الريــم
07-03-2023, 09:50 PM
La Audiencia Provincial de Huelva ha condenado a una periodista como autora de un delito de revelaci?n de secretos a una pena de dos a?os de prisi?n e inhabilitaci?n para el ejercicio de la profesi?n por narrar en cuatro de sus informaciones detalles del sumario judicial sobre el crimen de Laura Luelmo, la profesora que fue brutalmente asesinada tras ser v?ctima de una agresi?n sexual en El Campillo (Huelva), a manos de un asesino y agresor reincidente, en diciembre de 2018. La redactora difundi? sus informaciones en ‘Huelva Informaci?n’, empresa del Grupo Joly que es condenada a asumir una indemnizaci?n de 30.000 euros a los familiares de la v?ctima.
La condena, inédita en Espa?a, sienta “un grave precedente”, seg?n el profesor de Derecho Constitucional Joaqu?n Ur?as, y ha puesto en pie a todas las asociaciones de la prensa en Andaluc?a, que han emitido un comunicado un?nime por la amenaza que supone para la profesi?n period?stica, al “poner en riesgo”, denuncian, “los est?ndares democr?ticos que protegen a la profesi?n period?stica en la Constituci?n”. "Esta sentencia puede generar un peligroso precedente ya que, en opini?n de estas asociaciones, atenta directamente contra el derecho constitucional de la ciudadan?a a recibir una informaci?n veraz, en este caso, verdadera", alertan las asociaciones profesionales, respaldadas por la FAPE (Federaci?n de Asociaciones de Periodistas de Espa?a), que recriminan que un juez pueda arrogarse "la censura a posteriori" de una informaci?n period?stica.
Enfado de los jueces
?Qué hay detr?s de esta sentencia? Los expertos tienen claro que en ese fallo de la Audiencia de Huelva late el enfado creciente de los jueces por las filtraciones de los sumarios judiciales. Una pr?ctica habitual que indigna a los magistrados porque consideran que “intefiere” en su trabajo. Se filtr? un video de la declaraci?n de la infanta Cristina de Borb?n ante el juez en su declaraci?n por el caso Noos, que conden? a su entonces marido I?aki Urdangar?n. Pudimos ver a la tonadillera Isabel Pantoja llorando ante el juez en otro v?deo ?ntegro de su declaraci?n filtrado a la prensa y que formaba parte del sumario. Hasta ahora, nunca se ha podido castigar a un periodista por esa pr?ctica. La raz?n, Ur?as lo tiene claro, es que es legal.
El C?digo Penal castiga a los jueces y los funcionarios por filtraciones de un sumario y la ley de Enjuiciamiento Criminal pone multas a los abogados que revelen datos de la instrucci?n pero en el ordenamiento jur?dico espa?ol no se puede castigar a los periodistas por revelar informaciones de sumarios judiciales, recuerda el profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla. Esa es, en gran parte, la obligaci?n del informador, revelar secretos.
El Tribunal Constitucional ya dio amparo a los informadores de Baleares del llamado ‘caso Cursach’, a quienes un juez intervino sus teléfonos m?viles y sus ordenadores por una filtraci?n en la instrucci?n del caso al empresario del ocio mallorqu?n. El Constitucional alert? de que se atacaban directamente “intereses constitucionales especialmente protegidos” para los informadores. En Granada, un juez orden? investigar un grupo de 103 periodistas con el abogado de Juana Rivas y el pasado mayo se archiv? la querella.
La sentencia de la Audiencia de Huelva busca otro camino para condenar a la periodista y acude al art?culo 197 del C?digo Penal, que castiga a quien difunda secretos que vulneren la intimidad de las personas y obtengan esa informaci?n de manera il?cita. “Esto es un invento muy peligroso”, advierte Urias, porque no se puede demostrar que la periodista haya obtenido esa informaci?n salt?ndose la ley y porque un juez no puede determinar que tiene relevancia p?blica y que no lo tiene.
