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الريــم
09-07-2022, 02:51 PM
"La palabra precede a la acci?n, la creaci?n de un clima de hostilidad hacia determinados colectivos favorece la ejecuci?n de acciones violentas". Con esta frase, la teniente fiscal del Tribunal Supremo, Mar?a ?ngeles S?nchez Conde, resumi? la experiencia acumulada por los fiscales en materia de delitos de odio y advierte del incremento de los procedimientos judiciales por este tipo de delitos, que fue del 27,1 por ciento a lo largo de 2021.

Los datos los ha destacado S?nchez Conde en sustituci?n del fiscal general del Estado, ?lvaro Garc?a Ortiz, que tras dar positivo en covid no pudo asistir a su primera Apertura del A?o Judicial, un acto formal presidido por el rey Felipe VI donde tradicionalmente la Fiscal?a da a conocer su ?ltima Memoria de actividades. La intervenci?n se ha alejado de razonamientos pol?ticos y se ha centrado en la actividad de las diferentes fiscal?as especializadas para atender a las v?ctimas de diferentes delitos.

S?nchez Conde ha reconocido que "no son tiempos f?ciles" debido a la situaci?n internacional, aludiendo a la guerra en Ucrania, y ha reclamado compromiso de las instituciones frente a "los efectos de una crisis humanitaria, econ?mica y energética".

Atentan contra el modelo democr?tico

Sobre los delitos de odio, ha destacado que "no solo atentan contra los bienes jur?dicos individuales de las personas y contra su propia dignidad, sino que también ponen en cuesti?n los principios y valores constitucionales y nuestro modelo democr?tico de convivencia pac?fica". Frente a ello, considera que "la sociedad nos reclama una respuesta penal firme, al tiempo que una eficaz protecci?n y reparaci?n de las v?ctimas".

La velocidad con la que la informaci?n se difunde, la facilidad para viralizar y la perdurabilidad del entorno en l?nea entra?an situaciones de riesgo que en ocasiones resultan dif?ciles de combatir, aumentando el da?o a las v?ctimas, a juicio de S?nchez Conde, y en esta realidad se enmarca la pr?xima creaci?n de una Unidad Especializada de la Fiscal?a General contra los delitos de odio y discriminaci?n. Para ocupar su jefatura se especul? a finales del verano con la posibilidad de que la elegida sea la exministra y fiscal general Dolores Delgado.

Motivos de odio

Por lo que se refiere a las cifras, en 2021, los procedimientos por delitos de odio aumentaron en un 27,1 por ciento. En las diligencias de investigaci?n tramitadas por la Fiscal?a los motivos discriminatorios m?s comunes fueron el racismo y la xenofobia, con un 38,5 por ciento; la orientaci?n e identidad sexual y de género, con un 25 por ciento: y en tercer lugar la ideolog?a, con un 19,2 por ciento, como consecuencia de la polarizaci?n y radicalizaci?n del debate pol?tico de la que ya se alertaba en Memorias anteriores.

Se consolida también la tendencia alcista de los delitos de odio cometidos a través de las nuevas tecnolog?as, que est?n presentes ya en el 20 por ciento de los procedimientos tramitados por estos tipos penales.

Con respecto a esta conducta, y aunque no ha sido mencionado por la teniente fiscal, la Memoria reclama una nueva reforma del C?digo Penal que culmine de manera definitiva la unificaci?n de los distintos motivos discriminatorios que se contemplan actualmente en la agravante genérica del C?digo Penal.

As?, los fiscales proponen introducir la edad y la aporofobia o exclusi?n social como nuevos motivos de discriminaci?n e incorporar una cl?usula final que posibilite la aplicaci?n de la agravante con independencia de que las condiciones o circunstancias que recoge concurran efectivamente en la persona sobre la que recae la conducta delictiva.

En cuanto al n?mero total de diligencias fiscales en Espa?a durante el pasado a?o, S?nchez Conde ha reconocido que, pese al esfuerzo y voluntad de recuperar la normalidad en la actividad judicial, los 2.613 fiscales que hay actualmente en Espa?a han seguido conviviendo en 2021 con las consecuencias del COVID-19, por lo que los datos expuestos no alcanzan a?n los niveles de 2019.

En todo caso, 2021 se incoaron un total de 1.465.024 procedimientos de diligencias previas, lo que supone un crecimiento del 6,76 por ciento respecto del a?o anterior. Por lo que se refiere a la m?s genuina actividad del Ministerio Fiscal, en 2021 se iniciaron 13.869 diligencias de investigaci?n, lo que constituye un notable ascenso respecto de 2020.

La Memoria hace también referencia a los efectos de la modificaci?n introducida en el sistema de plazos del art. 324, y que oblig? a los fiscales a solicitar un 78 por ciento menos de pr?rrogas que en 2020, a?o en que ya se hab?a observado un descenso del 44 por ciento respecto del ejercicio anterior.

Adem?s de los delitos de odio, el fiscal se ha referido de forma muy especial a la figura de la v?ctima, se?alando que "cuestiones como la reparaci?n integral, la evitaci?n de la victimizaci?n secundaria -mediante mecanismos como la preconstituci?n probatoria-, la toma en consideraci?n de la interseccionalidad de las situaciones de vulnerabilidad o la facilitaci?n del acceso al procedimiento y a las medidas de apoyo y acompa?amiento".

Violencia de género

En cuanto al la violencia de género, S?nchez Conde ha destacado que esta la Memoria diferencia, por primera vez, el feminicidio familiar o ?ntimo, el no ?ntimo y el feminicidio por contexto. También ha recordado Durante el a?o 2021 fueron asesinadas 50 mujeres, tres m?s que el a?o anterior, de las que tan solo 11 hab?an presentado previamente denuncia.

La violencia de género dej? 31 ni?as y ni?os huérfanos, y cuatro menores fueron asesinados por sus padres. "No son cifras, no son estad?sticas, son vidas humanas", ha apuntado, para subrayar que, del mismo modo que el a?o anterior, el 76 por ciento de los asesinatos se produjeron fuera de las capitales de provincia".

Tras referirse destacar las especialidades de Terrorismo, Corrupci?n, Drogas, y destacar la labor social de los fiscales de Mayores y Discapacidad o los de Siniestralidad Laboral, la teniente fiscal del Supremo ha concluido reclamando ya una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) que otorgue la instrucci?n penal al ministerio p?blico.

"El ministerio fiscal tiene la obligaci?n de demostrar, al igual que ha hecho durante m?s de dos décadas en la jurisdicci?n de menores, que somos plenamente capaces de asumir la investigaci?n criminal en las mejores condiciones", en tanto esta reforma integral no sea una realidad, la Fiscal?a General se compromete a impulsar "las modificaciones parciales que sean pertinentes para conquistar mayores parcelas de autonom?a y transparencia" de su departamento.



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