الريــم
06-19-2023, 11:40 AM
Las empresas con m?s de 50 trabajadores de la Regi?n de Murcia y todas las instituciones p?blicas est?n obligadas a disponer de un buz?n de denuncias an?nimas, desde el pasado 13 de junio, a través del cual podr?n dar a conocer irregularidades de las que tengan conocimiento tanto los trabajadores como los clientes y los proveedores.
La Ley Protecci?n de los Denunciantes An?nimos ha impuesto la creaci?n de este tipo de canales para "proteger al informante" siguiendo las pautas marcadas por una directiva europea contempla también la creaci?n de una Autoridad Independiente, que podr? imponer multas de hasta un mill?n de euros a las entidades que adopten represalias contra los denunciantes. Igualmente habr? sanciones para quienes hagan denuncias falsas.
La Comunidad Aut?noma y algunos ayuntamientos como el de Cartagena ya han anunciado la creaci?n del nuevo buz?n de denuncias an?nimo, que funcionaba ya en algunas instituciones del Estado, como la Agencia Tributaria o la Inspecci?n de Trabajo.
El Gobierno regional aprob? en mayo la creaci?n su propio buz?n de denuncias, cuyo m?ximo responsable ser? el jefe de la Inspecci?n General de Servicios. En la informaci?n facilitada por la Comunidad se incluye el acceso a una gu?a para los usuarios. Precisa que «las personas que hagan uso del buz?n del informante deben tener indicios razonables o suficientes sobre la certeza de la informaci?n que comuniquen, no pudiendo formularse comunicaciones genéricas, de mala fe o con abuso de derecho».
Por otra parte, en la Regi?n de Murcia hay muchas empresas que disponen desde hace tiempo de un canal propio para la denuncia de irregularidades por parte de sus trabajadores o para la aportaci?n de sugerencias. El director de la C?tedra de Responsabilidad Social Corporativa de la Universidad de Murcia, Longinos Mar?n, recuerda que «primero las compa??as con m?s de 500 trabajadores y luego las de m?s de 250» tuvieron que incluir en la presentaci?n de sus cuentas anuales informaci?n sobre los sistemas de denuncia «que contemplan sus c?digos de gobernanza y buenas pr?cticas».
La finalidad de la ley es «proteger a las personas que en un contexto laboral o profesional detecten infracciones penales o administrativas graves o muy graves y las comuniquen mediante los mecanismos regulados».
La normativa que obliga ahora a las empresas con m?s de 50 trabajadores establece que «el canal interno deber? permitir realizar comunicaciones por escrito o verbalmente, o de las dos formas. La informaci?n se podr? realizar bien por escrito, a través de correo postal o a través de cualquier medio electr?nico habilitado al efecto, o verbalmente por v?a telef?nica o a través de sistema de mensajer?a de voz. A solicitud del informante, también podr? presentarse mediante una reuni?n presencial dentro del plazo m?ximo de siete d?as».
En la instrucci?n destinada a «comprobar la verosimilitud de los hechos relatados, se garantizar? que la persona afectada por la informaci?n tenga noticia de la misma, as? como de los hechos relatados de manera sucinta. Adicionalmente se le informar? del derecho que tiene a presentar alegaciones por escrito y del tratamiento de sus datos personales». Sin embargo, en ning?n caso se comunicar? a los sujetos afectados la identidad del informante ni se dar? acceso a la comunicaci?n».
Los ayuntamientos peque?os podr?n compartir sus medios
La Directiva de la UE atribuye a los Estados miembros «la decisi?n de dispensar de algunas obligaciones a los municipios de menos de 10.000 habitantes», pero la ley espa?olas no contempla esta excepci?n. Seg?n se recoge en el texto legal ante la necesidad de «ofrecer un marco com?n y general de protecci?n de los informantes, de no facilitar resquicios que puedan da?ar gravemente el interés general, se extiende a todos los municipios la obligaci?n de contar con un sistema interno de informaci?n. Ahora bien, tal obligaci?n se acompa?a de ciertas precisiones con el fin de facilitar su cumplimiento a aquellos municipios cuya poblaci?n no supere los diez mil habitantes».
La ley permite que estos ayuntamientos puedan compartir medios para la recepci?n de informaciones con otras Administraciones que ejerzan sus competencias en la misma comunidad aut?noma. Esta posibilidad no exime de que cada administraci?n local tenga un responsable de su sistema interno de informaciones.