Esa es la parte m?s llamativa de la sentencia, en la que la Audiencia se dedica a escudri?ar las informaciones para decidir qué debi? contarse y que no, actuando los magistrados como censores de la informaci?n. Por ejemplo consideran que no es relevante que trascendiera a la opini?n p?blica que la asesinada fue violada antes de ser brutalmente asesinada, seg?n se relevaba en la autopsia. Igualmente reprocha que trasciendan algunas informaciones del sumario porque ya hab?an sido transmitidas en una nota de prensa difundida de forma oficial por el Tribunal Superior de Justicia de Andaluc?a. El fiscal apoy? que los hechos descritos supon?an un delito contra la intimidad.
La sentencia no entra en ning?n momento a analizar si lo que se contaba es veraz o no, ya que parte de que la informadora se limit? a hacerse eco de las diligencias judiciales del sumario que se instru?a. Es decir, la periodista cumpli? con su obligaci?n de dar informaci?n veraz bajo el paraguas de la libertad de informaci?n. La Audiencia lo que castiga es que esa informaci?n que se proporcion?, seg?n el criterio de los magistrados, carec?a “de interés p?blico prevalente”. Esa es la l?nea roja que seg?n las asociaciones de la prensa pone en riesgo el ejercicio profesional al considerar que no pueden ser los jueces los que decidan qué tiene interés y que no en un sumario.
No pueden ser los jueces los que decidan que los datos aportados en un art?culo son “manifiestamente innecesarios e irrelevantes”, tal y como recogen en la sentencia, donde se arrogan la decisi?n de qué tiene o no “interés informativo”. “Hay datos de un sumario que es evidente que no se pueden revelar, claro que hay l?mites, t? no puedes difundir por ejemplo el nombre completo o la direcci?n de la v?ctima de la violaci?n de ‘La Manada’ pero lo que decide esta sentencia es algo muy diferente.
No se difunde por ejemplo el video de una violaci?n sino detalles informativos que de manera muy peligrosa se decide que no son relevantes. ?No es relevante contar que la autopsia revela una agresi?n sexual? ?No tiene derecho la ciudadan?a a saber que este agresor y asesino reincidente golpe? hasta matar a la v?ctima? Lo que castiga claramente no se puede castigar en el ordenamiento jur?dico espa?ol y me atrevo a decir con claridad que el Tribunal Superior de Justicia de Andaluc?a (TSJA) tumbara esta sentencia”, se?ala el experto en Derecho Constitucional Joaqu?n Urias.
أكثر... (https://www.sport.es/es/noticias/nacional/condena-periodista-revelar-datos-sumario-89428994)
La condena, inédita en Espa?a, sienta “un grave precedente”, seg?n el profesor de Derecho Constitucional Joaqu?n Ur?as, y ha puesto en pie a todas las asociaciones de la prensa en Andaluc?a, que han emitido un comunicado un?nime por la amenaza que supone para la profesi?n period?stica, al “poner en riesgo”, denuncian, “los est?ndares democr?ticos que protegen a la profesi?n period?stica en la Constituci?n”. "Esta sentencia puede generar un peligroso precedente ya que, en opini?n de estas asociaciones, atenta directamente contra el derecho constitucional de la ciudadan?a a recibir una informaci?n veraz, en este caso, verdadera", alertan las asociaciones profesionales, respaldadas por la FAPE (Federaci?n de Asociaciones de Periodistas de Espa?a), que recriminan que un juez pueda arrogarse "la censura a posteriori" de una informaci?n period?stica.
Enfado de los jueces
?Qué hay detr?s de esta sentencia? Los expertos tienen claro que en ese fallo de la Audiencia de Huelva late el enfado creciente de los jueces por las filtraciones de los sumarios judiciales. Una pr?ctica habitual que indigna a los magistrados porque consideran que “intefiere” en su trabajo. Se filtr? un video de la declaraci?n de la infanta Cristina de Borb?n ante el juez en su declaraci?n por el caso Noos, que conden? a su entonces marido I?aki Urdangar?n. Pudimos ver a la tonadillera Isabel Pantoja llorando ante el juez en otro v?deo ?ntegro de su declaraci?n filtrado a la prensa y que formaba parte del sumario. Hasta ahora, nunca se ha podido castigar a un periodista por esa pr?ctica. La raz?n, Ur?as lo tiene claro, es que es legal.
