الريــم
01-21-2024, 10:41 AM
Los enfrentamientos entre el Tribunal Supremo (https://www.sport.es/es/temas/tribunal-supremo-1834910) y el Constitucional (https://www.sport.es/es/temas/tribunal-constitucional-1837481) no son nuevos. De hecho en 2004 el primero conden? a 11 magistrados del segundo a indemnizar con 500 euros cada uno a un abogado por haber rechazado sin examinarlo un recurso de amparo contra una sentencia del propio Supremo que hab?a avalado la designaci?n "a dedo" de los letrados del Constitucional. Tampoco son nuevas las sentencias en las que el Constitucional tumba las dictadas por el tribunal situado en la c?spide del sistema judicial espa?ol. Pero las dictadas esta semana, concediendo el amparo al l?der de EH Bildu, Arnaldo Otegi (https://www.sport.es/es/temas/arnaldo-otegi-1846752), y al exdiputado de Podemos Alberto Rodr?guez han superado el ?mbito penal y el PP las ha esgrimido para volver a atacar al Constitucional y su composici?n con mayor?a progresista.
M?s informaci?n (Auto)
http://placehold.it/175x100 T?tulo noticia (Auto)
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También han permitido rememorar la pugna que mantienen el presidente del Constitucional, C?ndido Conde-Pumpido (https://www.sport.es/es/temas/candido-conde-pumpido-1843420), y el presidente de la Sala Segunda, Manuel Marchena, desde que ambos optaron a la presidencia de la Sala de lo Penal del Supremo y acab? siendo elegido el segundo, una circunstancia que les oblig? a compartir durante un tiempo deliberaciones. Seg?n fuentes jur?dicas consultadas por EL PERI?DICO, en esos debates sol?a quedar patente la tensi?n existente entre ambos. No obstante, al preguntar a su entorno por su mala relaci?n se niega la mayor y se asegura que "cada uno cumple su funci?n", que en el caso de Conde-Pumpido pasa por "resolver recursos de amparo, que la mayor parte de las veces afectan a ?rganos jurisdiccionales. Sin excepciones", agregan.
Desde el Constitucional se niega incluso que exista malestar en el Supremo por sus resoluciones, salvo que sea "ficticio o individual". Recuerdan que "desde la creaci?n del tribunal Constitucional, hace m?s de 40 a?os, ha dictado numeros?simas sentencias estimando amparos por vulneraci?n de derechos fundamentales (que es su funci?n) contra sentencias de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, lo que es consecuencia del funcionamiento normal del sistema constitucional. La primera fue en 1981, convirtiendo una sentencia condenatoria en absolutoria, por aplicaci?n de la presunci?n de inocencia", apuntan.
No obstante, desde el Supremo se advierte del contenido de las resoluciones que han amparado a Rodr?guez y a Otegi. Sobre todo la primera, porque declara que el tribunal que supone la c?spide de la justicia espa?ola y cuyo criterio deben seguir todos los juzgados y tribunales incumpli? el principio de legalidad, al mantener una pena de inhabilitaci?n accesoria con una mera multa de 45 d?as. Consideran que ese tipo de resoluciones no respeta la separaci?n de funciones que fij? la propia Constituci?n, en la que encarg? al ?rgano de garant?as evitar las vulneraciones de derechos fundamentales y no enmendarle la plana al Supremo.
Desde el Constitucional, en cambio, la versi?n es diametralmente opuesta. Destacan que "no se ha modificado ninguna condena, simplemente se excluy? del fallo la referencia a la pena de prisi?n de un mes y 15 d?as, que no existe legalmente, puesto que la pena m?nima de prisi?n es de tres meses, pero dejando vigente la condena definitiva que impuso el propio Supremo, que era la pena de multa, tras la sustituci?n legalmente obligada". No dudan de que se vulner? el principio de legalidad al suponer para Rodr?guez la pérdida de su esca?o por un delito cometido seis a?os antes.
A?aden que en el caso Bateragune también se mantiene la condena del Supremo, pero "la repetici?n de un juicio m?s de 15 a?os después de los hechos, y cuando las condenas ya estaban ?ntegramente cumplidas, constituye una vulneraci?n del 'non bis in ?dem procesal'”. Las fuentes muestran incluso su sorpresa porque cuatro de sus compa?eros se hayan opuesto a declararlo y compartan el criterio que sigui? en su d?a el Supremo, en clara referencia a los de sensibilidad conservadora que terminan plasmando su discrepancia con la mayor?a en votos particulares.
