الريــم
05-25-2023, 06:02 PM
Nuevo revés judicial para la*Junta de Extremadura (https://www.uc-4u.com/tags/junta-de-extremadura/)*por el caso*Valdeca?as (https://www.uc-4u.com/tags/valdecanas/). El*Tribunal Supremo (TS) no ha admitido a tr?mite los recursos de casaci?n presentados por el Ejecutivo auton?mico y las promotoras Marina Isla Valdeca?as y Golf Valdeca?as*contra el*plan de derribo del complejo, que tendr? que seguir adelante a la espera de que el Tribunal Constitucional (TC) se pronuncie sobre la sentencia que en febrero de 2022*orden? la demolici?n de todo lo construido*por estar en zona protegida.
A través de una providencia, la Secci?n Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TS expone que no admite los recursos ya que ambos, entre otras cuestiones,*incumplen los requisitos establecidos en la Ley de la Jurisdicci?n Contencioso-Administrativa*(LJCA), concretamente la*falta de fundamentaci?n suficiente y la concurrencia de supuestos previstos en esta misma ley.
La providencia, contra la que no cabe recurso, es contundente: las alegaciones de la Junta y los promotores*insisten en la imposibilidad material de ejecutar las sentencias que obligan a la demolici?n,*pero el Alto Tribunal recuerda que ya en la de febrero de 2022 se desecha expresamente este argumento. As?, considera que "no resulta pertinente reabrir un debate cerrado"*y condena en costas a las partes recurrentes, que tendr?n que indemnizar con la cantidad de 1.000 euros a Adenex y Ecologistas en Acci?n.
Esa sentencia de febrero de 2022 supuso un punto de inflexi?n en el caso Valdeca?as y fue un auténtico varapalo para los propietarios de las viviendas, para la promotora y para la Junta, que permiti? la iniciativa empresarial y*podr?a enfrentarse no solo a costear un derribo total valorado en m?s de 33 millones de euros, sino también a m?s de 110 millones en indemnizaciones.
Adem?s de ordenar el derribo total, el fallo también inst? al Tribunal Superior de Justicia de*Extremadura*(TSJEx) a determinar c?mo se proceder?a a la demolici?n. Y un mes después, en marzo,*el TSJEx dict? un auto en el que ordenaba a la Junta elaborar el plan de trabajo. En el mismo se daba para ello*un plazo de 8 meses, que deber?a haber concluido el pasado noviembre, pero la Junta de nuevo present? un recurso para evitar enfrentarse a esa situaci?n.
El TSJEx rechaz? el recurso y*Ejecutivo y promotores apelaron entonces al Supremo,*que ahora también se pronuncia en contra: en una providencia dictada el pasado 18 de mayo no admite a tr?mite sendos recursos y as?,*obliga a la Junta a elaborar ese plan de trabajo*para definir c?mo y en qué plazos se har?a la demolici?n total del complejo.*?Significa esto que, tras 15 a?os de litigios judiciales, Valdeca?as se va a derribar ya?*En realidad, no.
A la espera del Constitucional
Todas las partes parecen estar esperando a ver qué dice el Tribunal Constitucional, que en estos momentos*se encuentra estudiando el recurso de amparo interpuesto por Junta, propietarios y ayuntamientos de El Gordo y Berrocalejo contra esa ?ltima sentencia del Supremo de febrero de 2022 que le dio la vuelta a todo (hasta entonces, siempre se hab?a manejado el derribo parcial como soluci?n al problema). Y mientras, adem?s, la propia administraci?n, los propietarios y los ayuntamientos*también han solicitado al Constitucional una medida cautelar: suspender esa orden que obliga a elaborar un plan de trabajo para la demolici?n total.
