الريــم
07-31-2022, 11:04 PM
El fiscal jefe del Tribunal Constitucional, Pedro Crespo, se va de vacaciones con los deberes hechos. Entre ellos estaban elaborar los informes sobre dos recursos de amparo presentados por el diputado canario de Unidas Podemos, Alberto Rodr?guez, privado de su esca?o en octubre de 2021 por una decisi?n de la presidenta de las Cortes, Meritxell Batet, tras consultas con Manuel Marchena, presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, quien hab?a participado, adem?s, en la Sala que conden? al parlamentario (por hechos anteriores a su condici?n de diputado), a una pena privativa de libertad de 1 mes y quince d?as de prisi?n, con la pena accesoria de inhabilitaci?n especial para el derecho al sufragio pasivo durante esos 45 d?as.
La pena de prisi?n se sustituy? en la sentencia por multa de 90 d?as con cuota diaria de 6 euros (540 euros). En su recurso de amparo contra la presidenta del Parlamento, Meritxell Batet, el diputado expulsado solicitaba al TC la urgente suspensi?n cautelar “a los efectos de impedir la continuaci?n de enormes perjuicios de imposible reparaci?n y privar de cualquier sentido al presente recurso de amparo”.
El Pleno del TC admiti? a tr?mite tanto el recurso de amparo contra la resoluci?n de Batet como el que va dirigido contra la sentencia que le conden? en el Supremo (con ponencia del magistrado Miguel Colmenero, e integrado por Marchena, Juan Ram?n Berdugo y Vicente Magro) por un delito contra la autoridad, no apreci? urgencia excepcional y abri? una pieza para pronunciarse separadamente sobre la suspensi?n cautelar, para lo cual solicit? alegaciones al Ministerio Fiscal y a Alberto Rodr?guez
El fiscal jefe, Crespo, en l?nea con la doctrina del TC consider? que restituir el acta por v?a de suspensi?n cautelar de la resoluci?n de la presidenta de las Cortes equival?a a adelantar el fallo, pero en este caso también “un pronunciamiento expl?cito de fondo sobre aspectos esenciales de la cuesti?n controvertida”. Va de suyo que en una mayor?a de ocasiones, lo contrario, es decir, denegar una medida cautelar urgente también puede ser cierto en lo que a “anticipar el fallo” se refiere. Pero en el caso de Alberto Rodr?guez, seg?n adelantamos, todo apunta que ser? una excepci?n: la denegaci?n de la medida cautelar urgente no significar? rechazar la restituci?n del esca?o.
Esa denegaci?n todav?a no se ha producido. El Pleno deber? resolver sobre este punto. Y todo en este TC est? prorrogado como m?nimo hasta septiembre. Y como prueba de que el rechazo a la medida cautelar urgente no tiene por qué concluir en la desestimaci?n del recurso de amparo est? el propio informe del fiscal jefe elevado el pasado 21 de julio, que interesa la “estimaci?n del recurso que ha de concretarse el otorgamiento de amparo solicitado por Alberto Rodr?guez”
El fiscal jefe del TC concluye que el TC debe resolver: 1) “la declaraci?n de que ha sido vulnerado su derecho fundamental reconocido en el art?culo 23.2 de la Constituci?n [derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos p?blicos…] y no ser removido de el si no es por causas y los procedimientos legalmente establecidos en relaci?n con el 23.1 [ derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos p?blicos] y 2) el restablecimiento al demandante de la integridad de su derecho y a tal fin que se declare la nulidad del acuerdo…y se retrotraigan las actuaciones al momento anterior a dicha decisi?n con el fin de que los ?rganos competentes del Congreso de los Diputados con pleno respeto del derecho fundamental vulnerado sobre los efectos en el ?mbito de su competencia de la sentencia de la Sala Segunda de 6 de octubre de 2021”.
La influencia del Supremo
En su informe, el fiscal jefe puntualiza, reiteradamente, los contactos entre Batet y Marchena, as? como “la influencia” que el Supremo pudo tener sobre la presidenta de las Cortes. “Pero el contenido y el efecto jur?dico de tal decisi?n [de Meritxell Batet] no pueden imputarse a ninguna de dichas resoluciones judiciales [del Supremo] porque el Tribunal Supremo no era competente para adoptarla ni de hecho la adopt?, ni le dijo expresamente a la presidenta del Congreso que la adoptara (en esto objetivamente lleva raz?n el demandante cuando afirma que la presidenta del Congreso fue `m?s all? de lo que el tribunal sentenciador le solicitaba´”).
