الريــم
05-08-2023, 01:00 PM
El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha suspendido el cat?logo de vestigios franquistas del Gobierno de Canarias, dando as? la raz?n al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife en el recurso que present? al entender que el documento solo se centraba en el municipio chicharrero.
La Secci?n Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC hace constar en el auto dictado el pasado 28 de abril que «estima la solicitud de medida cautelar, acordando suspender la eficacia de la Orden de la Consejer?a de Educaci?n, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias de 4 de noviembre de 2022 por la que se aprueba el Cat?logo de s?mbolos, calles, monumentos y menciones franquistas existentes en el ?mbito territorial de Canarias», adem?s de condenar en costas al referido departamento auton?mico por la tramitaci?n de la pieza separada.
Una vez conocido el posicionamiento del TSJC, el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Berm?dez, recuerda «ya dijimos en su d?a que el Gobierno de Canarias no estaba haciendo las cosas conforme a la Ley de Memoria Hist?rica y que esa forma de actuar eran un ataque a Santa Cruz. Lo ?nico que pedimos es que se cumpla la ley en todos sus art?culos». «En el documento que se ha hecho p?blico se rese?an monumentos y enclaves de Santa Cruz de Tenerife, u no es un cat?logo general de todas las Islas, como obliga la citada ley», como siempre ha argumentado el alcalde José Manuel Berm?dez.
La sala, bajo la presidencia de Juan Ignacio Moreno-Luque Casariego y con la participaci?n de Jaime Guilarte Mart?n-Calero y Evaristo Gonz?lez Gonz?lez –este ?ltimo en calidad de ponente–, reconoce la «legitimaci?n activa» del Ayuntamiento de Santa Cruz para interponer el recurso. A partir de ah?, justifica su decisi?n de suspender el cat?logo de vestigios franquistas en que «concurre el supuesto de prosperabilidad ostensible de la demanda, puesto que basta la mera lectura de la orden recurrida para apreciar que no publica el cat?logo en el bolet?n, a pesar de que el mismo forma parte de ella, sino que remite a que se consulte en la p?gina web del departamento», para reiterar que «la publicaci?n e toda decisi?n administrativa que deba serlo ha de ser ?ntegra y en el bolet?n oficial que le corresponda».
En este sentido, recuerda una sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo del 16 de octubre 2009 para hacer constar que «la falta de publicaci?n del plan impedir? que la Administraci?n lo imponga a los particulares –los cuales, en su caso, podr?n impugnar el acto de aplicaci?n bas?ndose precisamente en la falta de publicaci?n del plan– pero no producir? su invalidez. Es por tanto defecto de eficacia, esto es cierto. Ahora bien, por virtud de los privilegios de autotutela declarativa y ejecutiva el particular no puede desconocer por s? mismo una actuaci?n administrativa alegando ineficacia, sino que esta debe ser declarada expresamente, en v?a administrativa y v?a jurisdiccional».
M?s claro a?n se muestran los magistrados del TSJC en los razonamientos jur?dicos cuando hace constar que «la publicaci?n (del cat?logo de vestigios franquistas) ha de ser ?ntegra y en el bolet?n oficial correspondiente y no cabe remisi?n a una p?gina web de una Consejer?a cuyo contenido, adem?s, podr?a ser variado por el departamento administrativo que tiene el control de la misma».
Y a?ade: «Conclusi?n que no cambiar?a si finalmente se determinase que el cat?logo no tiene car?cter normativo sino de acto, pues también si es un acto administrativo lo que se publica ha de serlo ?ntegramente en el bolet?n oficial que le corresponda».
«Que este sea el motivo de la suspensi?n que acordamos es de mayor trascendencia porque influye directamente en el elemento del riesgo de la mora. En efecto, siento tan clara la causa de suspensi?n ser?a irreparable permitir la aplicaci?n de la disposici?n recurrida, pues no ser?a reparable que un tribunal de justicia hubiera permitido la eficacia de una norma que de manera ostensible carece de ella», hace constar, después de reconoce que «en cuanto al interés general, nada interesa m?s a este (tribunal) que el cumplimiento de las leyes y el ordenamiento jur?dico exige la publicaci?n ?ntegra».
El TSJC da la raz?n a Berm?dez
El auto dictado por el TSJC da la raz?n al alcalde de Santa Cruz de Tenerife, quien el pasado 8 de febrero anunci? que el Ayuntamiento presentar?a el correspondiente recursos contra la orden dictada desde la Viceconsejer?a de Cultura y Patrimonio del Gobierno de Canarias de eliminar de «de manera inmediata» y «de forma definitiva el espacio p?blico» un total de 79 vestigios franquistas.
Entre los vestigios se?alados se encuentran el monumento a Franco (1966), situado en la avenida de Anaga; los leones del Puente Serrador (1943); las placas del Instituto Nacional de la Vivienda (1957) o la l?pida a los Ca?dos de Igueste de San Andrés (1975). El monumento a los Ca?dos (1947), ubicado en la plaza de Espa?a, podr? ser resignificado.
