الريــم
10-22-2023, 10:12 AM
Si alguien se pregunta c?mo puede resultar la m?s que probable convivencia -una vez que se formalice la investidura de Pedro S?nchez- entre partidos tan alejados pol?ticamente como Junts per Catalunya y el Partido Nacionalista Vasco (PNV), por un lado, que se sit?an en un espacio econ?mico de centroderecha y, por otro lado, Sumar, ERC e incluso Bildu, que ocupan un espectro que va desde la izquierda del PSOE hasta posiciones m?s radicales, la respuesta es tan vieja como el inicio del mundo: depende del dinero.
Fuentes cercanas a estos partidos que, salvo Sumar, no tienen una visi?n estatal son muy gr?ficas en su razonamiento: "Les importa poco lo que pase en Espa?a, les preocupan sus asuntos m?s cercanos". Pero, como en todo, la verdad est? en el término medio. Desde Junts toma fuerza una corriente, heredera de la antigua Convergència de Jordi Pujol, que apuesta por cerrar un pacto de investidura con el PSOE, de tal manera que su presencia como socios, junto al PNV, sirva de freno moderador ante posibles excesos del resto de los partidos. Esta postura est? alentada adem?s por las patronales catalanas. Desde una de ellas se resalta que el mundo econ?mico "no quiere inestabilidad". "Queremos un Gobierno estable y cuanto antes", a?aden.
Desde Junts, uno de los responsables de la elaboraci?n del programa explica, amparado en el anonimato: "En el partido, el alma liberal que quiere recuperar el esp?ritu econ?mico que siempre defendi? Convergència se impuso en el Congreso de junio de 2022. Siempre con el objetivo de poner a los ciudadanos y a las empresas catalanas en primer lugar, defenderemos reducciones selectivas de impuestos, tanto del IRPF como del impuesto de sociedades, especialmente pymes".
Intervencionismo
Estas ideas b?sicas de programa econ?mico, muy de corte de centroderecha, chocan, por ejemplo, con las esbozadas por EH Bildu, m?s propias de un modelo radical de izquierdas. Aunque es la primera vez que en el partido vasco dan una cierta relevancia a las propuestas de corte econ?mico, estas tienen un eje central muy claro: intromisi?n del capital p?blico en la vida empresarial. Desde el plan de crear una nueva asociaci?n empresarial hasta la apuesta por un modelo vasco de empresa (b?sicamente, el formato de cooperativa con participaci?n de los trabajadores), pasando directamente por la idea de que a la industria la impulsen los poderes p?blicos y que estos adem?s entren en el capital, todo est? rodeado de esa idea de intervencionismo.
Pero, entonces, ?cu?nto pesan los componentes m?s ideol?gicos en las negociaciones de investidura? Poco, seg?n coinciden en se?alar las fuentes consultadas. De hecho, en Sumar explican que, "por ejemplo, el PNV es un partido conservador, frente a una posici?n m?s liberal en econom?a que tiene el PP. De hecho, el PNV defiende pol?ticas industriales que est?n bastante m?s alineadas con nosotros que con el PP".
En realidad, el terreno de juego ahora mismo no est? centrado en los asuntos ideol?gicos, sino en los monetarios. ERC, por ejemplo, est? interesada en el traspaso del servicio de Cercan?as (Rodalies) y el dinero que eso lleva consigo. Junts también demanda el traspaso de los aeropuertos de Barcelona-El Prat, Girona, Reus y Sabadell, as? como de los puertos de Barcelona y Tarragona, y defiende una pol?tica de apoyo a las pymes. Pero ambas cuestiones no suponen un punto de fricci?n con el resto de los partidos que apoyar?n, previsiblemente, al l?der socialista en la investidura.