En rom?n paladino: Batet fue m?s all? de lo que formalmente el Supremo le ped?a, ?y respecto de lo que en sus comunicaciones con Marchena éste le insinu??
El fiscal jefe deja constancia de que el secretario general del Congreso, el letrado mayor de las Cortes, Carlos Gutiérrez Vicen, se dedic? a “inferir” sobre lo que deseaba el Supremo en su segundo informe -en el que dijo donde dije digo Diego, respecto a su primer informe del 18 de octubre- y que no llevaba firma. El verbo “inferir” y los contactos entre la presidenta de las Cortes y el presidente de la Sala Segunda aparecen de forma constante a lo largo de los 43 folios. Uno se pregunta si aparte de la comunicaci?n formal entre ambos también hubo intercambio informal. Un intercambio que podr?a explicar el cambio radical en pocas horas de la presidenta Meritxell y acto seguido del secretario general Gutiérrez Vicen.
En lo que se refiere al recurso de amparo de Rodr?guez contra la sentencia de la Sala Segunda, la fuente de la segunda derivada -la anulaci?n del esca?o-, el informe del fiscal jefe deniega el amparo.
Es interesante observar que el informe matiza todav?a m?s la influencia de la Sala Segunda en el desenlace del esca?o.
“La Fiscal?a no podr?a obviamente negar sin m?s que el contenido de esa respuesta del Tribunal Supremo a la solicitud de aclaraci?n de la presidenta del Congreso [sobre c?mo aplicar la sentencia contra Rodr?guez] (en concreto sobre la vigencia de la prisi?n) pudiera haber influido en la subsiguiente decisi?n de activar las consecuencias legales del art?culo 6 de la Ley Org?nica de Régimen Electoral General…”.
Aqu?, de chuparse el dedo, nada.
Una vez restablecida la "normalidad" en el TC, la ponente Mar?a Luisa Balaguer tendr? que hacer su propuesta sobre la medida cautelar urgente y si la misma es rechazada se deber? debatir el recurso de amparo como tal. La privaci?n del esca?o ser? anulada, seg?n reiteran fuentes del TC a El Peri?dico de Catalunya, diario que pertenece al mismo grupo que este medio, con cautelar o sin ella. Y tanto una v?a como la otra también depender? de la renovaci?n del tribunal de garant?as.
أكثر... (https://www.sport.es/es/noticias/nacional/batet-tribunal-supremo-le-solicitaba-14202233)
La pena de prisi?n se sustituy? en la sentencia por multa de 90 d?as con cuota diaria de 6 euros (540 euros). En su recurso de amparo contra la presidenta del Parlamento, Meritxell Batet, el diputado expulsado solicitaba al TC la urgente suspensi?n cautelar “a los efectos de impedir la continuaci?n de enormes perjuicios de imposible reparaci?n y privar de cualquier sentido al presente recurso de amparo”.
El Pleno del TC admiti? a tr?mite tanto el recurso de amparo contra la resoluci?n de Batet como el que va dirigido contra la sentencia que le conden? en el Supremo (con ponencia del magistrado Miguel Colmenero, e integrado por Marchena, Juan Ram?n Berdugo y Vicente Magro) por un delito contra la autoridad, no apreci? urgencia excepcional y abri? una pieza para pronunciarse separadamente sobre la suspensi?n cautelar, para lo cual solicit? alegaciones al Ministerio Fiscal y a Alberto Rodr?guez
El fiscal jefe, Crespo, en l?nea con la doctrina del TC consider? que restituir el acta por v?a de suspensi?n cautelar de la resoluci?n de la presidenta de las Cortes equival?a a adelantar el fallo, pero en este caso también “un pronunciamiento expl?cito de fondo sobre aspectos esenciales de la cuesti?n controvertida”. Va de suyo que en una mayor?a de ocasiones, lo contrario, es decir, denegar una medida cautelar urgente también puede ser cierto en lo que a “anticipar el fallo” se refiere. Pero en el caso de Alberto Rodr?guez, seg?n adelantamos, todo apunta que ser? una excepci?n: la denegaci?n de la medida cautelar urgente no significar? rechazar la restituci?n del esca?o.
