El “punto y aparte” anunciado por Pedro S?nchez tras su decisi?n de seguir al frente del Gobierno aleja los acuerdos transversales de los que depend?an las grandes reformas previstas para la primera mitad de la legislatura. El PP se ha distanciado todav?a m?s del Ejecutivo, a quien acusa de buscar un “cambio de régimen”. Un punto de quiebra ante el que redoblar? su ofensiva, incluyendo movilizaciones en la calle. Los socios de investidura del espacio a la izquierda del PSOE, por su parte, se han tomado al pie de la letra el ?rdago y vinculan su apoyo en esta nueva fase de la legislatura a una agenda m?s ambiciosa con nuevas exigencias. Un refuerzo de los bloques que deja al Gobierno sin margen para sacar adelante su primer paquete normativo con leyes pensadas “para generar un amplio consenso”.

Entre las grandes medidas que amenazan ahora con quedarse en un caj?n destacan la modificaci?n de la ley del suelo, la reforma de la ley de extranjer?a para el reparto territorial de migrantes menores o la ley abolicionista de la prostituci?n, pasando por las ya de por s? complejas reformas de financiaci?n auton?mica y de las entidades locales. Normas todas ellas que requieren de acuerdos transversales. El redactado de algunas ellas incluso fue pensado para aprobarse entre los dos grandes partidos.

El Gobierno ya vir? hacia una producci?n legislativa con iniciativas m?s moderadas debido a que la actual aritmética parlamentaria obliga a los equilibrios entre los socios de investidura m?s progresistas (ERC, EH Bildu y BNG) y los m?s conservadores (Junts, PNV y CC). Asimismo, se embarc? en otras iniciativas sin tener garantizado el apoyo ni de sus socios de coalici?n ni de los partidos progresistas que apoyaron la investidura, como en el caso de la ley del suelo o de la abolici?n de la prostituci?n confiando en el apoyo de los populares.

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La reforma de la ley de extranjer?a sobre la que el Gobierno ya ha elaborado un borrador y que ha pactado con el Gobierno canario depende también del visto bueno del PP. Una reforma de este calado necesita la colaboraci?n de las administraciones auton?micas y un consenso de los dos grandes partidos. El marco competencial auton?mico dificulta el encaje, pero sobre todo se quiere buscar un consenso previo para evitar recursos de inconstitucionalidad de los gobiernos regionales de PP y Vox. Precisamente, la presencia de la formaci?n de Santiago Abascal en varios ejecutivos auton?micos es la principal dificultad para sacarla adelante.

La modificaci?n de la ley de suelo, que se encuentra ahora mismo en tramitaci?n parlamentaria, cuenta con un rechazo expl?cito de Sumar. Tras su aprobaci?n en el Consejo de Ministros, el sector a la izquierda del PSOE en el Gobierno present? una observaci?n formal. Podemos ha avanzado su voto en contra, mientras que ERC y EH Bildu no han oficializado su posici?n, aun cuestionando su car?cter liberalizador. En el ministerio de Vivienda se limitan a mostrar su confianza de que saldr? adelante, pero sin reclamar todav?a los votos del PP.

Los populares no hab?an aclarado antes del ?rdago de S?nchez si votar?an a favor, aunque se deslizaba la amenaza de que no ser?an el salvavidas del Ejecutivo si le fallan sus socios. Pese a que tanto la patronal como la FEMP, que presiden los populares, apoyan esta reforma, aquella amenaza toma ahora m?s valor que nunca.

Pr?rroga de enmiendas

El compromiso de eliminar las ‘golden visa’ va de la mano de esta norma, ya que la intenci?n del Ejecutivo es materializarlo a través de una enmienda. El plazo de enmiendas remata el pr?ximo 8 mayo y la falta de consenso apunta a que deber? seguir prorrog?ndose.

La ley abolicionista de la prostituci?n presentada por el PSOE tampoco cuenta con el respaldo suficiente del arco de la izquierda. Comenzando, nuevamente, por los socios de coalici?n. Dentro del espacio de Sumar hay actores como los Comuns que se oponen frontalmente. El equipo de Yolanda D?az ya rechaz? incluir esta medida en el programa de Gobierno por las diferencias internas.

El PP, por su parte, se mostr? a favor en la pasada legislatura de una iniciativa en los mismos términos. ERC se abstuvo entonces para permitir su tramitaci?n, si bien despleg? un discurso alejado al de los socialistas. El impulso de una legislaci?n abolicionista es uno de los principales mandatos del ?ltimo congreso federal del PSOE. La decisi?n de registrarla en este primer comp?s de la legislatura da cuenta de que es prioritaria para los socialistas.

Pactos de Estado

La reforma del modelo de financiaci?n auton?mica o de las entidades locales son otros de los grandes asuntos en los que el Gobierno busca un acuerdo con el PP. Por el momento, no hay una posici?n com?n dentro del principal partido de la oposici?n y el Ejecutivo sigue dilatando la convocatoria de foros como la Conferencia de Presidentes para abordar este asunto. La FEMP reclama por su parte una reforma urgente de la financiaci?n de las entidades locales.



Si los grandes acuerdos entre PSOE y PP ya parec?an una quimera antes de que S?nchez pusiese un “punto y aparte” en la legislatura para enfocarla hacia un plan de regeneraci?n democr?tica, ahora nada apunta a que puedan producirse a corto plazo. Desde el Gobierno asumen que tras escuchar las reacciones de los ?ltimos d?as del l?der de la oposici?n, Alberto N??ez Feij?o, el margen de entendimiento se estrecha. Incluso en cuestiones de Estado, como la renovaci?n del pacto de Estado contra la violencia de género.



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