«En todo caso, hay que insistir en que se considera adecuado que cada municipio cuente con su propio sistema interno de informaci?n y de ah? que se destaque la asistencia que pueden prestar otras administraciones territoriales», seg?n precisa la norma. As?, podr? haber colaboraci?n entre «organismos y entidades p?blicas vinculadas o dependientes de alguna administraci?n p?blica, as? como aquellas otras asociaciones, corporaciones y organismos p?blicos». Los partidos pol?ticos, los sindicatos, las organizaciones empresariales y las fundaciones que puedan tener también deber?n abrir su buz?n, «siempre que reciban o gestionen fondos p?blicos»
أكثر... (https://www.sport.es/es/noticias/sociedad/empresas-50-empleados-han-buzon-88875496)
La Ley Protecci?n de los Denunciantes An?nimos ha impuesto la creaci?n de este tipo de canales para "proteger al informante" siguiendo las pautas marcadas por una directiva europea contempla también la creaci?n de una Autoridad Independiente, que podr? imponer multas de hasta un mill?n de euros a las entidades que adopten represalias contra los denunciantes. Igualmente habr? sanciones para quienes hagan denuncias falsas.
La Comunidad Aut?noma y algunos ayuntamientos como el de Cartagena ya han anunciado la creaci?n del nuevo buz?n de denuncias an?nimo, que funcionaba ya en algunas instituciones del Estado, como la Agencia Tributaria o la Inspecci?n de Trabajo.
El Gobierno regional aprob? en mayo la creaci?n su propio buz?n de denuncias, cuyo m?ximo responsable ser? el jefe de la Inspecci?n General de Servicios. En la informaci?n facilitada por la Comunidad se incluye el acceso a una gu?a para los usuarios. Precisa que «las personas que hagan uso del buz?n del informante deben tener indicios razonables o suficientes sobre la certeza de la informaci?n que comuniquen, no pudiendo formularse comunicaciones genéricas, de mala fe o con abuso de derecho».
Por otra parte, en la Regi?n de Murcia hay muchas empresas que disponen desde hace tiempo de un canal propio para la denuncia de irregularidades por parte de sus trabajadores o para la aportaci?n de sugerencias. El director de la C?tedra de Responsabilidad Social Corporativa de la Universidad de Murcia, Longinos Mar?n, recuerda que «primero las compa??as con m?s de 500 trabajadores y luego las de m?s de 250» tuvieron que incluir en la presentaci?n de sus cuentas anuales informaci?n sobre los sistemas de denuncia «que contemplan sus c?digos de gobernanza y buenas pr?cticas».
La finalidad de la ley es «proteger a las personas que en un contexto laboral o profesional detecten infracciones penales o administrativas graves o muy graves y las comuniquen mediante los mecanismos regulados».
La normativa que obliga ahora a las empresas con m?s de 50 trabajadores establece que «el canal interno deber? permitir realizar comunicaciones por escrito o verbalmente, o de las dos formas. La informaci?n se podr? realizar bien por escrito, a través de correo postal o a través de cualquier medio electr?nico habilitado al efecto, o verbalmente por v?a telef?nica o a través de sistema de mensajer?a de voz. A solicitud del informante, también podr? presentarse mediante una reuni?n presencial dentro del plazo m?ximo de siete d?as».
En la instrucci?n destinada a «comprobar la verosimilitud de los hechos relatados, se garantizar? que la persona afectada por la informaci?n tenga noticia de la misma, as? como de los hechos relatados de manera sucinta. Adicionalmente se le informar? del derecho que tiene a presentar alegaciones por escrito y del tratamiento de sus datos personales». Sin embargo, en ning?n caso se comunicar? a los sujetos afectados la identidad del informante ni se dar? acceso a la comunicaci?n».
Los ayuntamientos peque?os podr?n compartir sus medios
La Directiva de la UE atribuye a los Estados miembros «la decisi?n de dispensar de algunas obligaciones a los municipios de menos de 10.000 habitantes», pero la ley espa?olas no contempla esta excepci?n. Seg?n se recoge en el texto legal ante la necesidad de «ofrecer un marco com?n y general de protecci?n de los informantes, de no facilitar resquicios que puedan da?ar gravemente el interés general, se extiende a todos los municipios la obligaci?n de contar con un sistema interno de informaci?n. Ahora bien, tal obligaci?n se acompa?a de ciertas precisiones con el fin de facilitar su cumplimiento a aquellos municipios cuya poblaci?n no supere los diez mil habitantes».
La ley permite que estos ayuntamientos puedan compartir medios para la recepci?n de informaciones con otras Administraciones que ejerzan sus competencias en la misma comunidad aut?noma. Esta posibilidad no exime de que cada administraci?n local tenga un responsable de su sistema interno de informaciones.
«En todo caso, hay que insistir en que se considera adecuado que cada municipio cuente con su propio sistema interno de informaci?n y de ah? que se destaque la asistencia que pueden prestar otras administraciones territoriales», seg?n precisa la norma. As?, podr? haber colaboraci?n entre «organismos y entidades p?blicas vinculadas o dependientes de alguna administraci?n p?blica, as? como aquellas otras asociaciones, corporaciones y organismos p?blicos». Los partidos pol?ticos, los sindicatos, las organizaciones empresariales y las fundaciones que puedan tener también deber?n abrir su buz?n, «siempre que reciban o gestionen fondos p?blicos»
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