La misiva de los tres relatores de Naciones Unidas, que son expertos independientes y no plantilla del organismo internacional, en la quese cuestionan las leyes de concordia de PP y Vox en Arag?n, Castilla y Le?n y Comunidad Valenciana por posible vulneraci?n de derechos humanos no tiene un car?cter vinculante. As? lo reconocen fuentes internas de la ONU, que se afanan en aclarar que se trata, en todo caso, de “opiniones” y “recomendaciones” que no implican obligaci?n alguna.

El informe, realizado a instancias del Ejecutivo espa?ol, aconseja que se adopten “todas las medidas necesarias” en relaci?n a las llamadas ‘leyes de concordia’ que impulsan PP y Vox en distintas comunidades aut?nomas al entender que pueden obstaculizar el derecho a las v?ctimas a conocer la verdad y dar p?bulo a teor?as negacionistas.

M?s informaci?n (Auto)


T?tulo noticia (Auto)





101869180

Los tres autores de la comunicaci?n, el argentino Fabian Salvioli, el chileno Morris Tidball-Binz, y el bisauguineano Aua Baldé, se?alan que estas normas “podr?an afectar a la obligaci?n del Estado espa?ol de garantizar la preservaci?n de la memoria hist?rica de graves violaciones de derechos humanos”.

El documento, seg?n las fuentes consultadas, no es emitido oficialmente por Naciones Unidas, sino por los relatores especiales, que no son miembros de la ONU y que trabajan de forma voluntaria, sin cobrar por ello.

Los relatores son profesionales independientes que promueven y protegen los derechos humanos en el mundo y que son nombrados por un per?odo de seis a?os por el Consejo de Derechos Humanos del organismo internacional.

En el centro de la polémica se sit?a la censura de los tres relatores a la Ley de Concordia cuya tramitaci?n avanza en la Comunidad Valenciana por incluir un reconocimiento expl?cito a las v?ctimas del terrorismo islamista y etarra.

M?s informaci?n (Auto)


T?tulo noticia (Auto)





101878180

Este pronunciamiento ha desatado una agria polémica en las ?ltimas horas. El presidente del Partido Popular, Alberto N??ez Feij?o, se?al? que para su partido “los 40 a?os de Franco han sido una dictadura y ETA una banda terrorista”. “Mejor es leer los textos y no dar aprobadas leyes que todav?a no se han aprobado”, a?adi? para desacreditar el posicionamiento de los relatores. Desde el Gobierno, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Felix Bola?os, respald? a los relatores por concluir que “las leyes de blanqueamiento de la dictadura son indignas de una democracia como Espa?a” y que esta carta supone “una vergüenza para PP y Vox”.

Los relatores, en el foco

Los ojos est?n puestos hoy en los autores del informe. Fabi?n Salvioli, que figura en el documento como “relator especial sobre la promoci?n de la verdad, la justicia, la reparaci?n y las garant?as de no repetici?n”, es profesor de Derecho Internacional en la Universidad de La Plata, en Buenos Aires, y ha destacado, a lo largo de su carrera, como defensor de las v?ctimas de las dictaduras. En Espa?a fue cr?tico con la Ley de Amnist?a de 1977 y se ha mostrado siempre partidario de la Ley de Memoria Democr?tica promovida por Pedro S?nchez.

Morris Tidball-Binz, que figura como “relator especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias”, es especialista en medicina forense y acci?n humitaria. Sus trabajos han permitido arrojar luz sobre desapariciones forzadas. Es especialista en las desapariciones del terrorismo de Estado en Argentina.

Y Aua Baldé, que firma la carta como “presidenta-relatora del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias”, es profesora de la Universidad Cat?lica de Portugal y ha trabajado en diversas misiones para la pacificaci?n de pa?ses africanos. Cr?tica con la presidencia de Nicol?s Maduro en Venezuela, Baldé ha denunciado el incremento de desapariciones forzadas en este pa?s sudamericano desde 2003.



أكثر...