Vivienda y trabajo
Donde pueden aparecer puntos de choque entre las formaciones que acompa?ar?an al PSOE ser?a por ejemplo en la pol?tica de vivienda, pues los partidos situados m?s a la izquierda defienden dar subvenciones directas a los beneficiarios, pero sobre todo intervenir el mercado regulando los precios, mientras que los partidos a la derecha, como en el caso de Junts, promueve un programa de avales para menores de 35 a?os para comprar la primera vivienda. Nada que ver. As?, el PSOE en su programa defiende que el parque p?blico de vivienda en alquiler llegue al 20% del total. Sumar habla de condicionar beneficios fiscales a la iniciativa privada. Tampoco nada que ver. Desde una patronal catalana se subraya que "nadie invertir? si no hay rentabilidad y adem?s no hay capacidad para cubrir las necesidades de vivienda sin contar con la iniciativa privada".
Un ejemplo claro de que las ideolog?as se hacen a un lado en estos momentos han sido las intensas negociaciones del PSOE con Coalici?n Canaria, un aliado habitual del PP, para que se incorporase al apoyo a la investidura de S?nchez. Coalici?n Canaria tach? de insuficiente la oferta del PSOE (de car?cter muy econ?mico) e incidi? en que sus aspiraciones en esta materia pasan por cogestionar los puertos y los aeropuertos canarios, revisar (al alza, evidentemente) la financiaci?n auton?mica y abordar la situaci?n migratoria.
También en el mercado de trabajo pueden aparecer choques. Fundamentalmente, los partidos del ?mbito de izquierda buscan recursos para sus pol?ticas en una fuente tan tradicional como, por ejemplo, la subida de las cotizaciones sociales a las empresas. Y ah? el PNV, muy cuidadoso con todo lo que tenga que ver con los costes laborales para las compa??as, se opondr?a. Y lo mismo pasar?a en el caso de Junts, que en su programa reclama reducir la presi?n fiscal sobre las empresas catalanas.
En esta misma l?nea hay que se?alar que Sumar apuesta por reducir la jornada laboral a 32 horas, algo a lo que se oponen frontalmente en medios econ?micos catalanes: "Si esto mismo no se hace en nuestro entorno europeo y como no miremos bien la productividad y la competitividad, nos pegaremos un tiro en el pie".
El gran problema de convivencia entre estos partidos y también entre ellos y el futuro Gobierno puede estar en los pr?ximos ajustes fiscales que debe poner en marcha el Ejecutivo. Son medidas que hay que aplicar para cumplir con el mandato de Bruselas de reducir el déficit al 3% el pr?ximo a?o y de situar la deuda p?blica por debajo del 110% para encarar la senda que, alg?n d?a, la lleve a un hoy casi ut?pico 60%.
En primer lugar, el estallido y posterior recrudecimiento del conflicto entre Israel y Palestina est? complicando un panorama econ?mico internacional que ya era incierto. El petr?leo est? en plena escalada hacia los 100 d?lares por barril, lo que significa m?s tensiones energéticas; es decir, para empezar un recibo de la luz m?s caro para los hogares, teniendo en cuenta adem?s que la guerra entre Ucrania y Rusia sigue enquistada. Pero también genera distorsiones en el cumplimiento de los objetivos presentados en el Plan Presupuestario para 2024 que el Gobierno en funciones ha remitido a Bruselas y que est?n elaborados con un precio del petr?leo (Brent) de 89 d?lares, mientras que a 18 de octubre superaba los 91 d?lares. Y este elemento es clave.
Las ayudas no se tocan
El Ejecutivo en funciones ha fiado parte del cumplimiento de los nuevos objetivos de déficit a no prorrogar las ayudas anticrisis, que expiran el pr?ximo 31 de diciembre. Estas medidas, cuya pr?rroga en todo o parte matizan desde el Ejecutivo que todav?a no est? decidida, servir?an para ahorrar unos 5.000 millones al Estado en el pr?ximo Presupuesto (su impacto desde que entraron en vigor en 2021 ha sido de 21.000 millones). Se trata de ayudas vinculadas fundamentalmente a la energ?a, como la rebaja del IVA de la luz, el descenso al m?nimo del impuesto especial de la electricidad y el descuento de 20 céntimos por litro de combustible, que empez? siendo general y acab? centr?ndose en los profesionales del transporte.
