الريــم
09-20-2023, 03:50 PM
Las reclamaciones econ?micas por los cierres obligados en la hosteler?a durante el estado de alarma decretado por el Gobierno de Pedro S?nchez, debido a la pandemia de covid, han llegado al Tribunal Supremo. Este jueves, su Sala de lo Contencioso-Administrativo celebrar? las dos primeras vistas p?blicas en las que se reclama la responsabilidad patrimonial del Estado y su resultado servir? para sentar los criterios generales a aplicar a casi un millar de recursos que esperan ser resueltos por el alto tribunal.
Cristina LLop, de Ecija Abogados, que lleva la representaci?n legal de un grupo de restaurantes de implantaci?n nacional cuyo recurso se ve este jueves, explica a EL PERI?DICO DE ESPA?A, del Grupo Prensa Ibérica, que su demanda no plantea que las normas del Gobierno para hacer frente al covid fueran incorrectas, sino que a sus clientes "se les exigi? un sacrificio extra y, por tanto, han de ser compensados seg?n el art?culo 3.2 de la propia Ley Org?nica del Estado de Alarma".
Los clientes de LLop, cuyo caso ha sido elegido como pleito testigo por el alto tribunal para analizar este asunto, reclaman a la Administraci?n General del Estado ser compensados con un mill?n y medio de euros.
Junto al de este grupo de restaurantes, el Supremo ha escogido otras seis demandas que buscan tratar toda la casu?stica sobre este asunto, de modo que las sentencias que se dicten contengas los criterios generales a aplicar respecto del millar de litigios que se acumulan en la Sala. Ma?ana se ver? en vista p?blica la reclamaci?n de este grupo de restaurantes y otra por parte del Hotel Alhambra Palace, han se?alado a este diario fuentes del alto tribunal.
Rechazo o silencio administrativo
Las mismas fuentes se?alan que al total de asuntos a?n pendientes de resolver podr?an llegar a sumarse otras 9.000 reclamaciones econ?micas que est?n pendientes de resolverse por el Gobierno. Técnicamente, lo que se recurre ante el Supremo es tanto el rechazo por el Consejo de Ministros de estas solicitudes de responsabilidad patrimonial en unos casos, como el silencio administrativo en otros.
Desde el final de las restricciones, el Gobierno ven?a prepar?ndose para responder al aluvi?n de reclamaciones por este asunto, tal y como inform? este diario en febrero de 2022. La Abogac?a del Estado cuenta con toda una bater?a de argumentos que concluyen que de manera general no puede apreciarse que en estos casos los requisitos que exige la ley para declarar la responsabilidad patrimonial del Estado y tampoco se da la situaci?n de "sacrificio especial" esgrimida por los reclamantes.
Los argumentos de los servicios jur?dicos del Estado se apoyan en la jurisprudencia del Tribunal Supremo, del Tribunal Constitucional -curiosamente en la sentencia que anul? dicha norma- y en otras resoluciones como fueron las de la Audiencia Nacional que libraron a AENA de responder econ?micamente por la huelga salvaje de controladores aéreos de 2010, que obligaron a declarar también un estado de alarma.
En s?ntesis, el Gobierno defiende que no puede apreciarse que exista da?o indemnizable ni que el mismo sea ni individualizado ni antijur?dico, que son los requisitos que marca la ley para obligar a la Administraci?n a hacer frente al mismo. En consecuencia, no se considera que exista el mencionado sacrificio especial esgrimido por los reclamantes y por esta raz?n no puede apreciarse la existencia de responsabilidad patrimonial del Estado por legislar contra la pandemia.
Ausencia de jurisprudencia
Los reclamantes sostienen argumentos diametralmente opuestos, seg?n explica Llop, que pone el acento en que no se puedan aplicar a este asunto los criterios generales para apreciar la responsabilidad patrimonial del Estado precisamente por lo excepcional de la situaci?n reconocida en el Decreto que implant? el estado de alarma, en aplicaci?n de la ley de 1981 que regula los estados de alarma, excepci?n y sitio.
En el art?culo 3.2 de dicha norma se dice expresamente que "quienes como consecuencia de la aplicaci?n de los actos y disposiciones adoptadas durante la vigencia de estos estados sufran, de forma directa, o en su persona, derechos o bienes, da?os o perjuicios por actos que no les sean imputables, tendr?n derecho a ser indemnizados de acuerdo con lo dispuesto en las leyes".
En el caso de los restaurantes, el da?o que tuvieron que soportar los hosteleros no les puede ser imputable, dado que respetar el estado de alarma era un "deber jur?dico" que los hosteleros no pudieron soslayar, por lo que deber?an ser indemnizados. La letrada a?ade que el asunto es de especial interés porque no existe jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre la aplicaci?n de este art?culo en particular.
La expectativa de un aluvi?n de recursos por reclamaciones patrimoniales frente a medidas covid en el Supremo oblig? a este ?rgano a pedir refuerzos al Ministerio de Justicia e incluso forz? una reforma legislativa de tipo procesal dada la precaria situaci?n de la Sala que tiene que ver estos asuntos, que suma varias bajas que no se han podido cubrir debido al bloqueo en la renovaci?n del Consejo General del Poder Judicial.
Por el momento, las compensaciones del Tribunal Supremo ha este sector se han centrado en declarar que el cierre obligatorio de las empresas de hosteler?a y restauraci?n que tuvieron que paralizar su actividad durante el estado de alarma debe suponerles una reducci?n en la cuota del Impuesto de Actividades Econ?micas (IAE) proporcional al que tiempo en que estuvieron totalmente paralizados. As? lo estableci? en sentencia el pasado mes de junio.
