الريــم
03-01-2024, 03:10 AM
Para describir a estudiantes de bachillerato la dimensi?n de la crueldad de la dictadura, Emilio Silva cuenta a su joven audiencia c?mo fue la ejecuci?n de Salvador Puig Antich. En esas charlas escolares “no omito detalle”, dice este investigador y activista, pionero en Espa?a de la memoria hist?rica.
Cincuenta a?os después de aquel estrangulamiento en la C?rcel Modelo de Barcelona, la rotura del pescuezo del ?ltimo agarrotado de la historia de Espa?a ha devenido, m?s que en material de actividad extraescolar, en s?mbolo de asuntos hist?ricos, pol?ticos y judiciales que estrellan a este pa?s con sus contradicciones.
La principal, la legal: cada dos de marzo es una regurgitaci?n de un caso que ya no tiene m?s camino si no se modifica la Constituci?n. La actual interpretaci?n del principio de irretroactividad normativa impide revisar un suceso, la muerte de un polic?a en el forcejeo y tiroteo de la detenci?n de un anarquista armado, cuyos detalles se diluyen en la nebulosa de una instrucci?n sin garant?as. El caso entr? en la digesti?n de la ley de amnist?a del 77 y hoy lo sepulta el silencio del Estado.
El muro de la ley
Salvador Puig Antich fue detenido el 25 de septiembre de 1973 tras una hu?da frustrada en un portal de Barcelona, en la que result? muerto el polic?a Fernando Anguas.
El asesinato a manos de ETA del presidente del Gobierno, Luis Carrero Blanco, el 20 de diciembre de 1973, imprimi? a la tramitaci?n judicial del caso de Puig Antich una velocidad inusitada, sumar?sima. A las 9 de la ma?ana del 2 de marzo de 1974, ya condenado a muerte, el reo se sentaba para que le anudaran el cuello al garrote.
De la ?ltima mirada de la Justicia sobre el caso han pasado tres a?os. El 14 de agosto de 2020, la Audiencia de Barcelona confirm? el archivo de una querella contra Carlos Rey, abogado que hizo de juez de un consejo de guerra en el que a Puig Antich no se le dio efectivo derecho de defensa ni un relato de hechos verdaderamente probados: los médicos sostienen que a Anguas lo mat? una r?faga, cinco disparos alineados en su cuerpo, y el informe policial que el agente recibi? tres tiros de pistola del anarquista.
El ?ltimo pronunciamiento judicial argumenta que en el caso no cabe aplicar el crimen de Lesa Humanidad y que cualquier infracci?n cometida en aquel sumario ya ha prescrito. “Y precisamente la Lesa Humanidad es la clave”, explica Eduardo Ranz, abogado experto en causas de la memoria hist?rica (https://www.sport.es/es/temas/memoria-historica-1836484). Pero no hay camino: “Espa?a se adhiri? al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pol?ticos tres a?os después de la ejecuci?n, en 1977, y se sum? a la aplicaci?n de la Lesa Humanidad en 2003”.
Adem?s, la Ley de Amnist?a del 77, que extingue responsabilidades anteriores a su promulgaci?n, impide la investigaci?n de los delitos que pudieron cometer los instructores del caso. La Ley de Memoria Democr?tica crea una fiscal?a especial que tiene el mandado de revisar violaciones de derechos humanos, “pero es que el hecho, la ejecuci?n de Puig Antich, no se discute -reflexiona Ranz-, aunque los hechos por los que fue juzgado s? requieren una investigaci?n judicial”.
"El reto est? en aplicar la Lesa Humanidad", insiste Ranz. El letrado ve “solo una clave, una tecla”, que no es otra que “modificar el art?culo 9 de la Constituci?n”, o sea, el que habla de la “irretroactividad de las disposiciones sancionadoras”. Pero modificar ese precepto en la ley fundamental para adaptarlo a la realidad hist?rica de Espa?a “es algo muy parecido a imposible”, dice Ranz.
Justicia colonial
En diciembre de 2013, el abogado estuvo con Merçona Puig Antich, hermana del ejecutado, en el bar Iberia de Buenos Aires, viejo punto de reuni?n del exilio republicano en Argentina. Se iba a colocar en el café una placa de homenaje a los represaliados, cuyos descendientes andaban esperando las acciones de Mar?a Servini, la juez que trat? en vano de investigar los cr?menes de la dictadura de Franco invocando el principio de jurisdicci?n universal.
Recuerda Ranz aquel encuentro en el bar, leyendo en voz alta la sentencia que llev? a Puig Antich a la muerte, y a la hermana escuchando. “El estado espa?ol tiene una deuda descomunal con la familia de Puig Antich -opina-. Aquella ejecuci?n, apremiada tras el atentado contra Carrero, y a garrote vil... era retroceder m?s de un siglo”.
