Los Grupos Parlamentarios del PP en el Congreso y en el Senado han presentado en los ?ltimos tres a?os al menos 14 recursos de inconstitucionalidad contra las leyes promovidas en el Congreso por el PSOE y Podemos, pero también contra las aprobadas por los parlamentos de comunidades aut?nomas no gobernadas por esta formaci?n pol?tica conservadora, como es el caso de Catalu?a, Castilla-La Mancha y la Comunidad Valenciana, seg?n el recuento realizado por El Peri?dico de Espa?a de las publicaciones del Bolet?n Oficial del Estado (BOE).

Las leyes de Educaci?n, eutanasia, la modificaci?n del C?digo Penal en relaci?n a las penas de c?rcel contra los piquetes sindicales, el establecimiento del régimen jur?dico aplicable al Consejo General del Poder Judicial en funciones, el ingreso m?nimo vital, la modificaci?n de las normas de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, la modificaci?n de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local y la Ley Reguladora de las Haciendas Locales son algunas de las normas del Gobierno de Pedro S?nchez que al menos 50 diputados del PP, que es el n?mero m?nimo que establece la ley para intentar tumbar una ley, han llevado ante el Tribunal Constitucional para que sean anuladas.

Parlamentos auton?micos

La ofensiva judicial del PP también ha buscado anular leyes de Catalu?a, cuyo Parlamento ha visto recurridas las normas para la creaci?n del impuesto sobre las instalaciones que inciden en el medio ambiente, la ley de emergencia en el ?mbito de la vivienda y la de contenci?n de rentas en los contratos de arrendamiento. En este ?ltimo caso, el Constitucional ha anulado varios preceptos de la normativa aprobada por el Parlament.

El Constitucional también estim? el recurso que interpusieron 50 senadores del PP contra la Ley de Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha de 2020, que daba un nuevo texto a la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha que seg?n los magistrados era "inconstitucional y nulo".

Otros recursos del PP se han dirigido contra normas de la Comunidad Valenciana, en este caso sobre Sanidad y la Ley que regula el Fondo de Cooperaci?n Municipal de los Municipios y Entidades Locales Menores.

Administraciones p?blicas

En cuanto a los recursos e impugnaciones entre administraciones p?blicas, como podr?a ser el caso de la Comunidad de Madrid, si se decide a presentar un recurso de inconstitucionalidad contra el real decreto-ley de eficiencia energética, en la actual legislatura las comunidades han promovido 12 impugnaciones (nueve recursos y tres conflictos): cuatro Catalu?a, dos Canarias, Galicia y Pa?s Vasco y una Andaluc?a y Baleares, seg?n los datos recogidos por EFE del Informe sobre conflictividad Estado-comunidades aut?nomas durante la actual legislatura (de 3 de diciembre de 2019 a 30 de junio pasado), elaborado por el Ministerio de Pol?tica Territorial.

Por su parte, el Estado ha planteado 16 impugnaciones (15 recursos y un conflicto positivo de competencias) contra normas de una decena de comunidades: Andaluc?a, Asturias, Canarias (2), Castilla y Le?n, Catalu?a (5), Galicia, Murcia, Navarra, Pa?s Vasco (2) y La Rioja.

Como en el caso del ?ltimo anuncio de la Comunidad de Madrid, que ha justificado su iniciativa en que la norma del Gobierno est? "poniendo en cuesti?n" las competencias "propias", en la mayor parte de los casos es la supuesta vulneraci?n del régimen competencial la causa de las impugnaciones tanto del Estado como de las autonom?as. En muchos casos, el di?logo en las correspondientes comisiones bilaterales ha evitado que la potencial conflictividad llegase al Constitucional.



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