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مشاهدة النسخة كاملة : La Junta de Andaluc?a calcula que las hect?reas de Do?ana beneficiadas por su ley de


الريــم
09-19-2023, 07:22 PM
La proposici?n de ley que ampl?a las hect?reas de regad?o (https://www.epe.es/es/andalucia/20230919/junta-hectareas-donana-beneficiadas-ley-regadio-multiplicaran-precio-92271951) en la corona norte del Parque Nacional de Do?ana enfila su recta final con la aprobaci?n en comisi?n este martes del dictamen final, que llegar? a pleno la pr?xima semana. El PP har? coincidir la luz verde a esta polémica norma con el pleno de investidura de Alberto N??ez Feij?o en el Congreso la semana pr?xima. La proposici?n de ley, impulsada por PP y Vox, inici? su tramitaci?n el pasado mes de abril y se aprobar? sin apenas cambios, solo unas modificaciones técnicas introducidas por los proponentes, pese a que tiene en contra al resto de la oposici?n, a la comunidad cient?fica, la Uni?n Europea, la Unesco y el Gobierno de la naci?n, que ya ha anunciado que recurrir? de forma inmediata al Tribunal Constitucional y pedir? su suspensi?n cautelar.

El ?ltimo informe de la Consejer?a de Agricultura sobre los precios de las tierras (https://www.juntadeandalucia.es/sites/default/files/inline-files/2023/04/TABLA_PT_2022_PROVISIONAL.pdf), por provincias y hect?reas, arrojan luz sobre lo que pasar? con esos suelos, ahora forestales o de secano, ubicados en los municipios de Almonte, Bonares, Lucena del Puerto, Moguer y Rociana del Condado. Seg?n esta tabla oficial de precios, que manejan los propios agricultores, esos suelos pasar?n de valer 13.539 euros por hect?rea a revalorizarse hasta los 140.362 euros. Multiplicar?n por m?s de diez su precio, si se compara la tasaci?n para una hect?rea de secano, por ejemplo vid, al precio de una hect?rea de fres?n de regad?o. Son los datos oficiales de la Junta de Andaluc?a, que defiende que lo ?nico que pretende la proposici?n es cambiar la ordenaci?n del territorio para subsanar una “injusticia” cometida hace una década que hab?a dejado un problema enquistado en la comarca. A esos agricultores la norma le dar? derechos de regad?o pero no agua en superficie, que depende de la Confederaci?n Hidrogr?fica del Guadalquivir, que ha dejado muy claro que en un momento de dr?stica sequ?a no hay agua disponible en una zona especialmente vulnerable.

Revalorizaci?n inmediata

Estos terrenos ubicados en esos municipios de Huelva, a unos 30 kil?metros del Parque Nacional, revalorizar?n de forma inmediata su precio aunque los agricultores no tendr?n agua. Se trata de unas 1.600 hect?reas que en 2014, cuando entr? en vigor tras una década casi de litigios y modificaciones un plan de ordenaci?n de la fresa, se reclasificaron como suelo de secano o forestal. La Junta de Andaluc?a asegura que de las 650 explotaciones agrarias afectadas, unos mil agricultores, se revisar? “caso a caso” y obtendr?n licencias de regad?o la mitad, unas 750 hect?reas. El Gobierno de Juan Manuel Moreno defiende que en ning?n caso se trata de seguir esquilmando el acu?fero de Do?ana, un bien a proteger seg?n la UE y la Unesco, con amenazas de multas inmediatas desde Bruselas si eso no ocurre. La proposici?n de ley deja claro que se trata de dar licencias de regad?os para que se use agua en superficie. El PP desliga la norma de los pozos ilegales que esquilman el acu?fero, chupando agua de las reservas de Do?ana, cuyo cierre, insisten, es competencia del Gobierno la naci?n, que acomete un nuevo plan para seguir clausurando extracciones ilegales de agua. Decenas de sentencias de los tribunales han denegado a estos agricultores sus derechos de regad?os en los tribunales.

Sin embargo, los ecologistas advierten de que muchos de esos agricultores que se ver?n beneficiados por la nueva ley son los mismos que han estado usando pozos ilegales. La Plataforma en defensa de los regad?os del Condado de Huelva, que aglutina a unos 1.500 agricultores que aspiran a ser beneficiados por la proposici?n de ley de Do?ana que tramita el Parlamento andaluz, admite que sus agricultores reciben una media de entre “10 y 15 multas diarias”. Las sanciones provienen de la Confederaci?n Hidrogr?fica del Guadalquivir, por la captaci?n ilegal de aguas subterr?neas que secan el acu?fero de Do?ana, y de la Junta de Andaluc?a, por los inspectores de ordenaci?n del territorio y suelo, explicaron los afectados.

