الريــم
11-24-2023, 11:40 AM
El Grupo Parlamentario de Sumar se querellar? este viernes ante el Tribunal Supremo por un delito de prevaricaci?n administrativa contra el presidente suplente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Vicente Guilarte, y los ocho vocales nombrados en su d?a a propuesta del PP que votaron una declaraci?n institucional del ?rgano de gobierno de los jueces contraria a la ley de amnist?a, cuya tramitaci?n parlamentaria acaba de comenzar.
En su querella, a la que ha tenido acceso El Peri?dico de Catalu?a, del Grupo Prensa Ibérica, se destaca que su iniciativa contra una "disposici?n legal que ni siquiera exist?a en el momento de su adopci?n (...) descalifica e imputa conductas grav?simas al (entonces) presidente del Gobierno en funciones, que podr?an ser calificadas como desconsideraci?n entre instituciones, contradiciendo lo que el CGPJ exige en sus resoluciones previas respecto del Poder Judicial, e incluye afirmaciones de extrema gravedad ajenas a su naturaleza jur?dica y que convierten el acuerdo en una actuaci?n de cr?tica pol?tica partidista, desbordando de forma deliberada la naturaleza del ?rgano y del acto administrativo del acuerdo".
Tras destacar que el propio acuerdo admite su falta de competencia y que el vocal nombrado a propuesta del PSOE ?lvaro Cuesta decidi? por ello no participar en la sesi?n, aunque no le secundara ning?n otro vocal de una sensibilidad u otra, la querella reproduce las frase que entiende m?s graves de la declaraci?n aprobada, entre las que figuran las que atribuyen a Pedro S?nchez un interés personal en la amnist?a para conseguir los votos de Junts per Catalunya.
En su opini?n, "el acuerdo institucional adoptado (...) se arroga la labor de interpretaci?n de la Constituci?n, que s?lo corresponde al Tribunal Constitucional" y "pretende influir en la opini?n p?blica, en la actividad judicial y en el desarrollo de un proceso pol?tico leg?timo que debe conducir, en su caso, a la investidura del nuevo presidente del Gobierno", lo que vulnera la separaci?n de poderes, que "los querellados afirman defender".
Ilegal y arbitraria
De ah? que la formaci?n liderada por Yolanda D?az considere que la "actuaci?n de los vocales querellados" fue "ilegal, arbitraria y -dicho sea con el debido respeto- irresponsable, al trasladar a la ciudadan?a un mensaje apocal?ptico que s?lo puede contribuir a una mayor crispaci?n social, m?xime cuando se dota de car?cter institucional".
En su opini?n, ello es constitutivo de un delito de prevaricaci?n administrativa, recogido en el art?culo 404 del C?digo Penal y castigado con penas de inhabilitaci?n especial para empleo o cargo p?blico entre 9 y 15 a?os, porque entre sus funciones no aparece "valorar acuerdos pol?ticos o futuribles normas fuera de los informes que se regulan competencialmente".
La querella se dirige contra Vicente Guilarte y los vocales que apoyaron la declaraci?n institucional: Wenceslao Olea, Carmen Llombart, José Antonio Ballestero, Francisco Gerardo Mart?nez Trist?n, Juan Manuel Fern?ndez, Juan Mart?nez Moya, José Mar?a Mac?as Casta?o, Nuria D?az y Mar?a ?ngeles Carmona. Todos menos los dos primeros forzaron la celebraci?n del pleno, porque el reglamento del Consejo prevé su convocatoria cuando lo solicitan un m?nimo de cinco vocales, requisito que se cumpl?a sobradamente en este caso.
"Los vocales promotores y firmantes del acuerdo han actuado con una sorprendente falta de rigor jur?dico al pronunciarse acerca de una ley inexistente cuyo contenido desconoc?an; han interferido de forma palmaria y totalmente proscrita por la ley y jurisprudencia citadas en el proceso pol?tico base de la configuraci?n de gobierno; se han posicionado claramente a favor de la postura defendida por un partido pol?tico; han condicionado e influido en la opini?n jur?dica y en la p?blica, trasladando una interpretaci?n de una ley inexistente cuyo contenido y forma ignoraban, que ni siquiera les corresponde realizar y contribuyendo a la polarizaci?n, acrecentado el conflicto social por las graves e injustificables descalificaciones que dirigen al presidente del Gobierno en funciones", argumenta la querella para sostener la "palmaria arbitrariedad de la resoluci?n adoptada".
