الريــم
10-11-2022, 02:10 PM
El Congreso se ha convertido en testigo mudo de la crisis provocada por el Gobierno y el PP, incapaces durante casi cuatro a?os de desbloquear el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Para ser la C?mara en la que deben formalizarse las designaciones de los nuevos vocales, no deja de sorprender que no se oiga su voz.
Se las ha apa?ado, sin embargo, para influir en un proceso repleto de sinsentidos. Como poder legislativo, ha impulsado dos leyes capaces de cambiar el marco, aunque leyes contradictorias. Primero, limit? las funciones de los vocales del Consejo cuando estuvieran en funciones. Luego, les restituy? una de las funciones suprimidas. Es todo un poco loco.
Con sutileza
Durante estos cuatro a?os de bloqueo y crisis, la presidenta del Congreso, la diputada socialista Meritxell Batet, ha asistido al cruce de declaraciones y reproches entre los dos principales partidos espa?oles, el suyo y el Popular, desde la impasibilidad a la que le obliga la neutralidad de su cargo. Es la tercera autoridad del Estado. Lo ha intentado, pese a todo, de forma sutil.
Fuentes parlamentarias indican a El Peri?dico de Espa?a (https://www.epe.es/es/politica/20221011/congreso-testigo-mudo-influyente-crisis-cgpj-77090404) que ha planteado en diversas ocasiones, en conversaciones informales, la necesidad de impulsar alguna clase de acuerdo. Se ha topado, sin embargo, con la preferencia del Gobierno de negociar la renovaci?n desde dentro, a través siempre de Félix Bola?os. Fue el negociador como secretario general de Presidencia y es el negociador ahora que es ministro de Presidencia.
M?s informaci?n (Auto)
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El PP ha tenido dos interlocutores: Teodoro Garc?a Egea y Esteban Gonz?lez Pons. En menor medida ha ejercido como representante la actual secretaria general y portavoz en el Congreso, Cuca Gamarra. Hace justo un a?o, la diputada riojana de los populares intent? en un encuentro con Bola?os que el PSOE aceptara la admisi?n a tr?mite de una proposici?n de ley del grupo destinada a cambiar el sistema de elecci?n de los vocales del CGPJ. Bola?os dijo que no.
Un mes m?s tarde se vieron el ministro y el entonces secretario general del PP, Garc?a Egea, para pactar el reemplazo del cupo de cuatro magistrados del Tribunal Constitucionalque corresponde al Congreso. Lo lograron, s?, aunque con polémica, porque uno de los elegidos fue el controvertido Enrique Arnaldo. Los socialistas le aceptaron y también, pero a rega?adientes, Unidas Podemos, lo que provoc? un conflicto interno en la confluencia cuando tuvieron que votar. El acuerdo alent? esperanzas de que por fin se renovar?a el ?rgano de gobierno de los jueces. No pas? nada de eso.
Algunas de las reuniones comentadas se celebraron en salas y despachos del Congreso. Podr?a decirse que ha sido una localizaci?n m?s de esta pel?cula eterna y embrollada que es el desatasco del Consejo del Poder Judicial. Lo que pasa es que la Constituci?n reserva a la C?mara Baja un papel protagonista que no ha tenido.
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Prueba de ello han sido las cuatro cartas que hasta el lunes presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, envi? a las presidencias del Congreso y del Senado: tres en 2019 (10 de enero, 10 de julio y 23 de diciembre) y una en 2020 (15 de julio). En todas ellas, el juez informaba a las m?ximas autoridades del Parlamento espa?ol que urg?a la renovaci?n del gobierno de los jueces.
También reconoc?a en los escritos que las circunstancias no lo estaban poniendo f?cil. 2019 fue un a?o marcado por dos elecciones generales, y por tanto, por la paralizaci?n institucional. A 2020 lo enturbi? la pandemia, completamente. Desde entonces y hasta el comunicado en el que anunci? su dimisi?n, se ha prodigado en pronunciamientos p?blicos muy cr?ticos con el estancamiento. Por ejemplo, en las aperturas de los cursos judiciales.
Se?alan fuentes parlamentarias que Batet, destinataria de tres de las cuatro cartas (la primera fue dirigida a Ana Pastor, entonces presidenta de la C?mara), no replic? con las mismas formalidades. Lo que hizo consisti? en transmitir los acuerdos de la Mesa al respecto, acuerdos que siempre manejaron los mismos términos: instar a los grupos parlamentarios a la obtenci?n del consenso necesario para la renovaci?n del Consejo General del Poder Judicial. Es decir: tres quintos, 210 diputados, PSOE (120), PP (88) y alguna de las formaciones integradas en el Grupo Plural o en el Grupo Mixto.
