الريــم
09-13-2022, 05:50 PM
La ley que introduce en las leyes espa?olas la denominada 'Directiva wistleblowers', que ampara a los denunciantes de corrupci?n y afecta tanto al sector p?blico como al privado, ha obtenido hoy luz verde definitiva en el Consejo de Ministros y comienza ahora su tr?mite parlamentario. La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha asegurado durante la presentaci?n del proyecto que las disposiciones de esta norma "no van a sustituir los cantales habituales de denuncia" ante la Justicia.
Se trata de una de las advertencias realizadas en su informe preceptivo por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El ?rgano de los jueces valora positivamente el proyecto, si bien recuerda que la actual Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) establece la obligaci?n de denunciar la perpetraci?n de cualquier delito p?blico ante las autoridades judiciales, fiscales o policiales.
"La preexistencia de dichas disposiciones en nuestro ordenamiento jur?dico tiene un encaje cuanto menos complejo con la norma europea", admit?a este ?rgano en su informe, si bien a?ad?a que la reforma prevista de la ley procesal -dirigida principalmente a atribuir a los fiscales la instrucci?n penal- ya tiene en cuenta las consecuencias de la transposici?n de esta Directiva.
Este Proyecto de Ley, que se llev? a primera vuelta en el Consejo de Ministros del pasado mes de marzo, cuenta también con un informe del Consejo de Estado que fue aprobado el pasado jueves y, seg?n Llop, alaba la técnica legislativa empleada. También tendr? en cuenta para su tramitaci?n parlamentaria también lo que tengan que decir los fiscales.
Precisamente ma?ana miércoles el Consejo Fiscal, el primero que preside el nuevo fiscal general, ?lvaro Garc?a, llevar? este asunto a debate, han informado fuentes del Ministerio P?blico a El Peri?dico de Espa?a.
La Ley tiene como objetivo cualquier ciudadano y cualquier funcionario p?blico pueda denunciar las operaciones, subvenciones y adjudicaciones sospechosas que conozca en su ?mbito laboral o profesional, y la legislaci?n tendr? la obligaci?n de ofrecerle una protecci?n real y efectiva ante cualquier represalia en dicho ?mbito, incluido su entorno si fuera necesario. La norma, seg?n la ministra, es de gran importancia porque, al cabo, afecta a todos los espa?oles que trabajan en empresas o Administraciones P?blicas.
Durante su intervenci?n, la LLop ha dado cifras de coste mundial de la corrupci?n, que seg?n datos de Naciones Unidas llega a los 2,6 trillones de d?lares anuales, implicando a un 5 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) global. La transposici?n de la directiva nos hace "subir en los rankings" de lucha contra este fen?meno, seg?n la titular de Justicia.
También se ha referido a la complejidad del proyecto, pues modifica un total de cuatro leyes: la que regula la jurisdicci?n Contencioso-Administrativa, la de prevenci?n del blanqueo de capitales y financiaci?n del terrorismo, la de contratos del sector p?blico y también la de protecci?n de datos, introduciendo nuevas figuras jur?dicas. Para su elaboraci?n también se ha escuchado a la sociedad civil y a las comunidades aut?nomas.
Informaci?n a la Fiscal?a
Entre los aspectos esenciales de la norma ha destacado que cuando la informaci?n que ofrezca el denunciante -que también podr? revelarla de forma an?nima-, de pie a aventurar la existencia de delitos, ésta deber? comunicarse a la Fiscal?a. As?, los cauces de denuncia ser?n dos, el interno de cada una de las organizaciones (empresas y administraciones), y otro externo, "ante la autoridad administrativa independiente".
La obligaci?n de disponer de estos canales internos de denuncia ser? de todas las empresas de m?s de 50 trabajadores, y también de los partidos pol?ticos, los sindicatos y las fundaciones que reciban fondos p?blicos. En cuanto a los Ayuntamientos, cuando no superen los 10.000 habitantes podr?n agruparse para organizarlos.
El proyecto incluye un régimen sancionador para responder a las conductas dirigidas a frustrar estas comunicaciones y también para evitar declaraciones espurias "a sabiendas de su falsedad" que afectar a personas e instituciones. Frente a estas conductas, el Proyecto de Ley multas de entre 1.000 y 3.000 euros para las personas f?sicas y de entre 10.000 euros y hasta un mill?n para las jur?dicas. Estas ?ltimas se podr?an enfrentar también a amonestaciones y prohibiciones de contratar con la Administraci?n o de obtener beneficios fiscales en caso de actuar de forma irregular respecto a esta ley.
Finalmente, LLop ha manifestado que el texto ha tratado de guardar un equilibrio, y que se ha tratado de ser "muy escrupulosos y garantistas", en todo caso, ha anunciado que durante el tr?mite parlamentario se escuchar? a los grupos parlamentarios. Ha terminado agradeciendo a todas las personas que "a costa de un precio personal, han puesto este tema en la agenda p?blica, europea y nacional", puesto que "su vida con este texto hubiera sido m?s f?cil".
