الريــم
11-17-2023, 03:20 PM
La consejera del Tribunal de Cuentas Elena Hern?ez, encargada de juzgar la responsabilidad contable del 1-O y de la acci?n exterior del Govern, ha anunciado que se pronunciar? por escrito sobre la petici?n de los nueve demandados de Esquerra, entre los que est? el propio Oriol Junqueras, de suspender el procedimiento por la presentaci?n de la ley de amnist?a en el Congreso. Lo que no suspender? es la vista de celebraci?n de prueba prevista para este viernes, en la que estaba citado el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont como demandado, aunque no lo har?, al haberse rechazado hacerlo por videoconferencia. Su abogado, Gonzalo Boye, afirm? que hab?a esperado "hasta el ?ltimo momento" a poder venir en persona por la amnist?a.
La vista comenz? con la petici?n de suspensi?n de ERC y con la ausencia de Puigdemont, respecto a la que el fiscal jefe del Tribunal de Cuentas, Manuel Mart?n-Granizo, dijo que era p?blico y notorio por qué no hab?a comparecido, ya que est? declarado en rebeld?a en la causa del 'procés' seguida en el Tribunal Supremo, pero que no se le pod?a multar por no haber comparecido, como prevé la ley de enjuiciamiento civil, porque no hab?a sido apercibido de que podr?a serlo en caso de incomparecencia.
Para defender la posiblidad, rechazada por la consejera, de que declarara por videoconferencia, Gonzalo Boye lleg? a afirmar que "Puigdemont no ha sabido hasta el ?ltimo momento que no podr?a venir, por si se aplicaba la ley", en referencia a la de la amnist?a. La declaraci?n por videoconferencia fue pedida por varios demandados, entre ellos, el exconseller Llu?s Puig.
Y ello, pese a que la proposici?n de ley solo ha sido presentada en el Congreso ni siquiera ha sido admitida por la Mesa de la C?mara, como record? uno de las defensas, que pidi? a la magistrada que su decisi?n sobre la suspensi?n de la vista, aunque pueda ser aceptada por econom?a procesal, haga que "en unos a?os estén orgullosos" de la decisi?n adoptada. La acusaci?n que ejerce Sociedad Civil Catalana y la fiscal?a se opusieron a la suspensi?n. Mart?n-Granizo record? que la presentaci?n de una proposici?n de ley no se encuentra entre las causas previstas para ello en la ley de enjuiciamiento civil.
Plazo para conclusiones
La consejera anunci? que una vez que se pronuncie sobre la suspensi?n del procedimiento solicitado, dar? en su caso un plazo a las acusaciones para presentar sus conclusiones. También debe a?n resolver los recursos de reposici?n presentados contra la negativa a que Puigdemont declare por videoconferencia, pese a lo que improbable que es que lo declare, sobre todo una ve que decidi? seguir adelante con la vista de realizaci?n de pruebas.
Ello supuso empezar a escuchar a los testigos. La primera en hacerlo fue la interventora general del Estado, Mar?a Luisa Lamela, llamada como testigo a propuesta de varios demandados, entre ellos Puigdemont, cuyo abogado le pregunt? si el expresidente catal?n firmaba los gastos de la Generalitat cuando los control? el Estado, en el oto?o de de 2017. La testigo respondi? que lo que hac?a el Estado era pagar directamente a los acreedores de la Generalitat, seg?n llegaban firmados por la interventora general de la Generalitat, pero que entre sus competencias no estaba analizar esos gastos y tampoco tendr?a capacidad para hacerlo.
El abogado le pregunt? si el entonces ministro de Hacienda, Crist?bal Montoro (https://www.sport.es/es/temas/cristobal-montoro-1906913), ment?a al decir que ni un euro de Catalu?a se destinar?a al referéndum ilegal del 1-O. La pregunta fue declarada impertinente por la consejera, porque la testigo no hab?a venido a dar su opini?n, sino a declarar sobre lo que supiera. También rechaz? la pregunta relativa al Juzgado Central de Instrucci?n n?mero 3, cuya titular fue Carmen Lamela, que es su hermana.