El problema es que los futuros o previsibles socios de investidura han dicho p?blicamente que exigir?n que estas ayudas se mantengan. Unos porque, como se se?alaba, no les preocupa demasiado el impacto de sus peticiones en las cuentas p?blicas; otros por convencimiento de que son positivas y también como respuesta a las demandas de su electorado. Y la cuesti?n es que si el panorama se complica y Bruselas exige cumplir, el Estado no tendr? m?s remedio que decidir entre dos caminos: recortar las ayudas, lo que le generar?a un problema serio con sus socios, o incrementar los ingresos, lo que le generar?a también un problema aunque esta vez con parte de los socios. Elevar los ingresos solo puede hacerse a través de un aumento de los tipos impositivos, o directamente o a través de cotizaciones sociales. Y en ambos supuestos se podr?a generar un choque sobre todo con Junts, poco amigo de subir impuestos a ciudadanos o empresas.
Otro gran punto de fricci?n est? en la reforma de la financiaci?n auton?mica, un punto clave en el programa de Junts (no en el del PNV, puesto que el Pa?s Vasco cuenta con el concierto econ?mico). Junts reclama una modificaci?n del sistema ante lo que considera una "infrafinanciaci?n" o una "insuficiencia de recursos". Este es un choque previsible con el futuro Gobierno que, no obstante, como public? El Peri?dico de Espa?a (https://www.epe.es/es/activos/20231022/dificil-coctel-ideologias-lograr-investidura-pedro-sanchez-93585867), del grupo Prensa Ibérica, trata de evitarlo mediante la elaboraci?n de un programa que no comprometa ning?n apoyo, principalmente los de Junts y PNV, las formaciones m?s conservadoras en materia econ?mica y laboral. Para ello, los socialistas apuestan por un programa marco con medidas m?s genéricas, basadas en "profundizar" en las reformas ya iniciadas durante la pasada legislatura y con menos leyes.
Cuentas en rojo
Pero los n?meros son tozudos. Solo para 2023 las comunidades aut?nomas van a recibir 26.000 millones de euros m?s que en 2022, hasta 134.335 millones de euros, procedentes de los Presupuestos Generales del Estado. De esa cantidad, 124.291 millones son entregas a cuenta y 10.980 millones de euros son procedentes de una liquidaci?n positiva de 2021. El incremento extraordinario de la recaudaci?n de los tributos m?s importantes que se ceden parcialmente (IRPF e IVA, entre otros), sumado a los fondos europeos, propicia una avalancha de miles de millones para las autonom?as que han registrado presupuestos expansivos en la misma l?nea que los Presupuestos del Estado. También es cierto que las dos zonas que tradicionalmente reclaman déficits financieros, como son Catalu?a y la Comunidad Valenciana, son las que m?s inversi?n en términos de PIB han recibido del Ejecutivo central desde 2018. Solo en 2023, Catalu?a concentrar? el 18,4% del total de inversiones territorializadas, porcentaje superior al peso de Catalu?a sobre el PIB nacional, mientras que la Comunidad Valenciana supone el 9,3%, pr?cticamente el mismo porcentaje que pesa la econom?a valenciana medida sobre el total nacional.
La amenaza del FLA
Al cierre de 2022, seg?n el Ministerio de Hacienda, de los 185.779 millones de euros que las autonom?as deben al Estado, el 77% (tres de cada cuatro euros) lo concentran estas tres autonom?as. La m?s endeudada es Catalu?a (71.306 millones), seguida de la Comunidad Valenciana (45.932 millones) y Andaluc?a (26.136 millones). Madrid es la ?nica regi?n que no mantiene ninguna deuda con el Estado central, dejando aparte a las comunidades forales (Pa?s Vasco y Navarra) y las ciudades aut?nomas de Ceuta y Melilla.
