الريــم
10-17-2023, 09:40 AM
La reapertura por parte de una juez de Villalba (Madrid) de la investigaci?n provisionalmente sobrese?da por la muerte de una persona en una residencia durante el confinamiento por covid (https://www.sport.es/es/noticias/sociedad/covid-19-incognitas-tres-anos-84881295) ha vuelto a poner en el foco la presunta responsabilidad que desde buena parte de las m?s de 7.000 familias afectadas y varios movimientos sociales se atribuye a las decisiones adoptadas por el Ejecutivo de Isabel D?az Ayuso durante la pandemia.
En un auto con fecha del pasado 2 de octubre, pero que no trascendi? hasta finales de la pasada semana, la juez de primera instancia e instrucci?n n?mero 3 de Villalba, Mar?a Cristina Garc?a Quesada, da cuenta de un acuerdo de la Audiencia Provincial de Madrid que le obliga a dar continuidad al procedimiento respecto de tres responsables auton?micos contra quien se hab?a querellado la familia de una persona ingresada en una residencia de Sanitas en Torrelodones. La querella se present? por homicidio, lesiones imprudentes y omisi?n de socorro.
La cuesti?n es que entre los querellados se encuentra la propia presidenta auton?mica - junto a los que fueran sus consejeros Enrique L?pez y Enrique Ruiz Escudero-, lo que permite afirmar que la justicia ha dado un primer paso -aunque a?n muy incipiente-para reclamar a los responsables auton?micos por la gesti?n de las residencias de ancianos durante la pandemia.
Marea de Residencias valora positivamente la decisi?n por lo que tiene de novedosa, pues por primera vez se practica una investigaci?n en este sentido hacia aforados por omisi?n de socorro y también por primera vez se solicita documentaci?n a la Comunidad de Madrid por parte de un juez, seg?n se?ala a este diario el letrado del caso, Carlos Vila. La portavoz de Marea Carmen L?pez, llama por su parte la atenci?n de que la v?a por la que ha optado la juez de Villalba siga lo ordenado por el Tribunal Supremo en diciembre de 2020, al establecer que la averiguaci?n de cualquier responsabilidad penal correspond?a en primer término a los juzgados de instrucci?n. "Hasta ahora no lo hab?a hecho ning?n juez", a?ade en declaraciones a este diario.
Si la investigaci?n prospera -es decir, si se encuentra alg?n tipo de indicio de una conducta criminal- el Juzgado tendr?a que inhibirse en favor del Tribunal Supremo para investigar a la presidenta regional al tener la condici?n de aforada, al igual que con Enrique Ruiz Escudero, que desde julio es senador por designaci?n auton?mica.
La propia D?az Ayuso se ha apresurado a restar importancia a la decisi?n judicial y el pasado s?bado, nada m?s llegar a un viaje de promoci?n de la Comunidad en Nueva York, manifest? p?blicamente que la reapertura se ha producido ?nicamente para su "archivo definitivo". Seg?n D?az Ayuso la Audiencia Provincial s?lo pide practicar las diligencias solicitadas por la familia "para el archivo definitivo". "No tiene m?s recorrido", apostill?. En el mismo sentido se pronunciaron fuentes de Sol tras conocerse la informaci?n, apuntando a EL PERI?DICO DE ESPA?A (https://www.epe.es/es/), del grupo Prensa Ibérica, que con fecha de 16 de octubre la Comunidad de Madrid no ha recibido ninguna petici?n de documentaci?n por parte de la juez.
Diligencias acordadas
La realidad es que la orden de la Audiencia, seg?n fuentes jur?dicas consultadas, puede ser analizado como algo habitual en el caso de archivos prematuros de asuntos en los que el juez de turno afirma no ver indicios sin hacer apenas averiguaciones o acceder a las diligencias que solicitan los querellantes.
