الريــم
10-31-2022, 11:33 AM
La propiedad de una vivienda situada en una parcela en Cala Saladeta ha acometido varias obras de ampliaci?n y nueva construcci?n, que triplican la superficie de edificaci?n inicial, sin tener el t?tulo habilitante correspondiente, seg?n ha podido confirmar Diario de Ibiza, del grupo Prensa Ibérica. Fueron los servicios de inspecci?n del Ayuntamiento de Sant Antoni los que constataron que la vivienda, que ten?a licencia de reforma y ampliaci?n, se estaba ampliando sin coincidir con el proyecto.
Esto sucedi? en el a?o 2002 y en dicho informe se cita que el inmueble se ampli? unos 200 metros cuadrados en la parte sur distribuidos en varias dependencias y separado de la vivienda se construy? un porche y un almacén que no constaban en el proyecto en base al cual se dio la licencia.
En febrero de 2003 se orden? la paralizaci?n de las obras y tres a?os después, en octubre de 2006, se abri? expediente sancionador por la realizaci?n de trabajos sin licencia. Estas obras nunca han sido legalizadas ni cuentan con el final de obra. Paralelamente, a finales del 2006, la propiedad (la mercantil Cala Salada S.L.) solicit? autorizaci?n para ampliar la vivienda existente en 32 m2 y construir un porche de 5,6 m2.
Adem?s, solicit? construir una casa nueva de 355 m2 de superficie m?s 89 m2 de porche distribuidos en planta baja y primer piso; un garaje de 23 m2 m?s pérgola de 9,5 m2 y una piscina de 24,5 m2. Este proyecto nunca fue aprobado por el Ayuntamiento de Sant Antoni, consta en el expediente abierto. Algo m?s de dos décadas después las ilegalidades todav?a no se han demolido.
También se abri? un camino de acceso a la vivienda para el cual se solicit? licencia de construcci?n hace m?s de dos décadas (no consta fecha concreta) y que nunca se concedi? por parte del Ayuntamiento de Sant Antoni. Aun as?, se realiz? entre los a?os 1989 y 2002, seg?n consta en las fotograf?as de la Infraestructura de Datos Espaciales de las Islas Baleares (Ideib), con una superficie de 450 metros lineales. Se estima que las obras ilegales est?n valoradas en 552.576 euros.
Ya en 2014, ocho a?os después, los servicios técnicos municipales realizan una inspecci?n en la que comprobaron que las obras realmente ejecutadas coincid?an con el proyecto visado, el cual «nunca fue aprobado por el Ayuntamiento». En 2016 se remiti? requerimiento del departamento de Territorio del Consell de Ibiza por el que se ped?a a Sant Antoni que resolviera la solicitud de legalizaci?n y, una vez resuelta, adoptara las medidas de disciplina en relaci?n a las obras ejecutadas sin licencia.
Alto Nivel de Protecci?n
A finales de aquel a?o se emite acuerdo de la Junta de Gobierno Local por el que se deneg? la autorizaci?n de las obras por «no ser conformes a la normativa vigente en el momento porque el uso de la vivienda estaba entonces -y ahora también- prohibido en los terrenos clasificados como suelo r?stico protegido ANEI de Alto Nivel de Protecci?n (AANP) por la Ley de Espacios Naturales y APT de Costas por la Ley de las Directrices de Ordenaci?n Territorial de Balears.
La propiedad recurri? al decir que las obras son legalizables porque la Ley no define con exactitud las zonas de afecci?n de las ?reas de especial protecci?n. El Ayuntamiento desestim? las alegaciones y recalc? que "la finca donde se han desarrollado los actos edificatorios constituye ?rea natural de especial interés de alto nivel de protecci?n" al estar la construcci?n dentro del ?rea natural de Es Amunts de Ibiza. Adem?s, cabe recordar que el propio Plan General de Ordenaci?n Urban?stica de Sant Antoni de 1987 clasifica estos terrenos como suelo no urbanizable con la calificaci?n de ?rea Forestal. "La parcela se ubica por la zona sur en la orilla del mar y, por tanto, es un terreno que nace en la orilla y que, por ende, debe entenderse objeto del m?s alto nivel de protecci?n", recalcan. Es m?s, califican de "aberraci?n urban?stica" las obras llevadas a cabo en esa zona.