Pero en el Constitucional también la polémica est? servida.*El recurso contra la sentencia del Supremo*fue admitido a tr?mite en noviembre, tras una votaci?n ajustada*con seis magistrados a favor y cinco en contra. No en vano, cuatro meses después, el pasado marzo, el fiscal jefe del TC,*Pedro Crespo,*solicit? en un informe que se desestimara*al no apreciar ninguna vulneraci?n de los derechos fundamentales (el argumento que alegan la Junta y los promotores). Crespo defiende adem?s que el complejo debe ser derribado, pues de otra forma nos conducir?a*«a la perpetuaci?n de un resultado prohibido por la ley europea, estatal y auton?mica».Las reacciones
A la espera de que se pronuncie el Constitucional, la asociaci?n*Ecologistas en Acci?n*ha expresado este jueves su satisfacci?n por la decisi?n del Supremo de no admitir a tr?mite los recursos de casaci?n, en lo que considera*un nuevo "varapalo judicial" para la Junta de Extremadura y las dos promotoras.*"La consecuencia deber?a ser*el inicio de los trabajos de demolici?n", ha insistido la organizaci?n en un comunicado en el que ha informado de este nuevo pronunciamiento del Supremo. Seg?n Ecologistas en Acci?n Extremadura, ahora*el paso l?gico ser?a que el TSJEx instara a la demolici?n inmediata de la urbanizaci?n ilegal,*y de hecho, dado que la providencia del Alto Tribunal es firme, as? lo van a exigir.
Sin embargo, el presidente de la Junta de Extremadura,*Guillermo Fern?ndez Vara, se ha vuelto a mostrar "absolutamente convencido" de que el complejo*no se derribar? porque "conllevar?a unas consecuencias medioambientales inaceptables".*Y m?s all? del proceso judicial, al que a?n le queda recorrido,*el jefe del Ejecutivo auton?mico ha reiterado que*la situaci?n de Valdeca?as "est? regularizada" tras la aprobaci?n de la Ley Zepa.*"Hay una imposibilidad legal de demolici?n", ha respondido a preguntas de los medios en un acto electoral en Azuaga.
Unidas por Extremadura*también se ha pronunciado este jueves sobre el caso Valdeca?as. Su l?der en la regi?n,*Irene de Miguel,*ha pedido a la Junta que*deje de gastar dinero p?blico en "defender lo indefendible". A su juicio, el Ejecutivo de Guillermo Fern?ndez Vara “est? absolutamente empecinado en coleccionar el mayor n?mero de sentencias que le demuestren que Valdeca?as es ilegal”.
Ley 'Zepa': la ?ltima baza
La conocida como ‘ley zepa’*es la ?ltima baza a la que el gobierno socialista ha fiado la viabilidad del complejo Isla Valdeca?as, pero lo cierto es que numerosos expertos y juristas han alertado ya de sus visos de inconstitucionalidad y tampoco gusta a otros colectivos como ecologistas o agricultores. La ley modifica el mapa de la Red Natura 2000 para incluir como Zonas de Especial Protecci?n de Aves (Zepa) 55 territorios que ya se cre?an catalogados, pero que no cuentan con una declaraci?n oficial expresa.*
Al no contar hasta ahora con esa declaraci?n, se mantienen vigentes todas las resoluciones firmes relativas a licencias, proyectos, planes e instrumentos de ordenaci?n dictadas en este tiempo, lo que incluye el PIR de Isla Valdeca?as anulado por sendas sentencias del TSJEx y el Tribunal Supremo.*También mantendr?an su vigencia, y ah? la polémica, todas las sanciones interpuestas por ejemplo a los agricultores, y todos los dem?s proyectos que se paralizaron precisamente por plantearse en una Zepa.
La propuesta se aprob? en el pen?ltimo pleno de la legislatura tras una tramitaci?n exprés solo con los votos del PSOE y tras las cr?ticas de la oposici?n la polémica ha llegado también a las instituciones europeas.*
La eurodiputada*Marie Toussaint, del Grupo Verde Europeo,*ha registrado una pregunta en el Parlamento Europeo para que el ?rgano de gobierno de la Uni?n revise lo que consideran un «atropello legal» del PSOE a la Red Natura 2000. Verdes Equo, que pertenece a este grupo europeo, ha denunciado la «desfachatez» de la Junta con este asunto, por «vulnerar a Red Natura con una mano y, con la otra, pedir subvenciones para conservarla» por importe, asegura, de hasta 480 millones de euros.
