الريــم
10-29-2022, 10:59 PM
Cuarenta a?os después de la victoria del 28 de octubre de 1982, el Partido Socialista Obrero Espa?ol (PSOE) sigue tropezando una y otra vez con una misma piedra: su*incapacidad para desarrollar una pol?tica para el ?mbito judicial y constitucional.
“Es el ?nico partido pol?tico capaz de meter la pata mil veces en el mismo agujero judicial”, se?ala una fuente judicial de peso a El Peri?dico, del grupo Prensa Ibérica, este s?bado 29 de octubre. “Y seguir sin darse cuenta de que el problema no es lo accidentado del camino, ni de que los conservadores sean malvados, que lo son, sino que su problema es la*ceguera persistente*y el empe?o en buscar ayuda en los peores Lazarillos, que terminan por bebérseles el vino, comérseles el pan, los torreznos y la longaniza. Les ayudan a saltar un r?o para estamparles contra un muro de piedra”, ironiza, en referencia a exministros y exfiscales generales que han “echado una mano” en los ?ltimos cuatro a?os este negociado.
Quiz? el cuadro bosquejado sea con brocha gorda por cuanto habr?a que a?adir un punto central, que es, para tomar prestada terminolog?a del derecho penal, que el PP tiene el “dominio del hecho”. O como dir?a, m?s burdamente en 2021, el magistrado en excedencia Enrique L?pez, consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid: “El PP tiene el apoyo de la mayor?a de la carrera judicial”. Y, como ha redondeado el magistrado con mandato vencido y presidente del Tribunal Constitucional (TC), Pedro Gonz?lez-Tevijano, el derecho es una ciencia conservadora. “Los juristas somos casi todos gente conservadora, porque el*Derecho*[as?, con may?scula] es una ciencia conservadora”, explic? el pasado 1 de septiembre.
Pero cierto es que, también para usar el lenguaje de Alfred Hitchcock, por qué no, el Gobierno ha lanzado un McGuffin --el recurso que hace avanzar el suspense pero resulta irrelevante en la trama-- con el asunto de la futura reforma del delito de sedici?n que el PP ha cogido al vuelo para a su vez justificar, la*ruptura de las negociaciones para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)*tras cuatro a?os de bloqueo deliberado.
Reforma que no sirve
Porque, en efecto, el McGuffin de esa reforma es que no sirve para nada. Porque*el delito no se va a despenalizar.*Y la reducci?n de la pena, por m?s significativa que pueda ser, no va a permitir, incluyendo una eventual merma de la inhabilitaci?n absoluta como pena accesoria del delito, a Oriol Junqueras presentarse, por ejemplo, como candidato a una alcald?a; ni regresar a Espa?a, para tomar dos ejemplos, a Carles Puigdemont o a Marta Rovira, con el argumento que no pisar?n la prisi?n.
Y a todo esto, ?acaso no mandan*Junqueras y Rovira en ERC?
Y, mira por d?nde, esta vez no fue Gabriel Rufi?n, el portavoz de ERC en el Congreso quien colabor? en pavimentar el terreno para huir a Feij?o. El pasado miércoles, al comenzar el debate sobre las enmiendas a la totalidad de los presupuestos generales del Estado, cuando le pusieron en el Congreso las alcachofas después de preguntarle por el delito de sedici?n, se?al?: “Me atrevo a sugerirle al PSOE que hable menos sobre las negociaciones para 2023”. Le insistieron sobre la llamada*desjudicializaci?n*del conflicto catal?n a través de las reformas del C?digo Penal. Y dijo: “En ERC intentamos ser gente discreta, silenciosa, que quiere que las cosas salgan. Y eso es muchas veces incompatible con estar telegrafiando negociaciones reales o no. Hablen menos”.
