الريــم
03-04-2024, 10:50 PM
El Tribunal Supremo (https://www.sport.es/es/temas/tribunal-supremo-1834910) ha rechazado la querella presentada por la mercantil Gaudi Innovatio SLU contra los diputados de Sumar Gerardo Pisarello y Eloi Badia, el exdiputado y ahora candidato a las europeas de los Comuns, Jaume Asens (https://www.sport.es/es/temas/jaume-asens-1861217), y la comisionada municipal de Deportes entre 2015 y 2019, Marta Carranza por la quiebra de Open Camp, en la que los querellantes apreciaban amenazas condicionales, coacciones, extorsi?n, falsedad documental, fraude funcionarial, prevaricaci?n administrativa, cohecho pasivo y financiaci?n ilegal de partido pol?tico. La Sala Segunda, en cambio, no aprecia delito alguno en los hechos denunciados.
En un auto de 12 p?ginas el Supremo analiza uno a uno los delitos denunciados y los hechos en los que supuestamente se basan para concluir que no se dan los requisitos de ninguno de ellos. La resoluci?n expone que en la querella se denuncian las actuaciones realizadas por los querellados para impedir que el proyecto Open Camp del Anillo Ol?mpico de Barcelona, concertado entre la empresa municipal Barcelona de Serveis Municipals (BSM) y la mercantil Open Camp, llegara a buen puerto.
Explica que en las elecciones municipales de mayo de 2014 se produjo un cambio de gobierno y lo asumi? Barcelona En Com?-Podem, en cuyo programa electoral se establec?a detener la actividad de, entre otros proyectos, Open Camp Anillo Ol?mpico, por considerarlo contrario al bien com?n.
Para cumplir ese compromiso electoral los querellantes realizaron un conjunto de acciones que, seg?n la querella, son constitutivas de distintos delitos, mientras que los magistrados consideran que, tras la atenta lectura de los hechos relatados en el escrito inicial y que se describen de forma diferenciada e individualizada en 86 apartados, no hay razones que justifiquen la apertura de un proceso de investigaci?n penal.
Acciones civiles o contenciosas
Indican que hay un grupo de hechos que se refieren a la falta de colaboraci?n institucional para que el proyecto Open Camp se desarrollara “y que, en caso de ser cierto, podr?a dar lugar al ejercicio de las acciones civiles o administrativas que correspondan por incumplimiento de lo pactado en contrato pero que son ajenas a la jurisdicci?n penal”. Se refiere, seg?n dice el auto, a la omisi?n de la obligaci?n de colaboraci?n concertada entre BSM y Open Camp para obtener financiaci?n del proyecto tanto en el ?mbito nacional como en el de la Uni?n Europea o el desarrollo paralelo de un proyecto similar.
Para el tribunal “se presenta como delito lo que no son sino las actuaciones realizadas por los querellados en el marco de un complejo conflicto contractual. En la querella no se describen hechos que presenten caracteres de delito por lo que las eventuales diferencias existentes en torno al incumplimiento del contrato por parte de BSM y las consecuencias que de ello se puedan derivar habr?n de ser planteadas, en su caso, ante la jurisdicci?n civil o contencioso-administrativa”.
Adem?s, a su juicio, "teniendo en cuenta las potestades que conservaba BSM sobre el desarrollo del contrato, muchas de los hechos que se denuncian pueden enmarcarse en el ejercicio de tales potestades, por m?s que las discrepancias sobre la actuaci?n de BSM pueda dar lugar al ejercicio de acciones ajenas a la jurisdicci?n penal".
Lo ?nico que podr?a ser constitutivo de delito es la acusaci?n de que Carranza compeli? a Open Camp a contratar a personas afines pol?ticamente al nuevo gobierno municipal y pertenecientes a la Fundaci? L'Alternativa", pero la ?nica evidencia que se aporta de ello es un correo electr?nico en el que la querellada manda un par de curr?culums, sin exigencia alguna de contrataci?n y, seg?n se indica en el documento, tras haber tenido conversaciones previas. "Del contenido de ese documento no puede inferirse coacci?n o amenaza", concluye el Supremo.
El auto también descarta la existencia de coacciones a partir de los documentos que aportan los querellantes, al no ser m?s que contratos sobre las condiciones de explotaci?n de la cesi?n, y la financiaci?n ilegal de En Com?-Podem a través de una exposici?n sobre la olimpiada popular de 1936, también es desechada por el alto tribunal, m?s all? de la coincidencia ideol?gica que la conmemoraci?n pueda tener con la formaci?n.
En opini?n del alto tribunal, "la apreciaci?n de conjunto de los hechos denunciados permite comprender que las personas aqu? querelladas no realizaron esta acci?n con la finalidad de reclamar una d?diva o favor en beneficio propio o de tercero, sino que, con mayor o menor acierto, iniciaron un conflicto continuado en el tiempo para intentar revertir el convenio que se hab?a firmado con anterioridad a su acceso a la Alcald?a de Barcelona, realizando una distinta interpretaci?n del contenido del contrato y de su ejecuci?n".
