Amnist?a Internacional (AI) sostiene que las fuerzas de seguridad marroqu?es y espa?olas desplegadas para impedir el salto a la valla de Melilla el 24 de junio en el que murieron, seg?n esta organizaci?n, al menos 37 subsaharianos, cometieron cr?menes contra el derecho internacional como la omisi?n del auxilio médico a los heridos, torturas o expulsiones colectivas.

Es la principal conclusi?n que la entidad plasma en un informe presentando este martes en Madrid en una rueda de prensa en la que el director de AI en Espa?a, Esteban Beltr?n, ha dicho que el Gobierno espa?ol "parece que ha tratado de encubrir los hechos": no ha iniciado una investigaci?n de oficio, colabora "a rega?adientes" con la Fiscal?a, "ha exonerado" a las fuerzas de seguridad y ha mentido.

Cuando est?n cerca de cumplirse seis meses de la tragedia, el documento, elaborado con declaraciones de testigos y supervivientes, as? como im?genes y otros indicios examinados desde ese d?a y hasta octubre, denuncia un "uso generalizado de fuerza ileg?tima por las fuerzas de seguridad marroqu?es y espa?olas" incluso después de que los migrantes estuvieran bajo control policial.

Concluye que tanto los agentes marroqu?es como espa?oles usaron porras, pelotas de goma y de forma reiterada gas lacrim?geno, adem?s de propinar golpes y patadas a personas que ya estaban inmovilizadas "en un espacio cercado del que no ten?an forma de escapar".

Traslado de cad?veres

Junto a esta fuerza "ileg?tima" denuncia que ni la polic?a marroqu? ni la espa?ola garantizaron la atenci?n médica de emergencia a los heridos, que quedaron "a pleno sol durante ocho horas sin que se les prestaran primeros auxilios b?sicos".

Marruecos "prioriz?" el traslado de cad?veres y su personal médico no ayud? a los heridos hasta casi dos horas después de reprimir el salto, en tanto que la polic?a espa?ola no permiti? el acceso de la Cruz Roja ni durante el intento de entrar ni después.*

"Las autoridades espa?olas no ayudaron en modo alguno a las personas heridas que quedaron en el suelo en territorio espa?ol una vez concluida la operaci?n policial, por lo que violaron sus derechos de m?ltiples formas, incluido su derecho a atenci?n médica r?pida y adecuada y a no sufrir tortura y otros malos tratos", insiste AI.

Una omisi?n de ayuda que no solo manifest? "crueldad" sino el incumplimiento por Espa?a y Marruecos de su "obligaci?n de proteger el derecho a la vida" de estas personas y que junto a la violencia empleada "contribuy? a sus muertes y lesiones, si es que directamente no las caus?".

Al menos 77 desaparecidos

Amnist?a pone el foco también en las denuncias de familiares y amigos de 77 personas de las que no sabe nada desde el 24 de junio sin que las autoridades marroqu?es hayan investigado e, incluso, hayan negado a la ONG buscar a estos migrantes o examinar cad?veres. Admite que la Asociaci?n marroqu? de Derechos Humanos visit? la morgue de Nador el 25 de junio, pero no pudo examinar los cuerpos ni acudir al cementerio.

Seg?n el informe, las autoridades de ambos pa?ses mostraron "un desprecio absoluto" al derecho internacional al practicar "expulsiones colectivas" de al menos 470 personas. En este sentido, destacan que uno de los entrevistados relat? que los agentes espa?oles obligaron a personas heridas a cruzar de nuevo la frontera "aunque estaban sangrando o con heridas abiertas".*

Un sudanés de 17 a?os asegur? que la polic?a marroqu? lo llev? a prisi?n la noche del 24 de junio antes de que se lo llevaran por la fuerza en autob?s y otros j?venes contaron que fueron dispersados por todo Marruecos, algunos a m?s de 1.000 kil?metros de Nador.

Rendir cuentas

Seis meses después, resulta "evidente" para Amnist?a que la transparencia y la rendici?n de cuentas est?n "radicalmente ausentes": ni un solo funcionario, marroqu? o espa?ol, ha comparecido ante la justicia por las violaciones de derechos humanos que provocaron "la muerte, la desaparici?n y las lesiones causadas a tantas personas".

Reprocha que en el momento de redactar este informe, ning?n pa?s ha hecho p?blicas las conclusiones de sus pesquisas para esclarecer los hechos ni las medidas que se adoptar?n para impedir que vuelvan a ocurrir, y les reclama "investigaciones independientes e imparciales" para poner a disposici?n de la justicia a los funcionarios responsables de uso ileg?timo de la fuerza.



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