الريــم
10-02-2023, 10:50 AM
Si no hay sorpresas y el presidente de la Junta de Andaluc?a, Juan Manuel Moreno (PP) no altera sus planes, la proposici?n de ley que abre la puerta a la recalificaci?n de suelos para ampliar las explotaciones de regad?o en la corona norte del Parque Nacional de Do?ana entra ya en el tiempo de descuento. Tras un ?ltimo frenazo del presidente andaluz y la llamada del PSOE para que “no se tire del precipicio”, esta semana se ver? si el PP incluye la proposici?n en el orden del d?a del pr?ximo pleno, los d?as 10 y 11 de octubre, o abre una puerta a la negociaci?n. El Gobierno ya ha anunciado que si la norma sale adelante acudir? al Tribunal Constitucional (https://www.epe.es/es/andalucia/20231002/empresas-beneficiadas-ley-donana-multas-92771333), puede elevar recurso estando en funciones, y pedir? de inmediato su paralizaci?n cautelar.
Si el PP, de la mano de Vox, consuma su hoja de ruta, pese a las advertencias de la comunidad cient?fica, de los ecologistas, la Unesco o la amenaza de multas autom?ticas de la Comisi?n Europea, se propiciar?a una reforma legal que dar?a luz verde a nuevas hect?reas de regad?o en los municipios de Moguer, Lucena del Puerto, Bonares, Rociana del Condado y Almonte. La proposici?n de ley es lo suficientemente ambigua como para no determinar qué suelos exactamente se ver?n beneficiados al pasar de secano a regad?o, lo que autom?ticamente dispara por diez su valor, pasando de 13.539 euros por hect?rea a revalorizarse hasta los 140.362 euros, seg?n la propia tasaci?n de precios de la Consejer?a de Agricultura.
Empresas sancionadas
La zona donde se abrir? la puerta a la recalificaci?n de suelos, que fueron declarados de secano o forestal, no aptos para el cultivo intensivo de frutos rojos, en el plan de ordenaci?n de la fresa de 2014, alberga decenas de explotaciones agrarias de todas las dimensiones. Aunque la Plataforma en Defensa del Regad?o en el Condado de Huelva, que agrupa a m?s de un millar de afectados, insiste, como el PP, en hablar de peque?as explotaciones familiares, en la zona hay varias cooperativas y empresas con vol?menes de facturaci?n por encima del mill?n de euros.
Seg?n los datos oficiales a los que ha tenido acceso EL PERI?DICO DE ESPA?A, del grupo Prensa Ibérica, varias de esas empresas tienen multas por extracci?n ilegal de aguas subterr?neas. Sanciones que impone la Confederaci?n Hidrogr?fica del Guadalquivir, que depende del Estado, por pozos ilegales que han venido esquilmando el acu?fero de Do?ana, y que los tribunales acaban avalando en la inmensa mayor?a de los casos. La Fiscal?a de la Audiencia Nacional ha abierto una investigaci?n por el robo del agua en el acu?fero de Do?ana y ha ordenado diligencias para fijar la responsabilidad medioambiental de los agricultores con pozos ilegales en el entorno del parque.
Es una pr?ctica que ya conden? la sentencia del Tribunal de Justicia Europea en junio de 2021, tras una denuncia dos a?os antes de la organizaci?n ecologista WWF. La sentencia castiga el robo de agua por parte de agricultores sin permisos de riego y advierte de que las multas ser?n autom?ticas si no se corrigen estas extracciones ilegales. El cierre de pozos depende del Gobierno de la naci?n, que viene denunciando desde hace meses que la proposici?n de ley de PP y Vox en el Parlamento andaluz va a beneficiar a muchos de esos agricultores que han pinchado en el subsuelo para captar agua sin tener permisos.
Fincas legales con parte ilegal
El plan de ordenaci?n de 2014 parti? algunas explotaciones, dej? hect?reas de algunas fincas en suelo de regad?o (SAR) y parte en suelo no autorizado para el riego. Los ecologistas siempre han denunciado que muchas de esas fincas segu?an explotando el suelo en su totalidad y pinchando agua de manera ilegal. La informaci?n a la que ha tenido acceso este peri?dico ratifica esa denuncia. Los expedientes sancionadores oficiales confirman multas por extracci?n ilegal de aguas para empresas como Lucena Fruit SL, Pil?n e Hijos SL, Fran y Lolo SL, Emusa Fruit SL, Frutas Cerezo SL o Las Acciones Sociedad Cooperativas. Este peri?dico ha pedido a las empresas una valoraci?n de estos expedientes y de los beneficios que pueden acarrearle la proposici?n de ley que impulsan PP y Vox en el Parlamento andaluz, apelando directamente a si se lucrar?an con las recalificaciones en marcha. No ha habido respuesta.