Paralelamente, en los expedientes del Consistorio se reitera que los actos infractores no prescribir?n.
Por todo, el Ayuntamiento concluye que "las actuaciones ejecutadas superan casi el triple de la edificaci?n inicial, todo ejecutado sin t?tulo habilitante, habiendo actuado no solo en la edificaci?n original, sino ejecutando una nueva vivienda en la finca, porche, piscina y un camino; todo ello en suelo protegido en donde el uso de vivienda se encuentra prohibido".
Cronolog?a
En febrero de 20217 se acuerda la incoaci?n a la mercantil Inmobiliaria Cala Salada S.L. de expediente de restauraci?n de la legalidad urban?stica por llevar a cabo obras sin t?tulo habilitante y contra la ordenaci?n urban?stica. Estas consisten en obras de reforma y ampliaci?n de 37,5 metros cuadrados, ejecutadas sobre la vivienda original, y la construcci?n de una nueva casa de 477 m2 (444 m2 de vivienda y 32,6 m2 de garaje), adem?s de una piscina de 24,5 m2. Asimismo, se habilita un camino sin licencia de 450 metros lineales.
Ante este expediente no se presentaron alegaciones en el plazo conferido y ya en abril la Junta de Gobierno Local ordena a la propiedad que devuelva la parcela a su estado originario "con mandato expreso de proceder a la demolici?n e impedir los usos a que han dado lugar las obras ilegales". En esa resoluci?n se indicaba que se llevar?a a cabo tras la presentaci?n del correspondiente proyecto de restablecimiento, que deb?a presentarse en dos meses. Asimismo, se advert?a al interesado que el incumplimiento de la orden de reposici?n de la realidad f?sica a su estado anterior dar?a lugar, mientras durara, a la imposici?n de hasta doce multas coerticivas por una cuant?a del 10% del valor de las obras realizadas.
En mayo de ese a?o, y fuera de plazo, se interpuso por parte de la mercantil un recurso potestativo de reposici?n contra el acuerdo de Junta de Gobierno Local que, dos meses después, el Ayuntamiento acord? inadmitir a tr?mite. Contra este acuerdo se interpuso, por parte de la propiedad, un recurso contencioso-administrativo en septiembre de 2018.
Multas coercitivas
Como consecuencia del incumplimiento de derribo de las obras ilegales, el consistorio interpuso, en noviembre de 2019, la primera multa coercitiva por valor de 55.576 euros. Apenas mes y medio después, la interesada presenta ante el Ayuntamiento un recurso potestativo de reposici?n contra el decreto que impone esa multa coercitiva.
En septiembre de 2020, la Junta de Gobierno Local acuerda desestimar el recurso de reposici?n interpuesto por la propiedad y d?as después, ante el reiterado incumplimiento de demolici?n, se interpone la segunda multa por la misma cuant?a.
En febrero de 2021, y a pesar de que la propiedad lo intent? recurrir, el Juzgado Contencioso Administrativo dict? auto por el que acord? desestimar la solicitud de suspensi?n cautelar de la ejecutividad del la primera multa coercitiva, confirmando judicialmente su plena ejecutividad.
A principios de 2021 se impuso la tercera multa coercitiva por el mismo importe que las dos anteriores.
Ante el incumplimiento por parte de la propiedad de reponer el estado originario, en marzo se puso la cuarta sanci?n. En abril, se interpone la quinta. Ya a finales de mayo del a?o pasado, la mercantil interpone un recurso de reposici?n para frenar las sanciones. El Ayuntamiento lo estim? y anul? la quinta multa.
