en la carrera, ha comunicado este martes que abandona el grupo de trabajo creado por el fiscal general para reformar el Estatuto Org?nico del Ministerio Fiscal -de cara la reforma de la ley procesal- en protesta por la situaci?n creada a ra?z de la querella contra los fiscales de Madrid.

Fuentes fiscales consultadas por El Peri?dico de Espa?a, del grupo Prensa Ibérica, sit?an lo ocurrido lejos de lo que debe ser el funcionamiento de una instituci?n jerarquizada como es la Fiscal?a. La raz?n: que no se dicten resoluciones motivadas cuando la teniente fiscal S?nchez Conde asume determinados casos o bien le son asignados por el fiscal general. "No se cumplen los presupuestos estatutarios, que no son simples formalidades, sino garant?as de imparcialidad". Atribuyen esta postura a que las decisiones no se fundan en razones jur?dicas, "sino en la defensa numantina de los intereses del Gobierno" y, en este caso concreto, en la "autodefensa frente a la investigaci?n penal que ya cerca al fiscal general del Estado".

Otras fuentes, sin embargo, apuntan a una postura cr?tica con los criterios del fiscal general por parte de Silva, perteneciente a la Asociaci?n de Fiscales, como de su superior Ruiz Alegr?a que podr?a responder a decisiones que Garc?a Ortiz adopt? respecto a ambos en el pasado. En primer caso por un expediente por retrasos que se abri? a la fiscal Silva, y en el segundo por el precedente del caso Stampa. De hecho, Ruiz Alegr?a fue el fiscal que archiv? la investigaci?n interna abierta a Ignacio Stampa -y que impidi? que siguiera encarg?ndose desde Anticorrupci?n del macrosumario contra Villarejo-, aunque antes fue obligado reabrir este asunto hasta en dos ocasiones para realizar nuevas diligencias por indicaci?n directa del entonces jefe de la Secretar?a Técnica Fiscal?a, que era Garc?a Ortiz.
Por lo que corresponde al Tribunal Superior de Madrid, se encuentra a la espera el informe de la Fiscal?a para decidir qué hacer con la querella del empresario Alberto Gonz?lez Amador, aunque luego deber? tomar una decisi?n similar con respecto a un segundo procedimiento presentado también por revelaci?n de secretos por el Colegio de la Abogac?a de Madrid. por los mismos hechos. Esta segunda causa se present? inicialmente como denuncia (sin dirigirse a ninguna persona concreta) ante el juez de Instrucci?n n?mero 28 de Madrid, que al entender que afectaba a aforados ha remitido una exposici?n razonada ante el tribunal superior, que es el que se encargar? finalmente del asunto.

La postura de S?nchez Conde ya fue adelantada ayer por el propio Garc?a Ortiz en una comparecencia p?blica, cuando salt?ndose su propia norma de no pronunciarse sobre los asuntos m?s polémicos sali? a defender -casi un mes después de que se conociera la querella contra ellos- a la fiscal jefe de Madrid y al otro fiscal querellado, Juli?n Salto, asumiendo adem?s la "responsabilidad ?ltima" por el contenido de la polémica nota de prensa sobre la que pivotan las querellas.

"Como fiscal general del Estado, estaba informado de los acontecimientos y de la publicaci?n de un comunicado que se limitaba a desmentir, con hechos cronol?gicamente sistematizados, informaciones falaces e interesadas previamente publicadas por algunos medios. Por consiguiente, asumo la responsabilidad ?ltima de esa nota de prensa", afirm?, dejando claro su postura al respecto.

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Por otra parte la Fiscal?a ha archivado otras diligencias de investigaci?n abiertas a ra?z de la denuncia de un particular contra la ministra de Hacienda, Mar?a Jes?s Montero, por la filtraci?n de la investigaci?n tributaria de Gonz?lez Amador. El decreto de archivo concluye que la informaci?n que cont? a los medios en el Congreso era conocida “horas antes” de su comparecencia, por lo que no puede considerarse que hubo revelaci?n de secreto alguno.

Puigdemont y amnist?a

Las fuentes m?s cr?ticas con la gesti?n de Garc?a Ort?z echan de menos que no se dé cuenta de los pormenores ocurridos al Consejo Fiscal, lo que es preceptivo cuando se da el caso de que un jefe asume la resoluci?n de un asunto de un subordinado. Esta situaci?n se produjo a cuenta del procedimiento iniciado en el Tribunal Supremo contra el expresidente Carles Puigdemont por su responsabilidad en las actuaciones de Tsunami Democr?tic. Un total de 12 miembros de la Junta de Fiscales de lo Penal del Tribunal Supremo apreciaron terrorismo frente al criterio contrario de la Fiscal?a de la Audiencia Nacional, que fue la postura que se adopt? finalmente en el informe elaborado por la mano derecha del fiscal general.

Las disensiones internas se han puesto también de manifiesto respecto a la ley de amnist?a y la negativa de Garc?a Ortiz de elaborar un informe sobre la proposici?n de ley a propuesta del Senado. Hace tan s?lo una semana los seis vocales de la mayoritaria Asociaci?n de Fiscales en el Consejo Fiscal reaccionaron redactando su propio borrador contrario a la norma, que califican de inconstitucional por vulnerar la separaci?n de poderes.

El orden el d?a del Consejo Fiscal lo elabora del propio Garc?a Ortiz, por lo que a?n est? por ver si este asunto se termina incluyendo o no para su an?lisis en la pr?xima convocatoria de este ?rgano consultivo. En el caso de que no se aborde, ello ir?a l?nea adoptada hasta el momento por el fiscal general, que por el momento ha vetado hasta tres veces la elaboraci?n de un informe a petici?n de la mayor?a del ?rgano.

Desde otros ?mbitos de la carrera se se?ala que las disensiones internas son también fruto de la pol?tica de nombramientos que se arrastra desde la ocupaci?n de la fiscal?a general por la antecesora de Garc?a Ortiz, Dolores Delgado, ya que la mayor parte de los puestos de la c?pula los ocupan a d?a de hoy miembros de la Uni?n Progresista de Fiscales, cercana al Gobierno, y ello a pesar de que en la carrera son m?s los que pertenecen a la conservadora Asociaci?n de Fiscales. La mayor parte de los 2.704 fiscales que hay en Espa?a, sin embargo, no est?n asociados.



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