Pero un extra?o enroque quiso que el papel que tradicionalmente asume Rufi?n lo representara nada menos que la titular de Hacienda y vicepresidenta,*Mar?a Jes?s Montero,*quien en lugar de hacer caso al pol?tico independentista asegur? el jueves 27 que, en efecto, el presidente S?nchez respetar?a sus acuerdos: “Es un compromiso que tiene el presidente y que traeremos a esta c?mara”. Dicho por quien ha negociado los apoyos a los presupuestos generales de las formaciones aliadas al Gobierno, ello fue como decir: “Claro ellos nos apoyan y nosotros cumpliremos con la*reforma de la sedici?n”.*El pretexto para el PP estaba servido.*Aunque la vicepresidenta dijera m?s tarde que “para nada” hab?a querido decir lo que se hab?a “interpretado”.
Entre Ayuso y las encuestas
El paisaje, tras el*golpe de Feij?o, en el cual han influido las presiones de sus barones,*en especial Isabel D?az Ayuso, pero sobre todo la recuperaci?n del PSOE en las encuestas, facilitada por la coartada de la sedici?n (por cierto, el PP viene conduciendo una rebeli?n contra la renovaci?n constitucional en plazo de las instituciones desde 2018), queda todav?a m?s precario de lo que ya estaba.
Veamos.
En el CGPJ hay un presidente suplente, Rafael Mozo, en lugar del dimitido Carlos Lesmes. Si bien una medida cautelar?sima contra el acuerdo del CGPJ que impidi? la presidencia del magistrado del Supremo Francisco Mar?n Cast?n en el CGPJ fue desestimada, la sala tercera del Supremo, de lo Contencioso- Administrativo, tiene que poner en marcha la medida cautelar. Esto es escuchar los argumentos del magistrado y vocal del CGPJ, Wenceslao Olea, ?ntimo de Lesmes, que cuestiona el citado acuerdo y quiere que el presidente tanto del Supremo como del CGPJ sea, como quer?a Lesmes, Mar?n Cast?n, que ya ha asumido como presidente del Tribunal Supremo.
Por tanto, la presidencia suplente de Mozo est? a merced de los tribunales.
En el Tribunal Constitucional,*el Gobierno est? ahora m?s obligado que antes si cabe*a nombrar a los dos magistrados que le corresponde y que el 13 de septiembre pasado ya debieron ser designados.
Se da la circunstancia que uno de esos dos magistrados es el actual presidente, Pedro Gonz?lez-Trevijano, nombrado en el TC por el gobierno de Mariano Rajoy en junio de 2013. Por tanto, una vez que el Gobierno nombre a sus dos candidatos, Gonz?lez-Trevijano deja la presidencia.
La situaci?n est? prevista en la ley org?nica del Tribunal Constitucional. Seg?n el art?culo 9.4, al “vicepresidente incumbe sustituir al presidente en caso de vacante, ausencia u otro motivo legal…”. Por tanto, el actual vicepresidente, Juan Antonio Xiol, sustituir?a a Gonz?lez-Trevijano, quien dejar?a vacante el puesto.
Ahora bien, Xiol también tiene el mandato vencido el pasado 12 de junio.*Le corresponde al CGPJ, que le eligi? en 2013, designar el sustituto.
Si el PP, adem?s de bloquear la renovaci?n del CGPJ, contin?a con su estrategia e insta a los vocales conservadores a no elegir a los dos magistrados que le toca al Consejo y esa designaci?n se paraliza sine die, ello tiene también consecuencias sobre el funcionamiento del TC.
Nuevo contexto
Primero, el sector conservador del TC amenazaba en los ?ltimos meses, con Gonz?lez-Trevijano a la cabeza,*con impedir darle posesi?n a los dos magistrados nombrados por el Gobierno si no ten?a lugar al mismo tiempo el nombramiento de los dos del CGPJ.
Es posible que en el nuevo contexto, esa resistencia tenga dificultad para materializarse. Porque el Gobierno tiene que*cumplir la Constituci?n*y no se puede admitir que el CGPJ –por una maniobra pol?tica-- le impida hacerlo. Por otra parte, hay una sentencia de 2016, con ponencia del magistrado Fernando Valdés, firmada por Gonz?lez-Trevijano y todos los magistrados, seg?n la cual*es constitucional la renovaci?n parcial del TC en caso de que el CGPJ no quiera o no proceda a hacerlo.