Otro gran punto de roce, puede que no entre socios pero s? con el Gobierno, especialmente desde el lado de Junts, es el FLA, el fondo de rescate auton?mico que se puso en marcha en 2012 tras la crisis y que ahora, bajo su nuevo nombre de fondo de financiaci?n, esconde para Catalu?a una deuda de m?s de 70.000 millones que debe devolver entre el 2024 y el 2027. De hecho, el actual fondo de financiaci?n, que es una suma de los circuitos de financiaci?n auton?mica, incluyendo el FLA, muestra que Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Catalu?a siguen siendo hoy por hoy las autonom?as m?s endeudadas.
Del FLA al fondo de financiaci?n, la deuda crece
En 2012 (a?o en que se pidi? el rescate para las cajas de ahorros), la delicada situaci?n del Estado y las dificultades para encontrar financiaci?n en los mercados internacionales llev? al Gobierno, entonces presidido por Mariano Rajoy, a crear el denominado fondo de liquidez auton?mica (FLA). El FLA es un fondo de rescate para otorgar financiaci?n directa a las autonom?as fuera del circuito habitual. A él se acogieron desde el primer momento las regiones con m?s problemas para financiar sus servicios p?blicos, las cuales a su vez contaban con el mayor volumen de deuda p?blica sobre PIB. En 2012, la deuda auton?mica sobre PIB m?s alta la ten?an la Comunidad Valenciana (31,6%), Castilla-La Mancha (27,6%) y Catalu?a (27,1%), seg?n el Banco de Espa?a.
Pese a la mejora de las condiciones econ?micas, el Estado no solo mantuvo sino que incluso increment? la transferencia de fondos con la creaci?n del fondo de financiaci?n de las comunidades aut?nomas, fusionando todas las herramientas utilizadas desde 2012. La deuda de los territorios m?s endeudados, lejos de reducirse, ha seguido aumentando. Seg?n el Banco de Espa?a, al cierre de 2022, la Comunidad Valenciana (44,4% del PIB), Castilla-La Mancha y Catalu?a (33,4%) siguen siendo las regiones m?s endeudadas y, por tanto, con m?s dificultades para hacer frente a los vencimientos que en los pr?ximos a?os se producir?n tanto del FLA como del resto de facilidades otorgadas.
أكثر... (https://www.sport.es/es/noticias/nacional/dificil-coctel-ideologias-lograr-investidura-93646083)
Fuentes cercanas a estos partidos que, salvo Sumar, no tienen una visi?n estatal son muy gr?ficas en su razonamiento: "Les importa poco lo que pase en Espa?a, les preocupan sus asuntos m?s cercanos". Pero, como en todo, la verdad est? en el término medio. Desde Junts toma fuerza una corriente, heredera de la antigua Convergència de Jordi Pujol, que apuesta por cerrar un pacto de investidura con el PSOE, de tal manera que su presencia como socios, junto al PNV, sirva de freno moderador ante posibles excesos del resto de los partidos. Esta postura est? alentada adem?s por las patronales catalanas. Desde una de ellas se resalta que el mundo econ?mico "no quiere inestabilidad". "Queremos un Gobierno estable y cuanto antes", a?aden.
Desde Junts, uno de los responsables de la elaboraci?n del programa explica, amparado en el anonimato: "En el partido, el alma liberal que quiere recuperar el esp?ritu econ?mico que siempre defendi? Convergència se impuso en el Congreso de junio de 2022. Siempre con el objetivo de poner a los ciudadanos y a las empresas catalanas en primer lugar, defenderemos reducciones selectivas de impuestos, tanto del IRPF como del impuesto de sociedades, especialmente pymes".
Intervencionismo
Estas ideas b?sicas de programa econ?mico, muy de corte de centroderecha, chocan, por ejemplo, con las esbozadas por EH Bildu, m?s propias de un modelo radical de izquierdas. Aunque es la primera vez que en el partido vasco dan una cierta relevancia a las propuestas de corte econ?mico, estas tienen un eje central muy claro: intromisi?n del capital p?blico en la vida empresarial. Desde el plan de crear una nueva asociaci?n empresarial hasta la apuesta por un modelo vasco de empresa (b?sicamente, el formato de cooperativa con participaci?n de los trabajadores), pasando directamente por la idea de que a la industria la impulsen los poderes p?blicos y que estos adem?s entren en el capital, todo est? rodeado de esa idea de intervencionismo.
