El tribunal del caso de los ERE, presidido por Juan Antonio Calle Pe?a, conden? en 2019 al grueso de los 21 exaltos cargos por los delitos de prevaricaci?n y malversaci?n. Entre ellos estaban los dos expresidentes de la Junta de Andaluc?a, Manuel Chaves, con una condena de 9 a?os de inhabilitaci?n por un delito de prevaricaci?n, y José Antonio Gri??n, con una condena de seis a?os de c?rcel y otra de 15 a?os de inhabilitaci?n por los delitos de malversaci?n y prevaricaci?n continuada.

En su argumentaci?n, el tribunal consideraba que Chaves era "plenamente consciente" de la "ilegalidad" del sistema para pagar las ayudas y de su implantaci?n, una decisi?n de "gran trascendencia" que no puede ser achacable ?nicamente al responsable de Empleo o al de Econom?a y Hacienda. Y todas las modificaciones presupuestarias que se derivaron de ese descontrol de gasto también pasaron por el Consejo de Gobierno, de ah? que se le considere autor de un delito de prevaricaci?n.

En el caso de Gri??n, la Audiencia rebati? su defensa de que desconoc?a el detalle de lo que ocurr?a. Consideraba que en calidad de consejero de Hacienda, conoc?a que las transferencias de financiaci?n se iban a utilizar para pagar subvenciones, algo que aparec?a mencionado en las propias memorias de los presupuestos. "Y siendo consejero de Econom?a y Hacienda, se sigui? haciendo este uso inadecuado de las transferencias de financiaci?n en las distintas modificaciones presupuestarias que se produjeron", incrementando la partida 31-L de la que sal?an los fondos para las ayudas. As?, Gri??n era "plenamente consciente de la palmaria ilegalidad" de esas modificaciones, y asumi? "la eventualidad de que los fondos vinculados al programa 31L fueran objeto de disposici?n con fines ajenos al fin p?blico al que estaban destinados". También le reprochaba que fue "destinatario de los informes de control financiero permanente de las empresas p?blicas" y "tuvo conocimiento de las deficiencias detectadas en los mismos", sin que llegara a ponerles freno.



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