Por esta raz?n, la jueza cita ahora a declarar en calidad de testigos el pr?ximo 7 de noviembre al exconsejero de Pol?ticas Sociales Alberto Reyero (https://www.sport.es/es/noticias/sociedad/alberto-reyero-discriminacion-edad-violacion-derechos-fundamentales-76869358), al exdirector general de Coordinaci?n Sociosanitaria de la Comunidad de Madrid, Carlos Mur (https://www.sport.es/es/noticias/nacional/exalto-cargo-ayuso-apunta-ruiz-85081829) y a la exdirectora de Salud P?blica Yolanda Fuentes para aclarar su relaci?n con los protocolos de no derivaci?n de personas mayores de residencias a hospitales durante la primera ola de la pandemia.
Asimismo, pide a la Consejer?a de Sanidad que aporte al Juzgado el plan de choque, anunciado el 26 de marzo de 2020, su desarrollo, implementaci?n y recursos utilizados en el mismo; los protocolos de coordinaci?n para la atenci?n de pacientes institucionalizados en residencias de personas mayores de la Comunidad de Madrid durante la Covid-19, adoptados por la Direcci?n General de Coordinaci?n Sociosanitaria y los recursos sanitarios y Equipos de Protecci?n Individual (EPI) facilitados por la Comunidad de Madrid a las residencias desglosados por fechas.
La querella se dirig?a también contra Sanitas y una de las responsables de la residencia, a la que la juez cita nuevamente para tomarle declaraci?n como investigada, y une a las diligencias un informe pericial de una geriatra sobre el estado de la persona fallecida y otros documentos aportados por entidad sanitaria privada.
Dificultades de la justicia
Hasta el momento, la justicia penal est? encontrando muchas dificultades para encarar este tipo de denuncias de familiares. As? lo evidenci? el pasado mes de noviembre el juez de instrucci?n n?mero 38 de Madrid, Juan Antonio S?enz de San Pedro en respuesta a una denuncia realizada directamente por la Fiscal?a de Madrid por la muerte el 13 de abril de 2020 de una mujer de 95 a?os en una residencia del madrile?o barrio de Carabanchel, en pleno punto ?lgido de la pandemia, tras desarrollar en unas pocas horas una enfermedad respiratoria aguda. La causa de principal de la muerte se consign? como sospecha de covid-19.
En este caso, el juez lleg? a afirmar que, a la vista del informe pericial, "la derivaci?n o no de la paciente a un centro hospitalario en ning?n caso influy? en su fallecimiento: no lo hubiese evitado de ning?n modo". A?ad?a que aun entendiendo que pudiera haber existido un "nexo causal-natural en ning?n caso ello acreditaba que lo ocurrido fuera fruto de la dejaci?n, abandono, descuido o de absoluta impericia de los responsables del centro", por lo que no proced?a seguir con las actuaciones y acordaba su archivo. La Fiscal?a recurri? esta decisi?n.
El pasado mes de marzo, Mur apunt? a quien fuera su superior, el consejero de Sanidad Enrique Ruiz Escudero (https://www.sport.es/es/noticias/nacional/enrique-ruiz-escudero-consejero-sanidad-93423135), como conocedor y responsable de la remisi?n a los hospitales madrile?os de los denominados 'protocolos de la verguenza' que impidieron la derivaci?n de ancianos a los centros médicos durante la pandemia de covid. Lo hizo en la causa que se sustancia en el Juzgado de Instrucci?n n?mero 9 de Madrid por el caso de los protocolos de derivaci?n implementados desde la Administraci?n auton?mica madrile?a. Marea de residencias busca condenas por homicidio imprudente, denegaci?n de auxilio y prevaricaci?n.
Por su parte, organizaciones como Amnist?a Internacional Amnist?a aprovecharon el segundo aniversario de la detecci?n del primer caso de coronavirus en Espa?a, la "deficiente actuaci?n" de la Fiscal?a para esclarecer por qué se incumplieron los protocolos internacionales en las residencias de ancianos durante la primera ola de covid, en concreto el Protocolo de Minnesota elaborado por la ONU sobre la Investigaci?n de Muertes Potencialmente Il?citas.