Otros episodios
Con independencia de lo ocurrido esta semana, en 2021 también se vivi? un tenso episodio, que evidenci? la diferencia de criterios entre el Tribunal Supremo y el ya entonces miembro del ?rgano de garant?as y exfiscal general del Estado Conde-Pumpido. Fue el que se produjo a cuenta de la sentencia que deb?a validar o no el recurso de los condenados por el asalto al Parlament. La ponencia del entonces magistrado raso del Constitucional se apoyaba en un cambio de criterio de la propia Fiscal?a para instar su absoluci?n, si bien su postura no prosper? y finalmente las condenas fueron confirmadas.
Otra de las correcciones m?s sonadas a las tesis del Supremo tuvo lugar un a?o antes, en febrero de 2020, cuando el Constitucional se puso del lado del cantante de Def con Dos, César Strawberry,*y anul? la pena de un a?o de prisi?n que le hab?a impuesto la Sala de lo Penal del Supremo por enaltecimiento del terrorismo por varios mensajes polémicos que el artista public? en la red entonces llamada Twitter. A diferencia de lo se?alado por el Supremo en una sentencia con ponencia del propio Marchena -que hab?a dejado sin efecto la absoluci?n inicial dictada por la Audiencia Nacional-*todos los magistrados del Constitucional menos uno vieron en su condena una vulneraci?n del derecho del cantante a la libertad de expresi?n.
Anteriormente, en 2016, el TC hab?a enmendado la decisi?n de la Sala presidida por Marchena con respecto a un juez de Sevilla, Francisco Serrano, quien hab?a sido inhabilitado durante 10 a?os por el alto tribunal por modificar el turno de custodia de un menor para permitir que acudiera con su padre a una procesi?n durante la Semana Santa de la capital hispalense. En ese momento el actual presidente del TC era a?n miembro de la Sala de lo Penal del Supremo.
Otro varapalo hist?rico del ?rgano constitucional al Supremo se remonta a muchos a?os antes, 1999, cuando tras cuatro meses de deliberaciones, una sentencia del Constitucional orden? la puesta en libertad de los 22 miembros de la antigua Mesa Nacional de Herri Batasuna, que hab?an sido condenados por el Supremo por un delito de colaboraci?n con banda armada cometido al difundir un v?deo de ETA durante la campa?a electoral de los comicios generales de 1996.
En otros casos, sin embargo, las decisiones de ambos ?rganos en materia penal han ido de la mano, como ocurri? con la denominada 'doctrina parot', que fue sancionada finalmente por el Tribunal*Europeo de Derechos Humanos en octubre de 2013. Se dictamin? entonces por la Corte de Estrasburgo que la justicia Espa?ola hab?a violado los derechos de una miembro de ETA,*Inés del R?o, al prolongar su condena mediante la mencionada doctrina cuando ten?a fijada ya una fecha de excarcelaci?n. Esta decisi?n supuso la excarcelaci?n de varias decenas de condenados por terrorismo.
أكثر... (https://www.sport.es/es/noticias/nacional/ultimas-decisiones-tc-reeditan-pugna-97163141)
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También han permitido rememorar la pugna que mantienen el presidente del Constitucional, C?ndido Conde-Pumpido (https://www.sport.es/es/temas/candido-conde-pumpido-1843420), y el presidente de la Sala Segunda, Manuel Marchena, desde que ambos optaron a la presidencia de la Sala de lo Penal del Supremo y acab? siendo elegido el segundo, una circunstancia que les oblig? a compartir durante un tiempo deliberaciones. Seg?n fuentes jur?dicas consultadas por EL PERI?DICO, en esos debates sol?a quedar patente la tensi?n existente entre ambos. No obstante, al preguntar a su entorno por su mala relaci?n se niega la mayor y se asegura que "cada uno cumple su funci?n", que en el caso de Conde-Pumpido pasa por "resolver recursos de amparo, que la mayor parte de las veces afectan a ?rganos jurisdiccionales. Sin excepciones", agregan.
Desde el Constitucional se niega incluso que exista malestar en el Supremo por sus resoluciones, salvo que sea "ficticio o individual". Recuerdan que "desde la creaci?n del tribunal Constitucional, hace m?s de 40 a?os, ha dictado numeros?simas sentencias estimando amparos por vulneraci?n de derechos fundamentales (que es su funci?n) contra sentencias de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, lo que es consecuencia del funcionamiento normal del sistema constitucional. La primera fue en 1981, convirtiendo una sentencia condenatoria en absolutoria, por aplicaci?n de la presunci?n de inocencia", apuntan.