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Otras fuentes, preguntadas sobre si en las reuniones de la Mesa los integrantes suscitaron debates o discusiones, dicen que no recuerdan ninguna sesi?n encendida, salvo las citadas apelaciones al consenso. Como apunta una de las fuentes consultadas, “qued? claro en todo momento que las batutas las llevaban Moncloa y Génova (sede del PP en Madrid)”. Hab?a, por tanto, poco margen, por no decir ninguno.
Desde el minuto 1
Una de las fuentes sit?a el origen de la situaci?n en un informe de los letrados del Congreso fechado en marzo de 2019, un mes antes de las elecciones generales. Seg?n consta en el documento, al que ha accedido este medio, los propios letrados establecieron que los procesos de renovaci?n de RTVE y del CGPJ, abiertos durante aquella legislatura, la XII, no pod?an decaer al disolverse las Cortes Generales con motivo del decreto de convocatoria electoral. La Mesa que surgiera en la legislatura siguiente tendr?a, por tanto, que calificar los procesos en curso y facilitar que continuaran.
En un informe posterior del 3 de abril, los servicios jur?dicos de la C?mara enumeraron una serie de precedentes, entre ellos uno muy parecido al que ahora nos ocupa. De la legislatura VIII a la IX se posterg? la renovaci?n del Consejo del Poder Judicial. El mandato de cinco a?os hab?a caducado sin que antes de la convocatoria de las elecciones se procediera al reemplazo.
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Se form? la Mesa de la XIII legislatura en mayo de 2019, volvi? a descomponerse por la repetici?n electoral de noviembre y se volvi? a formar en diciembre. Es la que gobierna el Congreso en estos momentos. La misma Mesa que, desde su minuto uno, ha visto c?mo han ido sucediéndose emplazamientos a los grupos, en especial a los del PSOE y PP, para sustituir a los vocales del CGPJ. En balde.
Contradicciones
Pero ello no ha evitado que calificara positivamente dos leyes destinadas a modificar el marco normativo, lo suficientemente deteriorado por el bloqueo judicial. La primera, aprobada en marzo de 2021, se propuso regular qué funciones pod?an asumir los 20 vocales del CGPJ cuando estuvieran en funciones, como ahora.
Indicaba la norma: “Es evidente que la superaci?n del plazo m?ximo de mandato sin que se haya producido la debida renovaci?n sit?a al Consejo General del Poder Judicial en una situaci?n extraordinaria, cuyo régimen jur?dico no puede ser el mismo que el aplicable al periodo normal de funcionamiento”. Por ello, quit? de entre sus potestades los nombramientos de determinados puestos de la escala judicial, como por ejemplo los del presidente del Tribunal Supremo, presidentes de las Audiencias o magistrados del Tribunal Constitucional.
El Gobierno del PSOE y Unidas Podemos se apoyaron en sus aliados habituales para tramitar r?pidamente la propuesta y convertirla en ley.
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Sin embargo, el pasado mes de julio, el Gobierno del PSOE y Unidas Podemos se enmend? y puso en marcha una iniciativa para, previa modificaci?n de la ley del poder judicial, restituir la potestad de los nombramientos, pero s?lo en un caso, el de los magistrados del Constitucional que dependieran del ?rgano de gobiernos de los jueces. Se puso un plazo hasta el 13 de septiembre, pero ha expirado sin que haya acuerdo. Y este disenso, m?s el que tiene petrificado al CGPJ desde diciembre de 2018, es el que est? en el origen de la dimisi?n de Lesmes.
No ha sido este un paso extra?o aislado. En mayo de 2021 el PSOE y Unidas Podemos retiraron una proposici?n de ley encaminada a reducir el umbral de consenso parlamentario para la renovaci?n del Consejo. De 210 votos a favor a 176, el de la mayor?a absoluta, en segunda votaci?n.
“Esta norma tiene por objeto adecuar el sistema de designaci?n de vocales (...) al pluralismo existente en el seno de la sociedad espa?ola y en el seno del Poder Judicial”. A los grupos que componen el Gobierno les valdr?a el apoyo de todo el elenco de socios parlamentarios. No ser?a imprescindible el PP. La Uni?n Europa, sin embargo, protest? por la maniobra, y de ah? la retirada.