أكثر... (https://www.sport.es/es/noticias/nacional/incierto-recorrido-investigacion-muerte-residencia-93423128)
En un auto con fecha del pasado 2 de octubre, pero que no trascendi? hasta finales de la pasada semana, la juez de primera instancia e instrucci?n n?mero 3 de Villalba, Mar?a Cristina Garc?a Quesada, da cuenta de un acuerdo de la Audiencia Provincial de Madrid que le obliga a dar continuidad al procedimiento respecto de tres responsables auton?micos contra quien se hab?a querellado la familia de una persona ingresada en una residencia de Sanitas en Torrelodones. La querella se present? por homicidio, lesiones imprudentes y omisi?n de socorro.
La cuesti?n es que entre los querellados se encuentra la propia presidenta auton?mica - junto a los que fueran sus consejeros Enrique L?pez y Enrique Ruiz Escudero-, lo que permite afirmar que la justicia ha dado un primer paso -aunque a?n muy incipiente-para reclamar a los responsables auton?micos por la gesti?n de las residencias de ancianos durante la pandemia.
Marea de Residencias valora positivamente la decisi?n por lo que tiene de novedosa, pues por primera vez se practica una investigaci?n en este sentido hacia aforados por omisi?n de socorro y también por primera vez se solicita documentaci?n a la Comunidad de Madrid por parte de un juez, seg?n se?ala a este diario el letrado del caso, Carlos Vila. La portavoz de Marea Carmen L?pez, llama por su parte la atenci?n de que la v?a por la que ha optado la juez de Villalba siga lo ordenado por el Tribunal Supremo en diciembre de 2020, al establecer que la averiguaci?n de cualquier responsabilidad penal correspond?a en primer término a los juzgados de instrucci?n. "Hasta ahora no lo hab?a hecho ning?n juez", a?ade en declaraciones a este diario.
Si la investigaci?n prospera -es decir, si se encuentra alg?n tipo de indicio de una conducta criminal- el Juzgado tendr?a que inhibirse en favor del Tribunal Supremo para investigar a la presidenta regional al tener la condici?n de aforada, al igual que con Enrique Ruiz Escudero, que desde julio es senador por designaci?n auton?mica.
La propia D?az Ayuso se ha apresurado a restar importancia a la decisi?n judicial y el pasado s?bado, nada m?s llegar a un viaje de promoci?n de la Comunidad en Nueva York, manifest? p?blicamente que la reapertura se ha producido ?nicamente para su "archivo definitivo". Seg?n D?az Ayuso la Audiencia Provincial s?lo pide practicar las diligencias solicitadas por la familia "para el archivo definitivo". "No tiene m?s recorrido", apostill?. En el mismo sentido se pronunciaron fuentes de Sol tras conocerse la informaci?n, apuntando a EL PERI?DICO DE ESPA?A (https://www.epe.es/es/), del grupo Prensa Ibérica, que con fecha de 16 de octubre la Comunidad de Madrid no ha recibido ninguna petici?n de documentaci?n por parte de la juez.
Diligencias acordadas
La realidad es que la orden de la Audiencia, seg?n fuentes jur?dicas consultadas, puede ser analizado como algo habitual en el caso de archivos prematuros de asuntos en los que el juez de turno afirma no ver indicios sin hacer apenas averiguaciones o acceder a las diligencias que solicitan los querellantes.
Por esta raz?n, la jueza cita ahora a declarar en calidad de testigos el pr?ximo 7 de noviembre al exconsejero de Pol?ticas Sociales Alberto Reyero (https://www.sport.es/es/noticias/sociedad/alberto-reyero-discriminacion-edad-violacion-derechos-fundamentales-76869358), al exdirector general de Coordinaci?n Sociosanitaria de la Comunidad de Madrid, Carlos Mur (https://www.sport.es/es/noticias/nacional/exalto-cargo-ayuso-apunta-ruiz-85081829) y a la exdirectora de Salud P?blica Yolanda Fuentes para aclarar su relaci?n con los protocolos de no derivaci?n de personas mayores de residencias a hospitales durante la primera ola de la pandemia.