أكثر... (https://www.sport.es/es/noticias/nacional/supremo-mantiene-demolicion-valdecanas-espera-87880930)
A través de una providencia, la Secci?n Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TS expone que no admite los recursos ya que ambos, entre otras cuestiones,*incumplen los requisitos establecidos en la Ley de la Jurisdicci?n Contencioso-Administrativa*(LJCA), concretamente la*falta de fundamentaci?n suficiente y la concurrencia de supuestos previstos en esta misma ley.
La providencia, contra la que no cabe recurso, es contundente: las alegaciones de la Junta y los promotores*insisten en la imposibilidad material de ejecutar las sentencias que obligan a la demolici?n,*pero el Alto Tribunal recuerda que ya en la de febrero de 2022 se desecha expresamente este argumento. As?, considera que "no resulta pertinente reabrir un debate cerrado"*y condena en costas a las partes recurrentes, que tendr?n que indemnizar con la cantidad de 1.000 euros a Adenex y Ecologistas en Acci?n.
Esa sentencia de febrero de 2022 supuso un punto de inflexi?n en el caso Valdeca?as y fue un auténtico varapalo para los propietarios de las viviendas, para la promotora y para la Junta, que permiti? la iniciativa empresarial y*podr?a enfrentarse no solo a costear un derribo total valorado en m?s de 33 millones de euros, sino también a m?s de 110 millones en indemnizaciones.
Adem?s de ordenar el derribo total, el fallo también inst? al Tribunal Superior de Justicia de*Extremadura*(TSJEx) a determinar c?mo se proceder?a a la demolici?n. Y un mes después, en marzo,*el TSJEx dict? un auto en el que ordenaba a la Junta elaborar el plan de trabajo. En el mismo se daba para ello*un plazo de 8 meses, que deber?a haber concluido el pasado noviembre, pero la Junta de nuevo present? un recurso para evitar enfrentarse a esa situaci?n.
El TSJEx rechaz? el recurso y*Ejecutivo y promotores apelaron entonces al Supremo,*que ahora también se pronuncia en contra: en una providencia dictada el pasado 18 de mayo no admite a tr?mite sendos recursos y as?,*obliga a la Junta a elaborar ese plan de trabajo*para definir c?mo y en qué plazos se har?a la demolici?n total del complejo.*?Significa esto que, tras 15 a?os de litigios judiciales, Valdeca?as se va a derribar ya?*En realidad, no.
A la espera del Constitucional
Todas las partes parecen estar esperando a ver qué dice el Tribunal Constitucional, que en estos momentos*se encuentra estudiando el recurso de amparo interpuesto por Junta, propietarios y ayuntamientos de El Gordo y Berrocalejo contra esa ?ltima sentencia del Supremo de febrero de 2022 que le dio la vuelta a todo (hasta entonces, siempre se hab?a manejado el derribo parcial como soluci?n al problema). Y mientras, adem?s, la propia administraci?n, los propietarios y los ayuntamientos*también han solicitado al Constitucional una medida cautelar: suspender esa orden que obliga a elaborar un plan de trabajo para la demolici?n total.
