La defensa del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, que ejerce el abogado Gonzalo Boye, no necesit? ni media hora de vista ante el Tribunal General de Justicia de la Uni?n Europea (TGUE) para sacar a colaci?n la derogaci?n del delito de sedici?n en la que trabaja el Congreso de los Diputados, pero en vez de para afirmar que le exonerar?a del delito por el que es reclamado por Espa?a, lo utiliz? para situarse en el papel de v?ctima de una persecuci?n pol?tica.

Asegur? que con esa reforma legislativa el Gobierno espa?ol busca lograr con mayor facilidad su entrega a Espa?a, seg?n manifest? el presidente del Gobierno, Pedro S?nchez, cuando anunci? la reforma, y otros miembros del Ejecutivo, como el ministro de Cultura, Miquel Iceta. Y ello pese a que magistrados del Supremo consideran que quedar?a liberado de la principal acusaci?n que formula Espa?a en su contra, con independencia de la repercusi?n que ello pueda tener en el otro delito que se le atribuye, el de malversaci?n.

En cambio, Boye insisti? que la concesi?n de la inmunidad que le confiere el esca?o en el Parlamento Europeo le sea imprescindible para no ver vulnerados sus derechos como representante de una minor?a nacional.

Por su parte, el Parlamento Europeo, contra el que se dirige la demanda por haber concedido el suplicatorio tramitado por el juez del Tribunal Supremo espa?ol Pablo Llarena, fue muy duro con la reclamaci?n del 'expresident'. Argument? que sin tener su acreditaci?n como diputado se le concedi? la inmunidad de una forma que podr?a ser hasta "ilegal", por esa circunstancia.



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