الريــم
03-19-2024, 03:00 PM
El asesinato de las dos menores (https://www.sport.es/es/noticias/sucesos/padre-mata-presuntamente-hijas-2-4-anos-almeria-99628564), envenadas por su padre en la pedan?a almeriense de Las Alcubillas, entre los municipios de Gérgal y Alboloduy, arroja muchas preguntas que tendr? que esclarecer la investigaci?n que est? llevando a cabo en estos momentos la Guardia Civil pero que ya han llegado al debate p?blico.
“Si exist?a orden de alejamiento, ?c?mo es que no se pidi? que ésta afectara también a los menores? Incluso, ?por qué la orden de alejamiento no da lugar a la retirada de la patria potestad o el régimen de visitas?”, se pregunta la abogada Soledad Pérez, ex diputada por el PSOE en el Parlamento de Andaluc?a, una de las m?ximas conocedoras de la ley de medidas de prevenci?n y protecci?n integral contra la violencia de género (https://www.sport.es/es/temas/violencia-de-genero-1836504), modificada en 2018. Con la legislaci?n vigente, explica la experta, estas medidas son posibles, pero el procedimiento no es tan sencillo.
Una de las primeras cosas que falla en el sistema es que, en muchos casos, esas medidas ni siquiera se han solicitado por los letrados de la v?ctima o por el ministerio fiscal. Esto se debe, seg?n explica Pérez, en que “cuando la v?ctima acude a la Guardia Civil para que se realice una valoraci?n del riesgo, en la inmensa mayor?a de los casos la v?ctima minimiza el riesgo respecto a ella misma y respecto a sus hijos”.
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“Por desgracia”, ahonda la experta, “cuando en la valoraci?n de riesgo a la v?ctima se le pregunta si hay menores y preguntan a la madre si considera que puede existir riesgo sobre los menores, en muchas ocasiones responden que no: ella piensa con su cabeza, no con la cabeza del maltratador. Las v?ctimas no consideran que el maltratador vaya a ser capaz de cometer unos actos de violencia tan graves”, apunta. Por tanto, insiste, “el peso de la valoraci?n recae en la propia v?ctima y no tanto en la investigaci?n que haga el juzgado”.
Ir un PEF en una zona rural, insostenible
El médico forense Miguel Lorente se?ala que “existiendo una Ley de Infancia que dice que cuando haya violencia de género no se pueden adoptar medidas de visita, en este caso se han adoptado” lo que supone “una demostraci?n de falta de an?lisis o de falta de estudio de la situaci?n del caso” y “no tiene sentido que se haya actuado con el desconocimiento sobre lo que es la violencia de género”.
La ?ltima modificaci?n de Ley de protecci?n integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia establece que “las medidas de naturaleza civil deber?n ser solicitadas por la v?ctima o su representante legal, o bien por el Ministerio Fiscal cuando existan hijos menores”.
Cuando est?s en un pueblo como Alboloduy, ir a un PEF significa un trayecto de m?s de media hora hasta la capital, luego horas dando vueltas por la ciudad, otra hora de camino de vuelta… Es un sistema totalmente inasumible
Miguel Lorente
— Médico forense
El experto ahonda sobre las particularidades de este caso: “En marzo de 2023 se adopta el servicio del Punto de Encuentro Familiar (PEF), y en noviembre se abandona ese PEF”, contextualiza. “Lo que no se tiene en cuenta es que, cuando est?s en un pueblo como Alboloduy, ir a un PEF significa un trayecto de m?s de media hora hasta la capital, significa que tienes que esperar durante varias horas dando vueltas por la ciudad, que después de esto tienes otra hora de camino de vuelta… y al d?a siguiente, otra vez. Es un sistema totalmente inasumible, incluso en las mejores circunstancias”.
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Sobre la percepci?n de pérdida de control del agresor, explica Llorente que “los maltratadores matan cuando perciben que pierden el control”. Para ello, pone como ejemplo los datos de violencia de género y la pandemia. Durante el confinamiento, las cifras de mujeres asesinadas fueron las m?s bajas de la serie hist?rica. Los expertos y an?lisis sobre aquel fen?meno coinciden en que esto se debi? a que los maltratadores ya ejerc?an el control y el dominio sobre sus v?ctimas.
