Varapalo de la ONU a las "leyes de concordia" contra la memoria democr?tica promovidas por los gobiernos de PP y Vox en Arag?n, Comunidad Valenciana y Castilla y Le?n. Un informe elaborado conjuntamente por el relator especial de la ONU sobre Verdad, Justicia y Reparaci?n, el relator de Ejecuciones Extrajudiciales, el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas y la Oficina del Alto Comisionado para los DDHH concluye que las normas regionales que buscan derogar en sus comunidades aut?nomas la ley de memoria democr?tica del Gobierno vulnerar?an diferentes preceptos de los tratados internacionales suscritos por Espa?a.

Concretamente, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pol?ticos y la Convenci?n Internacional para la protecci?n de todas las personas contra las desapariciones forzadas. Asimismo, advierte que estas normas van en contra de las recomendaciones realizadas para la creaci?n de mecanismos para la memoria hist?rica y violaciones dederechos humanos y obstaculizar?an el derecho a conocer la verdad y el derecho a la libertad de asociaci?n, seg?n el documento al que ha tenido acceso El Peri?dico de Espa?a, del grupo Prensa Ibérica.

Después de que el Gobierno haya anunciado su intenci?n de recurrir al Tribunal Constitucional estas normas, el informe se?ala que la violaci?n a los derechos humanos detectada podr?a generar responsabilidad internacional del Estado espa?ol si no act?a para revertirlas. Fuentes del Ejecutivo avanzan que pedir?n a las comunidades aut?nomas concernidas la revisi?n urgente de estas iniciativas, activando el art?culo 33.2 [el mecanismo de la ley del Tribunal Constitucional para abrir un proceso de negociaci?n].

Desde el Ejecutivo de Arag?n ya plantearon su negativa a revisar sus planes para derogar la ley de memoria democr?tica, una de las medidas incluidas en los acuerdos de coalici?n entre PP y Vox, y defendieron tras su aprobaci?n que se trataba de una norma “jur?dicamente intachable”. Si la respuesta de los gobiernos auton?micos concernidos sigue siendo negativa a sentarse con el Ejecutivo central, autom?ticamente se activar?a la v?a del Tribunal Constitucional con un informe previo del Consejo de Estado.

El informe elaborado por los organismos dependientes de la ONU hace énfasis en el blanqueamiento de la dictadura franquista por no hacer “referencia a las graves violaciones de derechos humanos cometidas por el régimen franquista (1939-1975). En lugar de ello, seg?n se observa, “se refiere a las ‘atrocidades cometidas por un bando durante la guerra civil’, mientras que s? menciona la violencia pol?tica ejercida durante la llamada ‘Segunda Rep?blica’ que le antecedi? (1931-1939)".

Por otra parte, se advierte que estos proyectos de ley podr?an “llevar a asimilar las graves violaciones de derechos humanos cometidas durante la dictadura franquista y la guerra civil a un grupo heterogéneo de cr?menes y/o violaciones cometidas por diferentes actores, estatales y no estatales, a lo largo del siglo XX en Espa?a, quit?ndole el reconocimiento y la atenci?n necesarios a los derechos de las centenas de miles de v?ctimas de graves violaciones de derechos humanos, incluyendo ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas cometidas durante la dictadura franquista”.

Tesis revisionistas

Estas leyes, seg?n sostiene el informe, “podr?an transgredir la obligaci?n del Estado espa?ol, incluyendo sus tres poderes y sus entidades nacionales y locales, de garantizar la preservaci?n de la memoria hist?rica de graves violaciones de derechos humanos, toda vez que ordenan la supresi?n de m?ltiples entidades, proyectos, sitios webs y actividades de memoria hist?rica sobre las graves violaciones de derechos humanos previstas o creadas en cumplimiento de la legislaci?n estatal y auton?mica vigente en la materia, pueden acarrear l?mites al acceso a la verdad sobre el destino o paradero de las v?ctimas de graves violaciones de derechos humanos, obstaculizan o suprimen la subvenci?n de proyectos de memoria hist?rica ofrecidas actualmente a entidades de sociedad civil, pueden invisibilizar las graves violaciones de derechos humanos cometidas durante el régimen dictatorial franquista, y/o omiten nombrar o condenar dicho régimen”.

De no revisarse las leyes de concordia que promueven los gobiernos de PP y Vox, la ONU avisa de que el Gobierno espa?ol contravendr?a la obligaci?n de proteger los derechos humanos. El incumplimiento de estas obligaciones “por parte de tales entidades u autoridades”, se concluye, “est? en condiciones de comprometer la responsabilidad del Estado espa?ol y la propia". En este sentido, se insisten en “la obligaci?n del Estado espa?ol en su conjunto de garantizar la preservaci?n de la memoria colectiva relativa a las violaciones manifiestas de los derechos humanos, tales como las cometidas en periodo de dictadura franquista y guerra civil, en tanto elemento esencial de la reparaci?n debida a las v?ctimas, de las garant?as de no repetici?n de la violencia pasada y del derecho a participar en la vida cultural”. Por ello, se reitera que “esas medidas deben estar encaminadas a preservar del olvido a la memoria colectiva y, en particular, evitar que surjan tesis revisionistas y negacionistas”.

El Gobierno también ha recurrido al Parlamento Europeo y al Consejo de Europa, para promover un debate sobre la derogaci?n de las leyes de memoria democr?tica y reclamado la elaboraci?n de un informe al respecto. Tras el emitido por la ONU, en Moncloa entienden que se pone de manifiesto “la gravedad de las infracciones constatadas” y acelerar? el proceso para frenar las que todav?a est?n en tramitaci?n parlamentaria o recurrir al TC la ya aprobada por Arag?n.



أكثر...