Al menos cinco exministros socialistas, varios eurodiputados de esta formaci?n pol?tica y catedr?ticos del Tribunal Constitucional, entre otros, han suscrito un manifiesto en contra del objetivo del Gobierno de Pedro S?nchez de modificar los delitos de sedici?n y malversaci?n.

Con este manifiesto, que ha difundido este lunes la Asociaci?n para la Defensa de los Valores de la Transici?n, integrada por personas de distinta procedencia pol?tica, pretenden exhortar a los diputados a que reflexionen sobre la gravedad de estos cambios, ha explicado a EFE su presidente, Emilio Contreras.

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Entre los 400 firmantes de este documentose encuentran los exministros José Luis Corcuera, César Antonio Molina, Juli?n Garc?a Vargas, Virgilio Zapatero y Javier S?enz Cosculluela, y exdirigentes del PSOE, como Francisco V?zquez o Nicol?s Redondo.

En el manifiesto denuncian el proceder del Gobierno y la tramitaci?n legislativa elegida para "prescindir" de los pertinentes informes de los m?ximos ?rganos consultivos y de debates sobre "un problema jur?dico de tanta trascendencia".

Rechazan las actuaciones del Gobierno de coalici?n por entender que su objetivo es "obtener a cualquier precio el apoyo parlamentario de los partidos separatistas y de los que est?n contra la Constituci?n".

En este sentido, advierten al Ejecutivo de que cambiar los delitos de sedici?n y malversaci?n supondr? "un est?mulo para atentar contra la Constituci?n y el ordenamiento jur?dico democr?tico vigente".

Denuncian que, con estos cambios, se deja impune la desviaci?n de caudales p?blicos para realizar actos contra el Estado y la integridad territorial, lo cual considera "m?s lesivo a?n que el lucro personal".

Igualmente califica de "burla" hablar de ‘desinflamaci?n del conflicto catal?n’ cuando todos los condenados "han declarado hasta la saciedad que volver?n a intentarlo".

Por otra parte, niega que la Uni?n Europea haya exigido reformar el delito de sedici?n en Espa?a, tal y como defiende el Gobierno, y menos su sustituci?n por un delito de des?rdenes p?blicos.

Subraya que los hechos ocurridos en 2017 "no fueron des?rdenes sino un desaf?o al poder leg?timo y al orden constitucional" e insiste en que pactar la redacci?n del decreto "con los delincuentes" carece de homologaci?n en Europa.



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