No obstante, desde el Supremo se advierte del contenido de las resoluciones que han amparado a Rodr?guez y a Otegi. Sobre todo la primera, porque declara que el tribunal que supone la c?spide de la justicia espa?ola y cuyo criterio deben seguir todos los juzgados y tribunales incumpli? el principio de legalidad, al mantener una pena de inhabilitaci?n accesoria con una mera multa de 45 d?as. Consideran que ese tipo de resoluciones no respeta la separaci?n de funciones que fij? la propia Constituci?n, en la que encarg? al ?rgano de garant?as evitar las vulneraciones de derechos fundamentales y no enmendarle la plana al Supremo.
Desde el Constitucional, en cambio, la versi?n es diametralmente opuesta. Destacan que "no se ha modificado ninguna condena, simplemente se excluy? del fallo la referencia a la pena de prisi?n de un mes y 15 d?as, que no existe legalmente, puesto que la pena m?nima de prisi?n es de tres meses, pero dejando vigente la condena definitiva que impuso el propio Supremo, que era la pena de multa, tras la sustituci?n legalmente obligada". No dudan de que se vulner? el principio de legalidad al suponer para Rodr?guez la pérdida de su esca?o por un delito cometido seis a?os antes.
A?aden que en el caso Bateragune también se mantiene la condena del Supremo, pero "la repetici?n de un juicio m?s de 15 a?os después de los hechos, y cuando las condenas ya estaban ?ntegramente cumplidas, constituye una vulneraci?n del 'non bis in ?dem procesal'”. Las fuentes muestran incluso su sorpresa porque cuatro de sus compa?eros se hayan opuesto a declararlo y compartan el criterio que sigui? en su d?a el Supremo, en clara referencia a los de sensibilidad conservadora que terminan plasmando su discrepancia con la mayor?a en votos particulares.
Otros episodios
Con independencia de lo ocurrido esta semana, en 2021 también se vivi? un tenso episodio, que evidenci? la diferencia de criterios entre el Tribunal Supremo y el ya entonces miembro del ?rgano de garant?as y exfiscal general del Estado Conde-Pumpido. Fue el que se produjo a cuenta de la sentencia que deb?a validar o no el recurso de los condenados por el asalto al Parlament. La ponencia del entonces magistrado raso del Constitucional se apoyaba en un cambio de criterio de la propia Fiscal?a para instar su absoluci?n, si bien su postura no prosper? y finalmente las condenas fueron confirmadas.
Otra de las correcciones m?s sonadas a las tesis del Supremo tuvo lugar un a?o antes, en febrero de 2020, cuando el Constitucional se puso del lado del cantante de Def con Dos, César Strawberry,*y anul? la pena de un a?o de prisi?n que le hab?a impuesto la Sala de lo Penal del Supremo por enaltecimiento del terrorismo por varios mensajes polémicos que el artista public? en la red entonces llamada Twitter. A diferencia de lo se?alado por el Supremo en una sentencia con ponencia del propio Marchena -que hab?a dejado sin efecto la absoluci?n inicial dictada por la Audiencia Nacional-*todos los magistrados del Constitucional menos uno vieron en su condena una vulneraci?n del derecho del cantante a la libertad de expresi?n.
Anteriormente, en 2016, el TC hab?a enmendado la decisi?n de la Sala presidida por Marchena con respecto a un juez de Sevilla, Francisco Serrano, quien hab?a sido inhabilitado durante 10 a?os por el alto tribunal por modificar el turno de custodia de un menor para permitir que acudiera con su padre a una procesi?n durante la Semana Santa de la capital hispalense. En ese momento el actual presidente del TC era a?n miembro de la Sala de lo Penal del Supremo.
Otro varapalo hist?rico del ?rgano constitucional al Supremo se remonta a muchos a?os antes, 1999, cuando tras cuatro meses de deliberaciones, una sentencia del Constitucional orden? la puesta en libertad de los 22 miembros de la antigua Mesa Nacional de Herri Batasuna, que hab?an sido condenados por el Supremo por un delito de colaboraci?n con banda armada cometido al difundir un v?deo de ETA durante la campa?a electoral de los comicios generales de 1996.
En otros casos, sin embargo, las decisiones de ambos ?rganos en materia penal han ido de la mano, como ocurri? con la denominada 'doctrina parot', que fue sancionada finalmente por el Tribunal*Europeo de Derechos Humanos en octubre de 2013. Se dictamin? entonces por la Corte de Estrasburgo que la justicia Espa?ola hab?a violado los derechos de una miembro de ETA,*Inés del R?o, al prolongar su condena mediante la mencionada doctrina cuando ten?a fijada ya una fecha de excarcelaci?n. Esta decisi?n supuso la excarcelaci?n de varias decenas de condenados por terrorismo.
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