الريــم
10-28-2022, 01:32 PM
Entre los a?os 2001 y 2006, en el término municipal alicantino de Catral se construyeron m?s de un millar de viviendas ilegales. Casi veinte a?os después de estos hechos, el que fuera alcalde del municipio, el socialista José Manuel Rodr?guez Leal, se sienta en el banquillo de la Audiencia por los presuntos desmanes urban?sticos. La Fiscal?a le reclama un a?o y seis meses de prisi?n y otros diez a?os de inhabilitaci?n por un delito continuado de prevaricaci?n administrativa. Como consecuencia de estos hechos, la Generalitat Valenciana acab? retirando las competencias de Urbanismo al Ayuntamiento. Rodr?guez Leal est? ya fuera de la pol?tica, desde que perdi? las siguientes elecciones tras la polémica.
Todo apuntaba a que el caso podr?a cerrarse con un acuerdo, dado que por el tiempo transcurrido las penas podr?an haberse reducido considerablemente por los evidentes retrasos que acumulaba la causa judicial. Sin embargo, Rodr?guez Leal no ha querido acuerdo alguno y se ha declarado inocente de todos los cargos. El juicio ha arrancado esta semana en Secci?n Undécima de la Audiencia, desplazada a Elche, donde el exregidor ha sostenido que estaba en el banquillo por "una cuesti?n pol?tica". Mientras que el Ayuntamiento estaba gobernado por los socialistas, la Generalitat estaba en manos del Partido Popular.
El exalcalde admiti? la existencia de numerosas viviendas ilegales, pero asegur? que era un problema de falta de medios y que el Ayuntamiento se vio desbordado, llegando a alertar a la Generalitat de cu?l era la situaci?n. Seg?n su versi?n, desde la corporaci?n se llegaron a poner en marcha expedientes sancionadores contra los infractores, pero solo contaba con un secretario, un arquitecto y diez polic?as.
Suelo r?stico
Rodr?guez Leal asegur? que Catral no era el ?nico municipio donde se levantaron viviendas ilegales, hab?a otras poblaciones en las que también ocurr?a, tanto en la Vega Baja como en el resto de Espa?a durante aquellos de crecimiento desaforado. Desde la Fiscal?a se considera que desde el Ayuntamiento entre los a?os 2001 y 2006, con la excusa de un supuesto déficit de la actividad agr?cola se consinti? a sabiendas de su ilegalidad la construcci?n de m?s de 1.000 viviendas ajenas a la actividad agr?cola en suelo r?stico no urbanizable. De esta manera, con una licencia para la construcci?n de un vallado o de refugio de labor, se llegaron a construir chalés.
El Ministerio P?blico considera que desde el Ayuntamiento no hab?a ninguna voluntad de restaurar la legalidad urban?stica, aunque en algunas ocasiones estas licencias se condicionaron a la posterior aprobaci?n de la Generalitat, o que se incoaron algunos expedientes sancionadores que conclu?an con la imposici?n de una multa. Seg?n el escrito de acusaci?n al que ha tenido acceso este diario, el alcalde ni ejecut? decretos de paralizaci?n de las obras, ni se apercibi? a los constructores, ni se promovi? demolici?n alguna.
El Instituto Cartogr?fico Valenciano detect? un total de 1.124 viviendas en suelo no urbanizable, en una poblaci?n que antes de esta situaci?n hab?a tenido un censo de 5.000 habitantes. Por este motivo, el 3 de octubre de 2006, la Generalitat asumi? en su integridad la competencia en materia de disciplina urban?stica, suspendiendo las competencias urban?sticas. En aquel entonces, constaban 292 viviendas con expediente abierto en la Conselleria, m?s otras 462 en tr?mite de incoaci?n.
