الريــم
09-09-2022, 02:10 PM
La creaci?n de registros auton?micos de médicos objetores de conciencia con respecto al aborto es factible y una medida constitucional, siempre que se haga con garant?as para respetar el derecho fundamental a la protecci?n de los datos personales. As? lo ha dictaminado la Agencia Espa?ola de Protecci?n de Datos (AEPD) en su informe sobre el anteproyecto de reforma de la ley org?nica de interrupci?n del embarazo.
La reforma de la ley del aborto, que este jueves lleg? al Congreso de los Diputados para ser tramitada por la v?a de urgencia, reconoce el derecho individual a la objeci?n de conciencia, pero garantiza al mismo tiempo que los servicios sanitarios p?blicos se organizar?n para que siempre haya profesionales que permitan a las mujeres acceder al derecho a interrumpir su embarazo. Para ello, establece que las comunidades aut?nomas tendr?n que crear registros de personas objetoras de conciencia: deben declarar la objeci?n de forma anticipada y por escrito.
?Es el derecho fundamental a la protecci?n de los datos personales un obst?culo para la creaci?n de esos registros? La AEPD ha contestado a esa pregunta recurriendo a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal de Justicia de la Uni?n Europea y a la legislaci?n vigente: avala su puesta en marcha, aunque precisa que se deben adoptar garant?as espec?ficas para proteger datos tan sensibles.
"La constitucionalidad de la creaci?n de estos registros ha sido expresamente reconocida por el Tribunal Constitucional" en una sentencia de 2014 en la que se alega que el ejercicio del derecho a la objeci?n de conciencia no puede permanecer en la esfera ?ntima del sujeto, pues "trae en causa la exenci?n del cumplimiento de un deber" y, por tanto, el objetor debe facilitar la tarea de los poderes p?blicos de organizar los servicios sanitarios con el personal suficiente.
Sin embargo, incide la Agencia de Protecci?n de Datos, "desde la perspectiva de la protecci?n de los datos personales deben hacerse algunas consideraciones, partiendo de que la existencia de dichos registros suponen una limitaci?n al derecho fundamental de los datos personales".
Datos sensibles
Precisamente los datos de aquellas personas objetoras de conciencia tienen una consideraci?n legal especial en el Reglamento General de Protecci?n de Datos, pues pertenecen al ?mbito de convicciones religiosas o filos?ficas. La norma general, explica la AEPD en su informe sobre la reforma de la ley del aborto, es la prohibici?n del tratamiento de estos datos. Ahora bien, el Reglamento contempla algunas excepciones por "razones de interés p?blico esencial", entre las que se enmarcar?a garantizar el derecho de la mujer a la interrupci?n voluntaria del embarazo.
En estos casos, se deben establecer medidas "adecuadas y espec?ficas" para proteger los datos y ha de hacerse en la misma ley que limita ese derecho a la protecci?n de los datos, no en normas o reglamentos de menor rango, con reglas precisas y garant?as.
A este respecto, el TC ha dicho que el legislador debe establecer garant?as adecuadas para "velar por que el tratamiento de datos se realice en condiciones que aseguren la transparencia, la supervisi?n y la tutela judicial efectiva, y deben procurar que los datos no se recojan de forma desproporcionada y no se utilicen con fines distintos de los que justificaron su obtenci?n". Aplicado a la ley del aborto, que no se empleen para otra cosa que no sea organizar los servicios sanitarios para garantizar que se presta el derecho a la interrupci?n del embarazo.
La AEPD indica en su informe que la futura ley tendr? que articular garant?as para limitar la finalidad del tratamiento de esos datos, el n?mero de datos personales requeridos a los objetores para su identificaci?n, las personas que tendr?n acceso a esos datos -s?lo quienes tengan la competencia para la organizaci?n y adecuada gesti?n de la prestaci?n-; también para que no se les pida que motiven las razones para declararse objetores y para exigir que se informe al profesional del tratamiento de sus datos.
Protecci?n de Datos asevera que se deber? hacer una evaluaci?n de impacto para garantizar los derechos de los titulares de esa informaci?n.
Cambios en el anteproyecto
Las cuestiones planteadas por la Agencia fueron recogidas en el anteproyecto de reforma de la ley de salud sexual y reproductiva y de la interrupci?n voluntaria del embarazo antes de ser aprobada en segunda vuelta por el Consejo de Ministros, en concreto mediante una disposici?n adicional.
En ella, se detalla que los datos de las personas objetoras ser?n los estrictamente necesarios para identificar al personal sanitario que desarrolle su actividad en centros acreditados para la realizaci?n de la interrupci?n del embarazo, entre los que no figurar? "en ning?n caso" el motivo de la objeci?n.
Se precisa que la finalidad perseguida con el tratamiento de los datos es la garant?a de la prestaci?n a las mujeres que deseen abortar, para adecuar los recursos humanos a la correcta programaci?n de las intervenciones.
Otra cuesti?n que se explicita es que ser?n las consejer?as de sanidad y el INGESA (la gesti?n sanitaria en las ciudades aut?nomas de Ceuta y Melilla) los responsables del tratamiento de esos datos y que habr? que informar previamente sobre el tratamiento de datos a quienes quieran declararse objetores.