Los propios agricultores en la zona, no todos est?n de acuerdo con que se ampl?en las hect?reas de regad?o, aseguran que las empresas “m?s activas” y que han empujado con mayor vehemencia por la amnist?a de sus suelos son Agroecol?gica, El Pilonar, Cooperativa Costa de Huelva y Cooperativa Lujovi. Esos nombres aparecen también en expedientes sancionadores abiertos por la Confederaci?n.
La plataforma de regantes que impuls? la reforma legal, que se ha convertido en el ‘lobby’ m?s activo de presi?n para que esta norma salga adelante, no desvela si estas empresas forman parte de sus “m?s de mil asociados”. Apelando a la protecci?n de datos y no da nombres ni de sus empresas ni particulares adscritos.
"10 y 15 multas diarias"
En un desayuno informativo, celebrado el pasado abril, cuando comenzaba la tramitaci?n de la norma en el Parlamento andaluz, la Plataforma en defensa de los regad?os, que aglutina a unos 1.500 agricultores que aspiran a ser beneficiados por la reforma legal, admiti? que sus agricultores recib?an una media de entre “10 y 15 multas diarias”. Las sanciones provienen de la Confederaci?n Hidrogr?fica del Guadalquivir, por la captaci?n ilegal de aguas subterr?neas y de la Junta de Andaluc?a, por los inspectores de ordenaci?n del territorio y suelo.
La Plataforma rechaz? que la comisi?n técnica, que tendr? que decidir caso a caso cu?ntas de estas fincas vuelven a obtener su t?tulo de suelo de regad?o, discrimine de forma negativa a los agricultores que hayan seguido cultivando y regando de forma ilegal en la ?ltima década. Consideran que no es competencia de esa norma, que se limita al suelo, y a?aden que ser?a “inconstitucional”. Tampoco supieron decir cu?ntos de los agricultores de esta plataforma explotan sus fincas de forma irregular, neg?ndose a establecer una divisi?n entre "regulares e irregulares".
Compra de terrenos
La proposici?n de ley que entra en tiempo de descuento en el Parlamento andaluz no da detalles exactos de qué suelo o cu?ntas hect?reas se podr?n regularizar. En la proposici?n anteriormente registrada, que decay? por la convocatoria de elecciones auton?micas, s? hablaba de 1.600 hect?reas y 650 explotaciones agr?colas. Ahora el Gobierno andaluz se?ala que ser?n unas 750 hect?reas y que habr? que ver “caso a caso”. Los municipios afectados cuentan con concesiones administrativas en suelo p?blico, cedidos por los ayuntamientos de Moguer, 410 hect?reas; Lucena del Puerto 2.044 hect?reas; Bonares, 42 hect?reas; Rociana del Condado, 1 hect?rea; Almonte, 2.376 hect?reas. Datos a lo que habr?a que sumar el suelo de titularidad privada, en total 11.000 hect?reas. En 2014 se declararon no aptas para el riego unas 1.600 hect?reas.
El Gobierno andaluz ha anunciado la compra de 1.700 hect?reas en la provincia de Sevilla de la finca Veta La Palma, para preservar el ecosistema de Do?ana, por un valor de 70 millones de euros, en una operaci?n autorizada por el Gobierno y que se financiar? en un 60% por fondos europeos. El presidente andaluz ha apuntado en alguna ocasi?n la compra de terrenos a los agricultores del Condado de Huelva como una de las v?as para solucionar “las injusticias” que denuncian que se cometieron en 2014. Moreno pidi?, en abril, que el Gobierno estudiara la permuta de suelos a estos agricultores, una medida que fue lanzada por Alfonso Guerra aunque previamente también hab?a estado en boca del l?der del PSOE andaluz, Juan Espadas.
La ministra para la Transici?n Ecol?gica, Teresa Ribera, rechaz? en una entrevista en este peri?dico que la permuta de suelos fuera una soluci?n, convencida de que supondr?a “cuestionar” el plan de ordenaci?n de 2014 que se aprob? por la Junta de Andaluc?a (PSOE), con el visto bueno del Gobierno de la naci?n (PP). “Incluso a veces me pregunto que quiz?s el error ha sido proponer que parte de la reducci?n de la presi?n sobre el acu?fero pudiera proceder de la compra de fincas o de la compra de derechos de riego. Esto ya se ha hecho con anterioridad… pero a lo mejor esto, sin querer, se ha interpretado como ‘califiquemos el suelo por esa v?a que a lo mejor nos lo compran’”, se?al?. El Gobierno ha dispuesto 100 millones para esa compra de fincas o derechos de agua.