Esa denegaci?n todav?a no se ha producido. El Pleno deber? resolver sobre este punto. Y todo en este TC est? prorrogado como m?nimo hasta septiembre. Y como prueba de que el rechazo a la medida cautelar urgente no tiene por qué concluir en la desestimaci?n del recurso de amparo est? el propio informe del fiscal jefe elevado el pasado 21 de julio, que interesa la “estimaci?n del recurso que ha de concretarse el otorgamiento de amparo solicitado por Alberto Rodr?guez”
El fiscal jefe del TC concluye que el TC debe resolver: 1) “la declaraci?n de que ha sido vulnerado su derecho fundamental reconocido en el art?culo 23.2 de la Constituci?n [derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos p?blicos…] y no ser removido de el si no es por causas y los procedimientos legalmente establecidos en relaci?n con el 23.1 [ derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos p?blicos] y 2) el restablecimiento al demandante de la integridad de su derecho y a tal fin que se declare la nulidad del acuerdo…y se retrotraigan las actuaciones al momento anterior a dicha decisi?n con el fin de que los ?rganos competentes del Congreso de los Diputados con pleno respeto del derecho fundamental vulnerado sobre los efectos en el ?mbito de su competencia de la sentencia de la Sala Segunda de 6 de octubre de 2021”.
La influencia del Supremo
En su informe, el fiscal jefe puntualiza, reiteradamente, los contactos entre Batet y Marchena, as? como “la influencia” que el Supremo pudo tener sobre la presidenta de las Cortes. “Pero el contenido y el efecto jur?dico de tal decisi?n [de Meritxell Batet] no pueden imputarse a ninguna de dichas resoluciones judiciales [del Supremo] porque el Tribunal Supremo no era competente para adoptarla ni de hecho la adopt?, ni le dijo expresamente a la presidenta del Congreso que la adoptara (en esto objetivamente lleva raz?n el demandante cuando afirma que la presidenta del Congreso fue `m?s all? de lo que el tribunal sentenciador le solicitaba´”).
En rom?n paladino: Batet fue m?s all? de lo que formalmente el Supremo le ped?a, ?y respecto de lo que en sus comunicaciones con Marchena éste le insinu??
El fiscal jefe deja constancia de que el secretario general del Congreso, el letrado mayor de las Cortes, Carlos Gutiérrez Vicen, se dedic? a “inferir” sobre lo que deseaba el Supremo en su segundo informe -en el que dijo donde dije digo Diego, respecto a su primer informe del 18 de octubre- y que no llevaba firma. El verbo “inferir” y los contactos entre la presidenta de las Cortes y el presidente de la Sala Segunda aparecen de forma constante a lo largo de los 43 folios. Uno se pregunta si aparte de la comunicaci?n formal entre ambos también hubo intercambio informal. Un intercambio que podr?a explicar el cambio radical en pocas horas de la presidenta Meritxell y acto seguido del secretario general Gutiérrez Vicen.
En lo que se refiere al recurso de amparo de Rodr?guez contra la sentencia de la Sala Segunda, la fuente de la segunda derivada -la anulaci?n del esca?o-, el informe del fiscal jefe deniega el amparo.
Es interesante observar que el informe matiza todav?a m?s la influencia de la Sala Segunda en el desenlace del esca?o.
“La Fiscal?a no podr?a obviamente negar sin m?s que el contenido de esa respuesta del Tribunal Supremo a la solicitud de aclaraci?n de la presidenta del Congreso [sobre c?mo aplicar la sentencia contra Rodr?guez] (en concreto sobre la vigencia de la prisi?n) pudiera haber influido en la subsiguiente decisi?n de activar las consecuencias legales del art?culo 6 de la Ley Org?nica de Régimen Electoral General…”.
Aqu?, de chuparse el dedo, nada.
Una vez restablecida la "normalidad" en el TC, la ponente Mar?a Luisa Balaguer tendr? que hacer su propuesta sobre la medida cautelar urgente y si la misma es rechazada se deber? debatir el recurso de amparo como tal. La privaci?n del esca?o ser? anulada, seg?n reiteran fuentes del TC a El Peri?dico de Catalunya, diario que pertenece al mismo grupo que este medio, con cautelar o sin ella. Y tanto una v?a como la otra también depender? de la renovaci?n del tribunal de garant?as.
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