El proyecto de ley del aborto acaba de comenzar su andadura parlamentaria: el Congreso ya ha abierto el plazo de enmiendas al texto legal para que los grupos hagan sus aportaciones.
أكثر... (https://www.sport.es/es/noticias/sociedad/proteccion-datos-avala-creacion-registro-75226436)
La reforma de la ley del aborto, que este jueves lleg? al Congreso de los Diputados para ser tramitada por la v?a de urgencia, reconoce el derecho individual a la objeci?n de conciencia, pero garantiza al mismo tiempo que los servicios sanitarios p?blicos se organizar?n para que siempre haya profesionales que permitan a las mujeres acceder al derecho a interrumpir su embarazo. Para ello, establece que las comunidades aut?nomas tendr?n que crear registros de personas objetoras de conciencia: deben declarar la objeci?n de forma anticipada y por escrito.
?Es el derecho fundamental a la protecci?n de los datos personales un obst?culo para la creaci?n de esos registros? La AEPD ha contestado a esa pregunta recurriendo a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal de Justicia de la Uni?n Europea y a la legislaci?n vigente: avala su puesta en marcha, aunque precisa que se deben adoptar garant?as espec?ficas para proteger datos tan sensibles.
"La constitucionalidad de la creaci?n de estos registros ha sido expresamente reconocida por el Tribunal Constitucional" en una sentencia de 2014 en la que se alega que el ejercicio del derecho a la objeci?n de conciencia no puede permanecer en la esfera ?ntima del sujeto, pues "trae en causa la exenci?n del cumplimiento de un deber" y, por tanto, el objetor debe facilitar la tarea de los poderes p?blicos de organizar los servicios sanitarios con el personal suficiente.
Sin embargo, incide la Agencia de Protecci?n de Datos, "desde la perspectiva de la protecci?n de los datos personales deben hacerse algunas consideraciones, partiendo de que la existencia de dichos registros suponen una limitaci?n al derecho fundamental de los datos personales".
Datos sensibles
Precisamente los datos de aquellas personas objetoras de conciencia tienen una consideraci?n legal especial en el Reglamento General de Protecci?n de Datos, pues pertenecen al ?mbito de convicciones religiosas o filos?ficas. La norma general, explica la AEPD en su informe sobre la reforma de la ley del aborto, es la prohibici?n del tratamiento de estos datos. Ahora bien, el Reglamento contempla algunas excepciones por "razones de interés p?blico esencial", entre las que se enmarcar?a garantizar el derecho de la mujer a la interrupci?n voluntaria del embarazo.
En estos casos, se deben establecer medidas "adecuadas y espec?ficas" para proteger los datos y ha de hacerse en la misma ley que limita ese derecho a la protecci?n de los datos, no en normas o reglamentos de menor rango, con reglas precisas y garant?as.
A este respecto, el TC ha dicho que el legislador debe establecer garant?as adecuadas para "velar por que el tratamiento de datos se realice en condiciones que aseguren la transparencia, la supervisi?n y la tutela judicial efectiva, y deben procurar que los datos no se recojan de forma desproporcionada y no se utilicen con fines distintos de los que justificaron su obtenci?n". Aplicado a la ley del aborto, que no se empleen para otra cosa que no sea organizar los servicios sanitarios para garantizar que se presta el derecho a la interrupci?n del embarazo.
La AEPD indica en su informe que la futura ley tendr? que articular garant?as para limitar la finalidad del tratamiento de esos datos, el n?mero de datos personales requeridos a los objetores para su identificaci?n, las personas que tendr?n acceso a esos datos -s?lo quienes tengan la competencia para la organizaci?n y adecuada gesti?n de la prestaci?n-; también para que no se les pida que motiven las razones para declararse objetores y para exigir que se informe al profesional del tratamiento de sus datos.
Protecci?n de Datos asevera que se deber? hacer una evaluaci?n de impacto para garantizar los derechos de los titulares de esa informaci?n.
Cambios en el anteproyecto
Las cuestiones planteadas por la Agencia fueron recogidas en el anteproyecto de reforma de la ley de salud sexual y reproductiva y de la interrupci?n voluntaria del embarazo antes de ser aprobada en segunda vuelta por el Consejo de Ministros, en concreto mediante una disposici?n adicional.
En ella, se detalla que los datos de las personas objetoras ser?n los estrictamente necesarios para identificar al personal sanitario que desarrolle su actividad en centros acreditados para la realizaci?n de la interrupci?n del embarazo, entre los que no figurar? "en ning?n caso" el motivo de la objeci?n.
Se precisa que la finalidad perseguida con el tratamiento de los datos es la garant?a de la prestaci?n a las mujeres que deseen abortar, para adecuar los recursos humanos a la correcta programaci?n de las intervenciones.
Otra cuesti?n que se explicita es que ser?n las consejer?as de sanidad y el INGESA (la gesti?n sanitaria en las ciudades aut?nomas de Ceuta y Melilla) los responsables del tratamiento de esos datos y que habr? que informar previamente sobre el tratamiento de datos a quienes quieran declararse objetores.
El proyecto de ley del aborto acaba de comenzar su andadura parlamentaria: el Congreso ya ha abierto el plazo de enmiendas al texto legal para que los grupos hagan sus aportaciones.
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