Asimismo, pide a la Consejer?a de Sanidad que aporte al Juzgado el plan de choque, anunciado el 26 de marzo de 2020, su desarrollo, implementaci?n y recursos utilizados en el mismo; los protocolos de coordinaci?n para la atenci?n de pacientes institucionalizados en residencias de personas mayores de la Comunidad de Madrid durante la Covid-19, adoptados por la Direcci?n General de Coordinaci?n Sociosanitaria y los recursos sanitarios y Equipos de Protecci?n Individual (EPI) facilitados por la Comunidad de Madrid a las residencias desglosados por fechas.
La querella se dirig?a también contra Sanitas y una de las responsables de la residencia, a la que la juez cita nuevamente para tomarle declaraci?n como investigada, y une a las diligencias un informe pericial de una geriatra sobre el estado de la persona fallecida y otros documentos aportados por entidad sanitaria privada.
Dificultades de la justicia
Hasta el momento, la justicia penal est? encontrando muchas dificultades para encarar este tipo de denuncias de familiares. As? lo evidenci? el pasado mes de noviembre el juez de instrucci?n n?mero 38 de Madrid, Juan Antonio S?enz de San Pedro en respuesta a una denuncia realizada directamente por la Fiscal?a de Madrid por la muerte el 13 de abril de 2020 de una mujer de 95 a?os en una residencia del madrile?o barrio de Carabanchel, en pleno punto ?lgido de la pandemia, tras desarrollar en unas pocas horas una enfermedad respiratoria aguda. La causa de principal de la muerte se consign? como sospecha de covid-19.
En este caso, el juez lleg? a afirmar que, a la vista del informe pericial, "la derivaci?n o no de la paciente a un centro hospitalario en ning?n caso influy? en su fallecimiento: no lo hubiese evitado de ning?n modo". A?ad?a que aun entendiendo que pudiera haber existido un "nexo causal-natural en ning?n caso ello acreditaba que lo ocurrido fuera fruto de la dejaci?n, abandono, descuido o de absoluta impericia de los responsables del centro", por lo que no proced?a seguir con las actuaciones y acordaba su archivo. La Fiscal?a recurri? esta decisi?n.
El pasado mes de marzo, Mur apunt? a quien fuera su superior, el consejero de Sanidad Enrique Ruiz Escudero (https://www.sport.es/es/noticias/nacional/enrique-ruiz-escudero-consejero-sanidad-93423135), como conocedor y responsable de la remisi?n a los hospitales madrile?os de los denominados 'protocolos de la verguenza' que impidieron la derivaci?n de ancianos a los centros médicos durante la pandemia de covid. Lo hizo en la causa que se sustancia en el Juzgado de Instrucci?n n?mero 9 de Madrid por el caso de los protocolos de derivaci?n implementados desde la Administraci?n auton?mica madrile?a. Marea de residencias busca condenas por homicidio imprudente, denegaci?n de auxilio y prevaricaci?n.
Por su parte, organizaciones como Amnist?a Internacional Amnist?a aprovecharon el segundo aniversario de la detecci?n del primer caso de coronavirus en Espa?a, la "deficiente actuaci?n" de la Fiscal?a para esclarecer por qué se incumplieron los protocolos internacionales en las residencias de ancianos durante la primera ola de covid, en concreto el Protocolo de Minnesota elaborado por la ONU sobre la Investigaci?n de Muertes Potencialmente Il?citas.
أكثر... (https://www.sport.es/es/noticias/nacional/incierto-recorrido-investigacion-muerte-residencia-93423128)