El pasado 25 de octubre el Juzgado Contencioso Administrativo n?mero 1 de Palma dict? un auto por el que deniega la medida cautelar de suspensi?n contra la orden de demolici?n de las edificaciones sin licencia que hab?a solicitado la interesada. Contra este Auto, pueden interponer recurso de apelaci?n en un plazo de quince d?as a contar desde el d?a siguiente a la notificaci?n.
أكثر... (https://www.sport.es/es/noticias/sociedad/veinte-anos-espera-demoler-casa-77949597)
Esto sucedi? en el a?o 2002 y en dicho informe se cita que el inmueble se ampli? unos 200 metros cuadrados en la parte sur distribuidos en varias dependencias y separado de la vivienda se construy? un porche y un almacén que no constaban en el proyecto en base al cual se dio la licencia.
En febrero de 2003 se orden? la paralizaci?n de las obras y tres a?os después, en octubre de 2006, se abri? expediente sancionador por la realizaci?n de trabajos sin licencia. Estas obras nunca han sido legalizadas ni cuentan con el final de obra. Paralelamente, a finales del 2006, la propiedad (la mercantil Cala Salada S.L.) solicit? autorizaci?n para ampliar la vivienda existente en 32 m2 y construir un porche de 5,6 m2.
Adem?s, solicit? construir una casa nueva de 355 m2 de superficie m?s 89 m2 de porche distribuidos en planta baja y primer piso; un garaje de 23 m2 m?s pérgola de 9,5 m2 y una piscina de 24,5 m2. Este proyecto nunca fue aprobado por el Ayuntamiento de Sant Antoni, consta en el expediente abierto. Algo m?s de dos décadas después las ilegalidades todav?a no se han demolido.
También se abri? un camino de acceso a la vivienda para el cual se solicit? licencia de construcci?n hace m?s de dos décadas (no consta fecha concreta) y que nunca se concedi? por parte del Ayuntamiento de Sant Antoni. Aun as?, se realiz? entre los a?os 1989 y 2002, seg?n consta en las fotograf?as de la Infraestructura de Datos Espaciales de las Islas Baleares (Ideib), con una superficie de 450 metros lineales. Se estima que las obras ilegales est?n valoradas en 552.576 euros.
Ya en 2014, ocho a?os después, los servicios técnicos municipales realizan una inspecci?n en la que comprobaron que las obras realmente ejecutadas coincid?an con el proyecto visado, el cual «nunca fue aprobado por el Ayuntamiento». En 2016 se remiti? requerimiento del departamento de Territorio del Consell de Ibiza por el que se ped?a a Sant Antoni que resolviera la solicitud de legalizaci?n y, una vez resuelta, adoptara las medidas de disciplina en relaci?n a las obras ejecutadas sin licencia.
Alto Nivel de Protecci?n
A finales de aquel a?o se emite acuerdo de la Junta de Gobierno Local por el que se deneg? la autorizaci?n de las obras por «no ser conformes a la normativa vigente en el momento porque el uso de la vivienda estaba entonces -y ahora también- prohibido en los terrenos clasificados como suelo r?stico protegido ANEI de Alto Nivel de Protecci?n (AANP) por la Ley de Espacios Naturales y APT de Costas por la Ley de las Directrices de Ordenaci?n Territorial de Balears.
La propiedad recurri? al decir que las obras son legalizables porque la Ley no define con exactitud las zonas de afecci?n de las ?reas de especial protecci?n. El Ayuntamiento desestim? las alegaciones y recalc? que "la finca donde se han desarrollado los actos edificatorios constituye ?rea natural de especial interés de alto nivel de protecci?n" al estar la construcci?n dentro del ?rea natural de Es Amunts de Ibiza. Adem?s, cabe recordar que el propio Plan General de Ordenaci?n Urban?stica de Sant Antoni de 1987 clasifica estos terrenos como suelo no urbanizable con la calificaci?n de ?rea Forestal. "La parcela se ubica por la zona sur en la orilla del mar y, por tanto, es un terreno que nace en la orilla y que, por ende, debe entenderse objeto del m?s alto nivel de protecci?n", recalcan. Es m?s, califican de "aberraci?n urban?stica" las obras llevadas a cabo en esa zona.
