الريــم
01-08-2024, 05:30 PM
La Fiscal?a ante el Tribunal Constitucional considera que los recursos de amparo presentados por los condenados por los ERE de Andaluc?a s?lo deben ser considerados en lo referente a algunos delitos de prevaricaci?n, una postura que de prosperar afectar? negativamente a los condenados a penas de prisi?n por malversaci?n, entre los que se encuentra el expresidente José Antonio Gri??n (https://www.sport.es/es/temas/jose-antonio-grinan-1841263). En su caso, la ejecuci?n de la condena de seis a?os de c?rcel que confirm? el Tribunal Supremo fue suspendida el pasado verano por un plazo de cinco a?os, debido al c?ncer de pr?stata que padece.
La representaci?n del Ministerio P?blico (https://www.epe.es/es/investigacion/20240108/fiscalia-tc-desoye-alegaciones-malversacion-ere-andalucia-recursos-amparo-96657811) ante el tribunal de garant?as ha hecho p?blicas este lunes sus alegaciones a los doce recursos de amparo promovidos por otros tantos condenados, si bien apoya ?nicamente los motivos basados en la invocaci?n del principio de legalidad penal (art?culo 25 de la Constituci?n) frente a la calificaci?n como delito de prevaricaci?n --como la que se impuso al también expresidente Manuel Chaves- de las conductas consistentes en la elaboraci?n y aprobaci?n de los sucesivos anteproyectos de Ley de Presupuestos de la Comunidad Aut?noma de Andaluc?a y su remisi?n al Parlamento andaluz.
Esta Fiscal?a entiende que la subsunci?n de dichas conductas en el tipo penal de prevaricaci?n del art?culo 404 del C?digo Penal, mediante su consideraci?n como resoluciones adoptadas en asunto administrativo, "excede el tenor literal" de dicha noma penal.
Acepta que se anulen algunas prevaricaciones
En concreto, el Fiscal ante el Tribunal Constitucional expone en sus alegaciones que la consideraci?n como delito de prevaricaci?n del ejercicio de la iniciativa legislativa presupondr?a introducir un control de la jurisdicci?n penal respecto de la forma e incluso el contenido de la labor legislativa que la jurisprudencia rechaza ejercer.
De ah? que el razonamiento judicial conduzca a una consecuencia incompatible con los principios constitucionales de separaci?n de poderes y autonom?a parlamentaria, y también, desde la misma perspectiva del principio de legalidad penal, con los principios de intervenci?n m?nima y ?ltima ratio que delimitan el marco constitucional de aplicaci?n del Derecho Penal.
De este modo, la eventual estimaci?n de este motivo de amparo debe limitarse, a juicio de la Fiscal?a, a la revisi?n de las penas impuestas por el delito continuado de prevaricaci?n (https://www.sport.es/es/temas/prevaricacion-1836335) en relaci?n con la elaboraci?n y aprobaci?n de los anteproyectos de ley.
A estos efectos hay que tener en cuenta que, en el caso de los doce condenados, la pena que se les impuso abarcaba también elaboraci?n y aprobaci?n de modificaciones presupuestarias para las que eran competentes el Consejo de Gobierno de la Comunidad Aut?noma o sus consejeros.
Desestimaci?n de otros motivos
La Fiscal?a entiende que el resto de los motivos de amparo han de ser desestimados, ya que las sentencias impugnadas no incurren en las vulneraciones que alegan los demandantes. En términos legales, se trata de los argumentos de las defensas que combaten las condenas por malversaci?n (https://www.sport.es/es/temas/malversacion-1844016), la vulneraci?n del principio de presunci?n de inocencia por inexistencia de una prueba de cargo suficiente para la condena, o que alegan la insuficiencia o irracionalidad de la fundamentaci?n f?ctica o jur?dica de las sentencias de instancia y casaci?n.
El Supremo confirm? en el verano del 2022 condenas de los ERE en esta llamada pieza pol?tica, que juzga el procedimiento por el que la Junta de Andaluc?a reparti? al menos 680 millones desde 2000 a 2009 de forma discrecional, arbitraria y sin cumplir los controles legales del reparto de subvenciones.
El expresidente Manuel Chaves y el exconsejero de Presidencia Gaspar Zarr?as, la exconsejera de Hacienda Magdalena ?lvarez y su exviceconsejero Rafael Salgueiro fueron condenados por prevaricaci?n a penas de inhabilitaci?n, junto a Antonio Vicente Lozano, ex director general de Presupuestos; y Jacinto Ca?ete, ex director general de IDEA, ente p?blico que libraba los pagos de los ERE.
Al margen de estas penas de inhabilitaci?n, otros ocho condenados deb?an entrar en prisi?n condenados por malversaci?n, adem?s del expresidente andaluz José Antonio Gri??n, aunque finalmente s?lo lo hicieron seis.
Los condenados por malversaci?n fueron cuatro consejeros: Antonio Fern?ndez, de Empleo (7 a?os y 11 meses de c?rcel); José Antonio Viera, también de Empleo (7 a?os y 1 d?a); Carmen Mart?nez Aguayo, de Hacienda (6 a?os y 2 d?as); y Francisco Vallejo, de Innovaci?n (7 a?os y 1 d?a). Agust?n Barber?, exviceconsejero de Empleo (7 a?os y 1 d?a); Jes?s Mar?a Rodr?guez, exviceconsejero de Innovaci?n (6 a?os y 2 d?as); Juan M?rquez, ex director general de Trabajo (al que se reduce el castigo a 3 a?os de encierro); Miguel ?ngel Serrano, ex director general de IFA/IDEA (6 a?os y 6 meses), completan esta lista.
