La investigaci?n que lleva a cabo la Fiscal?a Europea sobre los contratos para la compra de mascarillas fraudulentas en Baleares a la trama Koldo también incluye "las supuestas irregularidades que se hayan podido cometer con posterioridad, en el expediente de reintegro de las cantidades por el incumplimiento contractual de la empresa", seg?n indica de forma literal el decreto de apertura de diligencias de 4 de marzo, al que ha tenido acceso El Peri?dico de Espa?a, del mismo grupo editorial. Una reclamaci?n de 2,6 millones de euros que, seg?n ha sostenido siempre el Partido Popular, se puso en marcha bajo el mandato del Govern de Marga Prohens y que, finalmente, se dej? caducar al no contestar a las alegaciones presentadas por la empresa investigada. Asimismo, el propio escrito también remarca que dichas irregularidades “no hab?an sido objeto de la denuncia que dio origen al procedimiento de verificaci?n de competencia”.

Seg?n la documentaci?n incluida en el expediente de reclamaci?n, el 6 de julio de 2023, con el Ejecutivo de Francina Armengol a?n en funciones, el IB-Salut redact? un informe en el que solicita la indemnizaci?n de 2,6 millones por el "defecto de calidad" de las mascarillas. Esta decisi?n fue ratificada el 24 de agosto por parte del Govern de Prohens. El nuevo Ejecutivo avalaba as? la decisi?n de seguir con la reclamaci?n. Adem?s, se comunicaba a la empresa que el plazo m?ximo para dictar resoluci?n expresa y notificarla era de tres meses.

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M?s adelante, el Govern actual notifica el tr?mite de audiencia a los afectados: el 17 de octubre lleva a cabo el procedimiento, el d?a 20 comparece el representante de la empresa y el d?a 25 se personan dos trabajadores para comprobar la mercanc?a. En ning?n momento el Govern aclara quiénes fueron los representantes de la empresa que se desplazaron hasta Mallorca ni quién les recibi?. Unos d?as m?s tarde, el 6 de noviembre, la empresa registra el escrito de alegaciones y, a partir de ese momento, se produce un silencio absoluto por parte del Ejecutivo de Marga Prohens. El propio IB-Salut hab?a dejado claro que el plazo m?ximo para dictar una resoluci?n era de tres meses "a contar desde la fecha del acuerdo de iniciaci?n".

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La presidenta del Govern balear, Marga Prohens.
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Hasta que el 19 de marzo, cinco meses después de la ?ltima notificaci?n de la empresa y, por tanto, con la reclamaci?n ya caducada, el Govern del PP env?a una diligencia a la sociedad de la trama Koldo en la que asegura que el plazo para dictar resoluci?n expresa era de ocho meses y no de tres como hab?an afirmado con anterioridad, atribuyéndolo a un "error administrativo". Pese a ello, tan solo dos d?as después, el 21 de marzo, el IB-Salut comunica a la empresa que desiste del procedimiento de reclamaci?n por decisi?n exclusiva del director del Servei de Salut, Javier Ure?a. Pese a tener el expediente bajo custodia durante todas estas semanas, tanto la presidenta como Ure?a hab?an insistido en que el expediente no estaba caducado.

Auto del juez

Toda la informaci?n incluida en el expediente da la raz?n al auto emitido por el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno. El magistrado afirma que Koldo Garc?a Izaguirre, el principal acusado y exasesor del ministro de Transportes José Luis ?balos, utiliz? su poder e influencia para intentar que el Govern de Prohens no reclamara el dinero: "Se han observado indicios que apuntan a la influencia que Koldo ha ejercido en beneficio de Soluciones de Gesti?n en el contexto de la reclamaci?n dimanante de la Administraci?n balear, a fin de que esta no prosperara y de este modo favorecer a la mercantil y a su titular".

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Francina Armengol, presidenta del Congreso.
José Luis Roca
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En este sentido, el magistrado se?ala que "pocos d?as antes de la fecha l?mite se han dejado de observar comunicaciones que aborden este asunto, por lo que puede colegirse que podr?a haberse producido la caducidad de la reclamaci?n y, por lo tanto, el ejercicio de la influencia por parte de Koldo ha surtido efecto". Asimismo, el juez también apunta que Koldo utiliz? como "intermediario" a Jacobo Pombo, un empresario muy vinculado a Pablo Casado que ha trabajado para el PP y que estuvo relacionado con las juventudes del partido, para conseguir que los populares desistieran de la reclamaci?n.

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Diligencias previas

Con el decreto de 4 de marzo, los fiscales delegados en Espa?a del organismo con sede en Luxemburgo Juan José Navas y Olga Mu?oz Mota acordaron abrir unas diligencias previas sobre las presuntas irregularidades cometidas en la compra de mascarillas con fondos europeos por los Gobiernos auton?micos de Baleares y Canarias.Y dos meses después, en concreto el 9 de mayo, las fiscales Olga Mu?oz Mota y Laura Pell?n Su?rez de Puga reclamaron al juez que investiga el caso Koldo en la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, varios informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

Esta decisi?n fue adoptada tras conocer el contenido de un atestado del Instituto armado sobre la detenci?n de 14 personas y la pr?ctica de 26 registros en el procedimiento. En concreto, estas fiscales han pedido al magistrado que les remitan tres informes elaborados por la UCO el 26 de septiembre de 2022, el 10 de enero de 2023 y el 5 de junio de 2023, que incluyen datos referentes a los contratos adjudicados en Baleares y Canarias.

También solicitan los oficios elaborados por la Guardia Civil en los que los uniformados dan cuenta del resultado de las intervenciones telef?nicas; pero también otros informes de la Agencia Tributaria.



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