Pero, entonces, ?cu?nto pesan los componentes m?s ideol?gicos en las negociaciones de investidura? Poco, seg?n coinciden en se?alar las fuentes consultadas. De hecho, en Sumar explican que, "por ejemplo, el PNV es un partido conservador, frente a una posici?n m?s liberal en econom?a que tiene el PP. De hecho, el PNV defiende pol?ticas industriales que est?n bastante m?s alineadas con nosotros que con el PP".
En realidad, el terreno de juego ahora mismo no est? centrado en los asuntos ideol?gicos, sino en los monetarios. ERC, por ejemplo, est? interesada en el traspaso del servicio de Cercan?as (Rodalies) y el dinero que eso lleva consigo. Junts también demanda el traspaso de los aeropuertos de Barcelona-El Prat, Girona, Reus y Sabadell, as? como de los puertos de Barcelona y Tarragona, y defiende una pol?tica de apoyo a las pymes. Pero ambas cuestiones no suponen un punto de fricci?n con el resto de los partidos que apoyar?n, previsiblemente, al l?der socialista en la investidura.
Vivienda y trabajo
Donde pueden aparecer puntos de choque entre las formaciones que acompa?ar?an al PSOE ser?a por ejemplo en la pol?tica de vivienda, pues los partidos situados m?s a la izquierda defienden dar subvenciones directas a los beneficiarios, pero sobre todo intervenir el mercado regulando los precios, mientras que los partidos a la derecha, como en el caso de Junts, promueve un programa de avales para menores de 35 a?os para comprar la primera vivienda. Nada que ver. As?, el PSOE en su programa defiende que el parque p?blico de vivienda en alquiler llegue al 20% del total. Sumar habla de condicionar beneficios fiscales a la iniciativa privada. Tampoco nada que ver. Desde una patronal catalana se subraya que "nadie invertir? si no hay rentabilidad y adem?s no hay capacidad para cubrir las necesidades de vivienda sin contar con la iniciativa privada".
Un ejemplo claro de que las ideolog?as se hacen a un lado en estos momentos han sido las intensas negociaciones del PSOE con Coalici?n Canaria, un aliado habitual del PP, para que se incorporase al apoyo a la investidura de S?nchez. Coalici?n Canaria tach? de insuficiente la oferta del PSOE (de car?cter muy econ?mico) e incidi? en que sus aspiraciones en esta materia pasan por cogestionar los puertos y los aeropuertos canarios, revisar (al alza, evidentemente) la financiaci?n auton?mica y abordar la situaci?n migratoria.
También en el mercado de trabajo pueden aparecer choques. Fundamentalmente, los partidos del ?mbito de izquierda buscan recursos para sus pol?ticas en una fuente tan tradicional como, por ejemplo, la subida de las cotizaciones sociales a las empresas. Y ah? el PNV, muy cuidadoso con todo lo que tenga que ver con los costes laborales para las compa??as, se opondr?a. Y lo mismo pasar?a en el caso de Junts, que en su programa reclama reducir la presi?n fiscal sobre las empresas catalanas.
En esta misma l?nea hay que se?alar que Sumar apuesta por reducir la jornada laboral a 32 horas, algo a lo que se oponen frontalmente en medios econ?micos catalanes: "Si esto mismo no se hace en nuestro entorno europeo y como no miremos bien la productividad y la competitividad, nos pegaremos un tiro en el pie".
El gran problema de convivencia entre estos partidos y también entre ellos y el futuro Gobierno puede estar en los pr?ximos ajustes fiscales que debe poner en marcha el Ejecutivo. Son medidas que hay que aplicar para cumplir con el mandato de Bruselas de reducir el déficit al 3% el pr?ximo a?o y de situar la deuda p?blica por debajo del 110% para encarar la senda que, alg?n d?a, la lleve a un hoy casi ut?pico 60%.