El C?digo Penal castiga a los jueces y los funcionarios por filtraciones de un sumario y la ley de Enjuiciamiento Criminal pone multas a los abogados que revelen datos de la instrucci?n pero en el ordenamiento jur?dico espa?ol no se puede castigar a los periodistas por revelar informaciones de sumarios judiciales, recuerda el profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla. Esa es, en gran parte, la obligaci?n del informador, revelar secretos.
El Tribunal Constitucional ya dio amparo a los informadores de Baleares del llamado ‘caso Cursach’, a quienes un juez intervino sus teléfonos m?viles y sus ordenadores por una filtraci?n en la instrucci?n del caso al empresario del ocio mallorqu?n. El Constitucional alert? de que se atacaban directamente “intereses constitucionales especialmente protegidos” para los informadores. En Granada, un juez orden? investigar un grupo de 103 periodistas con el abogado de Juana Rivas y el pasado mayo se archiv? la querella.
La sentencia de la Audiencia de Huelva busca otro camino para condenar a la periodista y acude al art?culo 197 del C?digo Penal, que castiga a quien difunda secretos que vulneren la intimidad de las personas y obtengan esa informaci?n de manera il?cita. “Esto es un invento muy peligroso”, advierte Urias, porque no se puede demostrar que la periodista haya obtenido esa informaci?n salt?ndose la ley y porque un juez no puede determinar que tiene relevancia p?blica y que no lo tiene.
Esa es la parte m?s llamativa de la sentencia, en la que la Audiencia se dedica a escudri?ar las informaciones para decidir qué debi? contarse y que no, actuando los magistrados como censores de la informaci?n. Por ejemplo consideran que no es relevante que trascendiera a la opini?n p?blica que la asesinada fue violada antes de ser brutalmente asesinada, seg?n se relevaba en la autopsia. Igualmente reprocha que trasciendan algunas informaciones del sumario porque ya hab?an sido transmitidas en una nota de prensa difundida de forma oficial por el Tribunal Superior de Justicia de Andaluc?a. El fiscal apoy? que los hechos descritos supon?an un delito contra la intimidad.
La sentencia no entra en ning?n momento a analizar si lo que se contaba es veraz o no, ya que parte de que la informadora se limit? a hacerse eco de las diligencias judiciales del sumario que se instru?a. Es decir, la periodista cumpli? con su obligaci?n de dar informaci?n veraz bajo el paraguas de la libertad de informaci?n. La Audiencia lo que castiga es que esa informaci?n que se proporcion?, seg?n el criterio de los magistrados, carec?a “de interés p?blico prevalente”. Esa es la l?nea roja que seg?n las asociaciones de la prensa pone en riesgo el ejercicio profesional al considerar que no pueden ser los jueces los que decidan qué tiene interés y que no en un sumario.
No pueden ser los jueces los que decidan que los datos aportados en un art?culo son “manifiestamente innecesarios e irrelevantes”, tal y como recogen en la sentencia, donde se arrogan la decisi?n de qué tiene o no “interés informativo”. “Hay datos de un sumario que es evidente que no se pueden revelar, claro que hay l?mites, t? no puedes difundir por ejemplo el nombre completo o la direcci?n de la v?ctima de la violaci?n de ‘La Manada’ pero lo que decide esta sentencia es algo muy diferente.
No se difunde por ejemplo el video de una violaci?n sino detalles informativos que de manera muy peligrosa se decide que no son relevantes. ?No es relevante contar que la autopsia revela una agresi?n sexual? ?No tiene derecho la ciudadan?a a saber que este agresor y asesino reincidente golpe? hasta matar a la v?ctima? Lo que castiga claramente no se puede castigar en el ordenamiento jur?dico espa?ol y me atrevo a decir con claridad que el Tribunal Superior de Justicia de Andaluc?a (TSJA) tumbara esta sentencia”, se?ala el experto en Derecho Constitucional Joaqu?n Urias.
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