Paralelamente, en los expedientes del Consistorio se reitera que los actos infractores no prescribir?n.
Por todo, el Ayuntamiento concluye que "las actuaciones ejecutadas superan casi el triple de la edificaci?n inicial, todo ejecutado sin t?tulo habilitante, habiendo actuado no solo en la edificaci?n original, sino ejecutando una nueva vivienda en la finca, porche, piscina y un camino; todo ello en suelo protegido en donde el uso de vivienda se encuentra prohibido".
Cronolog?a
En febrero de 20217 se acuerda la incoaci?n a la mercantil Inmobiliaria Cala Salada S.L. de expediente de restauraci?n de la legalidad urban?stica por llevar a cabo obras sin t?tulo habilitante y contra la ordenaci?n urban?stica. Estas consisten en obras de reforma y ampliaci?n de 37,5 metros cuadrados, ejecutadas sobre la vivienda original, y la construcci?n de una nueva casa de 477 m2 (444 m2 de vivienda y 32,6 m2 de garaje), adem?s de una piscina de 24,5 m2. Asimismo, se habilita un camino sin licencia de 450 metros lineales.
Ante este expediente no se presentaron alegaciones en el plazo conferido y ya en abril la Junta de Gobierno Local ordena a la propiedad que devuelva la parcela a su estado originario "con mandato expreso de proceder a la demolici?n e impedir los usos a que han dado lugar las obras ilegales". En esa resoluci?n se indicaba que se llevar?a a cabo tras la presentaci?n del correspondiente proyecto de restablecimiento, que deb?a presentarse en dos meses. Asimismo, se advert?a al interesado que el incumplimiento de la orden de reposici?n de la realidad f?sica a su estado anterior dar?a lugar, mientras durara, a la imposici?n de hasta doce multas coerticivas por una cuant?a del 10% del valor de las obras realizadas.
En mayo de ese a?o, y fuera de plazo, se interpuso por parte de la mercantil un recurso potestativo de reposici?n contra el acuerdo de Junta de Gobierno Local que, dos meses después, el Ayuntamiento acord? inadmitir a tr?mite. Contra este acuerdo se interpuso, por parte de la propiedad, un recurso contencioso-administrativo en septiembre de 2018.
Multas coercitivas
Como consecuencia del incumplimiento de derribo de las obras ilegales, el consistorio interpuso, en noviembre de 2019, la primera multa coercitiva por valor de 55.576 euros. Apenas mes y medio después, la interesada presenta ante el Ayuntamiento un recurso potestativo de reposici?n contra el decreto que impone esa multa coercitiva.
En septiembre de 2020, la Junta de Gobierno Local acuerda desestimar el recurso de reposici?n interpuesto por la propiedad y d?as después, ante el reiterado incumplimiento de demolici?n, se interpone la segunda multa por la misma cuant?a.
En febrero de 2021, y a pesar de que la propiedad lo intent? recurrir, el Juzgado Contencioso Administrativo dict? auto por el que acord? desestimar la solicitud de suspensi?n cautelar de la ejecutividad del la primera multa coercitiva, confirmando judicialmente su plena ejecutividad.
A principios de 2021 se impuso la tercera multa coercitiva por el mismo importe que las dos anteriores.
Ante el incumplimiento por parte de la propiedad de reponer el estado originario, en marzo se puso la cuarta sanci?n. En abril, se interpone la quinta. Ya a finales de mayo del a?o pasado, la mercantil interpone un recurso de reposici?n para frenar las sanciones. El Ayuntamiento lo estim? y anul? la quinta multa.
El pasado 25 de octubre el Juzgado Contencioso Administrativo n?mero 1 de Palma dict? un auto por el que deniega la medida cautelar de suspensi?n contra la orden de demolici?n de las edificaciones sin licencia que hab?a solicitado la interesada. Contra este Auto, pueden interponer recurso de apelaci?n en un plazo de quince d?as a contar desde el d?a siguiente a la notificaci?n.
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