الريــم
09-30-2023, 12:30 PM
Tanto los condenados por el 'procés' como los que huyeron de la justicia espa?ola han fijado desde el primer minuto su mirada en los jueces europeos. En concreto, en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), como principal garante frente a las vulneraciones que alegan haber sufrido durante la tramitaci?n de la causa y el juicio por el referéndum del 1-O. Justo cuando el tribunal con sede en Estrasburgo ha dado de plazo hasta enero a Espa?a para responder a las demandas interpuestas por los nueve condenados a penas de prisi?n, la promulgaci?n de una ley de amnist?a para conseguir el apoyo de ERC y Junts a la investidura de Pedro S?nchez se augura m?s que pr?xima.
Sus esperanzas de obtener una reparaci?n en Europa se han ido incrementando seg?n han transcurrido los meses, ya que cuentan con que todo lo ocurrido sea tenido en cuenta. De un procesamiento por rebeli?n y sedici?n, el Supremo se inclin? por el segundo delito e impuso penas de hasta 13 a?os de c?rcel, que luego fueron indultadas por el Gobierno socialista. Para aliviar la inhabilitaci?n que a?n siguen cumpliendo el Ejecutivo pact? con ERC una reforma penal que supuso la derogaci?n de la sedici?n, aunque no lograron que se rebajara la pena impuesta en esa sentencia, porque la malversaci?n cometida sigue consider?ndose la m?s grave prevista en el C?digo Penal.
Los efectos
Como una especie de colof?n de ese recorrido judicial y pol?tico llega la negociaci?n de una ley de amnist?a entre el PSOE y los independentistas, cuyos votos en el Congreso son indispensables para la reelecci?n de S?nchez como presidente del Gobierno. El efecto inmediato de una ley de esas caracter?sticas ser? el archivo de todas las causas abiertas en Espa?a que se encuentren incluidas en los supuestos amnistiados. Ello con independencia de que los jueces del Supremo o de los tribunales catalanes con procedimientos puedan dudar de su constitucionalidad y eleven una cuesti?n de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional o una prejudicial al Tribunal de Justicia de la Uni?n Europea (TJUE). Ninguna de las dos v?as supone la paralizaci?n del archivo, si la causa bajo su competencia entra dentro de los supuestos incluidos en la ley que promulgue el Congreso.
Lo que ocurrir? en las causas espa?olas en el caso de que la amnist?a se materialice es similar a lo que ocurri? con la reforma penal pactada entre el Gobierno y ERC, por la que se derog? la sedici?n y se modific? la malversaci?n. El Supremo revis? la sentencia que dict? en octubre de 2019 y sustituy? la sedici?n por una mera desobediencia. No obstante, consider? que su condena por malversaci?n no se ve?a afectada por el cambio legal que se hab?a realizado, porque segu?a dentro de la modalidad m?s grave de los casos de desv?o de dinero p?blico. Tampoco sirvi? para el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ni para el 'exconseller' Toni Com?n, que si vienen a Espa?a ingresar?n en prisi?n preventiva, a diferencia de lo que ha ocurrido con Clara Ponsat?, Meritxell Serret o Anna Gabriel.
Arma de doble filo
En un buen ejemplo de vender la piel del oso antes de cazarlo hay quien ya se ha mostrado en contra de la amnist?a por considerarla "un arma de doble filo", que "puede ser una trampa". La Assemblea Nacional Catalana (ANC) se ha mostrado en contra de un perd?n general. Su entonces presidente y después dirigente de Junts, Jordi Sànchez, fue condenado a nueve a?os de c?rcel por sedici?n, delito que con la reforma se transform? en uno de des?rdenes p?blicos y el Supremo declar? extinguida la inhabilitaci?n que a?n cumpl?a.
En un comunicado la ANC ha advertido: "Si s?lo sirve para que Espa?a demuestre ante el TEDH que la v?a interna de reparaci?n de los derechos vulnerados se est? activando, ser? una trampa que puede propiciar que la causa en los tribunales internacionales acabe decayendo. Si esto sucede, se estar? blanqueando toda la represi?n que ha hecho todos estos a?os el Estado espa?ol, sin avanzar hacia el objetivo nacional de alcanzar la independencia".
Dejando al margen la interpretaci?n que hace la ANC de un hipotético archivo en el tribunal de Estrasburgo, su temor al cierre de las demandas est? justificado, porque el art?culo 37 del Convenio Europeo de Derechos Humanos prevé el archivo de las demandas cuando "las circunstancias permitan comprobar: que el demandante ya no est? dispuesto a mantenerla; que el litigio haya sido ya resuelto; o que, por cualquier otro motivo verificado por el tribunal, ya no esté justificada la continuaci?n del examen de la demanda".
No obstante, a continuaci?n a?ade una previsi?n: "El tribunal proseguir? el examen de la demanda si as? lo exige el respeto de los derechos humanos garantizados por el Convenio y sus Protocolos". El reglamento del propio TEDH se remite al art?culo 37 del convenio para prever el archivo de una demanda "si las partes (...) afectadas por el asunto aceptan el desistimiento" o hay un acuerdo amistoso entre ellas. Adem?s, en este caso, la admisi?n formal a tr?mite de las demandas del 'procés' no se realizar? hasta estudiar las alegaciones para las que Espa?a tiene hasta el 12 de enero para pronunciarse, porque de momento solo se ha comprometido a estudiar los argumentos de ambas partes para pronunciarse.
