Nueve de cada diez casos de acoso escolar en Espa?a "quedan impunes" y los protocolos para atajarlos fallan de modo estrepitoso: ni los previenen ni abordan las necesidades de las familias y de sus hijos, "es un fraude institucionalizado".

Es la denuncia del presidente de la Asociaci?n Espa?ola para la Prevenci?n del Acoso Escolar (Aepae), Enrique Pérez-Carrillo, que cree que las cifras oficiales solo reflejan "la punta del iceberg" de lo que est? pasando.

Las fuerzas de seguridad del Estado reciben de media un millar de denuncias de acoso (lesiones, amenazas, trato degradante...), pero organizaciones como Save The Children, la UNESCO y Amnist?a Internacional elevan los casos entre el medio mill?n y los tres millones de ni?os espa?oles afectados por este tipo de maltrato.

Seg?n Amnist?a, el 96% de los casos identificados como sospechosos de acoso que recibi? el n?mero de atenci?n telef?nica del Ministerio de Educaci?n (900 018 018) en sus dos primeros a?os de funcionamiento (2017 y 2018) no fueron denunciados a la inspecci?n educativa.

Aparte de la disparidad de cifras, los protocolos que se aplican tampoco avanzan en atajar el problema, ya que muchas veces "se cierran en falso", a?ade Pérez-Carrillo, cuya organizaci?n, formada por psic?logos, pedagogos y educadores sociales, ha atendido a m?s de 4.000 v?ctimas de acoso en sus quince a?os de funcionamiento.

Uno de los problemas de los protocolos es que el propio centro educativo es "juez y parte" del proceso y su interés es que "no trascienda", "ocultando informaci?n a la Inspecci?n de Educaci?n, a quien le llega el informe de modo sesgado y acaba por desestimarlo".

"El sistema es hoy un fraude institucionalizado que deja en la indefensi?n absoluta a la familia y a la v?ctima; lo habitual es que los padres desistan y cambien a su hijo de colegio". Si el traslado es de un centro p?blico a otro p?blico se suma la dificultad de que el cambio debe justificarse y si el acoso no se ha reconocido "se ven obligados a buscar un concertado/privado".

Tampoco funciona la atenci?n psicol?gica al menor maltratado, ya que suele llegar tarde y con una periodicidad insuficiente, explica Pérez-Carrillo, que recuerda que hace unos d?as le lleg? una madre a cuya hija daban cita en seis meses y le ofrec?an una consulta mensual en salud mental.

Critica adem?s que los centros no midan la incidencia del acoso, su personal docente carezca de la adecuada formaci?n y la confidencialidad del protocolo, con lo que las familias no tienen posibilidad de asegurarse de que el relato del centro coincide con lo que su hijo ha testimoniado y sufrido.

Todo lo que est? ocurriendo son "desprop?sitos que se conocen perfectamente", se?ala el presidente de AEPAE, en cuya opini?n se necesita una ley espec?fica de ?mbito estatal y un plan nacional de prevenci?n e intervenci?n, donde se responsabilice a las personas que hacen dejaci?n de sus funciones, junto a recursos y protocolos mejorados.

Su asociaci?n ofrece en su p?gina web un test "online" y an?nimo para que la v?ctima pueda evaluar por s? misma -a través de preguntas- si est? padeciendo maltrato y en qué grado de gravedad.

Si el resultado es el nivel rojo, la recomendaci?n es comunicarlo de forma inmediata al centro educativo y aportar el mayor n?mero de pruebas (pantallazos, parte de lesiones, informe del psic?logo etc).

Se entiende por acoso cuando el maltrato es reiterado, tres o m?s veces. "Si se pueden concretar tres ocasiones seguramente han sido m?s, porque normalmente se oculta a los ojos del adulto", concluye el presidente de la Asociaci?n Espa?ola para la Prevenci?n del Acoso Escolar.



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