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مشاهدة النسخة كاملة : Escasas expectativas en el Poder Judicial ante la decisi?n del TC que podr?a desbloqu


الريــم
09-25-2023, 10:30 AM
La justicia acumula a d?a de hoy un total de 83 vacantes en la c?pula judicial, 23 de ellas en el Tribunal Supremo --lo que constituye casi un tercio de su plantilla-- debido a una reforma legal instada por el PSOE y Unidas Podemos que impide al Consejo General del Poder Judicial realizar nombramientos discrecionales con su mandato caducado. El Tribunal Constitucional tiene sobre la mesa la posibilidad cambiar la situaci?n a través de los recursos presentados por el PP y el Vox. Los ver? de forma monogr?fica un Pleno el pr?ximo 2 de octubre, pero en ?mbitos jur?dicos casi nadie aventura que la decisi?n vaya a ser otra que la de declarar la constitucionalidad de la medida.

Todos los actores implicados reconocen que la reforma estuvo dirigida a forzar al PP a renovar de una vez un ?rgano de mayor?a conservadora --hoy cercano a duplicar el mandato de cinco a?os de sus vocales--, pensando que si no pod?a hacer designaciones, a los de N??ez Feij?o ya no les interesar?a mantener la situaci?n. Sin embargo, el veto no sirvi? para desbloquear el desencuentro pol?tico y caus? un problema a?adido: una situaci?n de falta de magistrados que el actual presidente en funciones del Tribunal Supremo ha calificado de "panorama desolador".

El pr?ximo 2 de octubre los 11 magistrados del Constitucional resolver?n las impugnaciones partiendo de dos propuestas antag?nicas: la de Mar?a Luisa Balaguer, a favor de declarar la constitucionalidad de la ley que impide los nombramientos de un Consejo en funciones, y la de César Tolosa, partidario de declararla inconstitucional. En el improbable caso de que esta ?ltima fuera la apoyada mayoritariamente por los magistrados del TC, un CGPJ que deb?a haberse renovado hace cinco a?os deber?a comenzar a renovar a todos los presidentes de los tribunales superiores y a casi dos docenas de magistrados del Supremo. De ah? que lo previsto sea que prospere la propuesta de Balaguer.

Fuentes del sector progresista del ?rgano de gobierno de los jueces se?alan que no esperan sorpresas porque los aspectos m?s criticables de la reforma, desde el punto de vista constitucional, eran los relativos al impedimento inicial para la designaci?n por parte de los vocales del Consejo de los magistrados del propio TC, algo que se resolvi? con una segunda reforma en julio de 2023. "No hay pr?cticamente ninguna posibilidad de que nos devuelvan la competencia", subrayan, para a?adir que algunos en este pa?s "est?n acostumbrados a que lo que no nos gusta es inconstitucional y eso no es as?, porque la Constituci?n da un margen al legislador".

Desde el sector conservador se defiende mayoritariamente, por el contrario, que la reforma es claramente inconstitucional. "Recuperar la competencia es esencial", se?ala a este diario el vocal Juan Manuel Fern?ndez. La mayor?a de sus compa?eros de sensibilidad apuntan que, de ocurrir lo inesperado y desbloquearse los nombramientos, deber?a ser este Consejo a?n no renovado quien los realizara, sin que pueda cuestionarse su legitimidad.

Expectaci?n en el Supremo

Por su parte, magistrados de la Sala m?s afectada por la falta de nombramientos, la de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo se muestran expectantes ante la fijaci?n de la fecha para la resoluci?n de este asunto, pendiente desde marzo de 2021. "Lo relevante es el origen, que la Constituci?n tiene que cumplirse siempre y, por tanto, renovarse el Consejo. "Es algo tremendo que vaya a cumplir diez a?os", a?aden a EL PERI?DICO DE ESPA?A (https://www.epe.es/es/politica/20230925/escasas-expectativas-decision-constitucional-reforma-nombramientos-cgpj-92425383) en fuentes de este ?rgano.

La mayor?a de los consultados no cree que un tribunal constitucional mayoritariamente progresista, como es el que actualmente preside C?ndido Conde-Pumpido, anule la reforma del Gobierno, y apuntan a la responsabilidad de las Cortes surgidas de la ?ltima convocatoria electoral. "Si la primera labor de las Cortes, nombrado el Gobierno, no es la renovaci?n del Consejo del Poder Judicial, este pa?s va a tener un problema institucional muy serio, de trascendencia nefasta e irreversible", a?ade uno de los magistrados.

Otro de los miembros de la Sala a?ade que, aunque la resoluci?n sea favorable a anular la limitaci?n de nombramientos, no ve al actual Consejo realizando "nombramientos en masa". En un sentido similar se pronunci? el propio presidente en funciones, Francisco Mar?n Cast?n, durante su discurso de apertura del a?o judicial el pasado 7 de septiembre, al se?alar que cuando se desbloquee la situaci?n -v?a estos recursos o cuando los pol?ticos pacten renovar- las vacantes deben cubrirse sin prisa, poniendo por delante siempre la elecci?n por mérito y capacidad de los aspirantes.

Desde sectores progresistas de la judicatura se se?ala que las expectativas pasan porque el Constitucional avale la reforma porque las funciones del Consejo se regulan en ley org?nica y ello no tiene relevancia constitucional. "Si en funciones el presidente del Gobierno no puede nombrar ministros ni convocar elecciones, y el Parlamento no puede elaborar leyes, el CGPJ tampoco deber?a hacer designaciones, porque a los cinco a?os termina su competencia", apuntan.

"No hay pr?cticamente ninguna posibilidad de que nos devuelvan la competencia", apuntan desde el ?rgano de gobierno de los jueces







La portavoz de la Asociaci?n Profesional de la Magistratura, Mar?a Jes?s del Barco, se?ala por su parte a preguntas de este diario que "sin entrar en el fondo de lo que pueda resolver el Constitucional, lo llamativo es que se demore dos a?os la resoluci?n de una cuesti?n que afecta a las bases del Estado democr?tico".

Con esta urgencia coincide Jorge Fern?ndez Vaquero, de la asociaci?n de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria, que considera que la limitaci?n de funciones del Consejo "es un tema que no deber?a esperar a momentos de oportunidad pol?tica del propio tribunal". Lamenta que todo vaya a seguir igual si se declara la constitucionalidad de la norma, y recuerda que lo que se utiliz? como instrumento para forzar la renovaci?n se ha convertido en si mismo "en un grand?simo problema".

Finalmente, Fernando Portillo, del Foro Judicial Independiente, expresa sus dudas sobre la constitucionalidad de la ley. "Permite que del éxito o fracaso de las negociaciones pol?ticas pueda depender el funcionamiento de los ?rganos judiciales", reprocha a la norma.



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