En primer lugar, el estallido y posterior recrudecimiento del conflicto entre Israel y Palestina est? complicando un panorama econ?mico internacional que ya era incierto. El petr?leo est? en plena escalada hacia los 100 d?lares por barril, lo que significa m?s tensiones energéticas; es decir, para empezar un recibo de la luz m?s caro para los hogares, teniendo en cuenta adem?s que la guerra entre Ucrania y Rusia sigue enquistada. Pero también genera distorsiones en el cumplimiento de los objetivos presentados en el Plan Presupuestario para 2024 que el Gobierno en funciones ha remitido a Bruselas y que est?n elaborados con un precio del petr?leo (Brent) de 89 d?lares, mientras que a 18 de octubre superaba los 91 d?lares. Y este elemento es clave.
Las ayudas no se tocan
El Ejecutivo en funciones ha fiado parte del cumplimiento de los nuevos objetivos de déficit a no prorrogar las ayudas anticrisis, que expiran el pr?ximo 31 de diciembre. Estas medidas, cuya pr?rroga en todo o parte matizan desde el Ejecutivo que todav?a no est? decidida, servir?an para ahorrar unos 5.000 millones al Estado en el pr?ximo Presupuesto (su impacto desde que entraron en vigor en 2021 ha sido de 21.000 millones). Se trata de ayudas vinculadas fundamentalmente a la energ?a, como la rebaja del IVA de la luz, el descenso al m?nimo del impuesto especial de la electricidad y el descuento de 20 céntimos por litro de combustible, que empez? siendo general y acab? centr?ndose en los profesionales del transporte.
El problema es que los futuros o previsibles socios de investidura han dicho p?blicamente que exigir?n que estas ayudas se mantengan. Unos porque, como se se?alaba, no les preocupa demasiado el impacto de sus peticiones en las cuentas p?blicas; otros por convencimiento de que son positivas y también como respuesta a las demandas de su electorado. Y la cuesti?n es que si el panorama se complica y Bruselas exige cumplir, el Estado no tendr? m?s remedio que decidir entre dos caminos: recortar las ayudas, lo que le generar?a un problema serio con sus socios, o incrementar los ingresos, lo que le generar?a también un problema aunque esta vez con parte de los socios. Elevar los ingresos solo puede hacerse a través de un aumento de los tipos impositivos, o directamente o a través de cotizaciones sociales. Y en ambos supuestos se podr?a generar un choque sobre todo con Junts, poco amigo de subir impuestos a ciudadanos o empresas.
Otro gran punto de fricci?n est? en la reforma de la financiaci?n auton?mica, un punto clave en el programa de Junts (no en el del PNV, puesto que el Pa?s Vasco cuenta con el concierto econ?mico). Junts reclama una modificaci?n del sistema ante lo que considera una "infrafinanciaci?n" o una "insuficiencia de recursos". Este es un choque previsible con el futuro Gobierno que, no obstante, como public? El Peri?dico de Espa?a (https://www.epe.es/es/activos/20231022/dificil-coctel-ideologias-lograr-investidura-pedro-sanchez-93585867), del grupo Prensa Ibérica, trata de evitarlo mediante la elaboraci?n de un programa que no comprometa ning?n apoyo, principalmente los de Junts y PNV, las formaciones m?s conservadoras en materia econ?mica y laboral. Para ello, los socialistas apuestan por un programa marco con medidas m?s genéricas, basadas en "profundizar" en las reformas ya iniciadas durante la pasada legislatura y con menos leyes.