Pero superado –est? por ver-- ese escollo, hay otro.
Seg?n la*ley org?nica del Tribunal Constitucional*ya citada, la elecci?n de presidente y vicepresidente del TC se realiza en ciertas condiciones. El articulo 16.3 estipula: “La designaci?n para el cargo de magistrado del TC se har? por nueve a?os, renov?ndose el tribunal por terceras partes cada tres. A partir de ese momento se producir? la elecci?n de presidente y vicepresidente previsto en el art?culo 9”.
Es decir: para elegir nuevo presidente y vicepresidente del TC se necesita la renovaci?n de los cuatro magistrados cuyo mandato ha vencido y que representan la tercera parte del tribunal de garant?as.
Todos los escenarios
Si el Gobierno nombra sus dos magistrados y el sector conservador del CGPJ mantiene, por orden de Feij?o, el bloqueo y, por tanto, no est?n los cuatro, la elecci?n de nuevo presidente se*pospondr?a, quién sabe hasta cu?ndo.*Quiz? hasta que Feij?? y D?az Ayuso lo permitan.
La designaci?n de los dos magistrados por parte del Gobierno ya introduce la mayor?a progresista en el TC, que pasar?a a sumar seis magistrados, frente a los cinco del sector conservador, que ha perdido uno, habida cuenta de la enfermedad del magistrado Alfredo Montoya, cuya plaza ya no se va cubrir porque ello depende del Senado y se necesita los votos del PSOE, que estaban comprometidos en el pacto ahora abortado.
Por tanto, a menos que los sectores progresista y conservador en el CGPJ, bajo la presidencia suplente de Mozo, lleguen a un pacto en las pr?ximas semanas sobre el nombramiento de los dos que le corresponde, el*guririgay ha conocido desde este jueves 27 de octubre un salto considerable.
أكثر... (https://www.sport.es/es/noticias/nacional/guirigay-cgpj-tribunal-constitucional-pp-gobierno-77900723)
“Es el ?nico partido pol?tico capaz de meter la pata mil veces en el mismo agujero judicial”, se?ala una fuente judicial de peso a El Peri?dico, del grupo Prensa Ibérica, este s?bado 29 de octubre. “Y seguir sin darse cuenta de que el problema no es lo accidentado del camino, ni de que los conservadores sean malvados, que lo son, sino que su problema es la*ceguera persistente*y el empe?o en buscar ayuda en los peores Lazarillos, que terminan por bebérseles el vino, comérseles el pan, los torreznos y la longaniza. Les ayudan a saltar un r?o para estamparles contra un muro de piedra”, ironiza, en referencia a exministros y exfiscales generales que han “echado una mano” en los ?ltimos cuatro a?os este negociado.
Quiz? el cuadro bosquejado sea con brocha gorda por cuanto habr?a que a?adir un punto central, que es, para tomar prestada terminolog?a del derecho penal, que el PP tiene el “dominio del hecho”. O como dir?a, m?s burdamente en 2021, el magistrado en excedencia Enrique L?pez, consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid: “El PP tiene el apoyo de la mayor?a de la carrera judicial”. Y, como ha redondeado el magistrado con mandato vencido y presidente del Tribunal Constitucional (TC), Pedro Gonz?lez-Tevijano, el derecho es una ciencia conservadora. “Los juristas somos casi todos gente conservadora, porque el*Derecho*[as?, con may?scula] es una ciencia conservadora”, explic? el pasado 1 de septiembre.
Pero cierto es que, también para usar el lenguaje de Alfred Hitchcock, por qué no, el Gobierno ha lanzado un McGuffin --el recurso que hace avanzar el suspense pero resulta irrelevante en la trama-- con el asunto de la futura reforma del delito de sedici?n que el PP ha cogido al vuelo para a su vez justificar, la*ruptura de las negociaciones para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)*tras cuatro a?os de bloqueo deliberado.