أكثر... (https://www.sport.es/es/noticias/nacional/ley-ampara-denunciantes-corrupcion-empresas-75378535)
Se trata de una de las advertencias realizadas en su informe preceptivo por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El ?rgano de los jueces valora positivamente el proyecto, si bien recuerda que la actual Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) establece la obligaci?n de denunciar la perpetraci?n de cualquier delito p?blico ante las autoridades judiciales, fiscales o policiales.
"La preexistencia de dichas disposiciones en nuestro ordenamiento jur?dico tiene un encaje cuanto menos complejo con la norma europea", admit?a este ?rgano en su informe, si bien a?ad?a que la reforma prevista de la ley procesal -dirigida principalmente a atribuir a los fiscales la instrucci?n penal- ya tiene en cuenta las consecuencias de la transposici?n de esta Directiva.
Este Proyecto de Ley, que se llev? a primera vuelta en el Consejo de Ministros del pasado mes de marzo, cuenta también con un informe del Consejo de Estado que fue aprobado el pasado jueves y, seg?n Llop, alaba la técnica legislativa empleada. También tendr? en cuenta para su tramitaci?n parlamentaria también lo que tengan que decir los fiscales.
Precisamente ma?ana miércoles el Consejo Fiscal, el primero que preside el nuevo fiscal general, ?lvaro Garc?a, llevar? este asunto a debate, han informado fuentes del Ministerio P?blico a El Peri?dico de Espa?a.
La Ley tiene como objetivo cualquier ciudadano y cualquier funcionario p?blico pueda denunciar las operaciones, subvenciones y adjudicaciones sospechosas que conozca en su ?mbito laboral o profesional, y la legislaci?n tendr? la obligaci?n de ofrecerle una protecci?n real y efectiva ante cualquier represalia en dicho ?mbito, incluido su entorno si fuera necesario. La norma, seg?n la ministra, es de gran importancia porque, al cabo, afecta a todos los espa?oles que trabajan en empresas o Administraciones P?blicas.
Durante su intervenci?n, la LLop ha dado cifras de coste mundial de la corrupci?n, que seg?n datos de Naciones Unidas llega a los 2,6 trillones de d?lares anuales, implicando a un 5 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) global. La transposici?n de la directiva nos hace "subir en los rankings" de lucha contra este fen?meno, seg?n la titular de Justicia.
También se ha referido a la complejidad del proyecto, pues modifica un total de cuatro leyes: la que regula la jurisdicci?n Contencioso-Administrativa, la de prevenci?n del blanqueo de capitales y financiaci?n del terrorismo, la de contratos del sector p?blico y también la de protecci?n de datos, introduciendo nuevas figuras jur?dicas. Para su elaboraci?n también se ha escuchado a la sociedad civil y a las comunidades aut?nomas.
Informaci?n a la Fiscal?a
Entre los aspectos esenciales de la norma ha destacado que cuando la informaci?n que ofrezca el denunciante -que también podr? revelarla de forma an?nima-, de pie a aventurar la existencia de delitos, ésta deber? comunicarse a la Fiscal?a. As?, los cauces de denuncia ser?n dos, el interno de cada una de las organizaciones (empresas y administraciones), y otro externo, "ante la autoridad administrativa independiente".
La obligaci?n de disponer de estos canales internos de denuncia ser? de todas las empresas de m?s de 50 trabajadores, y también de los partidos pol?ticos, los sindicatos y las fundaciones que reciban fondos p?blicos. En cuanto a los Ayuntamientos, cuando no superen los 10.000 habitantes podr?n agruparse para organizarlos.
El proyecto incluye un régimen sancionador para responder a las conductas dirigidas a frustrar estas comunicaciones y también para evitar declaraciones espurias "a sabiendas de su falsedad" que afectar a personas e instituciones. Frente a estas conductas, el Proyecto de Ley multas de entre 1.000 y 3.000 euros para las personas f?sicas y de entre 10.000 euros y hasta un mill?n para las jur?dicas. Estas ?ltimas se podr?an enfrentar también a amonestaciones y prohibiciones de contratar con la Administraci?n o de obtener beneficios fiscales en caso de actuar de forma irregular respecto a esta ley.
Finalmente, LLop ha manifestado que el texto ha tratado de guardar un equilibrio, y que se ha tratado de ser "muy escrupulosos y garantistas", en todo caso, ha anunciado que durante el tr?mite parlamentario se escuchar? a los grupos parlamentarios. Ha terminado agradeciendo a todas las personas que "a costa de un precio personal, han puesto este tema en la agenda p?blica, europea y nacional", puesto que "su vida con este texto hubiera sido m?s f?cil".
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