أكثر... (https://www.sport.es/es/noticias/nacional/congreso-testigo-mudo-influyente-crisis-poder-judicial-77116416)
Se las ha apa?ado, sin embargo, para influir en un proceso repleto de sinsentidos. Como poder legislativo, ha impulsado dos leyes capaces de cambiar el marco, aunque leyes contradictorias. Primero, limit? las funciones de los vocales del Consejo cuando estuvieran en funciones. Luego, les restituy? una de las funciones suprimidas. Es todo un poco loco.
Con sutileza
Durante estos cuatro a?os de bloqueo y crisis, la presidenta del Congreso, la diputada socialista Meritxell Batet, ha asistido al cruce de declaraciones y reproches entre los dos principales partidos espa?oles, el suyo y el Popular, desde la impasibilidad a la que le obliga la neutralidad de su cargo. Es la tercera autoridad del Estado. Lo ha intentado, pese a todo, de forma sutil.
Fuentes parlamentarias indican a El Peri?dico de Espa?a (https://www.epe.es/es/politica/20221011/congreso-testigo-mudo-influyente-crisis-cgpj-77090404) que ha planteado en diversas ocasiones, en conversaciones informales, la necesidad de impulsar alguna clase de acuerdo. Se ha topado, sin embargo, con la preferencia del Gobierno de negociar la renovaci?n desde dentro, a través siempre de Félix Bola?os. Fue el negociador como secretario general de Presidencia y es el negociador ahora que es ministro de Presidencia.
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El PP ha tenido dos interlocutores: Teodoro Garc?a Egea y Esteban Gonz?lez Pons. En menor medida ha ejercido como representante la actual secretaria general y portavoz en el Congreso, Cuca Gamarra. Hace justo un a?o, la diputada riojana de los populares intent? en un encuentro con Bola?os que el PSOE aceptara la admisi?n a tr?mite de una proposici?n de ley del grupo destinada a cambiar el sistema de elecci?n de los vocales del CGPJ. Bola?os dijo que no.
Un mes m?s tarde se vieron el ministro y el entonces secretario general del PP, Garc?a Egea, para pactar el reemplazo del cupo de cuatro magistrados del Tribunal Constitucionalque corresponde al Congreso. Lo lograron, s?, aunque con polémica, porque uno de los elegidos fue el controvertido Enrique Arnaldo. Los socialistas le aceptaron y también, pero a rega?adientes, Unidas Podemos, lo que provoc? un conflicto interno en la confluencia cuando tuvieron que votar. El acuerdo alent? esperanzas de que por fin se renovar?a el ?rgano de gobierno de los jueces. No pas? nada de eso.
Algunas de las reuniones comentadas se celebraron en salas y despachos del Congreso. Podr?a decirse que ha sido una localizaci?n m?s de esta pel?cula eterna y embrollada que es el desatasco del Consejo del Poder Judicial. Lo que pasa es que la Constituci?n reserva a la C?mara Baja un papel protagonista que no ha tenido.
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Prueba de ello han sido las cuatro cartas que hasta el lunes presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, envi? a las presidencias del Congreso y del Senado: tres en 2019 (10 de enero, 10 de julio y 23 de diciembre) y una en 2020 (15 de julio). En todas ellas, el juez informaba a las m?ximas autoridades del Parlamento espa?ol que urg?a la renovaci?n del gobierno de los jueces.
También reconoc?a en los escritos que las circunstancias no lo estaban poniendo f?cil. 2019 fue un a?o marcado por dos elecciones generales, y por tanto, por la paralizaci?n institucional. A 2020 lo enturbi? la pandemia, completamente. Desde entonces y hasta el comunicado en el que anunci? su dimisi?n, se ha prodigado en pronunciamientos p?blicos muy cr?ticos con el estancamiento. Por ejemplo, en las aperturas de los cursos judiciales.
Se?alan fuentes parlamentarias que Batet, destinataria de tres de las cuatro cartas (la primera fue dirigida a Ana Pastor, entonces presidenta de la C?mara), no replic? con las mismas formalidades. Lo que hizo consisti? en transmitir los acuerdos de la Mesa al respecto, acuerdos que siempre manejaron los mismos términos: instar a los grupos parlamentarios a la obtenci?n del consenso necesario para la renovaci?n del Consejo General del Poder Judicial. Es decir: tres quintos, 210 diputados, PSOE (120), PP (88) y alguna de las formaciones integradas en el Grupo Plural o en el Grupo Mixto.