“Garrote vil… ?As? no se asesina a nadie, hombre!”, lamenta Emilio Silva. “El Estado debe una disculpa p?blica. Muchos pa?ses lo han hecho al salir de dictaduras; Espa?a no. Aqu? es como si la democracia hubiera surgido de la nada. La familia Puig Antich forma parte del desamparo de las v?ctimas del franquismo (https://www.sport.es/es/temas/franquismo-1848800)”, a?ade.
A este veterano de los rescates en las fosas de fusilados aquel sumario y aquel cadalso en la Modelo se le antoja un redondo fruto de la amnist?a del 77: “Hay responsables de lo que se hizo, y subsidiariamente ser?a el Estado, pero…”
Emilio Silva sit?a la ejecuci?n de Salvador Puig Antich en el cruce de diversas contradicciones pol?ticas espa?olas. Una, que el Congreso y el Senado hayan reunido comisiones de investigaci?n para interesarse sobre los espa?oles desaparecidos en dictaduras… “del cono sur, no la nuestra”.
O que la justicia espa?ola, la Audiencia Nacional, invocara el principio de Jurisdicci?n Universal para juzgar cr?menes de la dictadura de Videla y Galtieri o emitiera una orden de detenci?n de Augusto Pinochet… pero no se aceptara ese mismo principio cuando lo invoc? la juez Servini. “Es una visi?n colonial -opina Silva-: Espa?a le puede decir a Argentina qué hacer con los cr?menes de su Estado, pero Argentina no puede hacer lo mismo”.
No fue posible meter el caso de Puig Antich en la querella argentina, la que promovieron sin éxito hijos y nietos de represaliados por el franquismo. “Se le pusieron palos en las ruedas desde el minuto uno”, concluye Silva.
Silencio de Estado
De palos en las ruedas sabe la familia Welzel. En alg?n caj?n del ministerio de Presidencia, o de la mudanza de los asuntos de Memoria al ministerio de Pol?tica Territorial, descansa sometida al silencio administrativo una petici?n de esa familia alemana al reino de Espa?a.
El mismo d?a en que ejecutaron a Puig Antich en Barcelona, en Tarragona era también agarrotado el s?bdito alem?n Georg Welzel, que por entonces intentaba hacerse pasar por un polaco de nombre Heinz Chez. El ajusticiado hab?a matado a tiros al guardia civil Antonio Torralbo en un bar de L’Hospitalet de L’Infant (Tarragona).
Pese a que la polic?a franquista supo por Interpol de la verdadera identidad del preso -como indica el folio 224 del sumario-, nunca se dijo nada a su familia, residente en la Rep?blica Democr?tica Alemana, ni del paradero del detenido, ni de su tr?gico final, ni de la fosa com?n a la que fue su cad?ver.
“Georg Welzel no es un héroe, no es alguien a quien elevar a un estado de nada. Fue un victimario, pero también una v?ctima doble: pas? su juventud en las c?rceles de la Stasi y de ah? pas? a una c?rcel franquista, sometido a instrucci?n judicial acelerada”, resume Ra?l Riebenbauer, escritor, guionista, investigador que ha dedicado a?os de esfuerzo a reconstruir la vida de este reo con el que la propaganda franquista equipar? y difumin? a Puig Antich.
Su investigaci?n recogida en ‘El Silencio de Georg’, editado en castellano y catal?n por RBA en 2005, arranc? con un trabajoso pulso con instancias castrenses, el Tribunal Militar Territorial III de Barcelona, que le imped?an ver el sumario. Hoy sospecha Riebenbauer que Georg Welzel dispar? al ver aparecer al guardia por sus a?os de miedo acumulado a los uniformes. “Quiz? un proceso judicial justo habr?a incluido un examen psiqui?trico justo -cree-. Y quiz? ese informe médico habr?a servido para conmutar la condena a muerte…”
Viven una hermana del ajusticiado, Monika, y varios sobrinos. Desde Alemania la familia curs? una petici?n a Presidencia para que la Secretar?a de Estado de Memoria Democr?tica emitiera una de las declaraciones de reparaci?n que concede a descendientes de ejecutados por el franquismo.
Una carta del ministro Félix Bola?os respondi? a la familia -”en el muy h?bil d?a 1 de agosto”, ironiza Rebenbauer- que este caso no se ajusta a lo previsto en la ley de Memoria. La familia recurri? la decisi?n… y silencio administrativo.
El Peri?dico de Catalunya, del grupo Prensa Ibérica, ha preguntado al ministerio de Pol?tica Territorial y Memoria Democr?tica si este 50 aniversario de aquellas ejecuciones har? alguna cosa. Silencio también.
A Puig Antich y a Georg Welzel, concluye el investigador, “se les juzg? por la v?a militar, pero se les ejecut? por un sistema reservado a la v?a civil, a garrote vil, propio de nuestra historia m?s negra”.