أكثر... (https://www.sport.es/es/noticias/nacional/empresas-beneficiadas-ley-donana-multas-92808946)
Si el PP, de la mano de Vox, consuma su hoja de ruta, pese a las advertencias de la comunidad cient?fica, de los ecologistas, la Unesco o la amenaza de multas autom?ticas de la Comisi?n Europea, se propiciar?a una reforma legal que dar?a luz verde a nuevas hect?reas de regad?o en los municipios de Moguer, Lucena del Puerto, Bonares, Rociana del Condado y Almonte. La proposici?n de ley es lo suficientemente ambigua como para no determinar qué suelos exactamente se ver?n beneficiados al pasar de secano a regad?o, lo que autom?ticamente dispara por diez su valor, pasando de 13.539 euros por hect?rea a revalorizarse hasta los 140.362 euros, seg?n la propia tasaci?n de precios de la Consejer?a de Agricultura.
Empresas sancionadas
La zona donde se abrir? la puerta a la recalificaci?n de suelos, que fueron declarados de secano o forestal, no aptos para el cultivo intensivo de frutos rojos, en el plan de ordenaci?n de la fresa de 2014, alberga decenas de explotaciones agrarias de todas las dimensiones. Aunque la Plataforma en Defensa del Regad?o en el Condado de Huelva, que agrupa a m?s de un millar de afectados, insiste, como el PP, en hablar de peque?as explotaciones familiares, en la zona hay varias cooperativas y empresas con vol?menes de facturaci?n por encima del mill?n de euros.
Seg?n los datos oficiales a los que ha tenido acceso EL PERI?DICO DE ESPA?A, del grupo Prensa Ibérica, varias de esas empresas tienen multas por extracci?n ilegal de aguas subterr?neas. Sanciones que impone la Confederaci?n Hidrogr?fica del Guadalquivir, que depende del Estado, por pozos ilegales que han venido esquilmando el acu?fero de Do?ana, y que los tribunales acaban avalando en la inmensa mayor?a de los casos. La Fiscal?a de la Audiencia Nacional ha abierto una investigaci?n por el robo del agua en el acu?fero de Do?ana y ha ordenado diligencias para fijar la responsabilidad medioambiental de los agricultores con pozos ilegales en el entorno del parque.
Es una pr?ctica que ya conden? la sentencia del Tribunal de Justicia Europea en junio de 2021, tras una denuncia dos a?os antes de la organizaci?n ecologista WWF. La sentencia castiga el robo de agua por parte de agricultores sin permisos de riego y advierte de que las multas ser?n autom?ticas si no se corrigen estas extracciones ilegales. El cierre de pozos depende del Gobierno de la naci?n, que viene denunciando desde hace meses que la proposici?n de ley de PP y Vox en el Parlamento andaluz va a beneficiar a muchos de esos agricultores que han pinchado en el subsuelo para captar agua sin tener permisos.
Fincas legales con parte ilegal
El plan de ordenaci?n de 2014 parti? algunas explotaciones, dej? hect?reas de algunas fincas en suelo de regad?o (SAR) y parte en suelo no autorizado para el riego. Los ecologistas siempre han denunciado que muchas de esas fincas segu?an explotando el suelo en su totalidad y pinchando agua de manera ilegal. La informaci?n a la que ha tenido acceso este peri?dico ratifica esa denuncia. Los expedientes sancionadores oficiales confirman multas por extracci?n ilegal de aguas para empresas como Lucena Fruit SL, Pil?n e Hijos SL, Fran y Lolo SL, Emusa Fruit SL, Frutas Cerezo SL o Las Acciones Sociedad Cooperativas. Este peri?dico ha pedido a las empresas una valoraci?n de estos expedientes y de los beneficios que pueden acarrearle la proposici?n de ley que impulsan PP y Vox en el Parlamento andaluz, apelando directamente a si se lucrar?an con las recalificaciones en marcha. No ha habido respuesta.
