الريــم
09-27-2022, 04:32 PM
Pedro Antonio S?nchez acaba de librarse del delito de fraude de subvenciones, que conlleva una pena de hasta dos a?os de c?rcel y 6 millones de euros de multa, el mismo d?a en el que comienza el juicio por el caso Auditorio.
El fiscal, Juan Pablo Lozano, entiende que al expresidente de la Comunidad no se le puede acusar del delito de fraude de subvenciones porque existe una reforma entre 2010 y 2019 por la que se pueden acusar a particulares frente a la administraci?n.
En el caso de Pedro Antonio S?nchez, él actu? como Ayuntamiento de Puerto Lumbreras, no siendo posible implicarle en este delito.
No obstante, el fraude de subvenciones puede llevar impl?citas acciones de falsedad documental, un delito del que s? le acusa la acusaci?n particular y que s? se le podr?a imputar durante el desarrollo del juicio. Si llegara a suceder, podr?an sumarse hasta 3 a?os y 6 meses de prisi?n a la pena final.El Fiscal sigue manteniendo los delitos de prevaricaci?n continuada, que tiene aparejada una pena de 10 a?os de inhabilitaci?n especial para empleo y cargo p?blico; y fraude a la administraci?n y prevaricaci?n en la aprobaci?n del proyecto modificado, que a?adir?a dos a?os y tres meses de prisi?n y otros nueve a?os de inhabilitaci?n.
El expresidente de la Comunidad ha llegado a las dependencias judiciales sobre las 09.30 horas acompa?ado por su abogado, José Antonio Chocl?n, sin hacer declaraciones a los medios.
El caso Auditorio, que provoc? su ca?da pol?tica y le oblig? a dimitir, es la ?ltima causa que tiene con la justicia, después de que saliera absuelto del caso Pasarelas por un error de tramitaci?n. De la P?nica también sali? bien parado, pero la Fiscal?a recurri? y a?n debe resolverse este cabo suelto.
Los hechos
Todo comenz? en 2015. Cuando el entonces alcalde de Puerto Lumbreras, Pedro Antonio S?nchez, encarg? de forma irregular, seg?n la Fiscal?a, al arquitecto Mart?n Lej?rraga —también imputado— la construcci?n de un auditorio sin contar con expediente de contrataci?n. El Colegio de Arquitectos de la Regi?n (Coamu) protest? por el «encargo directo» a un arquitecto sin pasar por concurso. Entonces, desde el Ayuntamiento de Puerto Lumbreras se cre? un concurso que lleg? a vulnerar durante la tramitaci?n, dice el fiscal, sus propias bases.
Por otra parte, y para obtener una subvenci?n millonaria de la Comunidad, se procedi? a ejecutar el proyecto sobre una parcela que no pertenec?a a la Corporaci?n local. Un «ardid enga?oso», seg?n el escrito de conclusiones provisionales, para no perder esos fondos.
El proyecto estaba abocado al fracaso, deja por escrito el Ministerio P?blico, ya que, a la imposibilidad de levantar la infraestructura en la rambla de Nogalte, se uni? el problema de que al proyecto se a?adieron después tres edificios y un garaje, no autorizados por la Comunidad. «Todo ello motiv? que se ejecutara realmente desde su inicio un proyecto modificado, de hecho, de forma subrepticia».
Para ir ajustando el gasto del importe de la subvenci?n ante la Comunidad y evitar el reintegro, el fiscal afirma que se aportaron certificaciones de obra «incrementadas indebidamente en un 38,04% a sabiendas». Ello permiti? a la constructora «la obtenci?n, incluso, del importe de la baja realizada en la licitaci?n y verse liberada de sus obligaciones con perjuicio al Ayuntamiento de Puerto Lumbreras».