Reforma que no sirve
Porque, en efecto, el McGuffin de esa reforma es que no sirve para nada. Porque*el delito no se va a despenalizar.*Y la reducci?n de la pena, por m?s significativa que pueda ser, no va a permitir, incluyendo una eventual merma de la inhabilitaci?n absoluta como pena accesoria del delito, a Oriol Junqueras presentarse, por ejemplo, como candidato a una alcald?a; ni regresar a Espa?a, para tomar dos ejemplos, a Carles Puigdemont o a Marta Rovira, con el argumento que no pisar?n la prisi?n.
Y a todo esto, ?acaso no mandan*Junqueras y Rovira en ERC?
Y, mira por d?nde, esta vez no fue Gabriel Rufi?n, el portavoz de ERC en el Congreso quien colabor? en pavimentar el terreno para huir a Feij?o. El pasado miércoles, al comenzar el debate sobre las enmiendas a la totalidad de los presupuestos generales del Estado, cuando le pusieron en el Congreso las alcachofas después de preguntarle por el delito de sedici?n, se?al?: “Me atrevo a sugerirle al PSOE que hable menos sobre las negociaciones para 2023”. Le insistieron sobre la llamada*desjudicializaci?n*del conflicto catal?n a través de las reformas del C?digo Penal. Y dijo: “En ERC intentamos ser gente discreta, silenciosa, que quiere que las cosas salgan. Y eso es muchas veces incompatible con estar telegrafiando negociaciones reales o no. Hablen menos”.
Pero un extra?o enroque quiso que el papel que tradicionalmente asume Rufi?n lo representara nada menos que la titular de Hacienda y vicepresidenta,*Mar?a Jes?s Montero,*quien en lugar de hacer caso al pol?tico independentista asegur? el jueves 27 que, en efecto, el presidente S?nchez respetar?a sus acuerdos: “Es un compromiso que tiene el presidente y que traeremos a esta c?mara”. Dicho por quien ha negociado los apoyos a los presupuestos generales de las formaciones aliadas al Gobierno, ello fue como decir: “Claro ellos nos apoyan y nosotros cumpliremos con la*reforma de la sedici?n”.*El pretexto para el PP estaba servido.*Aunque la vicepresidenta dijera m?s tarde que “para nada” hab?a querido decir lo que se hab?a “interpretado”.
Entre Ayuso y las encuestas
El paisaje, tras el*golpe de Feij?o, en el cual han influido las presiones de sus barones,*en especial Isabel D?az Ayuso, pero sobre todo la recuperaci?n del PSOE en las encuestas, facilitada por la coartada de la sedici?n (por cierto, el PP viene conduciendo una rebeli?n contra la renovaci?n constitucional en plazo de las instituciones desde 2018), queda todav?a m?s precario de lo que ya estaba.
Veamos.
En el CGPJ hay un presidente suplente, Rafael Mozo, en lugar del dimitido Carlos Lesmes. Si bien una medida cautelar?sima contra el acuerdo del CGPJ que impidi? la presidencia del magistrado del Supremo Francisco Mar?n Cast?n en el CGPJ fue desestimada, la sala tercera del Supremo, de lo Contencioso- Administrativo, tiene que poner en marcha la medida cautelar. Esto es escuchar los argumentos del magistrado y vocal del CGPJ, Wenceslao Olea, ?ntimo de Lesmes, que cuestiona el citado acuerdo y quiere que el presidente tanto del Supremo como del CGPJ sea, como quer?a Lesmes, Mar?n Cast?n, que ya ha asumido como presidente del Tribunal Supremo.
Por tanto, la presidencia suplente de Mozo est? a merced de los tribunales.
En el Tribunal Constitucional,*el Gobierno est? ahora m?s obligado que antes si cabe*a nombrar a los dos magistrados que le corresponde y que el 13 de septiembre pasado ya debieron ser designados.
