Nueva ofensiva del Partido Popularcontra el Gobierno de Pedro S?nchezen Bruselas. Esta vez por la decisi?n de proponer aJuan Carlos Campo, exministro de justicia, y a Laura D?ez, exalto cargo del ministerio de presidencia, como miembros del Tribunal Constitucional. Una decisi?n que, seg?n denuncian, los populares supone “el ?ltimo asalto institucional” del Ejecutivo espa?ol. “Este movimiento supone una violaci?n de los continuos llamamientos de la Uni?n Europea a los Estados miembros para que garanticen la independencia judicial”, avisan la portavoz del PP en el Parlamento Europeo, Dolors Montserrat, y el presidente del grupo PPE, el alem?n Manfred Weber, en una carta dirigida a la vicepresidenta de la Comisi?n, Vera Jourov?, y al comisario de justicia, Didier Reynders.

En la carta, fechada a 1 de diciembre, los dos eurodiputados recuerdan que los dos elegidos han tenido responsabilidades pol?ticas y p?blicas en el actual gobierno. En el caso de Campo destacan que fue ministro de justicia entre enero de 2020 y julio de 2021, adem?s de ocupar previamente diferentes cargos p?blicos y parlamentarios en representaci?n del PSOE, diputado en el Congreso de los Diputados, Secretario General de Relaciones con el Parlamento de la Junta de Andaluc?a y Secretario de Estado de Justicia del Gobierno de Espa?a. De D?ez por su parte explican que ha sido una persona “de la m?xima confianza” del actual Gobierno de Pedro S?nchez y que ha ocupado el cargo de directora general de Asuntos Constitucionales y Coordinaci?n Jur?dica del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democr?tica, desde febrero de 2020 hasta abril de 2022.

Los est?ndares de la UE

Seg?n denuncian los populares, con la elecci?n de ambos candidatos “el gobierno espa?ol parece querer asegurarse un criterio favorable cuando la instituci?n tenga que pronunciarse sobre la constitucionalidad de determinadas leyes y decisiones puestas en marcha por este gobierno”, se?alan haciéndose eco también de las continuas advertencias a Espa?a “para evitar nombramientos politizados que atenten contra la independencia judicial”. Es m?s, en opini?n de los populares, los nombramientos “constituyen un flagrante incumplimiento de las reiteradas recomendaciones de la Uni?n Europea para despolitizar la justicia” porque “podr?an llegar a influir y restringir el correcto funcionamiento y las decisiones independientes del m?ximo ?rgano de garant?as constitucionales de nuestro pa?s”.

Piden por ello al Ejecutivo comunitario que eval?e la “adecuaci?n democr?tica a los est?ndares recomendados por la Uni?n Europea de respeto al Estado de Derecho, separaci?n de poderes, despolitizaci?n e independencia del poder judicial”. Precisamente, el comisario Reynders reconoci? el pasado miércoles que Espa?a “no es el ?nico pa?s” en el que el Gobierno decide nombrar a un exministro como magistrado del Constitucional. “Vamos a ver c?mo vamos a analizar la situaci?n exacta de ese nombramiento” pero “lo que pedimos sobre todo es primero la renovaci?n del Consejo General del Poder Judicial”, insisti? el liberal belga.



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