Pero en el Constitucional también la polémica est? servida.*El recurso contra la sentencia del Supremo*fue admitido a tr?mite en noviembre, tras una votaci?n ajustada*con seis magistrados a favor y cinco en contra. No en vano, cuatro meses después, el pasado marzo, el fiscal jefe del TC,*Pedro Crespo,*solicit? en un informe que se desestimara*al no apreciar ninguna vulneraci?n de los derechos fundamentales (el argumento que alegan la Junta y los promotores). Crespo defiende adem?s que el complejo debe ser derribado, pues de otra forma nos conducir?a*«a la perpetuaci?n de un resultado prohibido por la ley europea, estatal y auton?mica».Las reacciones
A la espera de que se pronuncie el Constitucional, la asociaci?n*Ecologistas en Acci?n*ha expresado este jueves su satisfacci?n por la decisi?n del Supremo de no admitir a tr?mite los recursos de casaci?n, en lo que considera*un nuevo "varapalo judicial" para la Junta de Extremadura y las dos promotoras.*"La consecuencia deber?a ser*el inicio de los trabajos de demolici?n", ha insistido la organizaci?n en un comunicado en el que ha informado de este nuevo pronunciamiento del Supremo. Seg?n Ecologistas en Acci?n Extremadura, ahora*el paso l?gico ser?a que el TSJEx instara a la demolici?n inmediata de la urbanizaci?n ilegal,*y de hecho, dado que la providencia del Alto Tribunal es firme, as? lo van a exigir.
Sin embargo, el presidente de la Junta de Extremadura,*Guillermo Fern?ndez Vara, se ha vuelto a mostrar "absolutamente convencido" de que el complejo*no se derribar? porque "conllevar?a unas consecuencias medioambientales inaceptables".*Y m?s all? del proceso judicial, al que a?n le queda recorrido,*el jefe del Ejecutivo auton?mico ha reiterado que*la situaci?n de Valdeca?as "est? regularizada" tras la aprobaci?n de la Ley Zepa.*"Hay una imposibilidad legal de demolici?n", ha respondido a preguntas de los medios en un acto electoral en Azuaga.
Unidas por Extremadura*también se ha pronunciado este jueves sobre el caso Valdeca?as. Su l?der en la regi?n,*Irene de Miguel,*ha pedido a la Junta que*deje de gastar dinero p?blico en "defender lo indefendible". A su juicio, el Ejecutivo de Guillermo Fern?ndez Vara “est? absolutamente empecinado en coleccionar el mayor n?mero de sentencias que le demuestren que Valdeca?as es ilegal”.
Ley 'Zepa': la ?ltima baza
La conocida como ‘ley zepa’*es la ?ltima baza a la que el gobierno socialista ha fiado la viabilidad del complejo Isla Valdeca?as, pero lo cierto es que numerosos expertos y juristas han alertado ya de sus visos de inconstitucionalidad y tampoco gusta a otros colectivos como ecologistas o agricultores. La ley modifica el mapa de la Red Natura 2000 para incluir como Zonas de Especial Protecci?n de Aves (Zepa) 55 territorios que ya se cre?an catalogados, pero que no cuentan con una declaraci?n oficial expresa.*
Al no contar hasta ahora con esa declaraci?n, se mantienen vigentes todas las resoluciones firmes relativas a licencias, proyectos, planes e instrumentos de ordenaci?n dictadas en este tiempo, lo que incluye el PIR de Isla Valdeca?as anulado por sendas sentencias del TSJEx y el Tribunal Supremo.*También mantendr?an su vigencia, y ah? la polémica, todas las sanciones interpuestas por ejemplo a los agricultores, y todos los dem?s proyectos que se paralizaron precisamente por plantearse en una Zepa.
La propuesta se aprob? en el pen?ltimo pleno de la legislatura tras una tramitaci?n exprés solo con los votos del PSOE y tras las cr?ticas de la oposici?n la polémica ha llegado también a las instituciones europeas.*
La eurodiputada*Marie Toussaint, del Grupo Verde Europeo,*ha registrado una pregunta en el Parlamento Europeo para que el ?rgano de gobierno de la Uni?n revise lo que consideran un «atropello legal» del PSOE a la Red Natura 2000. Verdes Equo, que pertenece a este grupo europeo, ha denunciado la «desfachatez» de la Junta con este asunto, por «vulnerar a Red Natura con una mano y, con la otra, pedir subvenciones para conservarla» por importe, asegura, de hasta 480 millones de euros.
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