الريــم
07-22-2023, 10:27 AM
Sin periodistas no hay periodismo, sin periodismo no hay democracia. Un total de 163 profesionales de una veintena de medios diferentes -gran parte de ellos informadores especializados en tribunales, sucesos o investigaci?n- suscriben los escritos dirigidos al fiscal general del Estado, ?lvaro Garc?a Ortiz, y al presidente en funciones del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Vicente Guilarte, manifestando su intensa preocupaci?n por la sentencia dictada el pasado 6 de junio que condena de forma inédita a penas de c?rcel a una redactora entonces de Huelva Informaci?n por un delito de revelaci?n de secretos, por informar del sumario abierto a ra?z del asesinato de Laura Luelmo en 2018.
Los informadores, entre los que se encuentran varios de los pertenecientes al grupo Prensa Ibérica, alertan y reclaman una reacci?n de ambas instituciones, que deben defender los derechos fundamentales que sustentan nuestra democracia. Entre ellos se encuentra el derecho a comunicar o recibir libremente informaci?n veraz que consagra el art?culo 20 de nuestra Constituci?n, que resoluciones como la dictada por la Audiencia Provincial de Huelva, en la que los jueces se arroban el derecho a declarar qué informaci?n es relevante y cu?l no, ponen en serio riesgo.
A continuaci?n reproducimos el contenido ?ntegro de la comunicaci?n dirigida al Consejo General del Poder Judicial, coincidente con el remitido a la Fiscal?a General:
Los informadores que suscribimos este escrito, promovido por los periodistas de tribunales de toda Espa?a, consideramos necesario hacer part?cipe al ?rgano de gobierno del Poder Judicial de nuestra intensa preocupaci?n por las consecuencias que para el derecho a la informaci?n de los ciudadanos pueden tener el contenido y el fallo de la sentencia dictada el pasado 6 de junio por la Audiencia Provincial de Huelva (Secci?n Tercera) en el procedimiento abreviado 4/2022.
La sentencia condena a dos a?os de prisi?n, multa e inhabilitaci?n durante dos a?os para el ejercicio del oficio a una periodista que public? distintas informaciones sobre la investigaci?n de la muerte de Laura Luelmo.
La sentencia entra a juzgar ciertos datos -siempre veraces- difundidos en las informaciones para calificarlos de “innecesarios e irrelevantes para el interés p?blico” o considerar que “exceden de lo que puede esperar la poblaci?n en general” a la vista de los “detalles” que se proporcionan.
Lamentamos desconocer -la sentencia no aporta motivaci?n alguna en este importante aspecto- en qué criterios se basan los magistrados para determinar “lo que puede esperar la poblaci?n en general” de las informaciones period?sticas sobre los cr?menes m?s graves que impactan, con l?gica preocupaci?n, en la ciudadan?a.
Que los jueces decidan qué es o no noticiable, o qué partes de la realidad deben ser publicadas u ocultadas a los ciudadanos es, para nosotros, motivo de inquietud. No porque cuestionemos la autoridad de los jueces, sino porque deben explicar los criterios en los que basan sus decisiones para que éstas no sean arbitrarias o generen inseguridad jur?dica. La sentencia objeto de este escrito incurre, a nuestro juicio, en ambas cosas. Que la aplicaci?n del C?digo Penal dependa de lo que cada juez entienda por “excesivo”, “innecesario” o “irrelevante” en términos informativos, sin justificar por qué, sume el ejercicio del derecho fundamental a la informaci?n en la mayor incertidumbre.
Los periodistas de tribunales decidimos lo que publicamos conforme al derecho de los ciudadanos a la informaci?n, el interés period?stico, la autonom?a editorial y el compromiso con la audiencia de cada medio. Sustituir esos criterios, de profunda raigambre en el oficio, por la particular percepci?n de cada juez sobre lo que es o no "necesario" o "excesivo" en una noticia, sin evaluar en ning?n momento las reglas del periodismo y, sobre todo, recurriendo como desproporcionado castigo al m?ximo poder penal del Estado -la c?rcel- nos parece muy grave a estas alturas de desarrollo de los derechos fundamentales que garantiza nuestra Constituci?n.