Agrega que "el hecho de que en el marco de este conflicto se intentara alg?n tipo de acercamiento mediante la solicitud de nuevas prestaciones en beneficio, no de los funcionarios, sino del interés p?blico, excluye toda posibilidad de calificar la acci?n como constitutiva del delito de cohecho".
أكثر... (https://www.sport.es/es/noticias/nacional/supremo-ve-motivos-investigar-pisarello-asens-99012979)
En un auto de 12 p?ginas el Supremo analiza uno a uno los delitos denunciados y los hechos en los que supuestamente se basan para concluir que no se dan los requisitos de ninguno de ellos. La resoluci?n expone que en la querella se denuncian las actuaciones realizadas por los querellados para impedir que el proyecto Open Camp del Anillo Ol?mpico de Barcelona, concertado entre la empresa municipal Barcelona de Serveis Municipals (BSM) y la mercantil Open Camp, llegara a buen puerto.
Explica que en las elecciones municipales de mayo de 2014 se produjo un cambio de gobierno y lo asumi? Barcelona En Com?-Podem, en cuyo programa electoral se establec?a detener la actividad de, entre otros proyectos, Open Camp Anillo Ol?mpico, por considerarlo contrario al bien com?n.
Para cumplir ese compromiso electoral los querellantes realizaron un conjunto de acciones que, seg?n la querella, son constitutivas de distintos delitos, mientras que los magistrados consideran que, tras la atenta lectura de los hechos relatados en el escrito inicial y que se describen de forma diferenciada e individualizada en 86 apartados, no hay razones que justifiquen la apertura de un proceso de investigaci?n penal.
Acciones civiles o contenciosas
Indican que hay un grupo de hechos que se refieren a la falta de colaboraci?n institucional para que el proyecto Open Camp se desarrollara “y que, en caso de ser cierto, podr?a dar lugar al ejercicio de las acciones civiles o administrativas que correspondan por incumplimiento de lo pactado en contrato pero que son ajenas a la jurisdicci?n penal”. Se refiere, seg?n dice el auto, a la omisi?n de la obligaci?n de colaboraci?n concertada entre BSM y Open Camp para obtener financiaci?n del proyecto tanto en el ?mbito nacional como en el de la Uni?n Europea o el desarrollo paralelo de un proyecto similar.
Para el tribunal “se presenta como delito lo que no son sino las actuaciones realizadas por los querellados en el marco de un complejo conflicto contractual. En la querella no se describen hechos que presenten caracteres de delito por lo que las eventuales diferencias existentes en torno al incumplimiento del contrato por parte de BSM y las consecuencias que de ello se puedan derivar habr?n de ser planteadas, en su caso, ante la jurisdicci?n civil o contencioso-administrativa”.
Adem?s, a su juicio, "teniendo en cuenta las potestades que conservaba BSM sobre el desarrollo del contrato, muchas de los hechos que se denuncian pueden enmarcarse en el ejercicio de tales potestades, por m?s que las discrepancias sobre la actuaci?n de BSM pueda dar lugar al ejercicio de acciones ajenas a la jurisdicci?n penal".
Lo ?nico que podr?a ser constitutivo de delito es la acusaci?n de que Carranza compeli? a Open Camp a contratar a personas afines pol?ticamente al nuevo gobierno municipal y pertenecientes a la Fundaci? L'Alternativa", pero la ?nica evidencia que se aporta de ello es un correo electr?nico en el que la querellada manda un par de curr?culums, sin exigencia alguna de contrataci?n y, seg?n se indica en el documento, tras haber tenido conversaciones previas. "Del contenido de ese documento no puede inferirse coacci?n o amenaza", concluye el Supremo.
El auto también descarta la existencia de coacciones a partir de los documentos que aportan los querellantes, al no ser m?s que contratos sobre las condiciones de explotaci?n de la cesi?n, y la financiaci?n ilegal de En Com?-Podem a través de una exposici?n sobre la olimpiada popular de 1936, también es desechada por el alto tribunal, m?s all? de la coincidencia ideol?gica que la conmemoraci?n pueda tener con la formaci?n.
En opini?n del alto tribunal, "la apreciaci?n de conjunto de los hechos denunciados permite comprender que las personas aqu? querelladas no realizaron esta acci?n con la finalidad de reclamar una d?diva o favor en beneficio propio o de tercero, sino que, con mayor o menor acierto, iniciaron un conflicto continuado en el tiempo para intentar revertir el convenio que se hab?a firmado con anterioridad a su acceso a la Alcald?a de Barcelona, realizando una distinta interpretaci?n del contenido del contrato y de su ejecuci?n".
Agrega que "el hecho de que en el marco de este conflicto se intentara alg?n tipo de acercamiento mediante la solicitud de nuevas prestaciones en beneficio, no de los funcionarios, sino del interés p?blico, excluye toda posibilidad de calificar la acci?n como constitutiva del delito de cohecho".
أكثر... (https://www.sport.es/es/noticias/nacional/supremo-ve-motivos-investigar-pisarello-asens-99012979)