الريــم
07-19-2023, 09:00 AM
El acuerdo entre la UE y Mercosur, paralizado por la oposici?n de pa?ses europeos ante la deforestaci?n del Amazonas y la amenaza ecol?gica que supone, ha provocado también el rechazo de ONG ecologistas, movimientos sociales y plataformas civiles de ambos lados del Atl?ntico.
Una «excelente noticia para el empleo y las oportunidades empresariales generadoras de prosperidad y desarrollo» de las dos regiones: as? defini? el presidente espa?ol, Pedro S?nchez, el acuerdo de libre comercio entre UE y Mercosur poco después de su firma en 2019, un tratado que pretende eliminar aranceles entre ambos grupos econ?micos.
Sin embargo, algunos gobiernos europeos como Austria, Pa?ses Bajos, Bélgica o Irlanda han sido reacios a su ratificaci?n; al igual que Francia, donde el presidente Emanuelle Macron lo ha manifestado en algunas ocasiones, y el secretario de Estado de Comercio Exterior, Franck Riester, aseguraba en mayo que no firmar?an el acuerdo sin «garant?as verificables en materia de lucha contra el cambio clim?tico, la deforestaci?n y de respeto a las normas sanitarias y fitosanitarias».
Organizaciones ecologistas y plataformas civiles también se oponen a la aplicaci?n del acuerdo, como Ecologistas en Acci?n y la campa?a No a los Tratados de Comercio e Inversi?n, cuya portavoz Marta Garc?a Pallarés ha explicado en declaraciones a Efe el rechazo de su organizaci?n al mismo ante las contradictorias pol?ticas del Gobierno espa?ol.
«Por un lado vemos c?mo en el Gobierno se impulsan pol?ticas como la Ley de Cambio Clim?tico», a la que ha descrito como «un avance» en la lucha contra la crisis clim?tica, «y por otro lado se firma un acuerdo comercial que lo que va a hacer es profundizar en la destrucci?n de ecosistemas muy importantes en Latinoamérica como la Amazon?a».
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Para la portavoz de Ecologistas, «bajo ning?n escenario este acuerdo va a generar un impacto positivo para la econom?a espa?ola, como recoge un informe publicado por el sindicato Uni?n General de Trabajadores (UGT)»; adem?s, denuncia que desde Espa?a se «tienda la mano» al Gobierno del presidente brasile?o, Jair Bolsonaro, al que ha acusado de «lapidar todas las medidas de protecci?n ambiental y de derechos humanos».
Charles Traconte, miembro de la coordinaci?n nacional del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) de Brasil, afirma a Efe que hist?ricamente la deforestaci?n est? marcada por el «modelo de desarrollo» que el Gobierno estableci? para la agrupaci?n de estados presentes en la cuenca amaz?nica, conocida como Amazon?a Legal: «Brasil en los ?ltimos 30 a?os especializ? su econom?a en producci?n agr?cola y mineral».
«En Par? -uno de los estados de la Amazon?a Legal- hay 8 millones de habitantes y 144 municipios; en el sureste de Par? hay 21 millones de cabezas de ganado. Hay m?s ganado que gente», asegura Traconte, que atribuye este desequilibrio a la migraci?n que desde hace décadas se produce del campo a las ciudades.
Con lo cual, «el agente deforestador de la Amazon?a no son las personas, sino las pol?ticas del Gobierno central, que incentivan la deforestaci?n bajo motivos econ?micos» y la «formaci?n de latifundios».
Marcio Astrini, secretario ejecutivo del Observatorio Do Clima (ODC), entidad brasile?a compuesta de 68 organizaciones, ha asegurado en entrevista a Efe que, pese a que antes de Bolsonaro también exist?a deforestaci?n, ésta «se ha incrementado un 66 %» dos a?os después de su llegada al ejecutivo.
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Astrini no conf?a en que la presi?n internacional cambie la pol?tica de Bolsonaro: «los l?deres europeos pueden intentar continuar con la firma, pero deber?n estar seguros de que estar?n haciendo una especie de acto de fraternidad hacia las pol?ticas p?blicas de Bolsonaro en términos de medioambiente en Brasil».
El reciente cambio en el ministerio brasile?o de Medio Ambiente debido a la dimisi?n de Ricardo Salles, y su sustituci?n por Joaquim Pereira Leite tampoco se intuye como un «verdadero cambio en las pol?ticas medioambientales», seg?n Marcio Astrini.