أكثر... (https://www.sport.es/es/noticias/sociedad/cincuenta-anos-ejecucion-puig-antich-98849432)
Cincuenta a?os después de aquel estrangulamiento en la C?rcel Modelo de Barcelona, la rotura del pescuezo del ?ltimo agarrotado de la historia de Espa?a ha devenido, m?s que en material de actividad extraescolar, en s?mbolo de asuntos hist?ricos, pol?ticos y judiciales que estrellan a este pa?s con sus contradicciones.
La principal, la legal: cada dos de marzo es una regurgitaci?n de un caso que ya no tiene m?s camino si no se modifica la Constituci?n. La actual interpretaci?n del principio de irretroactividad normativa impide revisar un suceso, la muerte de un polic?a en el forcejeo y tiroteo de la detenci?n de un anarquista armado, cuyos detalles se diluyen en la nebulosa de una instrucci?n sin garant?as. El caso entr? en la digesti?n de la ley de amnist?a del 77 y hoy lo sepulta el silencio del Estado.
El muro de la ley
Salvador Puig Antich fue detenido el 25 de septiembre de 1973 tras una hu?da frustrada en un portal de Barcelona, en la que result? muerto el polic?a Fernando Anguas.
El asesinato a manos de ETA del presidente del Gobierno, Luis Carrero Blanco, el 20 de diciembre de 1973, imprimi? a la tramitaci?n judicial del caso de Puig Antich una velocidad inusitada, sumar?sima. A las 9 de la ma?ana del 2 de marzo de 1974, ya condenado a muerte, el reo se sentaba para que le anudaran el cuello al garrote.
De la ?ltima mirada de la Justicia sobre el caso han pasado tres a?os. El 14 de agosto de 2020, la Audiencia de Barcelona confirm? el archivo de una querella contra Carlos Rey, abogado que hizo de juez de un consejo de guerra en el que a Puig Antich no se le dio efectivo derecho de defensa ni un relato de hechos verdaderamente probados: los médicos sostienen que a Anguas lo mat? una r?faga, cinco disparos alineados en su cuerpo, y el informe policial que el agente recibi? tres tiros de pistola del anarquista.
El ?ltimo pronunciamiento judicial argumenta que en el caso no cabe aplicar el crimen de Lesa Humanidad y que cualquier infracci?n cometida en aquel sumario ya ha prescrito. “Y precisamente la Lesa Humanidad es la clave”, explica Eduardo Ranz, abogado experto en causas de la memoria hist?rica (https://www.sport.es/es/temas/memoria-historica-1836484). Pero no hay camino: “Espa?a se adhiri? al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pol?ticos tres a?os después de la ejecuci?n, en 1977, y se sum? a la aplicaci?n de la Lesa Humanidad en 2003”.
Adem?s, la Ley de Amnist?a del 77, que extingue responsabilidades anteriores a su promulgaci?n, impide la investigaci?n de los delitos que pudieron cometer los instructores del caso. La Ley de Memoria Democr?tica crea una fiscal?a especial que tiene el mandado de revisar violaciones de derechos humanos, “pero es que el hecho, la ejecuci?n de Puig Antich, no se discute -reflexiona Ranz-, aunque los hechos por los que fue juzgado s? requieren una investigaci?n judicial”.
"El reto est? en aplicar la Lesa Humanidad", insiste Ranz. El letrado ve “solo una clave, una tecla”, que no es otra que “modificar el art?culo 9 de la Constituci?n”, o sea, el que habla de la “irretroactividad de las disposiciones sancionadoras”. Pero modificar ese precepto en la ley fundamental para adaptarlo a la realidad hist?rica de Espa?a “es algo muy parecido a imposible”, dice Ranz.
Justicia colonial
En diciembre de 2013, el abogado estuvo con Merçona Puig Antich, hermana del ejecutado, en el bar Iberia de Buenos Aires, viejo punto de reuni?n del exilio republicano en Argentina. Se iba a colocar en el café una placa de homenaje a los represaliados, cuyos descendientes andaban esperando las acciones de Mar?a Servini, la juez que trat? en vano de investigar los cr?menes de la dictadura de Franco invocando el principio de jurisdicci?n universal.
Recuerda Ranz aquel encuentro en el bar, leyendo en voz alta la sentencia que llev? a Puig Antich a la muerte, y a la hermana escuchando. “El estado espa?ol tiene una deuda descomunal con la familia de Puig Antich -opina-. Aquella ejecuci?n, apremiada tras el atentado contra Carrero, y a garrote vil... era retroceder m?s de un siglo”.