Cuentas en rojo
Pero los n?meros son tozudos. Solo para 2023 las comunidades aut?nomas van a recibir 26.000 millones de euros m?s que en 2022, hasta 134.335 millones de euros, procedentes de los Presupuestos Generales del Estado. De esa cantidad, 124.291 millones son entregas a cuenta y 10.980 millones de euros son procedentes de una liquidaci?n positiva de 2021. El incremento extraordinario de la recaudaci?n de los tributos m?s importantes que se ceden parcialmente (IRPF e IVA, entre otros), sumado a los fondos europeos, propicia una avalancha de miles de millones para las autonom?as que han registrado presupuestos expansivos en la misma l?nea que los Presupuestos del Estado. También es cierto que las dos zonas que tradicionalmente reclaman déficits financieros, como son Catalu?a y la Comunidad Valenciana, son las que m?s inversi?n en términos de PIB han recibido del Ejecutivo central desde 2018. Solo en 2023, Catalu?a concentrar? el 18,4% del total de inversiones territorializadas, porcentaje superior al peso de Catalu?a sobre el PIB nacional, mientras que la Comunidad Valenciana supone el 9,3%, pr?cticamente el mismo porcentaje que pesa la econom?a valenciana medida sobre el total nacional.
La amenaza del FLA
Al cierre de 2022, seg?n el Ministerio de Hacienda, de los 185.779 millones de euros que las autonom?as deben al Estado, el 77% (tres de cada cuatro euros) lo concentran estas tres autonom?as. La m?s endeudada es Catalu?a (71.306 millones), seguida de la Comunidad Valenciana (45.932 millones) y Andaluc?a (26.136 millones). Madrid es la ?nica regi?n que no mantiene ninguna deuda con el Estado central, dejando aparte a las comunidades forales (Pa?s Vasco y Navarra) y las ciudades aut?nomas de Ceuta y Melilla.
Otro gran punto de roce, puede que no entre socios pero s? con el Gobierno, especialmente desde el lado de Junts, es el FLA, el fondo de rescate auton?mico que se puso en marcha en 2012 tras la crisis y que ahora, bajo su nuevo nombre de fondo de financiaci?n, esconde para Catalu?a una deuda de m?s de 70.000 millones que debe devolver entre el 2024 y el 2027. De hecho, el actual fondo de financiaci?n, que es una suma de los circuitos de financiaci?n auton?mica, incluyendo el FLA, muestra que Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Catalu?a siguen siendo hoy por hoy las autonom?as m?s endeudadas.
Del FLA al fondo de financiaci?n, la deuda crece
En 2012 (a?o en que se pidi? el rescate para las cajas de ahorros), la delicada situaci?n del Estado y las dificultades para encontrar financiaci?n en los mercados internacionales llev? al Gobierno, entonces presidido por Mariano Rajoy, a crear el denominado fondo de liquidez auton?mica (FLA). El FLA es un fondo de rescate para otorgar financiaci?n directa a las autonom?as fuera del circuito habitual. A él se acogieron desde el primer momento las regiones con m?s problemas para financiar sus servicios p?blicos, las cuales a su vez contaban con el mayor volumen de deuda p?blica sobre PIB. En 2012, la deuda auton?mica sobre PIB m?s alta la ten?an la Comunidad Valenciana (31,6%), Castilla-La Mancha (27,6%) y Catalu?a (27,1%), seg?n el Banco de Espa?a.
Pese a la mejora de las condiciones econ?micas, el Estado no solo mantuvo sino que incluso increment? la transferencia de fondos con la creaci?n del fondo de financiaci?n de las comunidades aut?nomas, fusionando todas las herramientas utilizadas desde 2012. La deuda de los territorios m?s endeudados, lejos de reducirse, ha seguido aumentando. Seg?n el Banco de Espa?a, al cierre de 2022, la Comunidad Valenciana (44,4% del PIB), Castilla-La Mancha y Catalu?a (33,4%) siguen siendo las regiones m?s endeudadas y, por tanto, con m?s dificultades para hacer frente a los vencimientos que en los pr?ximos a?os se producir?n tanto del FLA como del resto de facilidades otorgadas.
أكثر... (https://www.sport.es/es/noticias/nacional/dificil-coctel-ideologias-lograr-investidura-93646083)