También declararon el hombre de las cajas catalanas en el Diplocat y un profesor que firm? un acuerdo con la Generalitat, incluido entre los gastos supuestamente indebidos en los que han podido incurrir los 35 encausados por los que Sociedad Civil Catalana reclama m?s de cinco millones de euros y la fiscal?a, 3,1 millones.
أكثر... (https://www.sport.es/es/noticias/nacional/abogado-puigdemont-dice-ultimo-momento-94750811)
La vista comenz? con la petici?n de suspensi?n de ERC y con la ausencia de Puigdemont, respecto a la que el fiscal jefe del Tribunal de Cuentas, Manuel Mart?n-Granizo, dijo que era p?blico y notorio por qué no hab?a comparecido, ya que est? declarado en rebeld?a en la causa del 'procés' seguida en el Tribunal Supremo, pero que no se le pod?a multar por no haber comparecido, como prevé la ley de enjuiciamiento civil, porque no hab?a sido apercibido de que podr?a serlo en caso de incomparecencia.
Para defender la posiblidad, rechazada por la consejera, de que declarara por videoconferencia, Gonzalo Boye lleg? a afirmar que "Puigdemont no ha sabido hasta el ?ltimo momento que no podr?a venir, por si se aplicaba la ley", en referencia a la de la amnist?a. La declaraci?n por videoconferencia fue pedida por varios demandados, entre ellos, el exconseller Llu?s Puig.
Y ello, pese a que la proposici?n de ley solo ha sido presentada en el Congreso ni siquiera ha sido admitida por la Mesa de la C?mara, como record? uno de las defensas, que pidi? a la magistrada que su decisi?n sobre la suspensi?n de la vista, aunque pueda ser aceptada por econom?a procesal, haga que "en unos a?os estén orgullosos" de la decisi?n adoptada. La acusaci?n que ejerce Sociedad Civil Catalana y la fiscal?a se opusieron a la suspensi?n. Mart?n-Granizo record? que la presentaci?n de una proposici?n de ley no se encuentra entre las causas previstas para ello en la ley de enjuiciamiento civil.
Plazo para conclusiones
La consejera anunci? que una vez que se pronuncie sobre la suspensi?n del procedimiento solicitado, dar? en su caso un plazo a las acusaciones para presentar sus conclusiones. También debe a?n resolver los recursos de reposici?n presentados contra la negativa a que Puigdemont declare por videoconferencia, pese a lo que improbable que es que lo declare, sobre todo una ve que decidi? seguir adelante con la vista de realizaci?n de pruebas.
Ello supuso empezar a escuchar a los testigos. La primera en hacerlo fue la interventora general del Estado, Mar?a Luisa Lamela, llamada como testigo a propuesta de varios demandados, entre ellos Puigdemont, cuyo abogado le pregunt? si el expresidente catal?n firmaba los gastos de la Generalitat cuando los control? el Estado, en el oto?o de de 2017. La testigo respondi? que lo que hac?a el Estado era pagar directamente a los acreedores de la Generalitat, seg?n llegaban firmados por la interventora general de la Generalitat, pero que entre sus competencias no estaba analizar esos gastos y tampoco tendr?a capacidad para hacerlo.
El abogado le pregunt? si el entonces ministro de Hacienda, Crist?bal Montoro (https://www.sport.es/es/temas/cristobal-montoro-1906913), ment?a al decir que ni un euro de Catalu?a se destinar?a al referéndum ilegal del 1-O. La pregunta fue declarada impertinente por la consejera, porque la testigo no hab?a venido a dar su opini?n, sino a declarar sobre lo que supiera. También rechaz? la pregunta relativa al Juzgado Central de Instrucci?n n?mero 3, cuya titular fue Carmen Lamela, que es su hermana.
También declararon el hombre de las cajas catalanas en el Diplocat y un profesor que firm? un acuerdo con la Generalitat, incluido entre los gastos supuestamente indebidos en los que han podido incurrir los 35 encausados por los que Sociedad Civil Catalana reclama m?s de cinco millones de euros y la fiscal?a, 3,1 millones.
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