"Es una amnist?a"

El portavoz de la organizaci?n ecologistas WWF, Juan José Carmona, es claro sobre este asunto: “Es inaceptable que una ley unilateral, con el rechazo de todos los que est?n implicados en Do?ana, salga adelante y dé una amnist?a del Gobierno andaluz a los que se han saltado la ley”, se?ala. Esa palabra “amnist?a” o “indulto”, en el candelero de la pol?tica espa?ola por las negociaciones para la investidura del PSOE con Junts, es tajantemente rechazada por el presidente andaluz, que niega que se trate de eso y denuncia una “campa?a de desinformaci?n”.

Los ecologistas est?n convencidos de que el recurso del Gobierno al Constitucional saldr? adelante. El Ministerio para la Transici?n Ecol?gica, de Teresa Ribera, ha anunciado que solicitar? su suspensi?n como medida cautelar hasta que el TC resuelva. Desde WWF no solo creen que hay una invasi?n de competencias, la concesi?n de agua depende de la Confederaci?n Hidrogr?fica del Guadalquivir, de gesti?n exclusiva del Estado. Hablan adem?s de una “vulneraci?n del principio de igualdad entre los espa?oles”. “?Por qué estos agricultores van a tener un derecho preferente sobre el agua que pueda llegar a Do?ana en superficie respecto a otros? Porque ese es el sentido de la ley, dar derechos de agua de forma privilegiada a unos cuantos que son precisamente los que en muchos casos han estado sacando agua ilegal del acu?fero”, remata Carmona (WWF).

Este portavoz, que no descarta acciones de los grupos ecologistas cuando la semana pr?xima se apruebe la norma, asisti? al Comité de Patrimonio Mundial de la Unesco, reunido en Riad la semana pasada y que aprob?, sin enmiendas, un documento que reconoce los progresos realizados por las autoridades para reducir el uso de aguas subterr?neas del acu?fero de Do?ana, pero reitera su "intensa preocupaci?n en cuanto a la sobreexplotaci?n de tres de las masas de agua". La Unesco pide adem?s a Espa?a que presente un informe actualizado antes del 1 de diciembre de 2024. El responsable de WWF asegura que la preocupaci?n existe en todas las autoridades internacionales congregadas en la cita de la Unesco y que esa resoluci?n expresa con “un lenguaje muy diplom?tico” la “estupefacci?n” y la “sorpresa” que le trasladaron en ese foro porque la ley del regad?o salga adelante en Andaluc?a.

Sin cambios

El pasado abril, cuando la proposici?n de ley inici? su tramitaci?n parlamentaria en mitad de una gran polémica con eco internacional, el presidente de la Junta asegur? que el proyecto de ley que ampl?a las hect?reas de regad?o era “susceptible de modificaciones y cambios” y acept? tocar todos los art?culos que desde Bruselas el comisario de Medio Ambiente pidiera para que tenga encaje en la directiva europea. Eso no ha ocurrido. El Gobierno de la naci?n asegur? que el ?nico di?logo posible se dar?a si antes se retiraba la norma. Bruselas eludi? posicionarse sobre el texto y se limit? a recordar que ya hay una sentencia de la justicia europea que dispone multas y sanciones autom?ticas si no se protegen los acu?feros de Do?ana.

La oposici?n de PSOE, Por Andaluc?a y Adelante Andaluc?a han declinado registrar o negociar enmiendas al texto y han exigido que decaiga. Los ecologistas s? presentaron alegaciones que fueron asumidas por los grupos de la oposici?n y han deca?do. Las ?nicas enmiendas incorporadas son 12 del PP y tiene car?cter “puramente técnico”, relacionadas con la forma u ordenaci?n del texto, en la l?nea de los cambios que planteaba el informe jur?dico de valoraci?n de la proposici?n. Se trata de cambios de numeraci?n de p?rrafos, de sustituci?n del término "proposici?n de ley" por ley, concreci?n de los t?tulos de cada ep?grafe (por ejemplo el referido a la creaci?n de la oficina técnica que deber? revisar cada caso) o incluso la supresi?n de un p?rrafo de la disposici?n final para subirlo a la exposici?n de motivos, a fin de clarificar mejor las competencias entre administraciones p?blicas, clave para evitar el recurso de inconstitucionalidad.



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