Los jueces de la Audiencia Nacional que deben autorizar las extradiciones pedidas por Marruecos chocan habitualmente. Un sector de la Sala de lo Penal considera que no se debe dar el visto bueno a estas extradiciones porque las peticiones las realiza el Fiscal del Rey, en lugar de un juez, como suele ser habitual. Consideran que “falta ponderaci?n judicial” de la necesidad y proporcionalidad de las penas de c?rcel en el Estado magreb?.

Esa circunstancia supone una merma las garant?as del proceso, seg?n las opiniones de los jueces en varios autos revisados por EL PERI?DICO DE ESPA?A, del grupo Prensa Ibérica.

Estas opiniones discrepantes se vienen produciendo desde que, en junio de 2021, La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, reunida en Pleno, estableci? una doctrina que aclaraba las dudas existentes hasta el momento en relaci?n con las peticiones realizadas por el estado alau?, puesto que éstas no son realizadas por un juez, sino por la Fiscal?a marroqu?, lo que podr?a arrojar dudas sobre su independencia.

La mayor?a de magistrados dieron por buena la respuesta que dio Marruecos de que los fiscales también forman parte del poder judicialy cerr? esta brecha que impedir?a decenas de entregas, si bien un sector expres? su opini?n discrepante, y sigue haciéndolo a d?a de hoy en recientes resoluciones.

As? ocurre, por ejemplo, en un auto dictado el 18 de abril del a?o pasado, que da el visto bueno para la tramitaci?n de la extradici?n de una ciudadana marroqu? (que debe ser validada en el Consejo de Ministros) para su enjuiciamiento por presuntos delitos de falsificaci?n documental y malversaci?n de caudales p?blicos. Cuatro de los 16 magistrados emitieron un voto particular en el que discrepaban: insist?an, de nuevo, en el hecho de que la petici?n la realizara un Fiscal nombrado por el Rey, y no un juez. “Y esto tiene importantes implicaciones desde el punto de las garant?as de los derechos fundamentales y especialmente del derecho a la libertad de la persona reclamada”.

Marruecos ha afirmado en reiteradas ocasiones que el Fiscal del reino es un magistrado y que se trata de una autoridad judicial. Pero, seg?n los discrepantes, no es suficiente. “El Ministerio fiscal, solo o con auxilio de la polic?a, investiga y acopia datos y elementos de la investigaci?n, elaborando ésta”, dicen, “pero la labor de depuraci?n y de control de las garant?as constitucionales de la misma corresponde normalmente al juez”.

Desde 2020 se han producido 22 extradiciones a Marruecos, seg?n ha podido saber este diario.

Aval al fiscal de Marruecos desde 2021

En otras ocasiones se rechazan las entregas pero por otros motivos, como son la "vaguedad" de las acusaciones formuladas por la justicia marroqu? contra los nacionales que reclaman, si bien sigue sin cuestionarse por la mayor?a la figura del fiscal.

Es el caso de otro auto notificado el pasado 7 de octubre por la Secci?n Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional , que rechaza la petici?n de la Fiscal?a espa?ola de extraditar a un ciudadano marroqu?. Se denegaba la extradici?n por “la falta de ponderaci?n por la autoridad judicial de dicho Estado reclamante de la necesidad y proporcionalidad de la privaci?n de libertad que es inherentes a la extradici?n interesada”.

Doctrina sobre las extradiciones a Marruecos

En la sentencia que sent? doctrina a favor de las posturas de Marruecos, a la que ha tenido acceso este diario, se alud?a a la doctrina elaborada por el Tribunal de Justicia de la Uni?n Europea y nuestra propia jurisprudencia constitucional, que se establece sobre la base de que siempre sea "una autoridad judicial la que ratifique la privaci?n de libertad de quien va a ser objeto de una solicitud extradicional".

Para aclarar cu?les son las circunstancias concretas de Marruecos, la Audiencia Nacional se dirigi? las autoridades marroqu?es y fue la propia Fiscal?a del Rey ante el Tribunal de Primera Instancia de T?nger la que respondi? en marzo de 2021, aclarando que los fiscales de dicho pa?s forman parte del poder judicial del reino. Es decir, que en Marruecos tanto los jueces de instrucci?n como el fiscal del Rey ante el tribunal de apelaci?n son los competentes para emitir las ?rdenes internacionales de arresto.