«Con Ricardo Salles o Joaquim Leite se va a seguir implementando la misma pol?tica», ha remarcado el secretario ejecutivo del ODC, que ha a?adido que «Salles no dej? el ministerio porque Bolsonaro estuviese insatisfecho», sino por problemas legales.
La polic?a investiga actualmente la supuesta relaci?n de Salles con «la exportaci?n ilegal de madera brasile?a» a Estados Unidos y Europa; adem?s, «ten?a bloqueado el sistema de multas ambientales en Brasil», asegura Astrini.
Asimismo, seg?n el secretario ejecutivo del ODC, la invasi?n de tierras ind?genas por parte de la agroindustria y las «actividades criminales» est?n creciendo contra esas comunidades en la Amazon?a brasile?a.
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Astrini se?ala que el reciente Proyecto de Ley 490/2007, impulsado por la Comisi?n de Constituci?n, Justicia y Ciudadan?a en Brasil, «deja imposible la demarcaci?n de nuevas ?reas ind?genas en Brasil (para su protecci?n) y abre la posibilidad de que las tierras ind?genas ya existentes sean tomadas por el agronegocio brasile?o».
Junto a este, existen otros dos proyectos que Bolsonaro tiene intenci?n de sacar adelante: el PL 3729, con el que «se flexibiliza la aprobaci?n de licencias de explotaci?n de la tierra para la construcci?n, la agricultura o la miner?a», entre otras actividades, y que ya fue aprobado en el Congreso; y el PL 191/2020, que pretende «permitir la actividad minera en tierras ind?genas», explica Marcio Astrini.
Por su parte, Marta Garc?a Pallarés denuncia que el Gobierno haya asignado «la identificaci?n, delimitaci?n y demarcaci?n de tierras ind?genas al Ministerio de Agricultura», quit?ndole esas competencias a la Fundaç?o Nacional do ?ndio (FUNAI), «?rgano indigenista que hist?ricamente ha protegido los derechos de las comunidades ind?genas», asegura.
Te puede interesar: El Amazonas perdi? dos campos de f?tbol de selva cada minuto en 2020 (https://verdeyazul.diarioinformacion.com/el-amazonas-perdio-dos-campos-de-futbol-de-selva-cada-minuto-en-2020.html)
أكثر... (https://www.sport.es/es/noticias/medio-ambiente/acuerdo-ue-mercosur-amenaza-amazonas-90054307)
Una «excelente noticia para el empleo y las oportunidades empresariales generadoras de prosperidad y desarrollo» de las dos regiones: as? defini? el presidente espa?ol, Pedro S?nchez, el acuerdo de libre comercio entre UE y Mercosur poco después de su firma en 2019, un tratado que pretende eliminar aranceles entre ambos grupos econ?micos.
Sin embargo, algunos gobiernos europeos como Austria, Pa?ses Bajos, Bélgica o Irlanda han sido reacios a su ratificaci?n; al igual que Francia, donde el presidente Emanuelle Macron lo ha manifestado en algunas ocasiones, y el secretario de Estado de Comercio Exterior, Franck Riester, aseguraba en mayo que no firmar?an el acuerdo sin «garant?as verificables en materia de lucha contra el cambio clim?tico, la deforestaci?n y de respeto a las normas sanitarias y fitosanitarias».
Organizaciones ecologistas y plataformas civiles también se oponen a la aplicaci?n del acuerdo, como Ecologistas en Acci?n y la campa?a No a los Tratados de Comercio e Inversi?n, cuya portavoz Marta Garc?a Pallarés ha explicado en declaraciones a Efe el rechazo de su organizaci?n al mismo ante las contradictorias pol?ticas del Gobierno espa?ol.
«Por un lado vemos c?mo en el Gobierno se impulsan pol?ticas como la Ley de Cambio Clim?tico», a la que ha descrito como «un avance» en la lucha contra la crisis clim?tica, «y por otro lado se firma un acuerdo comercial que lo que va a hacer es profundizar en la destrucci?n de ecosistemas muy importantes en Latinoamérica como la Amazon?a».