El tribunal europeo se deja, adem?s, una puerta abierta para "acordar la reapertura del procedimiento de una demanda que haya sido archivada en virtud del art?culo 37 del Convenio, si considera que circunstancias excepcionales lo justifican".
أكثر... (https://www.sport.es/es/noticias/nacional/afectara-amnistia-demandas-proces-tedh-92748069)
Sus esperanzas de obtener una reparaci?n en Europa se han ido incrementando seg?n han transcurrido los meses, ya que cuentan con que todo lo ocurrido sea tenido en cuenta. De un procesamiento por rebeli?n y sedici?n, el Supremo se inclin? por el segundo delito e impuso penas de hasta 13 a?os de c?rcel, que luego fueron indultadas por el Gobierno socialista. Para aliviar la inhabilitaci?n que a?n siguen cumpliendo el Ejecutivo pact? con ERC una reforma penal que supuso la derogaci?n de la sedici?n, aunque no lograron que se rebajara la pena impuesta en esa sentencia, porque la malversaci?n cometida sigue consider?ndose la m?s grave prevista en el C?digo Penal.
Los efectos
Como una especie de colof?n de ese recorrido judicial y pol?tico llega la negociaci?n de una ley de amnist?a entre el PSOE y los independentistas, cuyos votos en el Congreso son indispensables para la reelecci?n de S?nchez como presidente del Gobierno. El efecto inmediato de una ley de esas caracter?sticas ser? el archivo de todas las causas abiertas en Espa?a que se encuentren incluidas en los supuestos amnistiados. Ello con independencia de que los jueces del Supremo o de los tribunales catalanes con procedimientos puedan dudar de su constitucionalidad y eleven una cuesti?n de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional o una prejudicial al Tribunal de Justicia de la Uni?n Europea (TJUE). Ninguna de las dos v?as supone la paralizaci?n del archivo, si la causa bajo su competencia entra dentro de los supuestos incluidos en la ley que promulgue el Congreso.
Lo que ocurrir? en las causas espa?olas en el caso de que la amnist?a se materialice es similar a lo que ocurri? con la reforma penal pactada entre el Gobierno y ERC, por la que se derog? la sedici?n y se modific? la malversaci?n. El Supremo revis? la sentencia que dict? en octubre de 2019 y sustituy? la sedici?n por una mera desobediencia. No obstante, consider? que su condena por malversaci?n no se ve?a afectada por el cambio legal que se hab?a realizado, porque segu?a dentro de la modalidad m?s grave de los casos de desv?o de dinero p?blico. Tampoco sirvi? para el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ni para el 'exconseller' Toni Com?n, que si vienen a Espa?a ingresar?n en prisi?n preventiva, a diferencia de lo que ha ocurrido con Clara Ponsat?, Meritxell Serret o Anna Gabriel.
Arma de doble filo
En un buen ejemplo de vender la piel del oso antes de cazarlo hay quien ya se ha mostrado en contra de la amnist?a por considerarla "un arma de doble filo", que "puede ser una trampa". La Assemblea Nacional Catalana (ANC) se ha mostrado en contra de un perd?n general. Su entonces presidente y después dirigente de Junts, Jordi Sànchez, fue condenado a nueve a?os de c?rcel por sedici?n, delito que con la reforma se transform? en uno de des?rdenes p?blicos y el Supremo declar? extinguida la inhabilitaci?n que a?n cumpl?a.
En un comunicado la ANC ha advertido: "Si s?lo sirve para que Espa?a demuestre ante el TEDH que la v?a interna de reparaci?n de los derechos vulnerados se est? activando, ser? una trampa que puede propiciar que la causa en los tribunales internacionales acabe decayendo. Si esto sucede, se estar? blanqueando toda la represi?n que ha hecho todos estos a?os el Estado espa?ol, sin avanzar hacia el objetivo nacional de alcanzar la independencia".
Dejando al margen la interpretaci?n que hace la ANC de un hipotético archivo en el tribunal de Estrasburgo, su temor al cierre de las demandas est? justificado, porque el art?culo 37 del Convenio Europeo de Derechos Humanos prevé el archivo de las demandas cuando "las circunstancias permitan comprobar: que el demandante ya no est? dispuesto a mantenerla; que el litigio haya sido ya resuelto; o que, por cualquier otro motivo verificado por el tribunal, ya no esté justificada la continuaci?n del examen de la demanda".
No obstante, a continuaci?n a?ade una previsi?n: "El tribunal proseguir? el examen de la demanda si as? lo exige el respeto de los derechos humanos garantizados por el Convenio y sus Protocolos". El reglamento del propio TEDH se remite al art?culo 37 del convenio para prever el archivo de una demanda "si las partes (...) afectadas por el asunto aceptan el desistimiento" o hay un acuerdo amistoso entre ellas. Adem?s, en este caso, la admisi?n formal a tr?mite de las demandas del 'procés' no se realizar? hasta estudiar las alegaciones para las que Espa?a tiene hasta el 12 de enero para pronunciarse, porque de momento solo se ha comprometido a estudiar los argumentos de ambas partes para pronunciarse.
El tribunal europeo se deja, adem?s, una puerta abierta para "acordar la reapertura del procedimiento de una demanda que haya sido archivada en virtud del art?culo 37 del Convenio, si considera que circunstancias excepcionales lo justifican".
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