Acusaci?n popular
La acusaci?n popular, que tiene detr?s al PSOE y Podemos, coincide con el Ministerio Fiscal en los delitos que se le imputan, pero a?ade uno m?s: el de falsedad documental. «Entendemos que toda la documentaci?n que se deposit? para construir el nuevo auditorio no era veraz», explica el letrado José Alberto Mart?nez Espinosa (de la parte socialista).
La Audiencia Nacional decidi? unificar las tres acusaciones distintas, por lo que la dirige el primer partido que decidi? presentarse como acusaci?n: el PSOE.
Para Mart?nez Espinosa, el fiscal cuenta con «pruebas suficientes» para demostrar la culpabilidad de los acusados, en especial, la de Pedro Antonio S?nchez. En su caso, los delitos llevan impl?cita la inhabilitaci?n especial para empleo o cargo p?blico. Es el delito de fraude el que lleva aparejada la prisi?n.Ginés Ruiz Maci?, el letrado de Podemos que present? la acusaci?n popular, coincide con su compa?ero Mart?nez Espinosa en considerar que «hay pruebas» para que los acusados sean considerados culpables. No obstante, es consciente de que «en procesos de prevaricaci?n puede ser complicado demostrar que se actu? a sabiendas».
Ambos conocen las intenciones de la defensa de Pedro Antonio S?nchez, el abogado José Antonio Chocl?n (conocido por haber trabajado antes con ‘estrellas’ como Cristiano Ronaldo), de pedir la prescripci?n de los delitos con los que acusan a su cliente. Precisamente, este martes se dedicar? casi por completo a las cuestiones previas del juicio, «momento en el que intentar?n evitar el juicio por temas técnicos o formales o, por lo menos, querr?n retrasarlo», comentan.
Una vez se superada esta parte, y si el juez decide seguir adelante con el juicio, comenzar? el interrogatorio de los acusados. M?s de cuarenta testigos pasar?n por el tribunal, que ha dividido el juicio en quince citas, alargando el proceso hasta finales de noviembre. Adem?s de Pedro Antonio S?nchez, se sientan en el banquillo el arquitecto Lej?rraga, la secretaria municipal y el responsable de la empresa constructora.
أكثر... (https://www.sport.es/es/noticias/nacional/fiscal-rebaja-anos-peticion-carcel-75957713)
El fiscal, Juan Pablo Lozano, entiende que al expresidente de la Comunidad no se le puede acusar del delito de fraude de subvenciones porque existe una reforma entre 2010 y 2019 por la que se pueden acusar a particulares frente a la administraci?n.
En el caso de Pedro Antonio S?nchez, él actu? como Ayuntamiento de Puerto Lumbreras, no siendo posible implicarle en este delito.
No obstante, el fraude de subvenciones puede llevar impl?citas acciones de falsedad documental, un delito del que s? le acusa la acusaci?n particular y que s? se le podr?a imputar durante el desarrollo del juicio. Si llegara a suceder, podr?an sumarse hasta 3 a?os y 6 meses de prisi?n a la pena final.El Fiscal sigue manteniendo los delitos de prevaricaci?n continuada, que tiene aparejada una pena de 10 a?os de inhabilitaci?n especial para empleo y cargo p?blico; y fraude a la administraci?n y prevaricaci?n en la aprobaci?n del proyecto modificado, que a?adir?a dos a?os y tres meses de prisi?n y otros nueve a?os de inhabilitaci?n.
El expresidente de la Comunidad ha llegado a las dependencias judiciales sobre las 09.30 horas acompa?ado por su abogado, José Antonio Chocl?n, sin hacer declaraciones a los medios.
El caso Auditorio, que provoc? su ca?da pol?tica y le oblig? a dimitir, es la ?ltima causa que tiene con la justicia, después de que saliera absuelto del caso Pasarelas por un error de tramitaci?n. De la P?nica también sali? bien parado, pero la Fiscal?a recurri? y a?n debe resolverse este cabo suelto.