En cuanto al cambio de las denominaciones, el puente General Serrador (1943), la calle Calvo Sotelo (1936) o el paseo Francisco Aguilar y Paz (1994), adem?s de barrios como la Victoria, y centros educativos como el colegio Fray Albino (1944), entre otros. Asimismo, incluye también al Mercado Nuestra Se?ora de ?frica, cuyo nombre debe cambiarse, adem?s de los honores y de distinciones m?s de 130 personas.
El Ayuntamiento de Santa Cruz argument? que no existe seguridad jur?dica para retirar los s?mbolos franquistas en la capital, pues el Gobierno de Canarias, «y seg?n establece la propia Ley de Memoria Hist?rica, debe elaborar un cat?logo a nivel regional, de todas las Islas y de todos los municipios, y no solo de Santa Cruz».
Aunque la Ley de Memoria Hist?rica se aprob? en 2007, la Viceconsejer?a de Cultura urge al Ayuntamiento de Santa Cruz a su cumplimiento, entre otras administraciones locales, en 2017, requisito que cumple el ayuntamiento con el estudio que encarga a la catedr?tica de Historia del Arte de la Universidad de La Laguna (https://www.eldia.es/tags/universidad-de-la-laguna/) Mar?a Isabel Navarro sobre los vestigios. El Ejecutivo canario acuerda el 14 de diciembre de 2018 la elaboraci?n del cat?logo de vestigios franquistas que desarrollan la propia Mar?a Isabel Navarro –autora del estudio aportado por Santa Cruz–, y Ricardo Guerra Palmero y D?cil Perdig?n y Dailo Barco Machado, en el que se fijan 79 vestigios, seg?n se recogen en unas 3.000 p?ginas.
Dicho documento, promovido por la Viceconsejer?a de Cultura, se aprueba el 17 de noviembre de 2022, que ordena la retirada de los s?mbolos «ilegales», a lo que se niega el Ayuntamiento porque entiende que el cat?logo est? incompleto y solo se ha hecho a la medida de Santa Cruz, cuando se trata de un estudio para todas Canarias. Eso motiva el recurso que ahora admite el Tribunal Superior de Justicia de Canarias.
En el tiempo transcurrido desde el recurso interpuesto por la Corporaci?n santacrucera ante el TSJC, el pasado 17 de febrero la Autoridad Portuaria procedi? a la retirada de la hélice del crucero Canarias.
أكثر... (https://www.sport.es/es/noticias/nacional/justicia-suspende-defecto-forma-catalogo-87050372)
La Secci?n Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC hace constar en el auto dictado el pasado 28 de abril que «estima la solicitud de medida cautelar, acordando suspender la eficacia de la Orden de la Consejer?a de Educaci?n, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias de 4 de noviembre de 2022 por la que se aprueba el Cat?logo de s?mbolos, calles, monumentos y menciones franquistas existentes en el ?mbito territorial de Canarias», adem?s de condenar en costas al referido departamento auton?mico por la tramitaci?n de la pieza separada.
Una vez conocido el posicionamiento del TSJC, el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Berm?dez, recuerda «ya dijimos en su d?a que el Gobierno de Canarias no estaba haciendo las cosas conforme a la Ley de Memoria Hist?rica y que esa forma de actuar eran un ataque a Santa Cruz. Lo ?nico que pedimos es que se cumpla la ley en todos sus art?culos». «En el documento que se ha hecho p?blico se rese?an monumentos y enclaves de Santa Cruz de Tenerife, u no es un cat?logo general de todas las Islas, como obliga la citada ley», como siempre ha argumentado el alcalde José Manuel Berm?dez.
La sala, bajo la presidencia de Juan Ignacio Moreno-Luque Casariego y con la participaci?n de Jaime Guilarte Mart?n-Calero y Evaristo Gonz?lez Gonz?lez –este ?ltimo en calidad de ponente–, reconoce la «legitimaci?n activa» del Ayuntamiento de Santa Cruz para interponer el recurso. A partir de ah?, justifica su decisi?n de suspender el cat?logo de vestigios franquistas en que «concurre el supuesto de prosperabilidad ostensible de la demanda, puesto que basta la mera lectura de la orden recurrida para apreciar que no publica el cat?logo en el bolet?n, a pesar de que el mismo forma parte de ella, sino que remite a que se consulte en la p?gina web del departamento», para reiterar que «la publicaci?n e toda decisi?n administrativa que deba serlo ha de ser ?ntegra y en el bolet?n oficial que le corresponda».