“Garrote vil… ?As? no se asesina a nadie, hombre!”, lamenta Emilio Silva. “El Estado debe una disculpa p?blica. Muchos pa?ses lo han hecho al salir de dictaduras; Espa?a no. Aqu? es como si la democracia hubiera surgido de la nada. La familia Puig Antich forma parte del desamparo de las v?ctimas del franquismo (https://www.sport.es/es/temas/franquismo-1848800)”, a?ade.
A este veterano de los rescates en las fosas de fusilados aquel sumario y aquel cadalso en la Modelo se le antoja un redondo fruto de la amnist?a del 77: “Hay responsables de lo que se hizo, y subsidiariamente ser?a el Estado, pero…”
Emilio Silva sit?a la ejecuci?n de Salvador Puig Antich en el cruce de diversas contradicciones pol?ticas espa?olas. Una, que el Congreso y el Senado hayan reunido comisiones de investigaci?n para interesarse sobre los espa?oles desaparecidos en dictaduras… “del cono sur, no la nuestra”.
O que la justicia espa?ola, la Audiencia Nacional, invocara el principio de Jurisdicci?n Universal para juzgar cr?menes de la dictadura de Videla y Galtieri o emitiera una orden de detenci?n de Augusto Pinochet… pero no se aceptara ese mismo principio cuando lo invoc? la juez Servini. “Es una visi?n colonial -opina Silva-: Espa?a le puede decir a Argentina qué hacer con los cr?menes de su Estado, pero Argentina no puede hacer lo mismo”.
No fue posible meter el caso de Puig Antich en la querella argentina, la que promovieron sin éxito hijos y nietos de represaliados por el franquismo. “Se le pusieron palos en las ruedas desde el minuto uno”, concluye Silva.
Silencio de Estado
De palos en las ruedas sabe la familia Welzel. En alg?n caj?n del ministerio de Presidencia, o de la mudanza de los asuntos de Memoria al ministerio de Pol?tica Territorial, descansa sometida al silencio administrativo una petici?n de esa familia alemana al reino de Espa?a.
El mismo d?a en que ejecutaron a Puig Antich en Barcelona, en Tarragona era también agarrotado el s?bdito alem?n Georg Welzel, que por entonces intentaba hacerse pasar por un polaco de nombre Heinz Chez. El ajusticiado hab?a matado a tiros al guardia civil Antonio Torralbo en un bar de L’Hospitalet de L’Infant (Tarragona).
Pese a que la polic?a franquista supo por Interpol de la verdadera identidad del preso -como indica el folio 224 del sumario-, nunca se dijo nada a su familia, residente en la Rep?blica Democr?tica Alemana, ni del paradero del detenido, ni de su tr?gico final, ni de la fosa com?n a la que fue su cad?ver.
“Georg Welzel no es un héroe, no es alguien a quien elevar a un estado de nada. Fue un victimario, pero también una v?ctima doble: pas? su juventud en las c?rceles de la Stasi y de ah? pas? a una c?rcel franquista, sometido a instrucci?n judicial acelerada”, resume Ra?l Riebenbauer, escritor, guionista, investigador que ha dedicado a?os de esfuerzo a reconstruir la vida de este reo con el que la propaganda franquista equipar? y difumin? a Puig Antich.
Su investigaci?n recogida en ‘El Silencio de Georg’, editado en castellano y catal?n por RBA en 2005, arranc? con un trabajoso pulso con instancias castrenses, el Tribunal Militar Territorial III de Barcelona, que le imped?an ver el sumario. Hoy sospecha Riebenbauer que Georg Welzel dispar? al ver aparecer al guardia por sus a?os de miedo acumulado a los uniformes. “Quiz? un proceso judicial justo habr?a incluido un examen psiqui?trico justo -cree-. Y quiz? ese informe médico habr?a servido para conmutar la condena a muerte…”
Viven una hermana del ajusticiado, Monika, y varios sobrinos. Desde Alemania la familia curs? una petici?n a Presidencia para que la Secretar?a de Estado de Memoria Democr?tica emitiera una de las declaraciones de reparaci?n que concede a descendientes de ejecutados por el franquismo.
Una carta del ministro Félix Bola?os respondi? a la familia -”en el muy h?bil d?a 1 de agosto”, ironiza Rebenbauer- que este caso no se ajusta a lo previsto en la ley de Memoria. La familia recurri? la decisi?n… y silencio administrativo.
El Peri?dico de Catalunya, del grupo Prensa Ibérica, ha preguntado al ministerio de Pol?tica Territorial y Memoria Democr?tica si este 50 aniversario de aquellas ejecuciones har? alguna cosa. Silencio también.
A Puig Antich y a Georg Welzel, concluye el investigador, “se les juzg? por la v?a militar, pero se les ejecut? por un sistema reservado a la v?a civil, a garrote vil, propio de nuestra historia m?s negra”.
أكثر... (https://www.sport.es/es/noticias/sociedad/cincuenta-anos-ejecucion-puig-antich-98849432)