Los propios agricultores en la zona, no todos est?n de acuerdo con que se ampl?en las hect?reas de regad?o, aseguran que las empresas “m?s activas” y que han empujado con mayor vehemencia por la amnist?a de sus suelos son Agroecol?gica, El Pilonar, Cooperativa Costa de Huelva y Cooperativa Lujovi. Esos nombres aparecen también en expedientes sancionadores abiertos por la Confederaci?n.
La plataforma de regantes que impuls? la reforma legal, que se ha convertido en el ‘lobby’ m?s activo de presi?n para que esta norma salga adelante, no desvela si estas empresas forman parte de sus “m?s de mil asociados”. Apelando a la protecci?n de datos y no da nombres ni de sus empresas ni particulares adscritos.
"10 y 15 multas diarias"
En un desayuno informativo, celebrado el pasado abril, cuando comenzaba la tramitaci?n de la norma en el Parlamento andaluz, la Plataforma en defensa de los regad?os, que aglutina a unos 1.500 agricultores que aspiran a ser beneficiados por la reforma legal, admiti? que sus agricultores recib?an una media de entre “10 y 15 multas diarias”. Las sanciones provienen de la Confederaci?n Hidrogr?fica del Guadalquivir, por la captaci?n ilegal de aguas subterr?neas y de la Junta de Andaluc?a, por los inspectores de ordenaci?n del territorio y suelo.
La Plataforma rechaz? que la comisi?n técnica, que tendr? que decidir caso a caso cu?ntas de estas fincas vuelven a obtener su t?tulo de suelo de regad?o, discrimine de forma negativa a los agricultores que hayan seguido cultivando y regando de forma ilegal en la ?ltima década. Consideran que no es competencia de esa norma, que se limita al suelo, y a?aden que ser?a “inconstitucional”. Tampoco supieron decir cu?ntos de los agricultores de esta plataforma explotan sus fincas de forma irregular, neg?ndose a establecer una divisi?n entre "regulares e irregulares".
Compra de terrenos
La proposici?n de ley que entra en tiempo de descuento en el Parlamento andaluz no da detalles exactos de qué suelo o cu?ntas hect?reas se podr?n regularizar. En la proposici?n anteriormente registrada, que decay? por la convocatoria de elecciones auton?micas, s? hablaba de 1.600 hect?reas y 650 explotaciones agr?colas. Ahora el Gobierno andaluz se?ala que ser?n unas 750 hect?reas y que habr? que ver “caso a caso”. Los municipios afectados cuentan con concesiones administrativas en suelo p?blico, cedidos por los ayuntamientos de Moguer, 410 hect?reas; Lucena del Puerto 2.044 hect?reas; Bonares, 42 hect?reas; Rociana del Condado, 1 hect?rea; Almonte, 2.376 hect?reas. Datos a lo que habr?a que sumar el suelo de titularidad privada, en total 11.000 hect?reas. En 2014 se declararon no aptas para el riego unas 1.600 hect?reas.
El Gobierno andaluz ha anunciado la compra de 1.700 hect?reas en la provincia de Sevilla de la finca Veta La Palma, para preservar el ecosistema de Do?ana, por un valor de 70 millones de euros, en una operaci?n autorizada por el Gobierno y que se financiar? en un 60% por fondos europeos. El presidente andaluz ha apuntado en alguna ocasi?n la compra de terrenos a los agricultores del Condado de Huelva como una de las v?as para solucionar “las injusticias” que denuncian que se cometieron en 2014. Moreno pidi?, en abril, que el Gobierno estudiara la permuta de suelos a estos agricultores, una medida que fue lanzada por Alfonso Guerra aunque previamente también hab?a estado en boca del l?der del PSOE andaluz, Juan Espadas.
La ministra para la Transici?n Ecol?gica, Teresa Ribera, rechaz? en una entrevista en este peri?dico que la permuta de suelos fuera una soluci?n, convencida de que supondr?a “cuestionar” el plan de ordenaci?n de 2014 que se aprob? por la Junta de Andaluc?a (PSOE), con el visto bueno del Gobierno de la naci?n (PP). “Incluso a veces me pregunto que quiz?s el error ha sido proponer que parte de la reducci?n de la presi?n sobre el acu?fero pudiera proceder de la compra de fincas o de la compra de derechos de riego. Esto ya se ha hecho con anterioridad… pero a lo mejor esto, sin querer, se ha interpretado como ‘califiquemos el suelo por esa v?a que a lo mejor nos lo compran’”, se?al?. El Gobierno ha dispuesto 100 millones para esa compra de fincas o derechos de agua.
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