Faltan protocolos de asistencia autom?tica y m?s medios
Para el ex delegado del Gobierno para la Violencia de Género, entre 2008 y 2011, una de las claves principales es que “hay un profundo desconocimiento sobre qué es la violencia de género. Tenemos que entender que la motivaci?n de la violencia de género es la idea de que la mujer es propiedad del hombre. “Entendiendo esto”, explica el experto, “es f?cil comprender que los hijos y las hijas forman parte de esa idea de posesi?n, de dominio. La violencia vicaria forma parte de la violencia de género, es una violencia extendida, porque su fin es amenazar y dominar a la mujer a través de dirigir la violencia a sus seres queridos, en este caso, los hijos”, explica.
Asimismo, el forense incide en la necesidad de poner en marcha protocolos de asistencia autom?ticos que permitan llevar el seguimiento tanto social (en lo econ?mico, por ejemplo, ?depende la v?ctima material y econ?micamente de su agresor?), como sanitario (?cu?l es la situaci?n psicol?gica y emocional de la v?ctima de violencia de género?) de estas mujeres.
En los casos de extrema vulnerabilidad, como el de Almer?a, explica Soledad Pérez "hay que tener en cuenta que las v?ctimas se ven sin medidas r?pidas y urgentes que den soluci?n a su situaci?n". Las v?ctimas, alerta la experta, "deben esperar los largos plazos administrativos de procesos burocr?ticos".
Sin medios materiales ni redes de apoyo, en opini?n de la abogada, esto lleva en muchos casos a las v?ctimas a romper la que deber?a ser su medida de protecci?n, la orden de protecci?n, ya que se ven obligadas a recurrir a su expareja para pedir dinero.
“Los servicios sociales, ya sean de los ayuntamientos o de las diputaciones provinciales, tendr?an que dar una respuesta inmediata a las necesidades vitales de la familia mientras se solicita la renta m?nima de inserci?n, el ingreso m?nimo vital o las medidas de urgencia y emergencia de los servicios sociales”, valora Pérez.
La alcaldesa de Gérgal, al corriente de las "palizas"
En este caso, la alcaldesa de Gergal, el término municipal donde la pareja vivi? durante un a?o y medio reconoce a El Correo de Andaluc?a, del grupo Prensa Ibérica, que el presunto asesino “era un maltratador”. En declaraciones a los medios, ha se?alado que el padre maltrataba de forma continuada a la madre, que le propinaba “palizas” y que ésta lleg? a ingresar en un centro de acogida.
Y, a pesar de todo, la edil de Gérgal declar? a este medio estar “estupefacta”: “Nadie se esperaba algo as?”
أكثر... (https://www.sport.es/es/noticias/sucesos/asesinato-almeria-valoracion-riesgo-victima-violencia-genero-99677271)
“Si exist?a orden de alejamiento, ?c?mo es que no se pidi? que ésta afectara también a los menores? Incluso, ?por qué la orden de alejamiento no da lugar a la retirada de la patria potestad o el régimen de visitas?”, se pregunta la abogada Soledad Pérez, ex diputada por el PSOE en el Parlamento de Andaluc?a, una de las m?ximas conocedoras de la ley de medidas de prevenci?n y protecci?n integral contra la violencia de género (https://www.sport.es/es/temas/violencia-de-genero-1836504), modificada en 2018. Con la legislaci?n vigente, explica la experta, estas medidas son posibles, pero el procedimiento no es tan sencillo.
Una de las primeras cosas que falla en el sistema es que, en muchos casos, esas medidas ni siquiera se han solicitado por los letrados de la v?ctima o por el ministerio fiscal. Esto se debe, seg?n explica Pérez, en que “cuando la v?ctima acude a la Guardia Civil para que se realice una valoraci?n del riesgo, en la inmensa mayor?a de los casos la v?ctima minimiza el riesgo respecto a ella misma y respecto a sus hijos”.