أكثر... (https://www.sport.es/es/noticias/nacional/sumar-querella-vocales-forzaron-pleno-cgpj-95026238)
En su querella, a la que ha tenido acceso El Peri?dico de Catalu?a, del Grupo Prensa Ibérica, se destaca que su iniciativa contra una "disposici?n legal que ni siquiera exist?a en el momento de su adopci?n (...) descalifica e imputa conductas grav?simas al (entonces) presidente del Gobierno en funciones, que podr?an ser calificadas como desconsideraci?n entre instituciones, contradiciendo lo que el CGPJ exige en sus resoluciones previas respecto del Poder Judicial, e incluye afirmaciones de extrema gravedad ajenas a su naturaleza jur?dica y que convierten el acuerdo en una actuaci?n de cr?tica pol?tica partidista, desbordando de forma deliberada la naturaleza del ?rgano y del acto administrativo del acuerdo".
Tras destacar que el propio acuerdo admite su falta de competencia y que el vocal nombrado a propuesta del PSOE ?lvaro Cuesta decidi? por ello no participar en la sesi?n, aunque no le secundara ning?n otro vocal de una sensibilidad u otra, la querella reproduce las frase que entiende m?s graves de la declaraci?n aprobada, entre las que figuran las que atribuyen a Pedro S?nchez un interés personal en la amnist?a para conseguir los votos de Junts per Catalunya.
En su opini?n, "el acuerdo institucional adoptado (...) se arroga la labor de interpretaci?n de la Constituci?n, que s?lo corresponde al Tribunal Constitucional" y "pretende influir en la opini?n p?blica, en la actividad judicial y en el desarrollo de un proceso pol?tico leg?timo que debe conducir, en su caso, a la investidura del nuevo presidente del Gobierno", lo que vulnera la separaci?n de poderes, que "los querellados afirman defender".
Ilegal y arbitraria
De ah? que la formaci?n liderada por Yolanda D?az considere que la "actuaci?n de los vocales querellados" fue "ilegal, arbitraria y -dicho sea con el debido respeto- irresponsable, al trasladar a la ciudadan?a un mensaje apocal?ptico que s?lo puede contribuir a una mayor crispaci?n social, m?xime cuando se dota de car?cter institucional".
En su opini?n, ello es constitutivo de un delito de prevaricaci?n administrativa, recogido en el art?culo 404 del C?digo Penal y castigado con penas de inhabilitaci?n especial para empleo o cargo p?blico entre 9 y 15 a?os, porque entre sus funciones no aparece "valorar acuerdos pol?ticos o futuribles normas fuera de los informes que se regulan competencialmente".
La querella se dirige contra Vicente Guilarte y los vocales que apoyaron la declaraci?n institucional: Wenceslao Olea, Carmen Llombart, José Antonio Ballestero, Francisco Gerardo Mart?nez Trist?n, Juan Manuel Fern?ndez, Juan Mart?nez Moya, José Mar?a Mac?as Casta?o, Nuria D?az y Mar?a ?ngeles Carmona. Todos menos los dos primeros forzaron la celebraci?n del pleno, porque el reglamento del Consejo prevé su convocatoria cuando lo solicitan un m?nimo de cinco vocales, requisito que se cumpl?a sobradamente en este caso.
"Los vocales promotores y firmantes del acuerdo han actuado con una sorprendente falta de rigor jur?dico al pronunciarse acerca de una ley inexistente cuyo contenido desconoc?an; han interferido de forma palmaria y totalmente proscrita por la ley y jurisprudencia citadas en el proceso pol?tico base de la configuraci?n de gobierno; se han posicionado claramente a favor de la postura defendida por un partido pol?tico; han condicionado e influido en la opini?n jur?dica y en la p?blica, trasladando una interpretaci?n de una ley inexistente cuyo contenido y forma ignoraban, que ni siquiera les corresponde realizar y contribuyendo a la polarizaci?n, acrecentado el conflicto social por las graves e injustificables descalificaciones que dirigen al presidente del Gobierno en funciones", argumenta la querella para sostener la "palmaria arbitrariedad de la resoluci?n adoptada".
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