Los hechos
Todo comenz? en 2015. Cuando el entonces alcalde de Puerto Lumbreras, Pedro Antonio S?nchez, encarg? de forma irregular, seg?n la Fiscal?a, al arquitecto Mart?n Lej?rraga —también imputado— la construcci?n de un auditorio sin contar con expediente de contrataci?n. El Colegio de Arquitectos de la Regi?n (Coamu) protest? por el «encargo directo» a un arquitecto sin pasar por concurso. Entonces, desde el Ayuntamiento de Puerto Lumbreras se cre? un concurso que lleg? a vulnerar durante la tramitaci?n, dice el fiscal, sus propias bases.
Por otra parte, y para obtener una subvenci?n millonaria de la Comunidad, se procedi? a ejecutar el proyecto sobre una parcela que no pertenec?a a la Corporaci?n local. Un «ardid enga?oso», seg?n el escrito de conclusiones provisionales, para no perder esos fondos.
El proyecto estaba abocado al fracaso, deja por escrito el Ministerio P?blico, ya que, a la imposibilidad de levantar la infraestructura en la rambla de Nogalte, se uni? el problema de que al proyecto se a?adieron después tres edificios y un garaje, no autorizados por la Comunidad. «Todo ello motiv? que se ejecutara realmente desde su inicio un proyecto modificado, de hecho, de forma subrepticia».
Para ir ajustando el gasto del importe de la subvenci?n ante la Comunidad y evitar el reintegro, el fiscal afirma que se aportaron certificaciones de obra «incrementadas indebidamente en un 38,04% a sabiendas». Ello permiti? a la constructora «la obtenci?n, incluso, del importe de la baja realizada en la licitaci?n y verse liberada de sus obligaciones con perjuicio al Ayuntamiento de Puerto Lumbreras».
Acusaci?n popular
La acusaci?n popular, que tiene detr?s al PSOE y Podemos, coincide con el Ministerio Fiscal en los delitos que se le imputan, pero a?ade uno m?s: el de falsedad documental. «Entendemos que toda la documentaci?n que se deposit? para construir el nuevo auditorio no era veraz», explica el letrado José Alberto Mart?nez Espinosa (de la parte socialista).
La Audiencia Nacional decidi? unificar las tres acusaciones distintas, por lo que la dirige el primer partido que decidi? presentarse como acusaci?n: el PSOE.
Para Mart?nez Espinosa, el fiscal cuenta con «pruebas suficientes» para demostrar la culpabilidad de los acusados, en especial, la de Pedro Antonio S?nchez. En su caso, los delitos llevan impl?cita la inhabilitaci?n especial para empleo o cargo p?blico. Es el delito de fraude el que lleva aparejada la prisi?n.Ginés Ruiz Maci?, el letrado de Podemos que present? la acusaci?n popular, coincide con su compa?ero Mart?nez Espinosa en considerar que «hay pruebas» para que los acusados sean considerados culpables. No obstante, es consciente de que «en procesos de prevaricaci?n puede ser complicado demostrar que se actu? a sabiendas».
Ambos conocen las intenciones de la defensa de Pedro Antonio S?nchez, el abogado José Antonio Chocl?n (conocido por haber trabajado antes con ‘estrellas’ como Cristiano Ronaldo), de pedir la prescripci?n de los delitos con los que acusan a su cliente. Precisamente, este martes se dedicar? casi por completo a las cuestiones previas del juicio, «momento en el que intentar?n evitar el juicio por temas técnicos o formales o, por lo menos, querr?n retrasarlo», comentan.
Una vez se superada esta parte, y si el juez decide seguir adelante con el juicio, comenzar? el interrogatorio de los acusados. M?s de cuarenta testigos pasar?n por el tribunal, que ha dividido el juicio en quince citas, alargando el proceso hasta finales de noviembre. Adem?s de Pedro Antonio S?nchez, se sientan en el banquillo el arquitecto Lej?rraga, la secretaria municipal y el responsable de la empresa constructora.
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