أكثر... (https://www.sport.es/es/noticias/nacional/fiscalia-constitucional-alegaciones-caso-ere-andalucia-96660133)
La representaci?n del Ministerio P?blico (https://www.epe.es/es/investigacion/20240108/fiscalia-tc-desoye-alegaciones-malversacion-ere-andalucia-recursos-amparo-96657811) ante el tribunal de garant?as ha hecho p?blicas este lunes sus alegaciones a los doce recursos de amparo promovidos por otros tantos condenados, si bien apoya ?nicamente los motivos basados en la invocaci?n del principio de legalidad penal (art?culo 25 de la Constituci?n) frente a la calificaci?n como delito de prevaricaci?n --como la que se impuso al también expresidente Manuel Chaves- de las conductas consistentes en la elaboraci?n y aprobaci?n de los sucesivos anteproyectos de Ley de Presupuestos de la Comunidad Aut?noma de Andaluc?a y su remisi?n al Parlamento andaluz.
Esta Fiscal?a entiende que la subsunci?n de dichas conductas en el tipo penal de prevaricaci?n del art?culo 404 del C?digo Penal, mediante su consideraci?n como resoluciones adoptadas en asunto administrativo, "excede el tenor literal" de dicha noma penal.
Acepta que se anulen algunas prevaricaciones
En concreto, el Fiscal ante el Tribunal Constitucional expone en sus alegaciones que la consideraci?n como delito de prevaricaci?n del ejercicio de la iniciativa legislativa presupondr?a introducir un control de la jurisdicci?n penal respecto de la forma e incluso el contenido de la labor legislativa que la jurisprudencia rechaza ejercer.
De ah? que el razonamiento judicial conduzca a una consecuencia incompatible con los principios constitucionales de separaci?n de poderes y autonom?a parlamentaria, y también, desde la misma perspectiva del principio de legalidad penal, con los principios de intervenci?n m?nima y ?ltima ratio que delimitan el marco constitucional de aplicaci?n del Derecho Penal.
De este modo, la eventual estimaci?n de este motivo de amparo debe limitarse, a juicio de la Fiscal?a, a la revisi?n de las penas impuestas por el delito continuado de prevaricaci?n (https://www.sport.es/es/temas/prevaricacion-1836335) en relaci?n con la elaboraci?n y aprobaci?n de los anteproyectos de ley.
A estos efectos hay que tener en cuenta que, en el caso de los doce condenados, la pena que se les impuso abarcaba también elaboraci?n y aprobaci?n de modificaciones presupuestarias para las que eran competentes el Consejo de Gobierno de la Comunidad Aut?noma o sus consejeros.
Desestimaci?n de otros motivos
La Fiscal?a entiende que el resto de los motivos de amparo han de ser desestimados, ya que las sentencias impugnadas no incurren en las vulneraciones que alegan los demandantes. En términos legales, se trata de los argumentos de las defensas que combaten las condenas por malversaci?n (https://www.sport.es/es/temas/malversacion-1844016), la vulneraci?n del principio de presunci?n de inocencia por inexistencia de una prueba de cargo suficiente para la condena, o que alegan la insuficiencia o irracionalidad de la fundamentaci?n f?ctica o jur?dica de las sentencias de instancia y casaci?n.
El Supremo confirm? en el verano del 2022 condenas de los ERE en esta llamada pieza pol?tica, que juzga el procedimiento por el que la Junta de Andaluc?a reparti? al menos 680 millones desde 2000 a 2009 de forma discrecional, arbitraria y sin cumplir los controles legales del reparto de subvenciones.
El expresidente Manuel Chaves y el exconsejero de Presidencia Gaspar Zarr?as, la exconsejera de Hacienda Magdalena ?lvarez y su exviceconsejero Rafael Salgueiro fueron condenados por prevaricaci?n a penas de inhabilitaci?n, junto a Antonio Vicente Lozano, ex director general de Presupuestos; y Jacinto Ca?ete, ex director general de IDEA, ente p?blico que libraba los pagos de los ERE.
Al margen de estas penas de inhabilitaci?n, otros ocho condenados deb?an entrar en prisi?n condenados por malversaci?n, adem?s del expresidente andaluz José Antonio Gri??n, aunque finalmente s?lo lo hicieron seis.
Los condenados por malversaci?n fueron cuatro consejeros: Antonio Fern?ndez, de Empleo (7 a?os y 11 meses de c?rcel); José Antonio Viera, también de Empleo (7 a?os y 1 d?a); Carmen Mart?nez Aguayo, de Hacienda (6 a?os y 2 d?as); y Francisco Vallejo, de Innovaci?n (7 a?os y 1 d?a). Agust?n Barber?, exviceconsejero de Empleo (7 a?os y 1 d?a); Jes?s Mar?a Rodr?guez, exviceconsejero de Innovaci?n (6 a?os y 2 d?as); Juan M?rquez, ex director general de Trabajo (al que se reduce el castigo a 3 a?os de encierro); Miguel ?ngel Serrano, ex director general de IFA/IDEA (6 a?os y 6 meses), completan esta lista.
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