Hasta ahora solo las multinacionales o aquellas compa??as que hubieran implantando por voluntad propia este canal eran las que contaban con esta herramienta para denunciar las malas praxis en el mundo corporativo

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A partir de diciembre eso s?, se vivir? el cambio que afectar? a 27.000 pymes o lo que es lo mismo, gran parte del tejido empresarial espa?ol. El cambio ser? obligatorio de acuerdo con la Ley 2/2023 de Protecci?n de Informantes en Espa?a.

Las empresas que cuentan con m?s 50 trabajadores tendr?n que habilitar a partir del pr?ximo 1 de diciembre un canal de denuncias para recibir 'chivatazos' sobre irregularidades normativas o casos de corrupci?n que se produzcan en la compa??a.

En declaraciones al medio de Prensa Ibérica, El Peri?dico de Espa?a, Rafael S?nchez, socio de Compliance y Penal del despacho de abogados Fieldfisher, explic? que "Hay que avisar a los empleados, explicarles lo que no est? permitido, c?mo deben utilizar el canal si detectan irregularidades... etc...". En el caso de que se reciba una denuncia, la compa??a debe abrir un proceso de investigaci?n en el que se aclare si se ha producido un caso de corrupci?n o hay indicios delictivos

?A qué multa se exponen las empresas?

Las empresas que no hayan activado este canal se enfrentan a graves sanciones. Las multas pueden ascender a un mill?n de euros y las empresas pueden enfrentarse a sanciones complementarias, como la prohibici?n de obtener subvenciones durante un plazo de hasta cuatro a?os o la imposibilidad de contratar con el sector p?blico hasta tres a?os.

"Los empresarios deben percibirlo como una manera de anticiparse a infracciones que puedan poner en peligro el negocio" puntualiza S?nchez a Activos, de EPE.



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