M?s Pa?s registra este viernes una enmienda a la ley trans en la que propone incluir en el C?digo Penal las terapias de conversi?n -tratamientos que pretenden revertir la orientaci?n sexual de personas del colectivo LGTBI- y castigarlos con penas de prisi?n de uno a cuatro a?os y multa de 8 a 24 meses.

El partido que lidera ??igo Errej?n presenta esta enmienda de adici?n a la Ley para la igualdad real y efectiva de las personas tras y para la garant?a de los derechos de las personas LGTBI que se encuentra en tr?mite parlamentario en el Congreso.

En ella, pide que se castigue con la pena de prisi?n de uno a cuatro a?os y multa de 8 a 24 meses para quienes "dolosamente" practiquen Esfuerzos de Cambio de Orientaci?n Sexual e Identidad o Expresi?n de Género (Ecosieg) a otra persona o a quienes remitan a alguien a estas terapias.

Estas incluyen el asesoramiento o tratamiento de cualquier tipo –intervenciones médicas, psiqui?tricas, psicol?gicas, sociales, familiares, cl?nicas, coaching, religiosas y pastorales– independientemente de los métodos, técnicas o enfoques que empleen.

Todas ellas, parten de la premisa de que determinadas orientaciones, identidades o expresiones sexuales o de género son patol?gicas y tienen como objetivo reprimir el deseo sexual o los sentimientos rom?nticos de una persona.

M?s Pa?s apunta en su texto que no ser? necesaria la denuncia de la persona afectada por estas terapias e indica, asimismo, que el consentimiento de la v?ctima "ser? irrelevante" para la responsabilidad criminal de dicha conducta.

Seg?n la Asociaci?n Espa?ola contra las Terapias de Conversi?n, se han identificado m?s de setenta profesionales y actores privados que practican de forma impune estas intervenciones y el n?mero de afectados, muchos de ellos menores de edad, supera las 400 personas.

Actualmente, indica M?s Pa?s, ocho comunidades aut?nomas disponen de prohibiciones y de un régimen sancionador dirigido a luchar contra estas terapias, pero en los seis a?os en que se han ido adoptando y entrando en vigor estas normas auton?micas, no se ha investigado ni sancionado firmemente ning?n caso.



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