La Audiencia Nacional ha remitido al Tribunal Supremo la demanda presentada por el expresidente de la Generalitat catalana Quim Torra y el exvicepresidente del Parlament Josep Costa por vulneraci?n de derechos fundamentales tras saber que sus m?viles fueron supuestamente espiados con el software Pegasus.

La secci?n quinta de lo Contencioso ha acordado en un auto enviar de nuevo las actuaciones al alto tribunal "para que reconsidere" su competencia" para resolver la demanda impuesta por ambos exdirigentes catalanes.

El Tribunal Supremo ya rechaz? en su d?a admitirla a tr?mite y la env?o a la Audiencia Nacional al considerar que este era el tribunal competente para resolver el asunto.

La Audiencia pidi? entonces al Ministerio de Defensa que le informase de si dispon?a de alg?n expediente, informes o datos en relaci?n con la demanda de Torra y Costa, si bien el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) -?rgano dependiente de Defensa- asegur? que no existe "expediente alguno" relativo a una presunta intervenci?n o escucha de sus comunicaciones con la herramienta Pegasus.

Explica adem?s el tribunal en su auto que el secretario general técnico del Ministerio de Presidencia remiti? un oficio en el que "se constata" que varios requerimientos de Torra y Costa "siguen en la Secretar?a General Técnica-Secretariado del Gobierno" y que "hasta la fecha no se adoptado disposici?n o acuerdo al respecto por el Consejo de Ministros".

Por tanto, seg?n la Audiencia, la "administraci?n actuante" no es ni el Ministerio de Defensa ni el CNI, "que desconocen cualquier documento o actuaci?n en relaci?n a este recurso" y, "dado que las actuaciones se encuentran pendientes de decisi?n por el Consejo de Ministros", la competencia ser?a del Tribunal Supremo.

En el mismo auto, la Sala desestima la solicitud de inadmisi?n de la querella formulada por Defensa, algo que celebra en un comunicado la Oficina de Quim Torra.

En su demanda, ambos pol?ticos de JxCat pretenden que se reconozca que el espionaje a sus m?viles fue ilegal y que est?n en su derecho a conocer toda la informaci?n, datos o documentaci?n que se haya podido obtener mediante el software, desarrollado por una empresa israel? y que en principio solo se vende a los estados.

También apelan a su derecho a que se elimine toda la documentaci?n e informaci?n privada que el Estado pueda haber obtenido a través del espionaje.



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