En esta causa est?n personados como acusaci?n tanto el Ayuntamiento como la Generalitat, as? como una asociaci?n de consumidores, que fue la que present? la denuncia penal que ahora ha acabado en este proceso. La vista se retomar? el pr?ximo 9 de noviembre con la declaraci?n de los agentes del Servicio de Protecci?n de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil que testificar?n sobre las pesquisas que realizaron en su d?a sobre las ilegalidades urban?sticas. El juicio podr?a quedar visto para sentencia el pr?ximo 16 de noviembre.
أكثر... (https://www.sport.es/es/noticias/nacional/audiencia-juzga-exalcalde-alicantino-construccion-77838723)
Todo apuntaba a que el caso podr?a cerrarse con un acuerdo, dado que por el tiempo transcurrido las penas podr?an haberse reducido considerablemente por los evidentes retrasos que acumulaba la causa judicial. Sin embargo, Rodr?guez Leal no ha querido acuerdo alguno y se ha declarado inocente de todos los cargos. El juicio ha arrancado esta semana en Secci?n Undécima de la Audiencia, desplazada a Elche, donde el exregidor ha sostenido que estaba en el banquillo por "una cuesti?n pol?tica". Mientras que el Ayuntamiento estaba gobernado por los socialistas, la Generalitat estaba en manos del Partido Popular.
El exalcalde admiti? la existencia de numerosas viviendas ilegales, pero asegur? que era un problema de falta de medios y que el Ayuntamiento se vio desbordado, llegando a alertar a la Generalitat de cu?l era la situaci?n. Seg?n su versi?n, desde la corporaci?n se llegaron a poner en marcha expedientes sancionadores contra los infractores, pero solo contaba con un secretario, un arquitecto y diez polic?as.
Suelo r?stico
Rodr?guez Leal asegur? que Catral no era el ?nico municipio donde se levantaron viviendas ilegales, hab?a otras poblaciones en las que también ocurr?a, tanto en la Vega Baja como en el resto de Espa?a durante aquellos de crecimiento desaforado. Desde la Fiscal?a se considera que desde el Ayuntamiento entre los a?os 2001 y 2006, con la excusa de un supuesto déficit de la actividad agr?cola se consinti? a sabiendas de su ilegalidad la construcci?n de m?s de 1.000 viviendas ajenas a la actividad agr?cola en suelo r?stico no urbanizable. De esta manera, con una licencia para la construcci?n de un vallado o de refugio de labor, se llegaron a construir chalés.
El Ministerio P?blico considera que desde el Ayuntamiento no hab?a ninguna voluntad de restaurar la legalidad urban?stica, aunque en algunas ocasiones estas licencias se condicionaron a la posterior aprobaci?n de la Generalitat, o que se incoaron algunos expedientes sancionadores que conclu?an con la imposici?n de una multa. Seg?n el escrito de acusaci?n al que ha tenido acceso este diario, el alcalde ni ejecut? decretos de paralizaci?n de las obras, ni se apercibi? a los constructores, ni se promovi? demolici?n alguna.
El Instituto Cartogr?fico Valenciano detect? un total de 1.124 viviendas en suelo no urbanizable, en una poblaci?n que antes de esta situaci?n hab?a tenido un censo de 5.000 habitantes. Por este motivo, el 3 de octubre de 2006, la Generalitat asumi? en su integridad la competencia en materia de disciplina urban?stica, suspendiendo las competencias urban?sticas. En aquel entonces, constaban 292 viviendas con expediente abierto en la Conselleria, m?s otras 462 en tr?mite de incoaci?n.
En esta causa est?n personados como acusaci?n tanto el Ayuntamiento como la Generalitat, as? como una asociaci?n de consumidores, que fue la que present? la denuncia penal que ahora ha acabado en este proceso. La vista se retomar? el pr?ximo 9 de noviembre con la declaraci?n de los agentes del Servicio de Protecci?n de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil que testificar?n sobre las pesquisas que realizaron en su d?a sobre las ilegalidades urban?sticas. El juicio podr?a quedar visto para sentencia el pr?ximo 16 de noviembre.
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