Los periodistas de tribunales sabemos que la intimidad es uno de los l?mites a la libertad de informaci?n. No justificamos el amarillismo ni las invasiones de la intimidad que no tengan una estricta motivaci?n period?stica. No todo vale en nuestro oficio.
Pero es exigible una ponderaci?n entre ambos derechos que la Audiencia de Huelva omite por completo. Una explicaci?n de por qué el derecho a la informaci?n debe ceder respecto a esos datos cuya difusi?n se considera delictiva, pese a que acabaron siendo objeto de consideraci?n en el juicio y en la sentencia dictada contra el autor de los hechos, lo que pone en cuesti?n su “irrelevancia”.
Al relatar lo ocurrido en cr?menes de enorme gravedad, los medios de comunicaci?n informan a la opini?n p?blica de algo que tiene derecho a conocer: c?mo se investigan y persiguen los delitos. Para ello se sirven habitualmente de datos contrastados que forman parte de la instrucci?n. Pero no existe un tipo penal que castigue el acceso de los periodistas a ese material. El secreto de la instrucci?n no es exigible a los periodistas, sino exclusivamente a aquellos obligados a guardarlo (a los que se aplica, por cierto, un tipo penal espec?fico con penas menos severas que las previstas en el art?culo 197). Por ello, mal puede basarse la condena en un delito de revelaci?n de secretos sumariales por parte de los periodistas, amparados por el deber y el derecho a ejercer las libertades que protege el art?culo 20.1d) de la Constituci?n.
La represi?n penal de los posibles excesos cometidos, en lugar de ser sancionados por la jurisdicci?n civil, puede causar en los periodistas un “efecto desaliento” enormemente perjudicial para el derecho a la informaci?n de los ciudadanos. Ninguna instituci?n implicada en la defensa de los derechos fundamentales puede ser indiferente ante ese riesgo. Creemos que el Consejo General del Poder Judicial, una de cuyas misiones esenciales es procurar que los ?rganos judiciales act?en de forma que merezcan la confianza de los ciudadanos, no debe permanecer ajeno y apelamos, por ello, a su buen criterio para transmitir a la sociedad su inequ?voco compromiso con el derecho fundamental a la informaci?n.
أكثر... (https://www.sport.es/es/noticias/nacional/periodistas-alertan-fiscal-general-libertad-informacion-90191310)
Los informadores, entre los que se encuentran varios de los pertenecientes al grupo Prensa Ibérica, alertan y reclaman una reacci?n de ambas instituciones, que deben defender los derechos fundamentales que sustentan nuestra democracia. Entre ellos se encuentra el derecho a comunicar o recibir libremente informaci?n veraz que consagra el art?culo 20 de nuestra Constituci?n, que resoluciones como la dictada por la Audiencia Provincial de Huelva, en la que los jueces se arroban el derecho a declarar qué informaci?n es relevante y cu?l no, ponen en serio riesgo.
A continuaci?n reproducimos el contenido ?ntegro de la comunicaci?n dirigida al Consejo General del Poder Judicial, coincidente con el remitido a la Fiscal?a General:
Los informadores que suscribimos este escrito, promovido por los periodistas de tribunales de toda Espa?a, consideramos necesario hacer part?cipe al ?rgano de gobierno del Poder Judicial de nuestra intensa preocupaci?n por las consecuencias que para el derecho a la informaci?n de los ciudadanos pueden tener el contenido y el fallo de la sentencia dictada el pasado 6 de junio por la Audiencia Provincial de Huelva (Secci?n Tercera) en el procedimiento abreviado 4/2022.
La sentencia condena a dos a?os de prisi?n, multa e inhabilitaci?n durante dos a?os para el ejercicio del oficio a una periodista que public? distintas informaciones sobre la investigaci?n de la muerte de Laura Luelmo.