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“Por desgracia”, ahonda la experta, “cuando en la valoraci?n de riesgo a la v?ctima se le pregunta si hay menores y preguntan a la madre si considera que puede existir riesgo sobre los menores, en muchas ocasiones responden que no: ella piensa con su cabeza, no con la cabeza del maltratador. Las v?ctimas no consideran que el maltratador vaya a ser capaz de cometer unos actos de violencia tan graves”, apunta. Por tanto, insiste, “el peso de la valoraci?n recae en la propia v?ctima y no tanto en la investigaci?n que haga el juzgado”.
Ir un PEF en una zona rural, insostenible
El médico forense Miguel Lorente se?ala que “existiendo una Ley de Infancia que dice que cuando haya violencia de género no se pueden adoptar medidas de visita, en este caso se han adoptado” lo que supone “una demostraci?n de falta de an?lisis o de falta de estudio de la situaci?n del caso” y “no tiene sentido que se haya actuado con el desconocimiento sobre lo que es la violencia de género”.
La ?ltima modificaci?n de Ley de protecci?n integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia establece que “las medidas de naturaleza civil deber?n ser solicitadas por la v?ctima o su representante legal, o bien por el Ministerio Fiscal cuando existan hijos menores”.
Cuando est?s en un pueblo como Alboloduy, ir a un PEF significa un trayecto de m?s de media hora hasta la capital, luego horas dando vueltas por la ciudad, otra hora de camino de vuelta… Es un sistema totalmente inasumible
Miguel Lorente
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El experto ahonda sobre las particularidades de este caso: “En marzo de 2023 se adopta el servicio del Punto de Encuentro Familiar (PEF), y en noviembre se abandona ese PEF”, contextualiza. “Lo que no se tiene en cuenta es que, cuando est?s en un pueblo como Alboloduy, ir a un PEF significa un trayecto de m?s de media hora hasta la capital, significa que tienes que esperar durante varias horas dando vueltas por la ciudad, que después de esto tienes otra hora de camino de vuelta… y al d?a siguiente, otra vez. Es un sistema totalmente inasumible, incluso en las mejores circunstancias”.
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Faltan protocolos de asistencia autom?tica y m?s medios
Para el ex delegado del Gobierno para la Violencia de Género, entre 2008 y 2011, una de las claves principales es que “hay un profundo desconocimiento sobre qué es la violencia de género. Tenemos que entender que la motivaci?n de la violencia de género es la idea de que la mujer es propiedad del hombre. “Entendiendo esto”, explica el experto, “es f?cil comprender que los hijos y las hijas forman parte de esa idea de posesi?n, de dominio. La violencia vicaria forma parte de la violencia de género, es una violencia extendida, porque su fin es amenazar y dominar a la mujer a través de dirigir la violencia a sus seres queridos, en este caso, los hijos”, explica.
Asimismo, el forense incide en la necesidad de poner en marcha protocolos de asistencia autom?ticos que permitan llevar el seguimiento tanto social (en lo econ?mico, por ejemplo, ?depende la v?ctima material y econ?micamente de su agresor?), como sanitario (?cu?l es la situaci?n psicol?gica y emocional de la v?ctima de violencia de género?) de estas mujeres.
En los casos de extrema vulnerabilidad, como el de Almer?a, explica Soledad Pérez "hay que tener en cuenta que las v?ctimas se ven sin medidas r?pidas y urgentes que den soluci?n a su situaci?n". Las v?ctimas, alerta la experta, "deben esperar los largos plazos administrativos de procesos burocr?ticos".
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“Los servicios sociales, ya sean de los ayuntamientos o de las diputaciones provinciales, tendr?an que dar una respuesta inmediata a las necesidades vitales de la familia mientras se solicita la renta m?nima de inserci?n, el ingreso m?nimo vital o las medidas de urgencia y emergencia de los servicios sociales”, valora Pérez.
La alcaldesa de Gérgal, al corriente de las "palizas"
En este caso, la alcaldesa de Gergal, el término municipal donde la pareja vivi? durante un a?o y medio reconoce a El Correo de Andaluc?a, del grupo Prensa Ibérica, que el presunto asesino “era un maltratador”. En declaraciones a los medios, ha se?alado que el padre maltrataba de forma continuada a la madre, que le propinaba “palizas” y que ésta lleg? a ingresar en un centro de acogida.
Y, a pesar de todo, la edil de Gérgal declar? a este medio estar “estupefacta”: “Nadie se esperaba algo as?”
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