أكثر... (https://www.sport.es/es/noticias/nacional/supremo-empieza-analizar-responsabilidad-millonaria-hosteleria-covid-92328542)
Cristina LLop, de Ecija Abogados, que lleva la representaci?n legal de un grupo de restaurantes de implantaci?n nacional cuyo recurso se ve este jueves, explica a EL PERI?DICO DE ESPA?A, del Grupo Prensa Ibérica, que su demanda no plantea que las normas del Gobierno para hacer frente al covid fueran incorrectas, sino que a sus clientes "se les exigi? un sacrificio extra y, por tanto, han de ser compensados seg?n el art?culo 3.2 de la propia Ley Org?nica del Estado de Alarma".
Los clientes de LLop, cuyo caso ha sido elegido como pleito testigo por el alto tribunal para analizar este asunto, reclaman a la Administraci?n General del Estado ser compensados con un mill?n y medio de euros.
Junto al de este grupo de restaurantes, el Supremo ha escogido otras seis demandas que buscan tratar toda la casu?stica sobre este asunto, de modo que las sentencias que se dicten contengas los criterios generales a aplicar respecto del millar de litigios que se acumulan en la Sala. Ma?ana se ver? en vista p?blica la reclamaci?n de este grupo de restaurantes y otra por parte del Hotel Alhambra Palace, han se?alado a este diario fuentes del alto tribunal.
Rechazo o silencio administrativo
Las mismas fuentes se?alan que al total de asuntos a?n pendientes de resolver podr?an llegar a sumarse otras 9.000 reclamaciones econ?micas que est?n pendientes de resolverse por el Gobierno. Técnicamente, lo que se recurre ante el Supremo es tanto el rechazo por el Consejo de Ministros de estas solicitudes de responsabilidad patrimonial en unos casos, como el silencio administrativo en otros.
Desde el final de las restricciones, el Gobierno ven?a prepar?ndose para responder al aluvi?n de reclamaciones por este asunto, tal y como inform? este diario en febrero de 2022. La Abogac?a del Estado cuenta con toda una bater?a de argumentos que concluyen que de manera general no puede apreciarse que en estos casos los requisitos que exige la ley para declarar la responsabilidad patrimonial del Estado y tampoco se da la situaci?n de "sacrificio especial" esgrimida por los reclamantes.
Los argumentos de los servicios jur?dicos del Estado se apoyan en la jurisprudencia del Tribunal Supremo, del Tribunal Constitucional -curiosamente en la sentencia que anul? dicha norma- y en otras resoluciones como fueron las de la Audiencia Nacional que libraron a AENA de responder econ?micamente por la huelga salvaje de controladores aéreos de 2010, que obligaron a declarar también un estado de alarma.
En s?ntesis, el Gobierno defiende que no puede apreciarse que exista da?o indemnizable ni que el mismo sea ni individualizado ni antijur?dico, que son los requisitos que marca la ley para obligar a la Administraci?n a hacer frente al mismo. En consecuencia, no se considera que exista el mencionado sacrificio especial esgrimido por los reclamantes y por esta raz?n no puede apreciarse la existencia de responsabilidad patrimonial del Estado por legislar contra la pandemia.
Ausencia de jurisprudencia
Los reclamantes sostienen argumentos diametralmente opuestos, seg?n explica Llop, que pone el acento en que no se puedan aplicar a este asunto los criterios generales para apreciar la responsabilidad patrimonial del Estado precisamente por lo excepcional de la situaci?n reconocida en el Decreto que implant? el estado de alarma, en aplicaci?n de la ley de 1981 que regula los estados de alarma, excepci?n y sitio.
En el art?culo 3.2 de dicha norma se dice expresamente que "quienes como consecuencia de la aplicaci?n de los actos y disposiciones adoptadas durante la vigencia de estos estados sufran, de forma directa, o en su persona, derechos o bienes, da?os o perjuicios por actos que no les sean imputables, tendr?n derecho a ser indemnizados de acuerdo con lo dispuesto en las leyes".
En el caso de los restaurantes, el da?o que tuvieron que soportar los hosteleros no les puede ser imputable, dado que respetar el estado de alarma era un "deber jur?dico" que los hosteleros no pudieron soslayar, por lo que deber?an ser indemnizados. La letrada a?ade que el asunto es de especial interés porque no existe jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre la aplicaci?n de este art?culo en particular.
La expectativa de un aluvi?n de recursos por reclamaciones patrimoniales frente a medidas covid en el Supremo oblig? a este ?rgano a pedir refuerzos al Ministerio de Justicia e incluso forz? una reforma legislativa de tipo procesal dada la precaria situaci?n de la Sala que tiene que ver estos asuntos, que suma varias bajas que no se han podido cubrir debido al bloqueo en la renovaci?n del Consejo General del Poder Judicial.
Por el momento, las compensaciones del Tribunal Supremo ha este sector se han centrado en declarar que el cierre obligatorio de las empresas de hosteler?a y restauraci?n que tuvieron que paralizar su actividad durante el estado de alarma debe suponerles una reducci?n en la cuota del Impuesto de Actividades Econ?micas (IAE) proporcional al que tiempo en que estuvieron totalmente paralizados. As? lo estableci? en sentencia el pasado mes de junio.
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