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مشاهدة النسخة كاملة : Las v?ctimas de la talidomida llevan al Supremo la ?ltima concesi?n de ayudas: "Estam


الريــم
11-28-2023, 11:10 AM
Espa?a es el pa?s donde m?s se ceb? la tragedia de la talidomida, un medicamento para combatir nauseas y mareos en las embarazadas que circul? sin control alguno en nuestro pa?s desde 1950 hasta 1985 y que produjo malformaciones durante el proceso de gestaci?n a cientos de ni?os. El Estado ha ido estableciendo en las ?ltimas décadas diferentes compensaciones para las v?ctimas pero el ?ltimo Real Decreto, aprobado por el Consejo de Ministros el pasado mes de julio, contiene contradicciones que dejan fuera a muchos de los afectados.

Por esta raz?n, la asociaci?n de v?ctimas AVITE ha recurrido ante el Tribunal Supremo varios art?culos del Real Decreto 574/2023 que establece ayudas econ?micas para 130 v?ctimas del uso del medicamento. Se deja fuera a muchos afectados y adem?s, los 15 que ya han podido cobrar se han encontrado con la sorpresa de que Hacienda les ha retenido un 47 por ciento de la ayuda al cosiderarla rendimiento de trabajo, seg?n explica a EL PERI?DICO DE ESPA?A (https://www.epe.es/es/sanidad/20231128/victimas-talidomida-recurren-tribunal-supremo-ultimo-real-decreto-ayudas-95051298), del grupo Prensa Ibérica, el abogado de la asociaci?n, Ignacio Mart?nez.

"Estamos en un desamparo absoluto", apunta por su parte a este diario el vicepresidente de la Asociaci?n de V?ctimas de la Talidomida (AVITE), Rafael Basterrechea.

El silencio del franquismo

El recurso ha comenzado a tramitarse por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo el pasado 3 de octubre -tras un una demanda previa presentada ante la Audiencia Nacional de la que posteriormente se desisti? al no corresponder la competencia a dicho ?rgano-.

Tras la publicaci?n de la demanda en el BOE, la Sala dio el primer impulso a este asunto la semana pasada, cuando solicit? los expedientes administrativos. Los Servicios Jur?dicos del Estado deber?n ahora presentar sus alegaciones para que los magistrados estudien las posturas de ambas partes y puedan resolver.

Fue a partir de 1961 cuando se tuvo constancia de que el f?rmaco, de la compa??a farmacéutica alemana Grünenthal, provocaba graves malformaciones. El Gobierno busca hacer justicia con los afectados en Espa?a, uno de los pa?ses que m?s ha tardado en prestarles apoyo, dado que el franquismo silenci? el asunto, opt? por no actuar frente a las farmacéuticas y neg? que el medicamento se hubiera utilizado en Espa?a, a pesar de que posteriormente se ha reconocido su comercializaci?n y prescripci?n al menos entre 1959 y 1965. Seg?n los afectados, se estuvo vendiendo hasta 1978.

Desamparo legal

El paso dado ahora por AVITE, explica Basterrechea, responde a que los afectados no est?n de acuerdo en dos puntos del Real Decreto. "Por un lado, se pide a los socios que presenten un certificado de estar inscritos en el registro estatal de enfermedades raras en funci?n del resultado positivo emitido por el comité cient?fico-técnico de la talidomida, que muchos de nuestros socios, cerca de doscientas personas, no van a poder presentar porque directamente no lo tienen y eso los deja en un desamparo legal absoluto", se?ala, sobre la primera de las cuestiones recurridas.

"Nos descuentan lo que percibimos en unas ayudas de 2010 cuando la ley y el propio real decreto dicen precisamente todo lo contrario", se?ala AVITE







Por otro lado, AVITE también ha impugnado otro art?culo de la norma que permite descuentos en lo ya percibido en unas ayudas de 2010, cuando la ley y el propio real decreto dicen precisamente todo lo contrario, que era una cuant?a complementaria a la recepci?n de esas ayudas".

Demanda ante el Supremo

Seg?n reza el recurso, determinados art?culos del Real Decreto resultan contrarios a derecho y causan indefensi?n en las v?ctimas, por lo que se pide al Supremo su anulaci?n. La demanda advierte que tal y como est?n redactados estos preceptos quedan fuera quienes ya recibieron jubilaciones anticipadas en virtud de una norma de 2009, las resoluciones del IMSERSO de 2010 y también otros beneficiados por una regulaci?n espec?fica en Andaluc?a.

En clave jur?dica, la demanda advierte que el Real Decerto contiene una "contradicci?n palmaria", pues por un lado se se?ala que las ayudas ser?n compatibles con cualquier pensi?n p?blica a la que la persona beneficiaria tuviera derecho y sin embargo, en otro punto del mismo art?culo (el n?mero 3 de la norma aprobada) se dice justamente lo contrario. "Se ha dictado una norma que en la pr?ctica restringe enormemente la condici?n de v?ctima de la talidomida en nuestro pa?s, y adem?s de una forma contraria a derecho", subraya el escrito al que ha tenido acceso este diario.

El abogado también advierte en su recurso que de los antecedentes hist?ricos y legislativos no se deduce que ahora la voluntad del legislador sea la de establecer una regulaci?n ajena a toda la anterior, ni tampoco un procedimiento de valoraci?n ex novo que ignore los reconocimientos y valoraciones positivos anteriores.

Para concluir, se subraya "lo inadmisible para el Estado de que oficialmente una persona sea afectada por la talidomida y al mismo tiempo no lo sea; y lo inadmisible para el afectado de que ese Estado ignore por completo las consecuencias que se derivan de que antes le haya reconocido oficialmente como v?ctima de la talidomida."

Colectivo desfavorecido

A?ade el vicepresidente de AVITE, como "algo sangrante", que hayan empezado a llegar las resoluciones a los positivos y se les ejecute un descuento del 47% en concepto del impuesto de la renta de las personas f?sicas sobre el trabajo. "O sea, nos meten como un m?ximo gravamen fiscal. Un ejemplo: una persona que, sobre el papel, ten?a que cobrar un mill?n de euros, le descontar?an 470.000 y va a cobrar 530.000", lamenta.

Rafael Basterrechea insiste en la indignaci?n que siente AVITE. "Este es el Gobierno de lo social que se dedica a gravar fiscalmente a uno de los colectivos m?s desfavorecidos que pueda existir en Espa?a y vamos a impugnar esto por la v?a administrativa y, si es necesario, por la judicial porque ning?n colectivo paga IRPF. Y en la ley de exenci?n del IRPF est?n, por ejemplo, las v?ctimas del terrorismo, las v?ctimas del VIH, de la colza, de la hepatitis C, etc. Una serie de personas sobre las que el Estado no tiene una responsabilidad directa y, sin embargo, no les grava con el IRPF y, sin embargo, a las v?ctimas de la talidomida, que uno de los responsables directos es la propia Administraci?n, sea por dejadez o negligencia, nos grava con fiscalidad del 47%".



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