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Otras fuentes, preguntadas sobre si en las reuniones de la Mesa los integrantes suscitaron debates o discusiones, dicen que no recuerdan ninguna sesi?n encendida, salvo las citadas apelaciones al consenso. Como apunta una de las fuentes consultadas, “qued? claro en todo momento que las batutas las llevaban Moncloa y Génova (sede del PP en Madrid)”. Hab?a, por tanto, poco margen, por no decir ninguno.
Desde el minuto 1
Una de las fuentes sit?a el origen de la situaci?n en un informe de los letrados del Congreso fechado en marzo de 2019, un mes antes de las elecciones generales. Seg?n consta en el documento, al que ha accedido este medio, los propios letrados establecieron que los procesos de renovaci?n de RTVE y del CGPJ, abiertos durante aquella legislatura, la XII, no pod?an decaer al disolverse las Cortes Generales con motivo del decreto de convocatoria electoral. La Mesa que surgiera en la legislatura siguiente tendr?a, por tanto, que calificar los procesos en curso y facilitar que continuaran.
En un informe posterior del 3 de abril, los servicios jur?dicos de la C?mara enumeraron una serie de precedentes, entre ellos uno muy parecido al que ahora nos ocupa. De la legislatura VIII a la IX se posterg? la renovaci?n del Consejo del Poder Judicial. El mandato de cinco a?os hab?a caducado sin que antes de la convocatoria de las elecciones se procediera al reemplazo.
M?s informaci?n (Auto)
http://placehold.it/175x100 T?tulo noticia (Auto)
Se form? la Mesa de la XIII legislatura en mayo de 2019, volvi? a descomponerse por la repetici?n electoral de noviembre y se volvi? a formar en diciembre. Es la que gobierna el Congreso en estos momentos. La misma Mesa que, desde su minuto uno, ha visto c?mo han ido sucediéndose emplazamientos a los grupos, en especial a los del PSOE y PP, para sustituir a los vocales del CGPJ. En balde.
Contradicciones
Pero ello no ha evitado que calificara positivamente dos leyes destinadas a modificar el marco normativo, lo suficientemente deteriorado por el bloqueo judicial. La primera, aprobada en marzo de 2021, se propuso regular qué funciones pod?an asumir los 20 vocales del CGPJ cuando estuvieran en funciones, como ahora.
Indicaba la norma: “Es evidente que la superaci?n del plazo m?ximo de mandato sin que se haya producido la debida renovaci?n sit?a al Consejo General del Poder Judicial en una situaci?n extraordinaria, cuyo régimen jur?dico no puede ser el mismo que el aplicable al periodo normal de funcionamiento”. Por ello, quit? de entre sus potestades los nombramientos de determinados puestos de la escala judicial, como por ejemplo los del presidente del Tribunal Supremo, presidentes de las Audiencias o magistrados del Tribunal Constitucional.
El Gobierno del PSOE y Unidas Podemos se apoyaron en sus aliados habituales para tramitar r?pidamente la propuesta y convertirla en ley.
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Sin embargo, el pasado mes de julio, el Gobierno del PSOE y Unidas Podemos se enmend? y puso en marcha una iniciativa para, previa modificaci?n de la ley del poder judicial, restituir la potestad de los nombramientos, pero s?lo en un caso, el de los magistrados del Constitucional que dependieran del ?rgano de gobiernos de los jueces. Se puso un plazo hasta el 13 de septiembre, pero ha expirado sin que haya acuerdo. Y este disenso, m?s el que tiene petrificado al CGPJ desde diciembre de 2018, es el que est? en el origen de la dimisi?n de Lesmes.
No ha sido este un paso extra?o aislado. En mayo de 2021 el PSOE y Unidas Podemos retiraron una proposici?n de ley encaminada a reducir el umbral de consenso parlamentario para la renovaci?n del Consejo. De 210 votos a favor a 176, el de la mayor?a absoluta, en segunda votaci?n.
“Esta norma tiene por objeto adecuar el sistema de designaci?n de vocales (...) al pluralismo existente en el seno de la sociedad espa?ola y en el seno del Poder Judicial”. A los grupos que componen el Gobierno les valdr?a el apoyo de todo el elenco de socios parlamentarios. No ser?a imprescindible el PP. La Uni?n Europa, sin embargo, protest? por la maniobra, y de ah? la retirada.
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