Se da la circunstancia que uno de esos dos magistrados es el actual presidente, Pedro Gonz?lez-Trevijano, nombrado en el TC por el gobierno de Mariano Rajoy en junio de 2013. Por tanto, una vez que el Gobierno nombre a sus dos candidatos, Gonz?lez-Trevijano deja la presidencia.
La situaci?n est? prevista en la ley org?nica del Tribunal Constitucional. Seg?n el art?culo 9.4, al “vicepresidente incumbe sustituir al presidente en caso de vacante, ausencia u otro motivo legal…”. Por tanto, el actual vicepresidente, Juan Antonio Xiol, sustituir?a a Gonz?lez-Trevijano, quien dejar?a vacante el puesto.
Ahora bien, Xiol también tiene el mandato vencido el pasado 12 de junio.*Le corresponde al CGPJ, que le eligi? en 2013, designar el sustituto.
Si el PP, adem?s de bloquear la renovaci?n del CGPJ, contin?a con su estrategia e insta a los vocales conservadores a no elegir a los dos magistrados que le toca al Consejo y esa designaci?n se paraliza sine die, ello tiene también consecuencias sobre el funcionamiento del TC.
Nuevo contexto
Primero, el sector conservador del TC amenazaba en los ?ltimos meses, con Gonz?lez-Trevijano a la cabeza,*con impedir darle posesi?n a los dos magistrados nombrados por el Gobierno si no ten?a lugar al mismo tiempo el nombramiento de los dos del CGPJ.
Es posible que en el nuevo contexto, esa resistencia tenga dificultad para materializarse. Porque el Gobierno tiene que*cumplir la Constituci?n*y no se puede admitir que el CGPJ –por una maniobra pol?tica-- le impida hacerlo. Por otra parte, hay una sentencia de 2016, con ponencia del magistrado Fernando Valdés, firmada por Gonz?lez-Trevijano y todos los magistrados, seg?n la cual*es constitucional la renovaci?n parcial del TC en caso de que el CGPJ no quiera o no proceda a hacerlo.
Pero superado –est? por ver-- ese escollo, hay otro.
Seg?n la*ley org?nica del Tribunal Constitucional*ya citada, la elecci?n de presidente y vicepresidente del TC se realiza en ciertas condiciones. El articulo 16.3 estipula: “La designaci?n para el cargo de magistrado del TC se har? por nueve a?os, renov?ndose el tribunal por terceras partes cada tres. A partir de ese momento se producir? la elecci?n de presidente y vicepresidente previsto en el art?culo 9”.
Es decir: para elegir nuevo presidente y vicepresidente del TC se necesita la renovaci?n de los cuatro magistrados cuyo mandato ha vencido y que representan la tercera parte del tribunal de garant?as.
Todos los escenarios
Si el Gobierno nombra sus dos magistrados y el sector conservador del CGPJ mantiene, por orden de Feij?o, el bloqueo y, por tanto, no est?n los cuatro, la elecci?n de nuevo presidente se*pospondr?a, quién sabe hasta cu?ndo.*Quiz? hasta que Feij?? y D?az Ayuso lo permitan.
La designaci?n de los dos magistrados por parte del Gobierno ya introduce la mayor?a progresista en el TC, que pasar?a a sumar seis magistrados, frente a los cinco del sector conservador, que ha perdido uno, habida cuenta de la enfermedad del magistrado Alfredo Montoya, cuya plaza ya no se va cubrir porque ello depende del Senado y se necesita los votos del PSOE, que estaban comprometidos en el pacto ahora abortado.
Por tanto, a menos que los sectores progresista y conservador en el CGPJ, bajo la presidencia suplente de Mozo, lleguen a un pacto en las pr?ximas semanas sobre el nombramiento de los dos que le corresponde, el*guririgay ha conocido desde este jueves 27 de octubre un salto considerable.
أكثر... (https://www.sport.es/es/noticias/nacional/guirigay-cgpj-tribunal-constitucional-pp-gobierno-77900723)