En dicha ocasi?n fueron cinco los magistrados -el Pleno lo compon?an un total de 22- que discreparon del acuerdo de la mayor?a, concretamente José Ricardo de Prada, Carolina Rius, José Antonio Mora, Carlos Fraile y Ram?n S?ez, este ?ltimo actualmente en el Tribunal Constitucional.

En su voto, Prada y S?ez discrepan del resto por colocar al fiscal marroqu? en la misma posici?n que un juez, que es el ?nico que a su juicio puede garantizar que es "independiente, inamovible, imparcial, y exclusivamente sometido a la ley".

El resto de magistrados emitieron un segundo voto conjunto se?alando que la jurisprudencia europea establece "con meridiana claridad" que la posible intervenci?n de cualquier otra autoridad p?blica a la que el derecho interno del Estado miembro atribuya una participaci?n significativa en la administraci?n de la justicia penal del pa?s, "como puede ser el caso de determinadas fiscal?as (...) demandar? en todo caso la inexcusable concurrencia de una autoridad judicial incluso en aquellos casos en que sea incuestionable su independencia estructural del poder ejecutivo".

Carencias del Estado de Derecho en Marruecos

Marruecos est? situado en el lugar 90 del r?nking de 139 pa?ses por respeto al estado de derecho, seg?n la ONG estadounidense World Justice Project. Su posici?n es especialmente baja en lo relativo al sistema civil y penal de justicia.

“La falta de independencia es un problema consistente dentro del sistema judicial marroqu?: no hay independencia. Los fiscales los nombra el Gobierno, y lo mismo pasa con el Tribunal Constitucional ”, explica a este diario Intissar Fakir, directora del programa de Norte de ?frica y Sahel del Middle East Institute de Washington. “Tras las primaveras ?rabes [revueltas populares entre 2010 y 2012], en Marruecos hubo una serie de reformas, pero no pretend?an realmente resolver el problema y no fueron suficientes para garantizar la independencia del poder judicial” a?ade esta experta en Marruecos y autora de varios ensayos sobre el sistema judicial del pa?s magreb?.

Acuerdo de extradici?n

Espa?a firm? con el Reino de Marruecos un convenio (relativo a la asistencia judicial en materia penal) en 2009 en el que se especifican los criterios bilaterales en materia de extradici?n. Se comprometen a entregarse rec?procamente “a las personas que se encuentran en territorio de uno de los dos Estados y sean procesadas por un delito o buscadas a los fines de una ejecuci?n de una pena privativa de libertad dictada por las autoridades judiciales del otro Estado, a consecuencia de un delito", siempre y cuando este delito “estén castigados con una pena privativa de libertad de dos a?os de duraci?n como m?nimo".

En otra resoluci?n a la que ha accedido este diario y que paraliz? la extradici?n del ciudadano marroqu? el 15 de junio de 2020, tres magistrados discrepantes consideran que no hay excepci?n posible basada en la situaci?n del sistema judicial marroqu?. “Como regla general, es obligaci?n rec?proca entre ambos la de extraditar, sin m?s excepciones que las recogidas en el propio Tratado”.

Precedente de entregas a China por la 'operaci?n Wall'

No es la primera vez que desde la Audiencia Nacional se autoriza la entrega de ciudadanos a pa?ses cuestionados por el respeto a los derechos humanos de sus ciudadanos. En febrero de 2017, el ?rgano judicial valid? la extradici?n a China de un total 269 personas que hab?an sido detenidas en nuestro pa?s en la denominada Operaci?n Wall, que desarticul? una trama de fraude telef?nico a ciudadanos del p?is asi?tico desde chalés clandestinos situados en varias capitales espa?olas. Algunas de estas personas, adem?s, hab?an manifestado su nacionalidad taiwanesa.

Varios de ellos recurrieron su entrega, alegando entre otras razones la existencia de una controversia pol?tica entre la Rep?blica Popular de China y la Rep?blica China de Taiw?n en la que la justicia espa?ola no entr? a valorar al considerar que "exced?a de lo meramente jur?dico". Los recursos fueron rechazados argumentando la Sala que se cumpl?an todos los requisitos de entrega y que, de acceder a sus pretensiones, se podr?a crear "un espacio de impunidad e imprecisi?n" no previsto en la normativa aplicable.



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