En este sentido, recuerda una sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo del 16 de octubre 2009 para hacer constar que «la falta de publicaci?n del plan impedir? que la Administraci?n lo imponga a los particulares –los cuales, en su caso, podr?n impugnar el acto de aplicaci?n bas?ndose precisamente en la falta de publicaci?n del plan– pero no producir? su invalidez. Es por tanto defecto de eficacia, esto es cierto. Ahora bien, por virtud de los privilegios de autotutela declarativa y ejecutiva el particular no puede desconocer por s? mismo una actuaci?n administrativa alegando ineficacia, sino que esta debe ser declarada expresamente, en v?a administrativa y v?a jurisdiccional».
M?s claro a?n se muestran los magistrados del TSJC en los razonamientos jur?dicos cuando hace constar que «la publicaci?n (del cat?logo de vestigios franquistas) ha de ser ?ntegra y en el bolet?n oficial correspondiente y no cabe remisi?n a una p?gina web de una Consejer?a cuyo contenido, adem?s, podr?a ser variado por el departamento administrativo que tiene el control de la misma».
Y a?ade: «Conclusi?n que no cambiar?a si finalmente se determinase que el cat?logo no tiene car?cter normativo sino de acto, pues también si es un acto administrativo lo que se publica ha de serlo ?ntegramente en el bolet?n oficial que le corresponda».
«Que este sea el motivo de la suspensi?n que acordamos es de mayor trascendencia porque influye directamente en el elemento del riesgo de la mora. En efecto, siento tan clara la causa de suspensi?n ser?a irreparable permitir la aplicaci?n de la disposici?n recurrida, pues no ser?a reparable que un tribunal de justicia hubiera permitido la eficacia de una norma que de manera ostensible carece de ella», hace constar, después de reconoce que «en cuanto al interés general, nada interesa m?s a este (tribunal) que el cumplimiento de las leyes y el ordenamiento jur?dico exige la publicaci?n ?ntegra».
El TSJC da la raz?n a Berm?dez
El auto dictado por el TSJC da la raz?n al alcalde de Santa Cruz de Tenerife, quien el pasado 8 de febrero anunci? que el Ayuntamiento presentar?a el correspondiente recursos contra la orden dictada desde la Viceconsejer?a de Cultura y Patrimonio del Gobierno de Canarias de eliminar de «de manera inmediata» y «de forma definitiva el espacio p?blico» un total de 79 vestigios franquistas.
Entre los vestigios se?alados se encuentran el monumento a Franco (1966), situado en la avenida de Anaga; los leones del Puente Serrador (1943); las placas del Instituto Nacional de la Vivienda (1957) o la l?pida a los Ca?dos de Igueste de San Andrés (1975). El monumento a los Ca?dos (1947), ubicado en la plaza de Espa?a, podr? ser resignificado.
En cuanto al cambio de las denominaciones, el puente General Serrador (1943), la calle Calvo Sotelo (1936) o el paseo Francisco Aguilar y Paz (1994), adem?s de barrios como la Victoria, y centros educativos como el colegio Fray Albino (1944), entre otros. Asimismo, incluye también al Mercado Nuestra Se?ora de ?frica, cuyo nombre debe cambiarse, adem?s de los honores y de distinciones m?s de 130 personas.
El Ayuntamiento de Santa Cruz argument? que no existe seguridad jur?dica para retirar los s?mbolos franquistas en la capital, pues el Gobierno de Canarias, «y seg?n establece la propia Ley de Memoria Hist?rica, debe elaborar un cat?logo a nivel regional, de todas las Islas y de todos los municipios, y no solo de Santa Cruz».
Aunque la Ley de Memoria Hist?rica se aprob? en 2007, la Viceconsejer?a de Cultura urge al Ayuntamiento de Santa Cruz a su cumplimiento, entre otras administraciones locales, en 2017, requisito que cumple el ayuntamiento con el estudio que encarga a la catedr?tica de Historia del Arte de la Universidad de La Laguna (https://www.eldia.es/tags/universidad-de-la-laguna/) Mar?a Isabel Navarro sobre los vestigios. El Ejecutivo canario acuerda el 14 de diciembre de 2018 la elaboraci?n del cat?logo de vestigios franquistas que desarrollan la propia Mar?a Isabel Navarro –autora del estudio aportado por Santa Cruz–, y Ricardo Guerra Palmero y D?cil Perdig?n y Dailo Barco Machado, en el que se fijan 79 vestigios, seg?n se recogen en unas 3.000 p?ginas.
Dicho documento, promovido por la Viceconsejer?a de Cultura, se aprueba el 17 de noviembre de 2022, que ordena la retirada de los s?mbolos «ilegales», a lo que se niega el Ayuntamiento porque entiende que el cat?logo est? incompleto y solo se ha hecho a la medida de Santa Cruz, cuando se trata de un estudio para todas Canarias. Eso motiva el recurso que ahora admite el Tribunal Superior de Justicia de Canarias.
En el tiempo transcurrido desde el recurso interpuesto por la Corporaci?n santacrucera ante el TSJC, el pasado 17 de febrero la Autoridad Portuaria procedi? a la retirada de la hélice del crucero Canarias.
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