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Para la portavoz de Ecologistas, «bajo ning?n escenario este acuerdo va a generar un impacto positivo para la econom?a espa?ola, como recoge un informe publicado por el sindicato Uni?n General de Trabajadores (UGT)»; adem?s, denuncia que desde Espa?a se «tienda la mano» al Gobierno del presidente brasile?o, Jair Bolsonaro, al que ha acusado de «lapidar todas las medidas de protecci?n ambiental y de derechos humanos».
Charles Traconte, miembro de la coordinaci?n nacional del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) de Brasil, afirma a Efe que hist?ricamente la deforestaci?n est? marcada por el «modelo de desarrollo» que el Gobierno estableci? para la agrupaci?n de estados presentes en la cuenca amaz?nica, conocida como Amazon?a Legal: «Brasil en los ?ltimos 30 a?os especializ? su econom?a en producci?n agr?cola y mineral».
«En Par? -uno de los estados de la Amazon?a Legal- hay 8 millones de habitantes y 144 municipios; en el sureste de Par? hay 21 millones de cabezas de ganado. Hay m?s ganado que gente», asegura Traconte, que atribuye este desequilibrio a la migraci?n que desde hace décadas se produce del campo a las ciudades.
Con lo cual, «el agente deforestador de la Amazon?a no son las personas, sino las pol?ticas del Gobierno central, que incentivan la deforestaci?n bajo motivos econ?micos» y la «formaci?n de latifundios».
Marcio Astrini, secretario ejecutivo del Observatorio Do Clima (ODC), entidad brasile?a compuesta de 68 organizaciones, ha asegurado en entrevista a Efe que, pese a que antes de Bolsonaro también exist?a deforestaci?n, ésta «se ha incrementado un 66 %» dos a?os después de su llegada al ejecutivo.
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Astrini no conf?a en que la presi?n internacional cambie la pol?tica de Bolsonaro: «los l?deres europeos pueden intentar continuar con la firma, pero deber?n estar seguros de que estar?n haciendo una especie de acto de fraternidad hacia las pol?ticas p?blicas de Bolsonaro en términos de medioambiente en Brasil».
El reciente cambio en el ministerio brasile?o de Medio Ambiente debido a la dimisi?n de Ricardo Salles, y su sustituci?n por Joaquim Pereira Leite tampoco se intuye como un «verdadero cambio en las pol?ticas medioambientales», seg?n Marcio Astrini.
«Con Ricardo Salles o Joaquim Leite se va a seguir implementando la misma pol?tica», ha remarcado el secretario ejecutivo del ODC, que ha a?adido que «Salles no dej? el ministerio porque Bolsonaro estuviese insatisfecho», sino por problemas legales.
La polic?a investiga actualmente la supuesta relaci?n de Salles con «la exportaci?n ilegal de madera brasile?a» a Estados Unidos y Europa; adem?s, «ten?a bloqueado el sistema de multas ambientales en Brasil», asegura Astrini.
Asimismo, seg?n el secretario ejecutivo del ODC, la invasi?n de tierras ind?genas por parte de la agroindustria y las «actividades criminales» est?n creciendo contra esas comunidades en la Amazon?a brasile?a.
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Astrini se?ala que el reciente Proyecto de Ley 490/2007, impulsado por la Comisi?n de Constituci?n, Justicia y Ciudadan?a en Brasil, «deja imposible la demarcaci?n de nuevas ?reas ind?genas en Brasil (para su protecci?n) y abre la posibilidad de que las tierras ind?genas ya existentes sean tomadas por el agronegocio brasile?o».
Junto a este, existen otros dos proyectos que Bolsonaro tiene intenci?n de sacar adelante: el PL 3729, con el que «se flexibiliza la aprobaci?n de licencias de explotaci?n de la tierra para la construcci?n, la agricultura o la miner?a», entre otras actividades, y que ya fue aprobado en el Congreso; y el PL 191/2020, que pretende «permitir la actividad minera en tierras ind?genas», explica Marcio Astrini.
Por su parte, Marta Garc?a Pallarés denuncia que el Gobierno haya asignado «la identificaci?n, delimitaci?n y demarcaci?n de tierras ind?genas al Ministerio de Agricultura», quit?ndole esas competencias a la Fundaç?o Nacional do ?ndio (FUNAI), «?rgano indigenista que hist?ricamente ha protegido los derechos de las comunidades ind?genas», asegura.
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