La sentencia entra a juzgar ciertos datos -siempre veraces- difundidos en las informaciones para calificarlos de “innecesarios e irrelevantes para el interés p?blico” o considerar que “exceden de lo que puede esperar la poblaci?n en general” a la vista de los “detalles” que se proporcionan.
Lamentamos desconocer -la sentencia no aporta motivaci?n alguna en este importante aspecto- en qué criterios se basan los magistrados para determinar “lo que puede esperar la poblaci?n en general” de las informaciones period?sticas sobre los cr?menes m?s graves que impactan, con l?gica preocupaci?n, en la ciudadan?a.
Que los jueces decidan qué es o no noticiable, o qué partes de la realidad deben ser publicadas u ocultadas a los ciudadanos es, para nosotros, motivo de inquietud. No porque cuestionemos la autoridad de los jueces, sino porque deben explicar los criterios en los que basan sus decisiones para que éstas no sean arbitrarias o generen inseguridad jur?dica. La sentencia objeto de este escrito incurre, a nuestro juicio, en ambas cosas. Que la aplicaci?n del C?digo Penal dependa de lo que cada juez entienda por “excesivo”, “innecesario” o “irrelevante” en términos informativos, sin justificar por qué, sume el ejercicio del derecho fundamental a la informaci?n en la mayor incertidumbre.
Los periodistas de tribunales decidimos lo que publicamos conforme al derecho de los ciudadanos a la informaci?n, el interés period?stico, la autonom?a editorial y el compromiso con la audiencia de cada medio. Sustituir esos criterios, de profunda raigambre en el oficio, por la particular percepci?n de cada juez sobre lo que es o no "necesario" o "excesivo" en una noticia, sin evaluar en ning?n momento las reglas del periodismo y, sobre todo, recurriendo como desproporcionado castigo al m?ximo poder penal del Estado -la c?rcel- nos parece muy grave a estas alturas de desarrollo de los derechos fundamentales que garantiza nuestra Constituci?n.
Los periodistas de tribunales sabemos que la intimidad es uno de los l?mites a la libertad de informaci?n. No justificamos el amarillismo ni las invasiones de la intimidad que no tengan una estricta motivaci?n period?stica. No todo vale en nuestro oficio.
Pero es exigible una ponderaci?n entre ambos derechos que la Audiencia de Huelva omite por completo. Una explicaci?n de por qué el derecho a la informaci?n debe ceder respecto a esos datos cuya difusi?n se considera delictiva, pese a que acabaron siendo objeto de consideraci?n en el juicio y en la sentencia dictada contra el autor de los hechos, lo que pone en cuesti?n su “irrelevancia”.
Al relatar lo ocurrido en cr?menes de enorme gravedad, los medios de comunicaci?n informan a la opini?n p?blica de algo que tiene derecho a conocer: c?mo se investigan y persiguen los delitos. Para ello se sirven habitualmente de datos contrastados que forman parte de la instrucci?n. Pero no existe un tipo penal que castigue el acceso de los periodistas a ese material. El secreto de la instrucci?n no es exigible a los periodistas, sino exclusivamente a aquellos obligados a guardarlo (a los que se aplica, por cierto, un tipo penal espec?fico con penas menos severas que las previstas en el art?culo 197). Por ello, mal puede basarse la condena en un delito de revelaci?n de secretos sumariales por parte de los periodistas, amparados por el deber y el derecho a ejercer las libertades que protege el art?culo 20.1d) de la Constituci?n.
La represi?n penal de los posibles excesos cometidos, en lugar de ser sancionados por la jurisdicci?n civil, puede causar en los periodistas un “efecto desaliento” enormemente perjudicial para el derecho a la informaci?n de los ciudadanos. Ninguna instituci?n implicada en la defensa de los derechos fundamentales puede ser indiferente ante ese riesgo. Creemos que el Consejo General del Poder Judicial, una de cuyas misiones esenciales es procurar que los ?rganos judiciales act?en de forma que merezcan la confianza de los ciudadanos, no debe permanecer ajeno y apelamos, por ello, a su buen criterio para transmitir a la sociedad su inequ?voco compromiso con el derecho fundamental a la informaci?n.
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